Antes del inicio de la pandemia en Perú, en los márgenes del río Cenepa en la región Amazonas, era común que por lo menos 30 comunidades aledañas usen el río para pescar o los niños se bañen en estas aguas. Pero en los dos últimos años, la situación cambió por la llegada de mineros ilegales que, con la promesa de ingresos económicos, han captado a algunos miembros del pueblo awajún para que se sumen a esta actividad ilegal que antes tenía su foco en la región Madre de Dios. 

“[Los mineros ilegales] han ingresado con el argumento de que se estaban muriendo por el virus y necesitaban trabajar. Incluso hubo un momento en que con esta actividad cerraron nuestro río, nuestro territorio”, relata Augostina Mayan Apikai, lideresa ambiental y dirigente del Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, quien la semana pasada llegó a Lima para denunciar las amenazas que ha recibido y la demora de la fiscalía ambiental de su región para atender el aumento de mineros ilegales en el río. 

Las advertencias de Augostina Mayan se dan en un contexto en el que la extracción de oro se mantiene como un rubro rentable. En un reciente informe de Scotiabank se advirtió que la producción informal de este metal y sus exportaciones indicaban que continuaba en aumento. En el primer bimestre del 2022, según el reporte, los envíos crecieron 17,6% respecto al bimestre anterior. Mientras que en 2021, un año después del inicio de la pandemia, las ventas de este sector aumentaron en más del 98% comparado al 2020. 

Apenas menos del 2% de mineros han formalizado sus actividades de los más de 88.000 inscritos en el Reinfo. 

OjoPúblico también conoció que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta un primer borrador para impulsar una ley sobre pequeña minería y artesanal, pero en cuyos artículos se amenaza el actual marco legal que protege los ecosistemas de la minería ilegal. Por ejemplo, se plantea levantar la suspensión de derechos mineros en Madre de Dios, dispuesto en 2010. Para este trámite, según el documento, tendrán preferencia los mineros con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). 

Este borrador se trabaja luego de una ley, promulgada a fines del 2021, que amplía el plazo de formalización minera hasta 2024 y que recibió críticas del Ministerio del Ambiente y organizaciones de la sociedad civil. Esta norma fue impulsada a través de tres proyectos de ley presentados por Víctor Cutipa Ccama y Jorge Marticorena Mendoza de Perú Libre; y Eduardo Salhuana Cavides de Alianza para el Progreso, único representante de Madre de Dios y exasesor de mineros informales.  

A esta ley que retrasa la formalización se suma el poco avance en este proceso: apenas hay menos del 2% de mineros que han formalizado sus actividades de los más de 88.000 inscritos en el Reinfo. 

Si bien en lo que va de este gobierno, el presidente Pedro Castillo y sus ministros han brindado anuncios para combatir la extracción de oro ilícito, aún no hay medidas y resultados concretos.
 

Reportes incompletos

En la información oficial de producción minera en la Amazonía peruana, el gobierno solo tiene registrada cifras para Madre de Dios, a pesar de que hay actividad minera también en Amazonas, Loreto o Ucayali.

De acuerdo al último informe estadístico, de enero a abril de este año, en Madre de Dios la producción de gramos de oro fino se redujo en un 8% respecto al mismo periodo del 2021.

Vladimir Bustinza Camapaza, especialista de la Dirección de Formalización Minera del Minem, explicó a OjoPúblico que la falta de información se debe a que solo procesan los datos declarados por los titulares de la concesión. 

"La ley [general de minería] indica que los titulares de derechos mineros son quienes deben reportar la producción. El problema es que en la pequeña minería y la artesanal el 90% de personas están trabajando sobre concesiones que son de terceras personas. Entonces no les corresponde efectuar la declaración semestral ni mensual", explicó. Y en el caso de la minería ilegal no estiman la producción.

Sin embargo, según el especialista del Minem, desde fines de este año será obligatorio que todos declaren esta información de manera semestral, a partir de un decreto supremo aprobado en abril último donde se ordena que los mineros en proceso de formalización declaren “la producción minera de forma semestral, por los periodos de enero a junio y de julio a diciembre de un mismo año”. Sin embargo, no precisó qué medidas implementarán para evitar que el oro que tiene una procedencia ilegal sea levado y comercializado.

Las cifras de producción en regiones amazónicas no son lo único que se encuentra incompleto. Las cantidades de mercurio, metal pesado que se usa en el proceso de minería artesanal e ilegal, tampoco están claras, sobre todo desde que entró en vigencia en el Perú el Convenio de Minamata. Este tratado internacional, vigente en más de 120 países de todo el mundo, prohíbe la importación de mercurio con el objetivo de poner fin a los peligros para la salud y el ambiente generados por la contaminación de este metal. 

La única forma de ingresar este producto al Perú es a través de una certificación para garantizar que el mercurio será empleado solo para plantas industriales de cloro álcali o para el almacenamiento provisional de este metal. 

Entre 2018 y 2021, el mercurio ingresó al país a través de dos compañías: Quimpac S. A. y Triveño Mining Company del Perú SAC. La primera es una empresa con sede en Callao y dedicada desde 1996 a producir “integrado de sal y productos químicos en el Perú”. Quimpac S. A. importó más de 13 toneladas de mercurio valorizados en casi USD 500.000 en dos envíos desde Japón en 2019 y 2021. 

Por su parte, Triveño Mining Company del Perú –dedicada a la venta de metales y minerales– importó entre 2018 y 2021, más de tres toneladas de este metal valorizados en más de USD263.000 desde México. En 2016, el presidente y director ejecutivo del Grupo Triveño, que integra a esta empresa, Adolfo Triveño Torres tuvo una sentencia en primera instancia por tráfico de mercurio destinado a la minería ilegal. 

Pese a este antecedente, la compañía ha continuado importando mercurio. La empresa también tuvo un derecho minero en el distrito de Usquil, en la región La Libertad, pero hoy registra como caduco. Para conocer qué uso iba a darle al mercurio importado, OjoPúblico se comunicó con los números telefónicos de la empresa pero al cierre de esta publicación no hubo respuesta. 

Fuentes fiscales que han tenido a su cargo diferentes carpetas sobre delitos vinculados a la minería ilegal, señalaron a este medio que si bien hay pocas importaciones oficiales de mercurio esto se debe a que hay una parte importante que ingresa por contrabando desde la frontera entre Bolivia y Perú para luego abastecer la minería artesanal de Puno junto a los mineros ubicados en Cusco y Madre de Dios.

A pesar de que hay presencia de actividad minera en las regiones Amazonas, Loreto o Ucayali, el Minem solo tiene cifras registradas para Madre de Dios.

El uso de mercurio no es solo perjudicial al ambiente sino también a la salud de las personas. El director del Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental (Cicotox) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Alfonso Apesteguia Infantes, señala que la actividad minera artesanal puede generar que las personas expuestas a este metal pesado presenten pérdidas en la capacidad de comunicarse, fallas en el movimiento de sus extremidades, la vista y deficiencias en el sistema nervioso, principalmente en niños. 

Por su parte, José Ianacone Oliver, investigador de la Universidad Científica del Sur y autor de una publicación científica sobre el impacto del mercurio en peces de la Amazonía, coincide en las consecuencias a la exposición al mercurio y considera que, a la par de las actividades para frenar la minería ilegal, otros sectores como el de Salud o los gobiernos regionales deben realizar estudios en recién nacidos y población en general para analizar de qué manera esta actividad perjudica al organismo humano. 

"Es importante hacer una evaluación integral entre la población que desarrolla esta actividad y también frente a quienes están consumiendo pescado [de ríos donde se desarrolla la minería artesanal]. A veces los trabajos se hacen fraccionados pero todo debe estar conectado", explicó. 

Debilidades del Plan Restauración 
 

En abril de este año, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya Zavaleta, destacó los avances y resultados que se han logrado como parte del Plan Integral Frente a la Minería Ilegal, también conocido como Plan Restauración, aprobado a fines del gobierno de Francisco Sagati y que tiene como principal objetivo enfrentar la extracción ilegal de oro en toda la región Madre de Dios así como en los distritos de Camanti y Ayapata en Cusco y Puno, respectivamente. 

Este plan, que también involucra al Ministerio del Interior, el Ministerio Público y otros sectores, es una continuación del llamado Plan Mercurio, ejecutado a inicios del 2019 y cuyo objetivo era erradicar la minería ilegal en la región Madre de Dios, principalmente en la zona denominada como La Pampa. Un reciente análisis de imágenes satelitales, realizado por el Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP), detectó que en La Pampa se redujo la deforestación en 96%, pero la caída tuvo como consecuencia el incremento de la minería ilegal en otros sectores de la región. 

El MAAP también encontró que, desde el inicio de la Operación Mercurio, la deforestación por extracción ilegal de oro había aumentado en zonas con presencia de comunidades indígenas. En estos territorios se perdieron más de 2.000 hectáreas de bosques. 

Entre las afectadas se encuentran comunidades del pueblo harakbut: Barranco Chico (1,098 hectáreas), Tres Islas (503 hectáreas), Puerto Luz (136 hectáreas), y Kotsimba (al interior de la zona Alto Malinowski; 518 hectáreas). Estos territorios se ubican en los distritos de Madre de Dios, Inambari y Tambopata, donde en 2020 la deforestación se incrementó entre 12,9% y 109,5%, respecto al 2019. 

Fuentes del Ministerio Público señalaron a OjoPúblico que en el primer año de la pandemia los operativos de interdicción en Madre de Dios disminuyeron hasta cuatro veces porque los efectivos policiales y militares debían sumarse al Estado de Emergencia, decretado por la covid-19. 

 

RESULTADOS.Principales frentes de minería artesanal en la región Madre de Dios antes (color amarillo) y después (color rojo) de la Operación Mercurio, realizada entre 2019 y 2021. 

Foto: MAAP. 

Sin embargo, agregó la fuente fiscal, los niveles que hoy registran se encuentran por encima de los 200 intervenciones mensuales. Asimismo, agregó que solo este año se había sentenciado a 60 personas —entre operarios y responsables de financiar la extracción ilegal de oro— por los delitos de minería ilegal, tráfico de combustible y de mercurio. 

La fuente consultada también indicó que a la fecha, los seis fiscales ambientales de Madre de Dios que tienen a su cargo el Plan Restauración, no han analizado el impacto de la minería ilegal en regiones amazónicas distintas a las que considera el Plan Restauración debido a que solo tienen capacidad para intervenir en Madre de Dios y los distritos de Camanti (Cusco) y Ayapata (Puno).

El exfiscal ambiental, Francisco Berrospi Ballarte, explicó que a raíz del Plan Mercurio se ha adquirido mejor logística para enfrentar a la minería ilegal pero que todavía se mantiene como problema la lejanía donde ocurren los hechos para que las comunidades puedan denunciar hechos ilícitos, las demoras para ordenar prisiones preventivas contra presuntos involucrados en los delitos y retrasos en la culminación de los procesos. 

"Los fiscales suelen decir que las investigaciones por minería ilegal son complejos y lo que tenía 120 días para investigar se les amplía a ocho meses y se van perdiendo las pruebas. Todo eso genera un caos", señaló.  

Al incremento de la deforestación para la instalación de campamentos de minería ilegal se suman pronunciamiento de representantes indígenas, quienes han alertado sobre el aumento de esta actividad durante la pandemia. Esto no solo ha ocurrido en comunidades de la región Amazonas, situación que ha sido reportada por la Defensoría del Pueblo para erradicar la minería ilegal y se proteja a los líderes indígenas de esta zona.  

En un comunicado del 10 de marzo último, representantes de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) denunciaron la presencia de mineros ilegales en el territorio de la comunidad asháninka de Tzamiri, ubicada en la provincia huanuqueña de Puerto Inca, lugar donde —en 2020— también se registró uno de los niveles más altos de deforestación en el Perú. 

Las denuncias públicas contra la minería ilegal también han sido reportadas por dirigentes de Ayacucho, Cusco, Junín, Huánuco, Loreto, Pasco y Ucayali que agrupan a más de 400 comunidades indígenas, quienes piden la intervención del Estado contra la "ola de violencia y vulneración de derechos" frente al avance de la extracción ilegal de oro. 

El coordinador del Programa de Derechos y Justicia Ambiental de la ONG Derechos, Ambiente y Recursos Naturales, Cussi Alegría Almeida, sostuvo que el gobierno tiene un obstáculo al enfrentar este delito porque muchas veces se traslada a zonas que no estaban planificadas pero que igual impactan en comunidades.

“Los mineros ilegales han migrado y también aprende la interculturalidad de las comunidades donde realizan sus actividades y ejercen presión sobre ellas. Para enfrentar esto, las acciones [que realice el gobierno] deben incentivar otros tipos de economías así como tener presencia no solo con el control sino también para proveer de servicios como agua, luz o colegio”, explicó. 

Mercado del oro y exportaciones 
 

En la pandemia, una de las actividades económicas que se reactivaron primero fue el sector extractivo, entre ellos la minería artesanal que en el Perú logró expandirse en zonas donde no llegaba la presencia de la Policía o fiscales ambientales. Este aumento de la extracción de oro estuvo acompañada en el precio del metal que tuvo niveles por encima de los registrados antes de la covid-19: pasó de USD 1294,00 por onza troy, en 2019; a USD 1800,00 a inicios de junio de este año, es decir, un incremento del 40%. 

Entre marzo del 2020 y mayo del 2022, según los registros de Aduanas, la principal exportadora de oro peruano fue la Minera Poderosa, con operaciones en la región de La Libertad, que tuvo más de 38 toneladas de este metal valorizadas en más de USD 1.090'000.000, enviados a Canadá y Suiza. En el mismo período revisado le siguió la minera Yanacocha con más de USD 1.050'000.000 y Procesadora Sudamericana SRL con más de USD 849.000.000. 

En total, desde que se ordenó el confinamiento a mediados de marzo del 2020, más de 700 compañías han exportado cerca de 90.000 toneladas de oro por un valor que supera los USD 15’509.000.000. Si se revisan las salidas de oro por lugar de destino, los tres principales países son Canadá (28% del total), India (23,3%) y Suiza (22,9%); este último con un antecedente que lo vincula a la minería ilegal. 

En abril del 2018, como informó en un reportaje OjoPúblico, la Aduanas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) intervino 100 kilos de metal de Minerales del Sur, carga que tenía como destino a la suiza Metalor Technologies, una de las refinerías más importantes del mundo y entre las que más oro ha importado de Perú durante la pandemia. 

Entre los actuales proveedores nacionales de esta compañía suiza se encuentran las mineras Yanaquihua (37,8% de todo lo exportado), Caraveli (29,2%) y Coimolache SA (11%). 

Este medio también consultó a la oficina de prensa de la Sunat sobre el número de incautaciones de oro realizadas durante la pandemia, pero al cierre de este informe no hubo respuesta de la entidad y solo indicaron que “no habían habido muchas”.