Rita Álvarez*, una estudiante del pueblo indígena kukama de 21 años, alguna vez pensó que tenía un problema con los hombres mayores. A lo largo de su joven vida, dice, más de uno ha intentado propasarse físicamente con ella o le ha hecho insinuaciones sexuales sin su consentimiento. Álvarez se preguntaba “¿por qué siempre me ocurre esto a mí?”. Todavía recuerda con un poco de resentimiento e impotencia cuando solo tenía 12 años y se atrevió a contarle a su familia que un señor cincuentón intentó besarla en los labios. Nadie le creyó. 

Por eso, cuando comenzó a sentirse incómoda con las invitaciones a salir y viajar que le hacía su tutor en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), Jorge Abad -quién también era su jefe en el Centro de Investigación y Tecnología del Agua (CITA)-, pensó que sus experiencias pasadas las estaban volviendo paranoica. 

La joven estudiante conoció al científico e investigador, quien fue director académico, director de posgrado y director del CITA, a mediados de 2018, cuando este último viajó a Iquitos por un evento de la UTEC. En esa época -recuerda-, ella y su padre trabajaban en una radio local y fueron a cubrir dicho evento. Tras algunas entrevistas y reuniones entre los tres, se acordó que Rita Álvarez se mudaría a la capital para preparar su ingreso a la carrera de Ingeniería Ambiental en la UTEC. Allí, Jorge Abad sería su supervisor y tutor a cargo de seguir su rendimiento académico y laboral. 

“Todo esos chats en los que él me hacía esas invitaciones indecorosas yo creo que sí afectaron mi salud mental y mi rendimiento como estudiante y trabajadora”, cuenta la joven más de un año después, desde Nauta. "No quiero a nadie a tu alrededor", "¿Vamos a pasear un día entero?", "Deja de poner fotos raras en tu perfil, mejor una tuya", se lee en algunos pantallazos que Álvarez compartió con este medio. Al momento de las conversaciones ella tenía 20 años. Él, 47.

En ese momento, Alvarez era una de las tantas estudiantes peruanas que no saben cómo actuar ante este tipo de episodios dentro de sus centros de estudios, pues el hostigamiento sexual -una forma de violencia con naturaleza o connotaciones sexuales o sexistas contra alguien, que se da en el ámbito educativo y laboral- es un problema ignorado o mal tratado en las universidades del país. 

49 universidades -50% de las licenciadas- no contaban ni con un reglamento ni con un comité contra el hostigamiento sexual, hasta noviembre de 2020".

Hasta noviembre de 2020, el reporte disponible más reciente, la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables había podido comprobar que solo cuatro universidades peruanas -todas privadas- contaban con un Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual (la instancia que dicta medidas de protección para la denunciante y evalúa su denuncia); 51 no lo tenían; y sobre 39 no pudieron certificar el cumplimiento o incumplimiento. 

Además, esta dirección identificó que solo 30 universidades (22 privadas y 8 públicas), de las 94 licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), contaban con un documento normativo interno para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual; 39 tenían uno desactualizado; 10 no lo tenían; y en 15 universidades no pudieron certificar nada.

Es decir, 49 universidades peruanas -alrededor del 50% del total de las licenciadas- no contaban ni con un reglamento ni con un comité contra el hostigamiento sexual, aunque ambos están contemplados de manera obligatoria en el Reglamento de la Ley Nª27942, la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, aprobado a fines de 2019. 

Por otro lado, el actual Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, considera el “no contar con un documento normativo interno o protocolo, o contando con ellos, no activarlos para la prevención, atención y protección en casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual en la comunidad universitaria” como una falta “muy grave”. Una universidad, de acuerdo al artículo 21 de dicho reglamento, incluso podría perder el licenciamiento por cometer esta falla. 

La UTEC es una de las pocas universidades peruanas que sí cumple con estos dos mandatos. En enero de 2021, Rita Alvarez se enteró que tres de sus compañeras del CITA, con el apoyo de dos testigos más, habían denunciado a Jorge Abad ante el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual Laboral de la UTEC. 

En los testimonios, a los que OjoPúblico tuvo acceso, las denunciantes* (a las que llamaremos) Silvia Benítez, Victoria Cáceres y Micaela Domínguez, y las testigos** (a quienes llamaremos) María Enríquez** y Angela Flores, narran episodios muy parecidos a los que vivió Rita Álvarez: chats con insistentes invitaciones a salidas o viajes en pareja, pedidos de fotos personales o comentarios no solicitados sobre sus apariencias físicas. 

Un mes después, alentada por la acción de estas jóvenes, Álvarez también decidió denunciar a quien consideraba su agresor. Ella, por ser estudiante, lo hizo ante Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual Educativo. 

“Yo creo que necesitaba hacerlo porque lo que me había pasado era demasiado fuerte para guardármelo -cuenta la estudiante-. Además, me sentí reconfortada porque ya había una denuncia. El tener este espacio donde era posible que me crean me hizo pensar que era el momento propicio para decirlo”.

La denuncia de Álvarez y la de Silvia Benítez, Victoria Cáceres y Micaela Domínguez fueron evaluadas por los Comités de Intervención frente al Hostigamiento Sexual Educativo y Laboral de la UTEC, respectivamente. Dichos entes concluyeron que existían “abundantes” pruebas que acreditaban que el denunciado envió a las denunciantes “mensajes inapropiados de naturaleza sexual”, que no eran consentidos por ninguna de ellas y que generaron ”un ambiente intimidatorio”. 

DEFINITIVO. El Comité frente al Hostigamiento Sexual Educativo de la UTEC le dio la razón a Rita Álvarez. 

RATIFICACIÓN. El SubComité de Diversidad e Inclusión de la UTEC resolvió en segunda instancia el caso de Álvarez. 

Fuente: Informes de los comités de Intervención frente al Hostigamiento Sexual Educativo y Laboral de la UTEC.

 

En esa línea, el informe final del SubComité y del Tribunal de Diversidad e Inclusión de la UTEC -las segundas instancias universitarias que evaluaron ambos casos- concluyeron que los mensajes de los chats presentados por las denunciantes debían ser calificados como actos de hostigamiento sexual, tal y como se señaló en un inicio.

Los informes psicológicos de Álvarez, Benítez y Cáceres, tres de las cuatro denunciantes, presentaban, además, “los elementos que acreditarían la existencia de un cuadro de acoso psicológico, sexual y laboral”. En el caso de Rita se precisó, incluso, que la situación de hostigamiento duró más de medio año. 

Cinthya Silva, directora de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios contra la Violencia de Género del MIMP, explica que estos casos necesitan de un acompañamiento psicológico y social por las consecuencias que traen. “Generan un impacto en la salud mental, en la integridad psicológica y también tiene secuelas físicas: problemas estomacales, insomnio, desconcentración”, detalló a OjoPúblico. 

La joven kukama experimentó estas secuelas. En el momento más álgido de su experiencia, cuando ya no soportaba los mensajes incómodos de Jorge Abad y aún no le contaba a nadie sobre el hostigamiento que sufría, la estudiante comenzó a comer en exceso por la ansiedad y enfermó de gastritis. 

 

Registros incompletos

Silvia Benítez, Victoria Cáceres, Micaela Domínguez y las testigos María Enríquez y Angela Flores -jóvenes entre los 22 y los 25 años al momento de ser hostigadas- supieron casi por casualidad que habían pasado por lo mismo. Un día, a mediados de 2020, Benítez vio a la testigo Enríquez conversando muy tensa con Abad en los laboratorios del CITA. Meses después, se atrevió a preguntarle si algo raro estaba pasando entre ella y quien en ese entonces ocupaba tres importantes cargos en la UTEC: director académico, director de posgrado y director de su centro de trabajo, el CITA. 

En 2020, la Sunedu multó a siete universidades, con sumas de entre S/19.000 y más de S/249.000, por inacción o faltas frente al hostigamiento sexual". 

Entonces, Enríquez le contó que, en efecto, se sentía incómoda con el comportamiento de Abad: sus constantes insinuaciones, pedidos de verse a solas y comentarios de índole sexual. Ambas compartieron sus experiencias y, en octubre del año pasado, consultaron con otras compañeras del CITA si alguien más había pasado por una experiencia similar. Fue así como conocieron los casos de Victoria Cáceres, Micaela Domínguez y la testigo Angela Flores. Dichos episodios de hostigamiento sexual ocurrieron entre julio de 2019 y agosto de 2020. 

“La verdad es que no sé cómo aguanté tanto tiempo, recién estoy recibiendo la atención psicológica que creí que no necesitaba”, dice Silvia Benítez. “Yo creo que él tenía un modus operandis, buscaba generarte confianza. De alguna forma buscaba ser tu amigo, además de un jefe”, cuenta Victoria Cáceres. “A mí me hostigó un par de veces, pero cuando me enteré de que le había pasado a las demás sentí una gran decepción, pero sobre todo dolor por mis compañeras”, explica Micaela Domínguez. “Él me decía que no me preocupe por salir juntos, que nadie se enteraría porque su carro tiene lunas polarizadas”, recuerda María Enríquez. “No le importaba que le pidiera que parara, el hostigamiento fue muy fuerte por algunas épocas”, dice Angela Flores.

INSISTENCIA. Victoria Cáceres cuenta que le pidió a Jorge Abad, en repetidas oportunidades, que detuviera sus invitaciones a salir o viajar a solas. 

CERTIFICADOS.Una notaria validó la autenticidad de las conversaciones y el comité de intervención de la UTEC las tomó como medios probatorios de hostigamiento sexual. 

 

Al momento de presentar su denuncia ante el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual Laboral de la UTEC, Benítez, Cáceres y Domínguez adjuntaron una serie de chats con el acusado, entre otros documentos. En estos se leen las distintas proposiciones y los comentarios [ver imágenes] que una de las autoridades académicas más importantes de la universidad le hacía a sus jóvenes subordinadas. 

El área de Recursos Humanos decidió apoyar las conclusiones del informe del Comité y le dio la razón a las víctimas. Asimismo convino acatar la separación del científico de todos los cargos que ocupaba en la universidad. En ese momento, Jorge Abad apeló la decisión señalando, entre otros argumentos, que esas conversaciones estaban descontextualizadas. 

El Tribunal de Diversidad e Inclusión de la UTEC evaluó en segunda instancia el caso y, el 11 de febrero de 2020, las denunciantes recibieron un nuevo fallo a su favor. Todo el proceso duró un poco más de un mes. Para entonces, el científico e investigador ya había renunciado a la casa de estudios. 

La Sunedu todavía no sabe cuántas universidades tienen comités frente al hostigamiento y reglamentos. La información está en proceso de recojo". 

Aún así, el caso de la UTEC es atípico. Por lo general, las universidades peruanas no suelen sancionar los procesos de hostigamiento sexual o, peor aún, no los realizan. La Sunedu, por su parte, no puede dar mayores alcances sobre las universidades que tienen comités de intervención frente al hostigamiento y sus respectivos reglamentos. La única información oficial al respecto, como se explica líneas arriba, la maneja la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer.

“Entre febrero y marzo de 2021, se ha solicitado a un total de ciento treinta y cinco (135) universidades que brinden información respecto de la conformación del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, así como la implementación de un reglamento específico en materia de hostigamiento sexual; por lo que, a la fecha dicha información se encuentra en proceso de recojo”, dijo la División de Supervisión de la Sunedu (Disup) a OjoPúblico. 

En este contexto, el caso de las cuatro denunciantes versus Abad es uno de los pocos de los que se sabe del 2021. Según la Disup, como resultado de 164 supervisiones efectuadas entre 2018 y 2021, se encontraron 286 denuncias: 115 de ellas en 33 universidades públicas y las 171 restantes en 32 universidades privadas. De todas estas, alrededor del 88% -de acuerdo con esta división de la Sunedu- involucrarían actos de hostigamiento sexual.

Estas denuncias fueron recabadas en 164 supervisiones que la Disup inició de oficio. Mientras tanto, las nuevas denuncias declaradas por las casas de estudio en sus reportes semestrales (2020-I y 2020-II) aún están siendo evaluadas “para determinar la pertinencia de iniciar indagaciones preliminares o emitir oficios requiriendo información adicional", indicó la División de Supervisión a este medio y precisó, asimismo, que “aún no se han iniciado nuevas supervisiones al respecto”.

DIFERENCIA. Mientras que el hostigamiento sexual es tratado como un proceso administrativo -a nivel de centros de labores o estudios-, el acoso sexual es juzgado por la vía penal.

 

Un problema antiguo y vigente

La deuda de las universidades que no implementan los comités, ni elaboran sus reglamentos internos tiene ya varios años. El hostigamiento sexual no tuvo una normativa específica hasta 2003. La ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento sexual, y su reglamento fueron creados ese año. Luego de pasar por un par de modificaciones importantes entre 2009 y 2018, a fines de 2019 se aprobó un reglamento actualizado, que es el que conmina a las universidades a contar con sus comités y reglamentos internos. A casi dos años de esa última actualización, el mandato no se ha cumplido por completo. 

Pero el problema más grave es otro, a decir de la abogada Beatriz Ramirez, especialista en acompañamiento a víctimas de hostigamiento y quien asesoró a las jóvenes de UTEC. “Los comités de intervención dan medidas de protección a las víctimas, reducen los riesgos, pero no sancionan a nadie. Si no hay comités, entonces el papel lo asumen las Defensorías Universitarias, todas las universidades tienen una. Lo más grave es lo que viene después, en la etapa sancionatoria, lo que se conoce como el proceso administrativo disciplinario. Bueno, esa parte es la que no se hace casi nunca en las universidades”, dice Ramírez. 

Para la especialista, en el mejor de los casos, que no son muchos, las universidades dictan las medidas de protección, pero raramente aplican sanciones. Los denunciados quedan libres de cualquier castigo y las denunciantes, indefensas. “El caso más grave es el de las universidades públicas, pues muchas no tienen un régimen administrativo disciplinario para estudiantes ni para trabajadores”. 

Un ejemplo es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la casa de estudios más grande del Perú y probablemente la más emblemática. “El defensor universitario es una persona que no tiene experiencia en género, es un ingeniero”, cuentan Marjorie Motta y Camila Revilla, miembros, respectivamente, de la Comisión contra el Acoso y Hostigamiento Sexual y de la Comisión Permanente Contra el Acoso y Hostigamiento sexual de la facultad Derecho y Ciencia Política de dicha universidad. 

“El defensor no quiere emitir medidas de protección por una cuestión legal, pero también por desconocimiento sobre las medidas de protección: son necesarias y preventivas, no sentencian un caso. En ninguna denuncia se ha brindado las medidas de protección y eso es un problema que, hasta ahora, reclamamos”, cuentan las estudiantes.

OjoPúblico se contactó con el defensor universitario para conocer más detalles del tema. Anaya reconoció que las estudiantes que denunciaron hostigamiento sexual en 2020 no recibieron medidas de protección. Pero esto se debió, sostuvo, a que la Defensoría Universitaria no contó con un asesor legal, desde junio del año pasado hasta febrero de 2021. 

“Desde esa fecha recién hemos podido despachar los casos de hostigamiento sexual del 2020, a través del Sistema de Gestión Legal. En todos los casos hemos solicitado las medidas de protección a los decanos, a través de las Unidades de Asesoría y Orientación del Estudiante y la Clínica Universitaria, por medio de Informes preliminares y oficios, según fuera el documento requerido”, dijo Anaya.

La entidad a cargo de supervisar el cumplimiento de las acciones de prevención y sanción de esta forma de violencia es la Dirección de Fiscalización y Sanción de la Sunedu, que entre julio y agosto de 2020 sancionó a siete universidades (tres privadas y cuatro públicas) por “inacción o faltas frente a casos de hostigamiento sexual ocurridos al interior de su comunidad universitaria”. Las multas fueron de entre S/19.000 y más de S/249.000. La UNMSM no era ninguna de ellas. 

Por esa misma época, la Defensoría del Pueblo exigió a los comités de intervención frente al hostigamiento sexual “asumir un rol más activo para prevenir, investigar y sancionar esta problemática”. “En el contexto de la pandemia recibimos algunas denuncias de que los comités de intervención de varias universidades no habían iniciado procesos investigativos porque pensaban que esos también eran procesos administrativos que debían parar”, cuenta Yury Marcelo, comisionada de la Adjuntía por los Derechos de la Mujer de la institución. 

Por otro lado, de las 164 supervisiones que realizó la División de Supervisión de la Sunedu entre 2018 y 2021, 30 están en trámite y 134 ya concluyeron. De estas últimas, 72 supervisiones finalizaron porque no había denuncias de hostigamiento sexual en la universidades evaluadas (en 15 universidades públicas y 57 privadas); 34 supervisiones (en 16 universidades públicas y 18 privadas) porque no se comprobó algún incumplimiento de la universidad o porque se consideró que las “desviaciones” en el proceso solo ameritaban una recomendación; y 28 supervisiones (en 14 universidades públicas y 14 privadas) terminaron porque fueron derivadas a la División de Fiscalización y Sanción de la Sunedu, pues “las universidades involucradas habrían incumplido con la obligación de investigar y atender las denuncias recibidas por hostigamiento sexual e imponer las sanciones respectivas a los implicados”, dijo la Disup a OjoPúblico.

Según esta división, los tres principales incumplimientos de las universidades en los casos de hostigamiento sexual son: no iniciar una investigación o archivarla sin un “pronunciamiento de fondo” por la pérdida de relación laboral con el docente denunciado; cuando la universidad archiva una investigación por razones que se pueden subsanar, sin emitir un “pronunciamiento de fondo”, ni analizar las pruebas o las declaraciones de las partes; y cuando la universidad no hace una investigación o, a pesar de iniciarla, no aplica medidas preventivas ni emite un "pronunciamiento de fondo”, y mantiene el contrato del docente denunciado. 

“No es tan fácil conseguir justicia en las universidades -reconoce Victoria Cáceres, una de las víctimas de Abad-. Esto de UTEC ha sido un proceso bastante favorable la verdad: ha habido asesoría psicológica, un cuidado de Recursos Humanos. Somos conscientes de que en otras universidades es mucho más complicado, incluso en las más prestigiosas”. 

 

 

 

SECUELAS. Rita Álvarez recibió atención psicológica durante el proceso administrativo de la UTEC. Hasta ahora continúa bajo tratamiento. 

EN GRUPO. Debido a sus experiencias con Abad, dos de las tres denunciantes y las dos testigos del CITA también recibieron tratamiento psicológico. 

 

 Después de la agresión 

Rita Álvarez realizó su denuncia desde Loreto, al lado de su familia. Llevaba varios meses allí. Dice que huyó de Lima en el segundo ciclo del 2020: estaba enferma, ya no aguantaba el hostigamiento, ni sentirse vulnerable tan lejos de los suyos. “No podía simplemente ponerlo en su lugar. Tenía 20 años, pero él estaba a cargo de todo conmigo. Además, mis papás no tenían dinero, yo sentía cierto pesar, cierto miedo de enfrentarlo. Era demasiado”, recuerda. 

Alrededor del 88% de denuncias recabadas por la Sunedu, entre 2018 y 2021, involucrarían actos de hostigamiento sexual".

OjoPúblico se comunicó con Jorge Abad para que pueda dar sus descargos sobre las dos denuncias en su contra y las resoluciones de los comités frente al hostigamiento sexual, el Tribunal de Diversidad e Inclusión y el SubComité de Diversidad e Inclusión de la UTEC. El científico e investigador contestó con un documento de siete páginas, del cual reproducimos los siguientes extractos: 

“Todos mis comportamientos con las denunciantes de los dos procesos, durante todo el tiempo interactuado con ellas, obedecieron estrictamente a la función laboral, académica, o a la relación de amistad que tenía con cada una de ellas. Efectivamente debo reconocer que ha habido errores en mi conducta, pues considero que siempre hay oportunidad de mejora como evitar ser tan horizontal; ya que me he distinguido por ser muy directo y horizontal con mis asistentes y colegas”, dijo sobre su comportamiento con las jóvenes. 

Descargos deJorge Abad by OjoPúblico Periodismo de Investigación on Scribd

 

No obstante, Abad cuestionó la investigación realizada por el Comité de Intervención de la universidad. Según él, este organismo no realizó una investigación detallada y sus decisiones ya estaban definidas desde el comienzo del proceso. “Desde el inicio, sentí que la UTEC quería realizar un proceso muy rápido y sin cumplir el debido procedimiento, que es investigar a fondo y en búsqueda de la verdad basada en evidencia. Esto se fundamenta en que no entrevistaron a todos los testigos que presenté y las intervenciones con cada uno de ellos fue limitada”, dijo. 

Además, de acuerdo a su versión, el Tribunal de Diversidad e Inclusión solo replicó al Comité: “Recuérdese que las personas que integran el comité trabajan para la UTEC, entonces encontrar imparcialidad es muy difícil, y el Tribunal pienso que fue algo similar, solo era confirmar lo que el comité pensaba. Siempre he manifestado que el comité obró en forma parcializada y sesgada, sin el criterio necesario que requería este caso, y sin seguir el debido proceso e investigación”, señaló.

Al ser consultadas sobre el tema, las autoridades de la UTEC afirmaron que en ambos casos se realizó una “investigación a profundidad”, de acuerdo a los protocolos sobre hostigamiento sexual de la institución. “Podemos afirmar que fue un proceso transparente, en el que todos los participantes actuaron de manera ética y resolvieron el caso de manera imparcial”, respondieron. 

Asimismo, añadieron que siempre se respetaron los derechos tanto de las denunciantes como del acusado. Por eso, afirman las autoridades académicas de dicha institución, los testigos de ambas partes que aportaban a la resolución del caso fueron entrevistados.

Lejos de las épocas de angustia y agitación, Rita Álvarez puede ensayar una lección. “Creo que hablar sobre lo que viví puede ayudar a que las personas que están pasando por algo parecido sepan que sí puedes contar su historia”, dice la joven, quien abandonó la UTEC tras el proceso de investigación y se mudó de nuevo a Nauta. Ahora está a punto de comenzar sus clases de Antropología en una universidad de Loreto. 

La mala experiencia, explica, le ha ayudado a ser más abierta y comunicativa con su entorno. Por ejemplo, ella y su hermana adolescente conversan sobre cómo protegerse de algún posible agresor sexual. “Nadie merece irse a dormir con un nudo en la garganta todos los días por no saber qué hacer -señala la estudiante-. Hay muchas formas de encontrar justicia que no te arruinan la vida”. 

 

 

*Las cuatro denunciantes mantienen su identidad en reserva por motivos de seguridad.

**Las testigos presentaron sus testimonios de manera anónima en el proceso del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual Laboral de la UTEC. Las mismas fueron entrevistadas para este informe, pero sus nombres han sido modificados por motivos de seguridad.