Iber Maraví Olarte fue uno de los pocos ministros del gobierno de Pedro Castillo que permaneció varios meses en el cargo, a pesar de los severos cuestionamientos por sus antecedentes y su estrecho vínculo con la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenate Perú), sindicato del que procede el actual presidente. Durante los meses que fue ministro de Trabajo aprobó una agenda laboral coordinada con los principales sindicatos del país y avalada por el Jefe de Estado, pero uno de los puntos más polémicos de estas promesas fue el debilitamiento de Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil que impulsa la meritocracia en el sector público.

Los puntos de esta agenda continúan impulsándose por la actual gestión de su sucesora, Betssy Chávez Chino. Se trata de la Agenda 19, un documento que nació en setiembre de 2021, luego de las reuniones con dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT).

La gestión de Chávez Chino ha puesto especial énfasis en cumplir el punto 6 de esta agenda, que propone convertir a Servir en un órgano dependiente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). En su pronunciamiento oficial, este despacho indica que lo hace porque “las competencias de Servir están estrechamente vinculadas con las materias bajo la rectoría del MTPE, y a fin de armonizar el respeto de los derechos de los servidores civiles”. 

Sin embargo, las normas de creación y funcionamiento de Servir –actualmente adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)– señalan lo contrario. Servir gestiona y supervisa la calidad en el desempeño de los servidores públicos, y fija los requisitos de contratación meritocrática que deben seguir los funcionarios. Es el órgano rector de la gestión de recursos humanos en el Estado.

En cambio, el Ministerio de Trabajo se encarga de las relaciones laborales entre privados, y de velar por los derechos y deberes colectivos de los empleados.

PETITORIO. La CGTP le entregó al exministro Iber Maraví un listado de pedidos sindicales. De este documento surgió la denominada Agenda 19 que el Gobierno impulsa como política laboral.

Foto: CGTP.

 

Hace unos días un grupo de exministros, exjefes de dicha entidad y expertos en gestión pública –de diferentes tendencias políticas– suscribieron un pronunciamiento rechazando esta posible absorción, porque aseguran que con ello se reducirían las funciones de Servir a la sola regulación laboral del vínculo entre el Estado y los trabajadores, y lo haría susceptible a presiones políticas, debilitando la meritocracia.

“Está, además, el riesgo cierto de que Servir y su labor sea paulatinamente sometida a las estrategias e intereses de las organizaciones sindicales de los servidores públicos. Dichos intereses son legítimos, pero deben equilibrarse con las necesidades de los ciudadanos. El servicio civil es un instrumento de gestión a servicio de los ciudadanos”, añaden en el comunicado público.

Entre enero y marzo de este año, el portal del registro de visitas del Estado muestra múltiples reuniones entre los líderes de los principales sindicatos del país con congresistas y funcionarios del Ejecutivo, en momentos claves para insistir en la desarticulación de Servir y prevalecer la Agenda 19. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Trabajo envió a la Secretaría General de la PCM el proyecto de decreto que dispone la absorción de dicha entidad, o cuando los gremios realizaron marchas para exigir al Gobierno que cumpla con este ofrecimiento.

 

Campaña con los sindicatos

La presión que ejercen los sindicatos contra Servir se inició cuando Iber Maraví estaba al frente del sector Trabajo y continúa en la gestión de Bettsy Chávez, pero su principal respaldo proviene de la política laboral que el presidente Pedro Castillo impulsa desde la campaña electoral. Una consigna que ha sido asimilada por anteriores líderes gremiales y que actualmente ejercen puestos claves en este ministerio.

Esto se evidenció el 24 de febrero, cuando la CGTP convocó a sus bases sindicales a una protesta frente a la sede del Ministerio de Trabajo para exigir que se cumplan los compromisos de la Agenda 19 y la desarticulación de Servir. En un video subido en las redes sociales del gremio, se ve a su secretario general, Gerónimo López Sevillano, dirigiéndose a los manifestantes junto al viceministro de Trabajo, Edilberto Sergio Jaime Ríos. 

“Que quede claro, compañero viceministro, ese Servir tiene que desaparecer y que pase al Ministerio de Trabajo”, añade el líder sindical en la grabación. Todos aplauden, incluso Jaime Ríos, quien tomó el micrófono para destacar su cercanía con el gremio. 

“Quiero agradecer al compañero Gerónimo López por sus palabras a este humilde servidor, dirigente sindical que hoy está desempeñando funciones como viceministro de Trabajo”, dice Jaime Ríos, quien, según su declaración jurada de intereses fue presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación del Perú (Contase), desde 2013 hasta setiembre de 2021. Fue nombrado viceministro el 13 de agosto de 2021, un mes antes de que dejara la dirigencia.

El viceministro de Trabajo Sergio Jaime Ríos fue líder sindical hasta un mes después de ser nombrado en el cargo".

Jaime Ríos continuó su alocución ante los manifestantes de la CGTP para subrayar que la Agenda 19 nació por iniciativa de los sindicatos. Mientras los sindicalistas coreaban “¡cierren el Servir!”, el viceministro añadió que el traslado de esta institución es una promesa de campaña que el presidente Castillo honrará.

“Compañeros, siguiendo las instrucciones de Pedro Castillo, le explicamos la necesidad, y él se comprometió también en campaña a adscribir a Servir, ya no como un órgano independiente autónomo que funciona al margen de la política laboral del país, sino dependiente del Ministerio de Trabajo. De manera tal que los trabajadores se sientan representados”, señaló (sic).

Según el portal del Estado, los dirigentes de la CGTP, la CUT, la CTP y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) registran constantes visitas en el despacho viceministerial de Sergio Jaime Ríos, y en lo que va del año, se reunió dos veces con los voceros de su exgremio, la Confederación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación del Perú (Contase).

Uno de los mayores encuentros sindicales ocurrió el 7 de enero, cuando 39 líderes gremiales fueron recibidos por la misma ministra Bettsy Chávez Chino, entre las 8:00 a.m. y las 12 m. Horas después, a las 3:26 p.m. ingresó a mesa de partes de la PCM el proyecto de decreto que aprueba la adscripción de Servir a su sector, un documento que empezó a ser elaborado por las oficinas técnicas del MTPE desde la gestión de Maraví, y que ese día se formalizó.

VICEMINISTRO. El viceministro de Trabajo, Sergio Jaime Ríos, prometió impulsar que Servir quede bajo la tutela de su sector.

Video: Facebook de Fetrimap-CGTP

 

El proyecto normativo se concentra en remarcar las coincidencia generales de las funciones de ambas entidades, con el fin de justificar su absorción. Se sostiene, por ejemplo, que el ámbito de gestión de los recursos humanos del Estado que dirige Servir, está “estrechamente vinculado con las áreas programáticas que, en materia de trabajo y promoción del empleo, posee el MTPE por estar éstas referidas, de modo general, a las relaciones de trabajo”.

Además, en el informe anexo elaborado por la Dirección Normativa de Trabajo, para sustentar el proyecto, se recoge la postura de los gremios, pero no de Servir. La Subsecretaría de Administración Pública de la PCM, a cargo de Margarita Delgado Arroyo, señaló en un informe que la adscripción de Servir al MTPE no es viable porque desnaturaliza sus funciones, debido a que el rol de Servir es de carácter nacional y transversal a todas las instituciones públicas.

“Puede haber cierta afinidad en determinados procesos o áreas bajo rectoría de Servir en lo que a relaciones de trabajo se refiere, pero los principios y marcos generales que los regulan presentan finalidades distintas, pues mientras que en un régimen prevalece el énfasis en los derechos de los trabajadores, en el otro debe prevalecer el mejor servicio al ciudadano”, señala el informe al que OjoPúblico tuvo acceso.

La Secretaría de Gestión Pública señaló en un informe que la adscripción de Servir al MTPE no es viable porque desnaturaliza sus funciones".

Esta oficina concluye que no se identifica algún problema que sustente la adscripción de Servir y que, por el contrario, la propuesta del MTPE es que la modernización de la gestión pública ya no sea el eje de la rectoría sectorial, con la mirada transversal que ello supone, sino más bien una rectoría sectorial enfocada en las relaciones laborales y promoción del empleo. “Tal cambio podría acarrear una posible pérdida de la autonomía e independencia técnica otorgadas a Servir para que, sin interferencias políticas, pueda llevar adelante la continuidad de la reforma del sector público en favor de la meritocracia y buen desempeño de los servidores públicos, bajo la premisa que la función pública debe estar al servicio del ciudadano”, añade.

El mismo día que se conoció esta respuesta, los dirigentes de la CGTP visitaron en horas de la tarde al viceministro Jaime Ríos para que se insista en la medida. Según fuentes del sector Trabajo que solicitaron no ser identificadas, el ministerio ha presentado un segundo escrito a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, pues, de acuerdo con la normativa, se requiere que dicha instancia emita un informe a favor para que proceda el Decreto Supremo solicitado por la ministra Betssy Chávez.

Otro factor que crispó las relaciones entre los sindicatos y Servir fue la aprobación del Decreto Supremo 008-2022-PCM, que aprueba los lineamientos para la implementación de la Ley 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. Esta permite coordinar remuneraciones, condiciones de trabajo y aspectos de las relaciones entre empleadores y servidores públicos.

Su promulgación se realizó luego de que se realizaran mesas de trabajo con los principales sindicatos del país, con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Servir y la PCM; sin embargo, los dirigentes han sumado a su pliego de reclamos la derogación de este decreto. La presidenta de Servir, Janeyri Boyer Carrera, señaló a OjoPúblico que esta norma solo ordena y viabiliza la negociación colectiva para que los recursos del Estado alcancen. "La idea es que se pueda negociar por canales formales. Hemos intentado dialogar, (...) pero las respuestas son feroces”.

LEGADO. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, heredó la Agenda 19 de su antecesor Iber Maraví. 

Foto: Andina.

Durante más de una semana OjoPúblico solicitó una entrevista con la titular del sector Trabajo o alguno de sus voceros para abordar este tema, pero no hubo respuesta. Quienes sí respondieron fueron los líderes sindicales. El secretario general de la CGTP, Gerónimo López Sevillano, señaló que la desarticulación de Servir es un pedido que impulsan los sindicatos desde hace varios años, y que su inclusión en los ofrecimientos de campaña de Pedro Castillo fue clave para que su gremio le brindara el apoyo.

Por su parte, Edward Flores Alarcón, coordinador del Frente de Trabajadores Estatales del Perú, consideró que Servir solo ha generado copamiento y una burocracia dorada en las entidades del Estado, permitiendo que funcionen mayores regímenes laborales como el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) y el Personal Altamente Calificado (PAC), bajo condiciones distintas a las de otros empleados. 

“Servir no ha logrado extender los objetivos de la meritocracia en las contrataciones porque su adhesión es voluntaria. Estamos de acuerdo en un proceso de meritocracia, pero que sea universal, dirigido a todo el aparato público. En el papel la norma es una maravilla, pero en la práctica no se cumple. Se debe crear un Código de Trabajo. Hay que reconocer que el actual gobierno escucha a los gremios, pero eso le falta a Servir, que solo ha generado políticas que perjudican al trabajador cuando su rol es defenderlo”, añade Flores Alarcón.

La CGTP señala que la promesa que hizo el presidente Castillo sobre el destino de Servir fue clave para que su gremio lo apoyara en campaña".

Un grupo de trabajadores nombrados y contratados de las principales entidades del Estado entrevistados por OjoPúblico señalaron que el principal temor de los que integran los sindicatos, es perder su plaza laboral, pues el ingreso a Servir implica que cada uno pase por un concurso público para confirmar su puesto. Los nombrados –aquellos que solo pueden ser despedidos luego de un proceso administrativo– no están obligados a postular, pero si no lo hacen se mantendrán bajo su régimen actual, que no les garantiza ascensos ni beneficios laborales.

La abogada Karla Gaviño, consultora en gestión pública, sostiene que traspasar Servir a la tutela del Ministerio de Trabajo pone en riesgo la continuidad de sus objetivos, que son transversales a todas las entidades públicas, pues ya no tendría injerencia jerárquica sobre estas. 

"Servir busca mejorar los servicios que se prestan a la población y promover la carrera civil meritocrático, pero le falta adquirir más empoderamiento en la sociedad y en las mismas entidades. Por ejemplo, Servir ya cuenta con una promoción de gerentes públicos altamente calificados, bajo los nuevos estándares, pero las entidades no lo piden. Es voluntario", explica. 

La exjefa de Servir, Nuria Esparch, señala que trasladar esta entidad a la tutela del sector Trabaja acabará con la reforma del servicio civil".

Por su parte, Nuria Esparch, exjefa de Servir y exministra de Defensa, señala que, pese a las deficiencias que ha mostrado la entidad del servicio civil, la opción no puede ser su desarticulación o restarle facultades, sino reformarla. Sostuvo que Servir tiene una cuota importante de responsabilidad por su letanía, pero también el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por no otorgarle el presupuesto necesario.

“La entidad necesita una reforma, sin ninguna duda, pero así como el sistema de salud tiene deficiencias, no por ello se va a proponer destruirla. Las reformas de servicios civiles en el mundo son larguísimas, pues la norma de asimilación de los empleados es voluntaria. Es decir, se necesita casi una generación y media para que salgan de la carrera todos los que están en otros regímenes laborales. ¿Qué ganan los sindicatos si Servir se traslada al Ministerio de Trabajo?, pues se cae la reforma. De eso no hay duda”, añade Esparch.

Una lenta reforma

Para la presidenta de Servir, Janeyri Boyer Carrera, uno de los motivos del conflicto es el desconocimiento e incomprensión del rol que tiene dicha entidad, que es asegurar que los puestos públicos sean ocupados con meritocracia, idoneidad y sin consignas partidarias. “Ordenar es una tarea ingrata. Implica poner reglas que a muchos no les va a gustar. Para algunos eso significa que se acaban los privilegios y les impide hacer lo que les viene en gana con los recursos del Estado”, sostiene.

Boyer Carrera explica que Servir brinda asistencia técnica a las entidades del Estado que necesitan programar el requerimiento de personal, resuelve controversias entre servidores públicos y entidades, fortalece las capacidades de los empleados a través de la Escuela Nacional de Administración Pública y, lo más importante, promueve la reforma del servicio civil par que todos sean seleccionados por méritos. Este último objetivo, sin embargo, avanza con lentitud.

Desde que se creó la entidad en 2008 y se promulgó la Ley del Servicio Civil, en 2013, se creyó que era el inicio de la reforma más ambiciosa en la carrera pública –como recuerda Nuria Esparch–, porque introducía lineamientos de gestión para la labor de los funcionarios e incentivos en el crecimiento profesional en la administración pública, con un sistema de contratación y ascensos que dependería del mérito propio.

GESTIÓN. La presidenta de Servir, Janeyri Boyer, reconoce que la entidad ha avanzado poco en la reforma del servicio civil, y están planteando mejoras.

Captura: OjoPúblico

 

Esta reforma se aplicará a todos los servidores públicos bajo el régimen de la carrera pública (D.L. 276), el régimen privado (D.L. 728), los Contratos Administrativos de Servicios (DL. 1057 – CAS) y los regímenes especiales. Sin embargo, no incluye a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Servicio Diplomático, las empresas del Estado bajo el ámbito del Fonafe, la Contraloría, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Tampoco están sometidos a esta regulación los servidores que se rigen por la Ley de Reforma Magisterial y la Ley Universitaria, los jueces y fiscales, y los servidores del Congreso de la República. El Legislativo emitió una norma para que sus funcionarios de confianza, asesores y otros trabajadores no deban pasar por este nuevo sistema de contratación.

Desde el 2015 a la fecha, solo 95 entidades del Estado han iniciado el proceso de implementación del nuevo régimen del servicio civil, entre ellos: gobiernos regionales, ministerios, organismos reguladores, direcciones de salud, programas sociales, instituciones adscritas al Ejecutivo y el Despacho Presidencial. Otras 511 están en trámite. 

Son 2.239 las entidades públicas que existen en el país, pero apenas 13 han logrado entrar al sistema de Servir. Este proceso no es corto ni sencillo, pues implica el diagnóstico y revisión de la situación actual de sus recursos humanos, elaborar un mapeo de cargos y definir una propuesta de estructura y perfil de puestos. 

MERITOCRACIA. La reforma del servicio civil se basa en el mérito, conocimientos y habilidades. La Ley 31419, por su parte, añadió un rango de años de experiencia para cargos de confianza.

Ilustración: Claudia Calderón.

 

Fuentes consultadas por OjoPúblico en las entidades que actualmente están cumpliendo este proceso, señalan que uno de los problemas que enfrentan son las constantes modificaciones que realiza Servir a la documentación que deben presentar, pero también que los Cuadros de Asignación de Puestos (CAP) de algunas instituciones públicas no se actualizan hace diez o veinte años.

Esto implica que haya cargos que deban ser renombrados o movidos a otras instancias para cumplir las exigencias de Servir. Por ejemplo, se detectó en el organigrama a directores que no tienen personal a cargo y han debido ser trasladados al puesto de asesores. En otros casos, cuentan con personal antiguo y de alta experiencia, pero que no reúne los títulos académicos exigidos por el nuevo sistema.

Boyer Carrera reconoce que la reforma en la carrera pública, que es la principal promesa de Servir, no ha avanzado al ritmo esperado. Pero señala que este trabajo requiere de presupuesto y del respaldo político del gobierno, debido a que se necesita convencer a las instituciones públicas, de todo nivel, para que acepten cambiar sus reglas de contratación. Aún así, destacó que en este tiempo se haya podido impulsar una nueva generación de gerentes públicos, seleccionados con altos estándares de calidad.

De las 2.239 entidades públicas que existen, solo 13 cumplieron los requisitos para entrar a Servir. Otras 95 han iniciado el proceso".

“Servir hace muchas cosas que pueden no ser tan visibles, pero ayudan a las entidades públicas a gestionar su personal. Que hemos estado funcionando de forma óptima, no. Que necesitamos hacer cambios, sí, y los estamos impulsando (...) Parte de ellos es tener un Servir más desconcentrado, mayor cercanía a los servidores públicos (...) y mejorar reglas de la reforma para que su implementación sea más agresiva”, añadió.  

Desde este mes, Servir deberá sumar a sus tareas la supervisión de la idoneidad de cargos en el Poder Ejecutivo, pues desde febrero entró en aplicación la Ley 31419, que establece los requisitos mínimos e impedimentos para ser contratado como funcionario y directivos de confianza. En esta primera etapa se supervisará que el personal de los viceministerios cumplan con los estándares de años de experiencia y estudios, de lo contrario, sus oficinas de recursos humanos deberán disponer su cese.

“Debemos supervisar que las oficinas de recursos humanos hayan elaborado sus diagnósticos, pero, sobre todo, que sus jefes, viceministros o ministros, acaten la decisión. Va a ser difícil, pero coincidentemente nos toca iniciar este control porque la norma entró en vigencia hace una semana”, añadió Boyer Carrera.