INVASIÓN. Vista aérea reciente de una zona intangible invadida en el complejo arqueológico Chankillo, en la provincia de Casma, Áncash. Este sitio fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco este año.

Patrimonio en peligro: aumentan invasiones a sitios arqueológicos durante la pandemia

Patrimonio en peligro: aumentan invasiones a sitios arqueológicos durante la pandemia

INVASIÓN. Vista aérea reciente de una zona intangible invadida en el complejo arqueológico Chankillo, en la provincia de Casma, Áncash. Este sitio fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco este año.

Foto: Iván Ghezzi.

Una investigación de OjoPúblico en siete regiones del Perú revela cómo las mafias dedicadas al tráfico de terrenos amenazan sitios arqueológicos y sus acciones se incrementaron durante la crisis sanitaria. Detrás de las invasiones hay asociaciones que dicen promover viviendas y poderosas organizaciones que trafican terrenos y pueden desplegar maquinaria pesada para remover tierras, aplanar sitios arqueológicos y atentar contra el patrimonio. Un proyecto de ley de la congresista de Podemos, Dina Calle, buscaba formalizar las posesiones informales en estas áreas, pero ante la presión ciudadana fue retirado.

5 Diciembre, 2021

Por Magali Estrada, Alicia Tovar, José Víctor Salcedo, Alba Rivas, Wilder Acosta, Karín Chacón.


En mayo del año pasado, durante el estado de emergencia por la pandemia, alrededor de cien personas invadieron el complejo El Chorro, ubicado en el distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo, al norte del Perú. Dos meses antes, el Ministerio de Cultura había dispuesto la protección provisional de este sitio arqueológico, pues un informe de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque advirtió que la zona estaba “siendo afectada por la construcción de un cerco perimétrico y un muro”. Es decir: había sido invadida. 

El complejo arqueológico El Chorro se ubica en el distrito de Pomalca y se trata, según el arqueólogo, Edgar Bracamonte, de “un conjunto de montículos donde se descubrió tumbas en fosa que contenían ofrendas de cerámica de estilos correspondientes a la etapa Formativo Superior, según la cronología de Lumbreras (1969), con marcados rasgos de estilo Vicús y Salinar”. Es una zona declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. 

Pero no fue el único caso registrado en la región Lambayeque. En el mismo distrito de Pomalca, el año pasado, se invadieron ocho hectáreas del sitio arqueológico Huaca Lafora, un monumento prehispánico que data del período intermedio tardío donde se desarrolló la Cultura Lambayeque. Recién en abril de este año el Ministerio de Cultura y la Policía desalojaron a las familias que vivían en esta zona y retiraron cerca de 100 cabañas construidas con carrizo y otros materiales precarios. 

El director del Museo Tumbas Reales de Sipán, Edgar Bracamonte Lévano, explicó que durante la emergencia sanitaria se invadieron otras ocho zonas arqueológicas de la región Lambayeque, reconocidas como patrimonio cultural. Entre estas sobresalen las huacas El Pueblo, Túpac Amaru, La Inmaculada, Chumbenique y el complejo Purulén. “En todos estos sitios [los invasores] colocaron señalizaciones y material precario para delimitar espacios o lotes. En otros complejos [invadidos] construyeron muros de adobe”, comentó el arqueólogo. 

Así como en Lambayeque, OjoPúblico documentó casos de invasiones a sitios arqueológicos en las regiones Cusco, Puno, Ayacucho, Áncash, La Libertad y Piura. Detrás de estas invasiones están mafias dedicadas al tráfico de terreno que se aprovechan de la búsqueda de vivienda de las personas más pobres (a quienes les ofrecen estas tierras a cambio de dinero) o que luego buscan reasignar los usos de estas tierras.

Las autoridades del sector Cultura hacen enormes esfuerzos por evitar la destrucción del patrimonio nacional, mientras que la respuesta no siempre es enérgica en todos los poderes del Estado. Hace poco un proyecto de ley presentado por la congresista Digna Calle Lobatón, de Podemos, pretendía formalizar las posesiones informales asentadas antes del 31 de diciembre del 2015 en zonas arqueológicas y/o históricas. Sin embargo, luego de la presión ciudadana fue retirado por el mismo partido.

Atentados en el norte 

En Áncash, que alberga el monumento arqueológico Chavín de Huántar, existen al menos dos importantes sitios arqueológicos que han sufrido la invasión de sus zonas intangibles. Uno de ellos es el complejo arqueológico y observatorio astronómico Chankillo, ubicado en la provincia de Casma y que en julio de este año fue declarado por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad

Es considerado el observatorio solar más antiguo de América y uno de los dos lugares en el mundo antiguo que incorporaron un calendario de horizonte solar completo. Sin embargo, 4.500 m2 de su área total (50.000 hectáreas) fueron invadidos en el año 2019 por una familia que instaló un pozo de concreto. Aunque el caso fue denunciado a inicios del año pasado ante el Ministerio de Cultura, no se ha podido concretar el desalojo.

Cuando el Ministerio Público y la Policía organizaron la diligencia, el pozo había sido tapado y aparentemente no había nada. Ahora en el lugar hay un cerco de plantas que rodea al pozo y un cerco con palos y mallas. Además, imágenes captadas con dron esta semana muestran en el lugar invadido, además, otro pozo, un tanque de agua y una pequeña área de cultivos, todo en la zona intangible.
 

La Libertad
CONSTRUCCIÓN. En mayo de este año, la Dirección de Cultura de La Libertad retiró el muro de adobe construido en las Huacas del Sol y la Luna. La construcción había ocupado 89,63 metros de la zona arqueológica.  
Foto: Dirección de Cultura de La Libertad 

 

La persona que se presenta como posesionario de dicha zona es Erlis del Castillo Cañari, esposo de la excongresista fujimorista María Magdalena López Córdova. Así consta en una carta de fecha 30 de junio del 2020, dirigida al arqueólogo Iván Ghezzi, director del proyecto Chankillo. El documento señala que del Castillo adquirió la posesión en el 2009, por ese motivo solicita al director del proyecto acudir juntos al terreno, con topógrafos, para determinar los linderos. 

OjoPúblico se comunicó con la excongresista López Córdova, quien dijo que el predio se lo alquilaron a otra persona, y que ella no conoce los detalles. Indicó que su esposo se pondría en contacto con este medio, pero hasta el cierre de este artículo eso no ocurrió.  Chankillo abarca un área de 5.000 hectáreas de zona intangible y 45.000 hectáreas de zona de amortiguamiento, legalmente saneado e inscrito en Registros Públicos. 

Otro sitio en riesgo ubicado en Áncash es la zona arqueológica monumental Pañamarca, que data de la época Moche y es considerada el centro religioso, administrativo y económico más importante del valle. Compuesta por enormes construcciones de adobe, tiene un área aproximada de 92 hectáreas, que aún no han sido inscritas en Registros Públicos.
 
En 2015, un aproximado de hectárea y media de las faldas de un cerro, que se encuentra dentro de la zona intangible de Pañamarca, fue invadida por el agricultor Héctor Sifuentes, quien posee terrenos colindantes con la zona arqueológica. Sobre este caso, el arqueólogo Juan López Marchena, representante del Ministerio de Cultura en la provincia del Santa, contó a OjoPúblico que realizó la constatación del caso, elevó su informe a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash y se hizo la denuncia ante la Fiscalía. 

Sin embargo, el desalojo no se ha concretado. “El fiscal me llamó para declarar, para ver el daño, he cumplido con todo, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta”, señaló. López Marchena precisó que en la zona invadida había un cementerio prehispánico, pues cuando el invasor usó maquinaria pesada para remover el terreno halló algunos restos óseos y textiles. 

Más al norte, en La Libertad, también se han registrado durante la pandemia invasiones de sitios arqueológicos. La Dirección Desconcentrada de Cultura informó que desde mayo a noviembre de este año logró 12 recuperaciones extrajudiciales de lugares históricos que los invasores y traficantes de terrenos intentaron convertir en terrenos de cultivo y levantar viviendas.

Entre los lugares recuperados figuran: el sitio arqueológico Farfán y el complejo arqueológico El Brujo, ambos ubicados en la provincia de Pacasmayo; la Huaca del Sol y La Luna (Trujillo) y el sitio arqueológico “Bitin parte baja”, en Virú; el sitio arqueológico Cerro Oreja y la zona arqueológica monumental Castillo Jesús María, localizados en Laredo. 

En el Complejo Arqueológico El Brujo, donde se descubrió el fardo funerario de la Dama de Cao en 2006, los invasores intentaron apoderarse de 1.660 metros cuadrados del área intangible. Para ello realizaron excavaciones no autorizadas para colocar postes, instalaron tejidos de polipropileno, esteras y plásticos en los postes para improvisar coberturas y delimitaron los terrenos con piedras pintadas de blanco.

Ancash
ÁNCASH. En esta región hay al menos dos importantes sitios arqueológicos invadidos, uno de estos es Pañamarca, ubicado en el distrito de Nepeña.
Foto: Magali Estrada. 

 

En el caso de la invasión en la Huaca del Sol y la Luna, los invasores delimitaron un terreno con un muro de adobe en forma de “L”, de aproximadamente un metro de alto por 15 metros de largo. Habían invadido un área aproximada de 89,63 metros. Mientras tanto, en el sitio arqueológico “Bitin parte baja”, los invasores realizaron excavaciones no autorizadas para instalar postes, sembrar árboles y construir pozos de agua. 

En Piura, en agosto de este año, las autoridades del municipio distrital de Castilla demolieron un cerco ilegal que fue instalado desde 2014 en el sitio arqueológico Huaca El Bosque. La zona había sido declarada intangible por el Ministerio de Cultura porque  alberga restos arqueológicos que la Cultura Tallán y Chimú, que datan del periodo Intermedio tardío (1.300 y 1.400 dC).

El proceso para lograr la demolición fue bastante largo. En varias ocasiones Inocente Manayay Sánchez desobedeció las notificaciones y órdenes judiciales que pedían detener las construcciones. La ejecutora coactiva de la municipalidad de Castilla, Katty Ferro, explicó que en 2003 la huaca fue declarada patrimonio cultural. Sin embargo, 11 años después Manayay instaló un cerco de alambre y solicitó una licencia de construcción al municipio, la cual fue denegada. 

“El señor [Inocente Manayay] plantó árboles alrededor, creando un cerco natural, abarcando más del espacio cultural. Iniciamos un proceso judicial ante el Juzgado Mixto de Castilla, en primera y segunda instancia se ordenó la demolición”, dijo Katy Ferro.

Sobre la importancia de este sitio, André Vidal, arqueólogo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, dijo que es un monumento arqueológico invaluable. “Proteger este lugar permitirá recuperar las evidencias de arquitectura y cerámica de las culturas Tallán y Chimú”, señaló. 
 

Afectaciones en el sur 

 

Los atentados a sitios arqueológicos no solo ocurrieron en el norte, sino también en el sur. En Cusco, por ejemplo, la titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Magda Mateus Cárdenas, dijo que las afectaciones (incluidas invasiones) han ocurrido en Pisac, Ollantaytambo, Andahuaylillas, Sacsayhuaman, entre otros monumentos. 

En el Parque Arqueológico de Ollantaytambo (Urubamba) las autoridades del sector Cultura identificaron casos de construcciones ilegales, invasiones, daños a bienes, huaqueos y pintas, que afectaron muros, andenes y canales de riego incas. De igual forma, en el Parque Arqueológico de Pisac hay reportes de construcciones ilegales, huaqueo e invasiones en la zona arqueológica y en su área de amortiguamiento. 

Según la entidad cultural, el problema de las invasiones a espacios patrimoniales se debe al "incremento poblacional, la creación de asociaciones pro vivienda y el inicio de proyectos de saneamiento y electrificación, así como a la apertura de trochas carrozables en dichas asociaciones”.

Al respecto, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección de Cultura, Holger Loayza Riveros, informó que junto con la procuraduría atienden actualmente entre 350 y 400 denuncias penales por distintos delitos contra bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. “Los procesos penales son larguísimos, porque demoran más de tres o cuatro años y eso impide una lucha más efectiva en contra de este tipo de delitos que dañan bienes patrimoniales”, señaló Loayza Riveros. 

Más al sur, en Puno, las autoridades de Cultura han detectado dos sitios arqueológicos en riesgo y uno invadido. Uno de los involucrados en estos atentados contra el patrimonio es la empresa constructora CASA (Construcción y Administración S.A.), que ejecuta la autopista Puno-Juliaca. Los trabajos afectaron el sitio arqueológico Huerta Huaraya. La maquinaria destruyó nueve chullpas. 

Respecto a este caso, la encargada de la Dirección Desconcentrada de Puno, Yenny Zapana Manrique, explicó que se inició un proceso administrativo sancionador contra esta empresa, que continúa en curso. Este medio pidió una entrevista con la empresa constructora CASA, pero hasta el cierre de esta edición no respondió nuestra solicitud.

Otro de los sitios afectados en Puno es el cerro Huayna Roque, ubicado en el distrito de Juliaca, provincia de San Román (Puno). Este lugar protege restos arqueológicos, como  muros de contención y fragmentos de material cerámico que evidencian una ocupación continua desde el Periodo Intermedio Temprano (Qaluyo-Pukara) hasta el Horizonte Tardío (Inka). 

A pesar de que ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, el cerro Huayna Roque no ha sido delimitado. En este espacio arquitectónico sobresale la construcción ilegal de una explanada destinada a la realización de eventos folclóricos, que data de hace 10 años de antigüedad. El responsable de dicha invasión es la Asociación Folclórica los Machu Aychas. 

Punanahui es otro monumento invadido en Puno. Se ubica en las áreas marginales de la ciudad altiplánica, donde se registra un acelerado crecimiento urbano. Está constituido por un cerro de baja elevación, rodeado de habilitaciones urbanas en las partes bajas, y en la parte media y superior existen áreas destinadas al cultivo y pastoreo de ganado. No obstante, en la actualidad se han construido allí ocho viviendas y se ha realizado movimiento de tierra para abrir una trocha.
 
Mientras tanto, en Ayacucho, la Dirección Desconcentrada de Cultura informó que existen aproximadamente 1.100 zonas arqueológicas, 12 de las cuales se encuentran en situación de amenaza por invasiones. OjoPúblico pidió el detalle a la institución de cultura de esta región, pero hasta el cierre de este artículo no nos entregaron la información. 
 

Traficantes de terrenos detrás de invasiones

El reconocido arqueólogo Walter Alva, descubridor de las Tumbas del Señor de Sipán en Lambayeque, explicó que los invasores aprovecharon la escasa vigilancia policial y supervisión de los funcionarios de Cultura durante los primeros meses de la pandemia. “Se debe delimitar las zonas arqueológicas y establecer un acuerdo con las comunidades que tienen tierras [allí], para que no puedan cederlas a terceros. Por ley, ellos están impedidos de hacerlo. Otro problema son las obras públicas que muchas veces se ejecutan sin consultar [al Ministerio de Cultura]”, comentó. 

Alva indicó que las invasiones a sitios arqueológicos ocurren desde inicios de la etapa republicana y que algunas ocupaciones temporales se convirtieron años después en centros poblados. “Hace falta que se establezcan zonas de reubicación que no afecten el patrimonio. El Estado tiene tierras eriazas que pueden incorporarse, con un estudio previo, para la construcción de viviendas de tipo social”, recomienda. 

Pero lo que más le preocupa al director del Museo Tumbas Reales de Sipán, Edgar Bracamonte Lévano, es que quienes están detrás de esas invasiones son traficantes de terrenos, capaces de desplegar maquinaria pesada para aplanar los sitios arqueológicos y efectuar un cambio de uso a las tierras. 

Lambayeque

INVASORES AVANZAN. En el complejo arqueológico Apurlec, de Lambayeque, se han identificado daños en un área de 103 mil metros cuadrados debido a actividades de excavación ilegal, remoción de material y nivelación con maquinaria pesada.
Foto: Museo Brüning.

 

“El caso más grave ocurrió en huaca Shakiras, en el distrito de Chongoyape. Después de la invasión, pasaron maquinaria pesada y terminaron destruyendo gran parte de la evidencia. Allí se ha perdido parte del monumento arqueológico, se hizo la denuncia correspondiente y esta sigue su curso, pero el daño es irreversible”, advirtió Bracamonte a este medio.

El funcionario dijo que los arqueólogos han hallado muros con la inscripción de números telefónicos para la compra de terrenos, como ocurrió en el complejo El Chorro. “Ellos les hacen creer que los terrenos están saneados y los venden a un precio bastante tentador para las personas que tienen la necesidad de una vivienda”, explicó Bracamonte Lévano. 

En Lambayeque también se ha detectado otra modalidad: la conformación de comités de lotización o asociaciones de invasores que sirven como intermediarios con los traficantes de terrenos. Bracamonte sostuvo que estas operaciones se agravan por la participación de delincuentes, al punto que algunos arqueólogos han sido víctimas de amenazas.

Según el arqueólogo Carlos Wester La Torre, director del Museo Brüning, quienes están detrás de la afectación al patrimonio son personas con recursos económicos. El funcionario ha reportado la desaparición de varias plataformas de adobe que fueron parte de un sistema de riego artificial creado en los siglos IX al XIV d.C, para las culturas Lambayeque y Chimú. En agosto de este año identificó actividades de excavación ilegal, remoción de material y nivelación con maquinaria pesada que han afectado aproximadamente 103.800 metros cuadrados del complejo. 

“Estos procesos de nivelación [de tierras], para transformar una zona arqueológica en un área agrícola o de otro uso, son promovidos por personas que tienen recursos. ¿Cómo pueden nivelarse 4, 5 ó 10 hectáreas en pocos días cuando una hora de maquinaria pesada es costosa? ¿Quién hace los pozos tubulares?”, sostiene el arqueólogo. 
 

Poco personal y presupuesto para frenar las invasiones

 

En la lucha para proteger los monumentos arqueológicos, una de las principales limitaciones es la falta de saneamiento de los sitios históricos. Juan López Marchena, representante del Ministerio de Cultura en Santa (Áncash), dijo que en su jurisdicción hay al menos 12 sitios arqueológicos invadidos. Sin embargo, la falta de saneamiento físico legal impidió recuperarlos. “Cuando la denuncia pasa al Ministerio Público, lo primero que hace el fiscal es pedir el registro en Sunarp de la zona arqueológica y, como no lo presentamos, archiva el caso”, explicó. 
 
En esa línea, Carlos Wester La Torre, director del Museo Brüning, explicó que aún existen sitios arqueológicos sin saneamiento físico legal en Lambayeque. Esa deficiencia favorece el ingreso de invasores. Las direcciones desconcentradas de Cultura de cada región ahora tienen la opción de solicitar, ante el referido ministerio, la protección provisional de estas zonas de modo que puedan ser delimitadas y se evite su ocupación ilegal.  

Otro factor que juega en contra –indica López Marchena– es el escaso presupuesto del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, Pañamarca cuenta con solo una persona que cuida 92 hectáreas, pero, además, se encarga de vender los boletos para los visitantes. “Incluso él corre riesgo ante los invasores, lo han amenazado”, cuenta el arqueólogo. 

El Museo Tumbas Reales de Sipán, en Lambayeque, solo tiene tres trabajadores para supervisar los sitios arqueológicos que existen en los inmensos valles de Zaña y Lambayeque. El personal de vigilancia usa motocicletas o bicicletas para custodiar las zonas y advertir daños al patrimonio. “Se requiere todo un plan nacional para recuperar estos sitios. Es insuficiente el personal de vigilancia que tenemos, pero hemos logrado reportar, en lo que va de este año, 40 denuncias de invasiones, huaqueos, y afectaciones de todo tipo. Eso se financia con los recursos del museo”, explicó. 

Para superar esas limitaciones, el arqueólogo La Torre señala que en los casos donde ya ha ocurrido el daño al patrimonio cultural se debe buscar el apoyo de las familias instaladas. La idea es que protejan el resto de áreas que todavía no han sido invadidas. Eso es lo que se pretende hacer en el complejo Apurlec, un sitio arqueológico de casi 12.000 hectáreas, ubicado en el distrito de Motupe y que fue reconocido por el Ministerio de Cultura en 1983. 

Piura

DEMOLIDO. Las autoridades del municipio de Castilla, en Piura, en agosto de este año demolieron un cerco ilegal que fue instalado hace 7 años en el sitio arqueológico Huaca El Bosque.
Foto: El Regional de Piura.

 

Apurlec es considerado por Wester La Torre como “el único complejo monumental que nos queda a los lambayecanos, después de Túcume”. “Perderlo sería perder información y oportunidades de desarrollo para la población”, dijo. Por estas razones, el museo ha elaborado un plan de recuperación que incluye el uso de drones para sobrevolar la zona y reconocer cuántas áreas están disponibles para la investigación arqueológica y demarcar en qué sectores se pueden brindar servicios básicos a las familias que ya viven allí. 

“En Apurlec, hay dos centros poblados, estamos hablando de cerca de 400 familias. Pero debemos convertirlos en ojos que nos ayuden a cuidar la zona. Porque si para ellos se vuelve un problema vivir ahí, nunca vamos a resolver nada”, indicó. 

El arqueólogo peruano César Astuhuamán Gonzáles señaló que el Ministerio de Cultura solo ha registrado una mínima cantidad de monumentos arqueológicos y son pocos los que cuentan con saneamiento físico legal. Sin embargo, el especialista considera que dicho aspecto no garantiza la protección del sitio, “porque puede aún el patrimonio cultural ser sujeto de destrucción por una empresa, una municipalidad o cualquier entidad que haga obras o expansión urbana o agrícola”. 
 
Astuhuamán Gonzáles sostiene que el problema de las invasiones ha rebasado la capacidad del Ministerio de Cultura y que, por tanto, su solución debe involucrar a otros sectores. Entre estos las municipalidades provinciales y distritales. “Cuando entendamos que es un problema multisectorial tal vez tengamos una solución. El Ministerio de Cultura tiene la potestad, pero con el escaso personal y sus pocos recursos si no se establecen alianzas con los gobiernos regionales, locales y con los que ejecutan las obras difícilmente el patrimonio va a ser protegido”, concluyó.

Autoridades en alerta

Mientras en el país las autoridades del Ministerio de Cultura se esfuerzan por proteger los sitios arqueológicos, el jueves 25 de noviembre la congresista Digna Calle Lobatón, de Podemos, presentó el proyecto de ley 837-2021, que establece el régimen excepcional para la formalización de posesiones informales asentadas antes del 31 de diciembre del 2015 en zonas arqueológicas y/o históricas. Luego, la iniciativa legislativa –que tuvo como coautores a José Luna Gálvez y José Elías Ávalos– fue retirada por la presión de colectivos ciudadanos. Sin embargo, las autoridades están alertas ante futuras nuevas propuestas o amenazas hacia la intangibilidad de estos bienes inmuebles de la nación.
 
Según los artículos 226 y 227 del Código Penal, quien invada, deprede o se asiente sin autorización sobre un monumento arqueológico puede ser condenado con tres o seis años de cárcel. En tanto, quien promueva o incite a estas conductas ilícitas puede recibir una pena de entre tres y ocho años de prisión.

El arqueólogo Walter Alva, descubridor de las Tumbas Reales de Sipán, calificó el mencionado proyecto de ley como un intento de amnistiar a los invasores de zonas arqueológicas. 
Dijo que este proyecto de ley omite que los monumentos arqueológicos, por ser patrimonio cultural, son inalienables e imprescriptibles. “No puede sobrepasar esos términos solo para formalizar las invasiones. El proyecto de ley busca beneficiar las ocupaciones asentadas antes del 2015, pero desde el año 2000, hay resoluciones y normativas que exigen el certificado SIGDA (Sistema de Información Geográfica de Arqueología) para construir una vivienda. Entonces no pueden decir que por desconocimiento, se invadieron terrenos”, concluyó. 

El 28 de noviembre, mediante un pronunciamiento público, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Podemos, informó que ante el riesgo de que dicha iniciativa legal pueda ser utilizada por mafias de traficantes de terrenos, retiraron dicho proyecto de ley. Asimismo, señalaron que impulsarán la creación de una comisión especializada para buscar soluciones a familias que viven en zonas arqueológicas hace más de 30 años.