Por: Ralph Zapata, Magali Estrada, Geraldine Santos, José Víctor Salcedo, Wilder Acosta, Alicia Tovar, Gustavo Callapiña y Alba Rivas. 

 

La corrupción en el Perú es uno de los problemas estructurales que más afecta el país, y es percibido como tal por la mayoría de ciudadanos. A pesar que luego de la caída del régimen de Alberto Fujimori, en el 2000, el Estado fortaleció sus mecanismos contra estos delitos, la corrupción atravesó nuevamente –aunque en diferentes niveles– a los gobiernos que lo sucedieron. La investigación del caso Lava Jato y los sobornos de Odebrecht constituyen el ejemplo más emblemático del poder de la corrupción entre el sector privado y los funcionarios públicos de más alto nivel.

Durante los últimos años, la justicia ha condenado a varias autoridades por corrupción. En otros casos, diversas investigaciones fiscales han revelado los nexos y presentado evidencias sobre pago de coimas, e iniciado procesos penales contra empresarios, abogados y exfuncionarios públicos (entre ellos expresidentes). Sin embargo, varios han escapado de la justicia y ahora se encuentran en calidad de prófugos. ¿Quiénes son y por qué es importante su captura? En este reportaje, el equipo de la Red investigativa Regional de OjoPúblico analiza una base de datos de los principales prófugos de la corrupción. 

En la lista que el programa de recompensas del Ministerio del Interior impulsa (actualizada al 22 de junio), figuran 938 personas prófugas vinculadas a 73 delitos. De esa cifra, 68 (7 %) son procesados por cargos vinculados a la corrupción: 22 de ellos pertenecen a la región Áncash y 11 a Lima. 

Una de las personas prófuga de la justicia y involucrado precisamente en el caso Lava Jato es el empresario limeño Gonzalo Monteverde Bussalleu, de 66 años, investigado por el delito de lavado de activos. Según los fiscales del equipo especial Lava Jato, tres de sus empresas habrían recibido transferencias de varias compañías offshore de Odebrecht para pagar sobornos en Perú. 

En 2019, el exdirectivo de la constructora brasileña, Luiz da Rocha Soares, declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que, entre 2007 y 2015, Odebrecht transfirió más de USD 29 millones a las compañías del empresario para el pago de coimas. 

Uno de los empresarios prófugos por el caso Odebrecht es Gonzalo Monteverde Bussalleu".

Desde hace más de dos años Monteverde Bussalleu encabeza la lista de los prófugos más buscados por delitos vinculados a la corrupción en Perú. Por información sobre su paradero, el Estado ofrece S/100 mil de recompensa. 

Como persona natural, Monteverde Bussalleu mantiene una deuda coactiva con el Estado por S/3,4 millones por pagos no efectuados al Tesoro Público. Además, está vinculado a 36 empresas de los rubros inmobiliario, construcción y servicios funerarios, según comprobó OjoPúblico en los Registros Públicos. De estas, ocho mantienen deudas coactivas con el Estado por S/ 37’980.016. En otras palabras, el empresario y sus empresas relacionadas le adeudan al país un total de S/41’433.400. 

La empresa Isagon S. A. C., donde Monteverde Bussalleu figura como apoderado, adeuda al Estado S/14,2 millones por pagos no efectuados al Tesoro Público. Esta compañía fue constituida en 2006 y pertenece al sector construcción, aunque en la actualidad se encuentra con suspensión temporal, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). 

El empresario Gonzalo Monteverde le adeuda al Estado S/41’433.400 en total".  

Eternum S. A. C. y Construmaq S. A. C. son otras dos firmas vinculadas al empresario Monteverde Bussalleu. La primera, dedicada a servicios funerarios, fue inscrita en 1999 y dada de baja en 2013; y adeuda S/5,5 millones al Estado. Construmaq S. A. C, por otro lado, mantiene una deuda de S/6,6 millones con el Estado. La compañía, dedicada al rubro de la construcción, fue inscrita en Sunat en 2007, pero actualmente se encuentra con suspensión temporal. 

LAVA JATO. El abogado limeño Gustavo Salazar es uno de los prófugos procesado por corrupción debido a su participación en el presunto pago de coimas de Odebrecht. 

Foto: Revista Regatas

 

La empresa División Maquinaria Antares S. A. C., donde Monteverde también es apoderado,  registra una deuda con el Estado. En este caso es de S/5 millones por pagos no efectuados al Tesoro Público. La compañía fue inscrita en Sunat en 2007, pero fue dada de baja en febrero del año pasado. Dicha firma y Construmaq S. A. C. están involucradas en el caso Odebrecht. Según la fiscalía, a través de estas empresas —y una adicional, denominada Constructora Dinamo S. A. C.— Monteverde Bussalleu pagó coimas en Perú. 

Otro prófugo es Gustavo Fernando Salazar Delgado, de 55 años y expresidente del Club Regatas de Lima. El abogado limeño evade a la justicia desde junio de 2017, luego de que el Poder Judicial dictara una orden de prisión preventiva de 18 meses en su contra por el caso Lava Jato. Por alguna información que ayude a ubicarlo, el Estado ofrece S/20.000. El 2019 fue fotografiado bailando en Miami, Estados Unidos, en la boda de su hija. 

Según el equipo especial Lava Jato, Salazar Delgado participó como gestor del pago de una coima de USD 3 millones de Odebrecht al expresidente cusqueño Jorge Acurio Tito (2011-2013), a cambio de la adjudicación de la obra de la avenida Evitamiento, ubicada en la Ciudad Imperial. El pago se hizo a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a una cuenta de la empresa offshore Wircel en el Banco Credit Andorra de Panamá. 

Acurio Tito cumplió prisión preventiva por dicho caso desde mayo de 2017 hasta noviembre de 2019, cuando un juzgado le varió su condición legal y le impuso arresto domiciliario. Salazar Delgado afronta un pedido de extradición desde Estados Unidos.  

Gustavo Salazar Delgado está prófugo de la justicia desde junio de 2017. El 2019 fue visto en una fiesta familiar en Miami".

OjoPúblico verificó que este empresario está vinculado a 13 compañías, de acuerdo con los Registros Públicos. Una de ellas es Trust Comunicaciones S. A. C., que mantiene una deuda coactiva con el Estado por S/21.824. La empresa se dedica a la importación y exportación de productos y fue fundada en 2012, por Salazar Delgado y el abogado José Francisco Zaragoza Amiel, otro de los involucrados en la coima de Odebrecht para Acurio Tito y socio durante casi 10 años (2007-2017) del exclusivo estudio de abogados Rebaza, Alcázar y de Las Casas. 

Otra de las empresas donde están vinculados tanto Salazar como Zaragoza es Trust Inmobiliaria S. A. C. Allí Zaragoza Amiel es uno de los socios fundadores y Salazar Delgado fue designado como apoderado de la compañía establecida en 2013, según los Registros Públicos. La fiscalía señala que ambos mantienen estrechos vínculos debido a sus relaciones empresariales en, al menos, seis empresas.   

 

Delitos frecuentes: peculado y colusión

 

Entre los delitos más frecuentes por corrupción se encuentran peculado (27), colusión (12) y asociación ilícita para delinquir (8). Otro caso notable incluido en este programa estatal es el del exalcalde de Sullana, en la región Piura, Jaime Bardales Ruiz, quien fue sentenciado a siete años de prisión por el delito de colusión en una obra ejecutada en el estadio Campeones del 36. 

La exautoridad se encuentra prófuga desde el 2016 y el programa de recompensas ofrece S/50.000 por información que permita su captura. La misma cantidad se ofrece por el empresario Óscar Javier Peña Aparicio, involucrado en el caso Cuellos Blancos del Puerto. Peña Aparicio es acusado de incurrir en el delito de colusión al haber sido favorecido, presuntamente, en la extensión de la vigencia de una medida cautelar emitida por la Corte Superior de Justicia del Callao, para que su empresa, LSA Enterprises Perú S. A. C., obtuviera permisos irregulares de pesca. 

En términos generales, la base de datos del sistema de recompensas del Mininter analizada por OjoPúblico indica que 245 de los prófugos son acusados del delito de violación sexual, 187 por tráfico de drogas y 99 por robo agravado, entre otros. El ciudadano colombiano Raúl Enulfo Palacios Matamba encabeza la lista por quien el Estado peruano ofrece mayor recompensa: S/300.000. Él es acusado de ser cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en el ámbito nacional e internacional. 

Otro de los prófugos por quien se ofrece mayor recompensa (S/100.000) es el comandante de la Policía Raúl Prado Ravines, acusado de liderar una presunta organización criminal encargada de ejecutar extrajudicialmente a supuestos delincuentes, para obtener reconocimientos y ascensos en el cuerpo policial. 

 

Los prófugos de las regiones

 

El Programa de Recompensas busca, en colaboración con la ciudadanía, la captura de delincuentes. A la fecha se han incluido en la lista a 3.756 personas, entre sentenciados y con prisión preventiva, de los cuales 1.674 ya han sido capturados. La lista actualizada hasta el 22 de junio del 2021 incluye solo a 938 personas con orden de captura vigente: 47 de ellas son exautoridades prófugas por corrupción de 15 regiones. 

Entre las exautoridades prófugas hay seis exalcaldes de Áncash. Esta es una de las regiones más ricas del Perú: el año pasado recibió un presupuesto superior a los S/2.330 millones. Dos de sus exgobernadores regionales fueron condenados por corrupción y hoy están presos: César Álvarez Aguilar (2007-2014)y Waldo Ríos Salcedo (2015-2018). Además, el actual gobernador, Juan Carlos Morillo Ulloa, también está en la cárcel cumpliendo dos órdenes de prisión preventiva: de 9 meses y 10 meses, acusado en ambos casos del delito de colusión. 

Otras exautoridades de Áncash incluidas en la lista son Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, ambos exalcaldes de la Municipalidad Provincial del Santa, que el año pasado manejó un presupuesto superior a los S/630 millones. Los dos fueron condenados en tres instancias a cuatro años de cárcel efectiva por el delito de colusión, al haber favorecido a la empresa El Santa ITS para que coloque semáforos en la ciudad de Chimbote. 

Los trabajos costaron S/8,3 millones, pero —según la sentencia— dicho precio estuvo sobrevaluado en S/3,5 millones. El delito fue cometido cuando Espinoza cumplía su primer período (2007-2010) como alcaldesa y Julio Cortez era gerente municipal de esa gestión. El Mininter ofrece una recompensa individual de S/20.000 por información sobre sus paraderos. 

La lista de prófugos por los que se ofrece recompensa incluye solo a 938 personas por diversos delitos.

Un tercer exalcalde de la región Áncash que se encuentra prófugo es Manuel Glicerio Páucar Ramírez, exburgomaestre de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar (2011-2014). Esta jurisdicción se ubica en la zona de influencia de Antamina, la principal minera de la región. El año pasado este municipio recibió S/108 millones de presupuesto público. De ese total, S/41 millones provenían del canon y regalías mineras. 

En febrero de 2020, Páucar Ramírez fue sentenciado a cinco años de cárcel efectiva por haberse apropiado, junto a otros exfuncionarios, de más de S/10 millones de las arcas ediles, simulando la compra de bienes y la prestación de servicios para ejecutar obras en el municipio. El Mininter ofrece S/30.000 por información sobre su paradero.

Sobre la corrupción en esta región, el fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Antonio Arévalo Castillo, indicó a OjoPúblico que las condenas por corrupción parece que no disuaden a las nuevas autoridades. “[Entonces] quizá se deberían potenciar las áreas de control y transparencia en la administración pública, la Contraloría, los órganos de control interno, el gobierno electrónico, la transparencia en las contrataciones, el control ciudadano. Porque si vamos a esperar a la pena, esta se da cuando ya se ha cometido el delito”, advirtió.

En el sur del país también hay exautoridades incluidas en el programa del Mininter. El exalcalde del distrito de Challhuahuacho —zona de influencia del proyecto minero Las Bambas—, Odilón Huanaco Condori, está prófugo desde marzo de 2017. En esa fecha se le dictó 18 meses de prisión preventiva, por los delitos de peculado doloso agravado y falsedad ideológica. 

 

¿Qué impide capturar a estos prófugos?

El fiscal Anticorrupción de La Convención, en Cusco, Ronald Acostupa, indicó a este medio que los fiscales cumplen el trabajo de perseguir a los investigados por delitos contra la administración pública. La responsabilidad de ubicarlos y capturarlos —explicó— corresponde a la Policía Nacional. “Con sus órganos de inteligencia deben dar con la ubicación [de los prófugos]”, precisó.

En esa misma línea, el procurador Público Anticorrupción Descentralizado del Cusco, José María Gavancho Ninantay, planteó que la demora en la detención de los prófugos se debe a que “la Policía no le toma la debida importancia a su trabajo”. En otras ocasiones, explicó Gavancho Ninantay, algunos efectivos tienen contacto con los buscados y les avisan cuando están a punto de ser capturados. “Todos los corruptos o los que se van a meter en hechos de corrupción usan esta misma modalidad: fugarse”, dijo.

Por su parte, el general PNP y jefe de la IX Macrorregión Policial del Sur, Víctor Zanabria Angulo, contó a OjoPúblico que la mayoría de prófugos de la justicia usan tres modalidades para evitar ser capturados. “La primera es que casi siempre salen del lugar de residencia. Si viven en Arequipa se van a la Amazonía, donde nadie los conoce. En segundo lugar, rompen todo tipo de vínculo con sus familiares y, por último, cortan el uso de la tecnología y los celulares para evitar ser localizados”, detalló.

Las personas sentenciadas o con pedidos de prisión preventiva salen de sus lugares de residencia a otras regiones del Perú". 

Zanabria Angulo añadió que el 99 % de las personas sentenciadas o con pedidos de prisión preventiva salen de sus lugares de residencia a otras regiones del Perú y algunos incluso viajan hasta el extranjero, por lo que su captura se hace más difícil. “Se van a lugares donde no son conocidos y, con eso, evitan que alguna persona los pueda detectar y avisar a la Policía. Algunos también se cambian la fisionomía, se cortan el pelo o se hacen crecer la barba para evitar ser reconocidos en estos nuevos lugares de residencia”, explicó.

En esa línea, Carmen Aguilar, del programa de Recompensa del Mininter, indicó que una de las trabas para la captura de los prófugos es que el Poder Judicial no renueva a tiempo las órdenes de captura contra los prófugos. “A veces la Policía arma toda una estrategia para detener a un delincuente, pero al momento de ejecutar se dan cuenta que la requisitoria venció sin poder hacer nada hasta que se renueve”, dijo. 

Los retos pendientes 

 

La corrupción no es un fenómeno reciente y así lo indica Alfonso Quiroz en su libro Historia de la corrupción en el Perú, que hace una revisión de este problema desde el siglo XVIII hasta el año 2000, durante la caída del régimen de Alberto Fujimori.  “Noté entonces que, en el Perú, la corrupción no era algo esporádico sino, más bien, un elemento sistémico, enraizado en estructuras centrales de la sociedad”. 

“Todos vimos cómo [Montesinos] compraba [a políticos] con maletines con dólares y dijimos “¿qué es esto?”. Y era el asesor del presidente”, dice la catedrática de la Universidad de Piura, Juana Huaco, especialista en Gestión Pública. “Desde entonces, la corrupción se incluyó como un tema de discusión en la agenda pública, la prensa asumió un rol más activo y el Estado inició la implementación de mecanismos de control y transparencia”. 

El sociólogo de la Universidad Nacional de Cajamarca e investigador del Observatorio de Vigilancia Ciudadana Gobierna, Herico Gabriel More Muñoz, señala que la corrupción en el Perú está enquistada desde el inicio de la historia republicana, como relata Alfonso Quiroz en su obra. “Hemos llegado a normalizar la corrupción, a sentirla inclusive parte de nuestra cultura. Si bien nos escandaliza la corrupción política, esbozamos una suerte de sonrisa cuando vemos la microcorrupción que se práctica en el diario quehacer del ciudadano”, indica More Muñoz. 

La corrupción no es un fenómeno reciente y así lo indica Alfonso Quiroz en su libro Historia de la corrupción en el Perú".

El sociólogo remarca que los patrones de corrupción no han cambiado mucho a lo largo de la historia, sino que se han perfeccionado. “Qué duda cabe que [la corrupción] viene de la clase política y empieza con las prácticas que hacían los políticos con los gamonales para dirigir una elección”.  

En ese contexto, al cumplir 200 años desde la proclamación de la independencia, Juana Huaco sostiene que “ha habido mucho crecimiento económico, pero no desarrollo […] porque la plata que se genera no llega a la población por la corrupción”. Al respecto, Samuel Rotta, director ejecutivo adjunto de Proética, explicó que el gobierno de Pedro Castillo deberá fortalecer la cultura de la integridad, implementar políticas preventivas para frenar la corrupción y fortalecer la capacidad punitiva del Estado. 

El especialista consideró urgente que el Gobierno entregue recursos a las entidades autónomas para que fortalezcan su sistema de lucha anticorrupción. Por su parte, Epifanio Baca Tupayachi, director ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, dijo a OjoPúblico que la corrupción en los gobiernos subnacionales tiene su origen en el financiamiento de las campañas electorales, debido a que los candidatos reciben aportes de empresarios o compañías a cambio de un futuro favorecimiento.

“En Urubamba, Cusco, funciona la empresa Consettur, que maneja los buses que llevan a las personas desde Machu Picchu hasta la ciudadela inca, son un poder económico enorme y son quienes deciden quién es alcalde o no allí, porque la municipalidad es socio de Consettur”, explicó. En ese sentido, insistió en la necesidad de transparentar los gastos en las campañas electorales.