En la segunda mitad de los años noventa, el médico peruano Héctor Chávez Chuchón se presentó ante el Congreso de Estados Unidos para denunciar un crimen masivo ocurrido en Perú. En esa época, Chávez era presidente de una federación que agrupaba a 200 médicos de tres regiones andinas y había recibido la información de que colegas suyos de Huancavelica, una de las zonas más pobres del país, estaban siendo obligados a esterilizar mujeres y hombres por la fuerza.

Según los galenos denunciantes, el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori les había impuesto cuotas mensuales de personas a operar: los médicos nombrados, que gozaban de estabilidad laboral, tenían que practicar la ligadura de trompas a un mínimo de dos mujeres; los contratados, cuyo vínculo es temporal, al menos a tres.

Todos debían conseguir las pacientes necesarias a costa de jugarse el puesto si no cumplían. Chávez hizo público el caso ante la prensa internacional. Poco después fue contactado por una misión del Capitolio que llegó a Lima para investigar los hechos y su posible vínculo con EE.UU. El médico fue invitado a contar los detalles en Washington.

La sesión del subcomité que lo recibió fue tensa: se discutió si fondos públicos de ese país habían servido para financiar abuso a los derechos humanos. A su regreso al Perú, Chávez fue despedido junto con su esposa, odontóloga del mismo hospital. Ni siquiera, cuando tiempo después llegó a ser congresista, logró que se sancionara a los responsables. Pasarían 20 años antes de que una denuncia fiscal señalara a los principales sospechosos del crimen. A veces la justicia parece un experimento clínico fallido: mientras más tarda su efecto menos alivio trae.

Más de 20 años después, esta historia sigue impune. En este momento el exmandatario Alberto Fujimori y sus exministros de Salud, Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, enfrentan una denuncia formal de parte del Ministerio Público por el caso de las esterilizaciones forzadas.

A todos ellos se los acusa de ser autores mediatos de esta afectación contra más de 1.300 mujeres, que fueron esterilizadas, como parte de algo que ese régimen denominó “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”. El médico Alejandro Aguinaga es actualmente virtual congresista y médico personal del expresidente Fujimori. También es uno de los profesionales vacunados irregularmente con las dosis extras de Sinopharm en el caso Vacunagate.

VÍCTIMAS.De todas las mujeres a las que el Estado les ligó las trompas sin su consentimiento, 1.300 de ellas denunciaron a los funcionarios responsables.

 

Un historia de impunidad

 

En 1991, bajo la concepción de que existía una relación negativa entre el crecimiento económico y el poblacional, la gestión del expresidente Alberto Fujimori implementó un Plan Nacional de Población, a través del denominado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

La política fue planteada para aplicarse con mayor rigor entre las mujeres de las zonas rurales de la selva y sierra, quienes, según una evaluación realizada por el Estado, tenían una tasa de fecundidad hasta dos veces mayor que las de áreas metropolitanas. El objetivo del Gobierno, entonces, era reducir el ritmo de crecimiento natural de esta población, a un nivel no mayor al 2% anual. Eso significaba limitar a las mujeres a tener 3 hijos, en promedio.

Para poder ejecutar el programa y conseguir evidencias del crecimiento económico, el gobierno de Alberto Fujimori no solo intensificó los mensajes relacionados al control natal (el decenio de 1992-2002 fue denominado como “la Década de la Planificación Familiar”), sino también emitió e impulsó una serie de recursos legales.

Uno de ellos fue la Ley 26530, publicada en setiembre de 1995, que legalizó e implementó la anticoncepción quirúrgica “voluntaria” (AQV), con ligaduras de trompas en las mujeres y vasectomía en los hombres. Más adelante, se aseguró su gratuidad y se eliminaron otras barreras para su aplicación.

Aunque el programa de planificación familiar consideraba en su diseño una serie de métodos anticonceptivos, en la práctica se priorizó el uso de las esterilizaciones, un procedimiento irreversible, considerado más económico que las otras alternativas por el Gobierno de Fujimori.

De esta manera, según la Defensoría del Pueblo, durante los años de mayor incidencia, entre 1996 y 2000, se intervino quirúrgicamente a 272.028 mujeres y 22.004 hombres. 

El mayor número de operaciones se registró durante los dos primeros años del programa, pero las cifras descendieron a partir de 1998, debido a la aparición de denuncias en su aplicación, las mismas que, años más adelante, fueron presentadas por la Fiscalía como evidencia de graves violaciones a los derechos humanos.

La mayor afectación de los derechos reproductivos de las mujeres se registró en las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, San Martín y Tumbes.

Según la evidencia recopilada por el Ministerio Público, además de implementar este marco normativo y dotar de presupuesto a las campañas, el expresidente Alberto Fujimori, apoyó públicamente la ejecución de las esterilizaciones.

Lo hizo, por ejemplo, durante una reunión celebrada en Ancón, en 1995, donde estuvieron presentes su entonces ministro de Salud, Eduardo Yong; el viceministro, Alejandro Aguinaga; y otros funcionarios del sector, quienes tiempo después brindaron su testimonio a la Fiscalía. Ello, como parte de un largo proceso de investigación de más de 16 años, que llegó a ser parcialmente archivado hasta en cuatro oportunidades.

 

CICATRICES DEL HORROR. Muchas de las mujeres que se atrevieron a denunciar al régimen de Fujimori viven en comunidades quechuas del Cusco como Ocobamba y Pampaconga, todas llevan consigo las cicatrices de esa barbarie.

 

Entre los incentivos y la presión

 

Profesionales de la salud y promotoras de ayuda social estaban a cargo de convocar a mujeres en edad fértil que tenían entre 3 y 4 hijos, aunque en realidad se reportaron esterilizaciones a mujeres con un solo hijo e, incluso, a aquellas que no tenían niños.

Todos los trabajadores tenían cuotas específicas de esterilizaciones que cumplir, a condición de mantener sus cargos. Si superaban los objetivos, recibían reconocimientos u obtenían incentivos materiales, desde vehículos para llegar a los centros de salud, hasta el pago de viáticos y refrigerios.

Los incentivos no alcanzaban solo al personal médico y administrativo, sino también al establecimiento de salud en el que se realizaban las esterilizaciones, y a los líderes de programas sociales, quienes podían recibir viajes dentro del país como recompensa. A la población, de distritos en extrema pobreza en su mayoría, se les ofrecía alimentos. 

Otro mecanismo empleado para alcanzar los objetivos del programa fue la presión. Si los profesionales de salud no cumplían sus metas, eran sometidos a medidas disciplinarias como la rescisión del contrato, o la ampliación y suspensión de sus horarios. 

Para la población el hostigamiento se manifestó de diferentes maneras. El caso más emblemático fue el de Mamérita Mestanza Chávez, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo internacional recogió el testimonio de sus familiares, quienes narraron que el personal de salud del Centro de Salud de La Encalada (Cajamarca), la obligó a someterse al procedimiento quirúrgico bajo amenazas de multa y denuncia en 1996, luego de más de dos años de acoso. 

Mestanza, de 33 años y madre de 7 hijos, se sometió al procedimiento quirúrgico en marzo de 1998, en el Hospital Regional de Cajamarca. Fue dada de alta cinco horas después, cuando aún presentaba vómitos y dolores de cabeza. Los malestares aumentaron con el paso de los días, sin embargo, le negaron asistencia médica. Mamérita Mestanza falleció ocho días después de la cirugía. Este caso ha sido archivado tres veces por la fiscalía, y luego reabierto. Pero, hasta el momento no se ha sentenciado a los responsables.

Rute Zúñiga Cáceres, otra de las víctimas, contó que en 1999, después de dar a luz a la última de sus hijas, los trabajadores del Centro de Salud de Limatambo (Cusco) le dijeron que, si no se sometía a una esterilización, no le otorgarían el certificado de nacimiento. Según el testimonio recogido por el Ministerio Público, fue intervenida sin anestesia y llevada a su casa, sin más atención que unas pastillas para el dolor.

Como muestran estos casos, las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público han determinado que las esterilizaciones no siempre se realizaban en condiciones seguras. En las zonas de mayor pobreza, la falta de una logística e infraestructura adecuada para intervenir a las pacientes -donde muchas veces se improvisaban salas quirúrgicas- puso en riesgo la vida y la salud reproductiva de las pacientes.

Un informe del Congreso del año 2003, identificó 18 muertes, en las regiones de Áncash (1), Huancavelica (2), La Libertad (2), Piura (3), San Martín (2), Ayacucho (1), Cajamarca (1), Ica (1), Loreto (1), Lima (3) y Lambayeque (1). Asimismo, las Direcciones de Salud registraron oficialmente 1.599 complicaciones. Muchas mujeres aún presentan intensos dolores en el vientre, pérdida de fuerza, dolores de cabeza o malestar general, además de secuelas psicológicas como la depresión.

Todo ello, indica la Fiscalía, muestra que la aplicación de este método anticonceptivo perdió su naturaleza de “voluntario”, al haberse aplicado medidas compulsivas y coercitivas al personal de salud encargado de captar pacientes, mientras que a las mujeres y hombres que se sometían al proceso no se les brindó información adecuada, primando el cumplimiento de metas numéricas.

 

DATOS.La Defensoría del Pueblo identificó que durante el programa que impulsó Fujimori se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías.

 

La investigación fiscal del caso de Esterilizaciones Forzadas, también revela que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar se estructuró de tal manera que las órdenes partían desde los altos funcionarios del gobierno, pasando por cargos intermedios de control y supervisión, hasta el personal de salud de hospitales y postas, quienes se encargaban de realizar las intervenciones quirúrgicas. Así, por ejemplo, quedó constatado en una carta del exministro de Salud, Marino Costa Bauer, dirigida al entonces presidente Fujimori, donde el funcionario rendía cuentas sobre los resultados respecto al avance del programa y al cumplimiento de las metas.

La denuncia presentada a fines de 2018 por el Ministerio Público incluye más de 1.300 casos de lesiones graves, en un contexto de grave violación de derechos humanos. También, la denuncia por las muertes de Mamérita Mestanza Chávez, Celia Ramos Durand, Alejandra Aguirre Auccapiña, Reynalda Betalelluz Aguilar y María Espinola Otiniano. Sin embargo, no todas las víctimas han podido llegar a esta esta etapa del proceso judicial: el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde 2016, registra más de 8 mil personas, entre mujeres y hombres, que señalan haber sido esterilizados sin su consentimiento.

DOCUMENTO.La fotógrafa Liz Tasa ha acompañado y recogido el testimonio de decenas de mujeres a las que se les ligó las trompas sin su consentimiento.
 

En la actual campaña electoral, la candidata a la presidencia Keiko Fujimori -hija de Alberto Fujimori, condenado por corrupción y por crímenes de lesa humanidad-, negó que se hayan cometido esterilizaciones forzadas durante el régimen autoritario de su padre, ignorando con ello las denuncias de miles de mujeres, muchas de ellas campesinas que llevan la cicatriz de la intervención que les realizaron sin su consentimiento. 

Además, ha sostenido en diversas presentaciones que indultará a su padre. Niega los cargos de la sentencia de 25 años establecida por el Poder Judicial y también los hechos documentados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Alejandro Aguinaga, quien fue ministro de Salud durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, razón por la que forma parte de la investigación penal impulsada por el Ministerio Público, es también virtual congresista por Fuerza Popular e integrante del equipo técnico de Keiko Fujimori en temas de Salud.

ESPERAN JUSTICIA. Muchas de las mujeres esterilizadas fueron campesinas quechuahablantes del Perú. Ellas llevan las cicatrices de las intervenciones que realizaron sin su consentimiento.

Después de más de dos décadas de denuncias, el proceso judicial por el caso de Esterilizaciones Forzadas inició en marzo último. En las audiencias desarrolladas, el Ministerio Público ha formulado la acusación penal y ha expuesto la evidencia contra el expresidente Alberto Fujimori Fujimor, los exministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco; además del exasesor Ulises Jorge Aguilar, como autores mediatos de lesiones graves contra 1.300 mujeres y lesiones graves seguidas de muerte de cinco más. La denuncia también incluye a Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Octavio Marroquín Osorio y Magda Isabel Gonzales Carrillo, como autores mediatos de la muerte de Mamérita Mestanza Chávez.