La oficina del Pacific Industrial Bank (PIB) de Gran Caimán, investigada por el FBI de EE.UU. y conocida por haber guardado alrededor de US$74 millones de la corrupción de Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Alberto Fujimori, operó de manera clandestina dentro del llamado edificio Los Incas o Peruval, sede corporativa del candidato presidencial Rafael López Aliaga Cazorla, en el corazón financiero de San Isidro. En la fachada de dicho inmueble –al que arribaron las autoridades judiciales anticorrupción en el 2001– se exhibe actualmente una pancarta con la imagen del líder de Renovación Popular.

OjoPúblico estableció que, el 14 de marzo del 2001, en el contexto del combate del Estado Peruano contra la red de corrupción del régimen fujimorista, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía ejecutaron una ‘megaoperación’ contra la sede secreta del Pacific Industrial Bank, que funcionaba al interior del edificio de la sociedad agente de valores Peruval Corp, de López Aliaga desde mediados de los ‘90. Según las autoridades del caso, dicho banco clandestino captaba fondos de manera irregular en Perú y tenía entre sus principales clientes al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y a sus testaferros.

Precisamente, uno de los máximos operadores de Montesinos, Víctor Venero Garrido, detenido por el FBI en Estados Unidos y extraditado entre enero y febrero del 2001, confesó ya en el Perú que el Pacific Industrial Bank tenía US$74 millones procedentes de las coimas por la compra estatal de aviones MIG-29, el desfalco de la Caja de Pensiones Militar Policial, entre otros actos de corrupción. En el diario El Comercio del 14 de marzo del 2001, citan a Venero apuntando a “la avenida Los Incas 172 (sexto piso), San Isidro” como la sede del llamado “banco de la mafia”. Entonces, en el mismo edificio, funcionaba Peruval de López Aliaga.

 

HISTORIA. A la izquierda, el día del allanamiento al edificio de Peruval en 2001. A la derecha, la misma locación, el número 172 de la avenida Los Incas, 20 años después en marzo de este año.

Foto: Biblioteca Nacional del Perú / El Comercio y OjoPúblico / Ernesto Cabral

 

En esos días, el juez anticorrupción Saúl Peña Farfán, quien lideraba la investigación de unos de los casos más emblemáticos de la época, realizó una primera visita al sexto piso del edificio de Peruval, a inicios de marzo de 2001. Los diarios de entonces revelaron que en esa inspección el juez preguntó por el Pacific Industrial Bank, pero empleados de otra empresa, llamada Aval Card, le dijeron no saber del banco. Sin embargo, a insistencia de Venero Garrido, el juez regresó al edificio de López Aliaga por segunda vez, el 14 de marzo del 2001, y halló que toda la oficina había sido desmantelada y sus documentos transportados a Chaclacayo.

En el transcurso de las pesquisas, que tuvieron como punto de inicio el edificio de Peruval, se estableció que Aval Card administraba las tarjetas de crédito en nombre del banco de Gran Caimán. Precisamente, Aval Card tenía entre sus accionistas al banquero Luis Percovich Bambarén, identificado como el alto funcionario peruano del Pacific Industrial Bank que, tras revelarse el caso, brindó información financiera a los EE.UU. para cobrar la recompensa que se ofrecía por el prófugo Montesinos. Otro socio de Percovich en Aval Card y sindicado en el caso del Pacific Industrial Bank fue Ernesto Lucar de la Portilla (hermano de un conocido periodista local). 

Cuando ocurrió la operación judicial, Peruval se dedicaba a “promover la inversión extranjera en el país” y la “captación de inversiones para la Bolsa de Valores de Lima (BVL)”. Si bien la principal función de una sociedad agente de bolsa es realizar operaciones de compra y venta de acciones en la BVL, López Aliaga ha sido poco claro sobre la naturaleza de dicha empresa. En una entrevista llegó a decir que su objetivo en aquellos años era “darle una forma de banco” a Peruval y al mismo tiempo dijo que “en la práctica era un banco, [pues] trabajamos todo: desde comercio exterior, leasing”.

Más de 20 años después de la inspección judicial en el edificio de López Aliaga, el caso aún es una interrogante. Aquella operación en la sede de Los Incas fue noticia central para los medios del Perú y las agencias de noticias del extranjero porque brindaba la pista inicial sobre uno de los principales bancos extranjeros en Lima, utilizado para lavar los millones de la corrupción de Montesinos. La Superintendencia de Banca y Seguros se pronunció sobre el tema y dijo que la representación del Pacific Industrial Bank de Gran Caimán operaba de manera ilegal en el país, pues no tenía permiso alguno para captar fondos.

 

DELATOR. El testaferro de Vladimiro Montesinos, Victor Venero, reconoció ante el Poder Judicial que el Pacific Industrial Bank operaba en las oficinas de propiedad de Peruval. 

Foto: Andina

 

Según la investigación del Congreso de la República, en aquella época, la representación del Pacific Industrial Bank (con puerta de ingreso ubicada en una de las fachadas del edificio de Peruval, según la Sunat), fue clave para que Venero Garrido y otros testaferros de Montesinos pudieran desviar US$74 millones a su matriz offshore en el Caribe. Una parte importante de dicho dinero fue repatriado al Perú por decisión del mismo banco. La intervención judicial a la sede corporativa de López Aliaga fue retratada en fotografías en las ediciones de los diarios del día siguiente.

En el denominado informe Kroll –encargado a esta agencia internacional por el Gobierno del Perú en el 2002, para desentrañar los lazos financieros del régimen de Fujimori y Montesinos, y usado referencialmente en este reportaje– se deja entrever que el Pacific Industrial Bank operaba dentro de Peruval Corp como inquilino, sin dar detalles sobre este tema específico. Para establecer aquella relación, OjoPúblico analizó una lista general de empresas que en esos años ocuparon dicho nivel y halló que allí solo operaban negocios relacionados, directa o indirectamente, con López Aliaga y su socio de entonces Lorenzo Sousa Debarbieri.

Sin embargo, el informe Kroll cita una supuesta relación entre el régimen fujimorista y López Aliaga y Sousa. En los últimos días, a raíz del caso de las deudas tributarias de sus empresas, el candidato ha negado nexo alguno con aquel gobierno. Ya sea, culpando a Montesinos por sus deudas y diciendo que este lo extorsionó en sus proyectos empresariales; o calificando a Alberto Fujimori de corrupto. Lo cierto es que el empresario estadounidense James Sherwood, de Oriente Express y socio de López y Sousa, dijo en sus memorias del 2012, antes de morir, que ambos organizaron una cita con Fujimori, previamente a ganar las concesiones de los hoteles que hoy tienen en el Cusco.

Para conocer este y otros detalles, OjoPúblico se contactó con el candidato López Aliaga, a través de su área de prensa, y de manera directa a su teléfono celular personal. Sin embargo, hasta el cierre de edición, no obtuvimos respuesta sobre las circunstancias en que el Pacific Industrial Bank comenzó a operar en el edificio de Peruval, hasta marzo del 2001, cuando estas oficinas fueron allanadas por las autoridades anticorrupción. Tampoco respondieron sobre su relación con el régimen de Fujimori o sobre su nexo contractual con la oficina del llamado ‘banco de la mafia’.

 

Peruval y Pacific Industrial Bank:
el sexto piso del edificio Los Incas

Durante el allanamiento en el 2001 a la sede del banco secreto de Montesinos en el Perú, el edificio Los Incas y sus oficinas eran de propiedad de las compañías asociadas a López Aliaga, según determinó OjoPúblico en base al análisis del archivo histórico de los Registros Públicos, las memorias anuales de Perú Holding de Turismo (grupo económico dirigido por el candidato de Renovación Popular), y la totalidad del llamado informe Kroll, hecho público recién en el 2017.

El análisis de la documentación registral detalla que la primera etapa de este inmueble color rojo –encerrado entre la primera cuadra de la avenida Los Incas, la avenida Paz Soldán y los pasajes Cisneros y Bernardo Alcedo (antes José María de Pando)– fue construida por la inmobiliaria Fátima. Recién en 1995 fue adquirido por la empresa Peruval Corp S.A. Sociedad Agente de Bolsa. En ese entonces, dicha entidad era dirigida por López Aliaga y su socio Lorenzo Sousa, quiénes se enfrascarían, una década después, en disputas legales e incluso en una batalla campal televisada, que también tuvo como protagonista a dicho edificio. 

“[Inmueble] vendido a favor de Peruval [...] por el precio de US$515 mil [...] con un saldo de precio de US$257.500”, se lee en el archivo de los Registros Públicos en 1995.

 

CANDIDATO. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha culpado a Vladimiro Montesinos por sus deudas tributarias y ha negado tener vínculo directo con Alberto Fujimori.

Foto: Andina

 

La compra de aquel edificio por Peruval Corp fue un punto clave en el crecimiento que registraron los negocios de López Aliaga, en el marco del proceso de privatización impulsado por el gobierno de Fujimori. Ese mismo 1995, una subsidiaria de Perú Holding de Turismo se adjudicó la concesión de dos hoteles que eran propiedad del Estado, ubicados en el centro del Cusco y a las afueras de Machu Picchu, que luego López Aliaga consolidó como hoteles de lujo junto con el entonces grupo Orient Express, hoy grupo Belmond, una multinacional de propiedad de LVMH, líder global de marcas de lujo.

De acuerdo a los Registros Públicos, para el año 1995, el edificio Los Incas solo tenía dos pisos: el sexto nivel, en donde finalmente operaría el llamado “banco de la mafia”, aún no se había construido. Fue recién en 1997 que, también bajo la posesión de la misma Peruval Corp, se completaron los ocho pisos que tiene el inmueble en total. La documentación de esa época detalla que el sexto piso estaba conformado por dos oficinas, siendo la oficina 602 la más grande entre ambas, con “14 ambientes, 2 núcleos de servicios higiénicos y terraza a la avenida Paz Soldán”.

Este mes, OjoPúblico acudió en reiteradas ocasiones a las instalaciones del edificio Los Incas, en el corazón del centro financiero de San Isidro, y constató que existen dos puertas a las oficinas interiores del inmueble: a través del número 172 de la avenida Los Incas y su paralela, el número 150 del pasaje Bernardo Alcedo (antes José María de Pando). El acceso por ambas puertas hacia los pisos superiores, sin embargo, está restringido por seguridad a personas que laboran en el edificio. En 2001, La República accedió al sexto piso, en donde operaba el Pacific Industrial Bank, y describieron que las instalaciones estaban conformadas por “ocho ambientes, dos baños y una cocina”.

Victor Venero señaló “la avenida Los Incas 172 (sexto piso)” como la sede del “banco de la mafia” de Vladimiro Montesinos.

Precisamente, fue el sexto piso del edificio Los Incas donde operaba el local secreto del Pacific Industrial Bank en Lima, según las investigaciones fiscales y la información reportada por los medios. El diario El Comercio, por ejemplo, relató que Víctor Venero en sus confesiones a las autoridades apuntó a “la avenida Los Incas (sexto piso), San Isidro” como el lugar donde operaba el banco secreto de Montesinos. Aquel dato fue acompañado en dicho periódico por una fotografía, en blanco y negro, del inmueble durante la intervención. Allí se aprecia el número 172 de dicha avenida.

El llamado informe Kroll coincide en señalar la relación de este inmueble con el hoy candidato de Renovación Popular: “una fuente cercana a Rafael López Aliaga [...], afirma que el principal testaferro de Montesinos habría frecuentado las instalaciones del grupo [Peruval] debido a que el Pacific Industrial Bank [...] alquilaba las oficinas”. El reporte agrega que “de acuerdo con una de las fuentes consultadas, Víctor Venero Garrido (señalado como testaferro de Montesinos) habría concurrido en numerosas ocasiones a las instalaciones de Peruval”.

A esto se suma un informe periodístico de la PBS, red de televisión pública de los EE.UU. en 2005, cuatro años después de la operación en el edificio de Peruval. En base a entrevistas con dos miembros del FBI, involucrados en la captura del exasesor, se indica que el administrador del Pacific Industrial Bank en Lima, persona no identificada en dicho informe, estaba en contacto con el exasesor presidencial y que, junto a Victor Venero Garrido, depositaban dinero en efectivo en maletas de gimnasio. “La sucursal del Pacific Industrial Bank en Lima estaba en contacto con Montesinos”, dice el reporte.

 

REPORTE. La embajada de los EE.UU. en Lima dio noticia sobre el cierre de las operaciones clandestinas del Pacific Industrial Bank en San Isidro, que era usado por Vladimiro Montesinos.

Documento: Embajada de EE.UU.

 

Incluso la embajada de los Estados Unidos en Lima reportó al Departamento de Estado la intervención judicial de una “oficina clandestina del Pacific Industrial Bank” en San Isidro. En el cable secreto referido al 14 de marzo del 2001 dicen: “En 1997, la SBS rescindió la licencia [de la citada entidad] por violar las leyes peruanas… [Entonces] el banco comenzó a operar clandestinamente en San Isidro. Solo gracias a Víctor Venero las autoridades peruanas cerraron aquella oficina no autorizada” que hoy sabemos estuvo ubicada en el edifico de la empresa de López Aliaga.

OjoPúblico intentó establecer la relación contractual exacta entre Peruval y el Pacific Industrial Bank, u otros negocios relacionados al tema financiero en el edificio Los Incas cuando ocurrió la intervención judicial en dicha sede. Para ello se revisó una lista de personas jurídicas con domicilio en el sexto piso de aquel inmueble –dos pisos (el tercero y el cuarto) fueron construidos como lugares de estacionamiento de autos– y lo que hallamos principalmente fue que solo empresas relacionadas a López Aliaga o a su socio, Sousa de Barbieri, tuvieron domicilio fiscal en aquel nivel de la sede empresarial. 

Por ejemplo, según la base de datos de la autoridad tributaria, las empresas Perú Holding de Turismo (que en ese entonces se denominaba Perú Real Estate), Perú Puertos, Meviasur, Perú Puente Aéreo y Perú Hotel Monasterio, entre otras, funcionaron en esas oficinas.

El 13 de marzo del 2001 –un día antes del operativo de las autoridades judiciales y policiales en el edificio Peruval– la empresa Perú Real Estate (hoy Perú Holding de Turismo vinculada a López Aliaga) declaró que el piso seis del edificio Los Incas era su dirección oficial, según una carta remitida por dicha compañía a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Dicha misiva, que convocaba a una junta de accionistas, lleva la firma de López Aliaga y la dirección “Av. Los Incas 172, 6º Piso”, que fue parte de la intervención al Pacific Industrial Bank.

 

CARTA. Un día antes del allanamiento por el Poder Judicial, Peru Real Estate de Rafael López Aliaga declaró que su dirección era el piso seis del edificio Los Incas, en San Isidro. 

Documento: Superintendencia del Mercado de Valores

 

Precisamente, hasta 1998, un año después de que la SBS canceló su autorización para operar al detectar que captaba dinero de clientes sin licencia, el Pacific Industrial Bank registraba de manera oficial el sexto piso del Edificio Los Incas como su oficina. La entrada a dicho ambiente, según lo declarado por el llamado ‘banco de la mafia’ ante la autoridad tributaria, era el entonces pasaje José María Pando (hoy Bernardo Alcedo). Las memorias de Perú Holding de Turismo igualmente detallan que dicho pasaje y la avenida Los Incas eran los dos accesos principales a los “seis pisos de oficinas”.

Además de la empresa Perú Real Estate, entre los ocupantes del sexto piso del edificio también destacaron Meviasur, una compañía que formó parte del grupo Perú Holding de Turismo en 2001; Latam Airlines Perú, cuyas acciones fueron de López Aliaga hasta que el empresario las vendió en una operación bajo sospecha de evasión tributaria, según una indagación del Congreso; y Perú Hotel Monasterio, una de las operadoras de la cadena de hoteles de lujo en Cusco. En general, gran parte de los ocupantes de dicho piso en aquellos años han sido empresas relacionadas accionarialmente al hoy candidato presidencial.

El edificio Los Incas, por último, ha sido uno de los principales activos de Perú Holding de Turismo, que es dirigido por López Aliaga. Entre 1999 y 2018, dicho inmueble figuró en la lista de sus bienes “estratégicamente localizados”, según las memorias anuales de este grupo hotelero. Para fines del 2001, año en que las autoridades intervinieron en el sexto nivel, este conglomerado declaró que el edificio Los Incas estaba valorizado en más de US$11 millones.

 

Edificio Peruval: diferentes empresas,
el mismo dueño final

El análisis de OjoPúblico también determinó que el edificio Los Incas, en donde operó el banco secreto de Montesinos, ha sido administrado por un total de siete compañías de López Aliaga, desde 1995 hasta la fecha. En ese mismo periodo, nuestro medio además determinó que las instalaciones de dicho inmueble han sido embargadas siete veces por deudas que alcanzaron los S/2 millones en conjunto, según los Registros Públicos.  

La primera dueña del edificio fue Peruval, como se señaló anteriormente, luego de que compró el inmueble a la ciudadana Lucila Orlandini Olano de Baker, en 1995. Cuatro años después, una segunda empresa, Perú Holding de Turismo, comenzó a declarar este complejo como parte de sus bienes, en sus memorias anuales. Dicha posesión fue oficializada recién en 2010, pues este grupo hotelero declaró ser poseedor real del edificio Los Incas. 

El mismo año, sin embargo, la administración del inmueble recayó en una tercera empresa de López Aliaga. Los Registros Públicos detallan que Perú Holding de Turismo dio en usufructo este edificio a la empresa Marsano Palace por 30 años, a cambio de un pago mensual de S/35 mil. Según las memorias del grupo hotelero, Marsano Palace se encargó de administrar el alquiler de las oficinas del complejo inmobiliario en San Isidro.

 

 

En el marco de este acuerdo, en 2012, Marsano Palace arrendó el inmueble a Acres Sociedad Titulizadora, una cuarta empresa asociada al candidato presidencial de Renovación Popular. El año siguiente, Asociación Civil Fundación Central y Asociación de Crédito Social Acres, quinta y sexta empresas presididas por López Aliaga, adquirieron el 9,56% y 2,33% de las acciones sobre este inmueble, respectivamente, por un pago conjunto superior a los S/5 millones.

En 2014, Perú Holding de Turismo firmó un acuerdo con Acres Sociedad Titulizadora, ambas relacionadas a López Aliaga, para que alrededor del 88% de las acciones del edificio Los Incas pase a un fideicomiso. El año 2015, finalmente, el usufructo que fue otorgado en un inicio a Marsano Palace, para administrar el alquiler de las oficinas, fue trasladado a Compupalace Perú, una séptima empresa del líder de Renovación Popular. 

En este mismo periodo, sin embargo, las instalaciones del edificio fueron embargadas hasta en siete ocasiones por deudas tributarias. Entre el 2003 y el 2011, la Municipalidad de San Isidro emitió tres órdenes de embargo de hasta S/1,8 millones en conjunto, en el marco de procesos de cobranza coactiva por falta de pago de impuestos. A la fecha, estos embargos ya han sido levantados por dicho municipio. 

Órdenes similares de embargo por deuda tributaria fueron emitidas por la Municipalidad de La Molina (S/9.847), la propia Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanera (S/350 mil) y el Banco de la Nación (S/56.300 y S/91.500), entre los años 2010 y 2013. Aunque el archivo de los Registros Públicos no brinda mayores detalles sobre los procesos, la mayoría de estos embargos ya han sido levantados por dichas autoridades.