Actualización: 22 de enero 4:00 p.m.

 

Mientras la segunda ola de Covid-19 avanza en el Perú, la posibilidad de que las entidades privadas comercialicen las vacunas ha polarizado a la opinión pública. Por un lado, un sector de la población considera que el Estado debería ser el único proveedor de las inmunizaciones para evitar inequidades; mientras, desde la otra acera, se propone que la participación de particulares podría agilizar el proceso de vacunación.

Esta última propuesta surgió a partir de la publicación del reglamento para otorgar un registro sanitario condicional a laboratorios o droguerías, públicas o privadas. Aunque, por el momento, parece poco viable debido a los límites en la capacidad productiva de los laboratorios y a las dificultades que enfrentan los propios gobiernos para establecer acuerdos de compras con exigentes condiciones comerciales y poca transparencia; el debate llevó al Ministerio de Salud a aclarar que el proceso de inmunización contra la Covid-19 será gratuito, universal y voluntario para todos los habitantes del país.

En paralelo, la creciente debilidad de proyectos multilaterales como Covax, debido a la falta de liderazgo global y al acaparamiento de vacunas por parte de países ricos, advierte profundas desigualdades internacionales en el acceso a las vacunas, que podrían replicarse al interior de las naciones. En este contexto, especialistas reconocen la importancia de garantizar la vacunación gratuita y universal de los ciudadanos, especialmente en países como el nuestro, donde las disposiciones legales no son claras respecto a la participación de las entidades privadas en el proceso de inmunización.

 

Las vacunas como bien público

 

En los últimos meses, por la naturaleza global de la crisis sanitaria, distintos organismos internacionales han hecho numerosos llamados para considerar a las vacunas como bienes públicos mundiales. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo, alertó el pasado 17 de diciembre sobre la necesidad de priorizar esta condición, antes que tratar a la salud como un “mercado de productos básicos disponibles solo para aquellos países y personas que pueden pagar el precio de venta”.

Este mensaje cobra fuerza en un contexto de marcada inequidad: de acuerdo al portal Our World in Data, de la Universidad de Oxford, hasta el 16 de enero, los países de Asia, Norteamérica y Europa habían administrado 14.8, 13.2 y 10.2 millones de dosis a sus ciudadanos respectivamente, mientras que Sudamérica apenas alcanzaba las 220 mil personas vacunadas y en África, aún no se habían iniciado las inmunizaciones.

Para Angela Uyen Cateriano, médica peruana y asesora de políticas de salud para Médicos Sin Fronteras (MSF), las vacunas deben considerarse como bienes públicos para alcanzar un acceso universal y equitativo. “No basta con eliminar [al virus] en un país o en un grupo de gente, vivimos en un mundo globalizado y muy móvil. Entonces, el concepto de bien público es clave para entender esto. Un bien público no compite, ni es excluyente”, explica.

No basta con eliminar [al virus] en un país, vivimos en un mundo globalizado", sostiene Angela Uyen Cateriano.

Johnattan García Ruiz, abogado especialista en Salud Pública e investigador de DeJusticia de Colombia, destaca además que, durante una pandemia, las vacunas ofrecen una protección inmunológica no equiparable a otras medidas como el distanciamiento social o el uso de las mascarillas. “Son insustituibles, no hay ninguna otra tecnología que pueda ofrecer la protección inmunológica que provee una vacuna. Entonces, hay varios elementos que demuestran que debe ser un bien público”, señaló a nuestro medio.

Pese a este consenso, el panorama actual evidencia el surgimiento de brechas entre los países ricos, de renta media y pobres. Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), criticó el acaparamiento de vacunas por parte de las naciones más poderosas, así como la actitud de los fabricantes, quienes han priorizado la aprobación regulatoria en estos países, antes de presentar sus datos ante la OMS.

Mientras no haya una actitud crítica de los gobiernos, es muy difícil cambiar el balance de poder", explica el abogado Johnattan García.

“Esto podría retrasar las entregas de Covax (…) con acaparamiento, un mercado caótico, una respuesta descoordinada y una disrupción social y económica continua. Este enfoque del ‘yo primero’ no solo deja en riesgo a las personas más pobres y vulnerables del mundo, sino que también es contraproducente”, expresó ante el consejo ejecutivo de la OMS.

El mecanismo Covax -con el que Perú firmó un acuerdo por 13.2 millones de dosis en setiembre- surgió, precisamente, para promover la distribución equitativa de las vacunas. Sin embargo, luego de que Estados Unidos salió de la OMS y declinó en su apoyo a la alianza, muchos países perdieron confianza e iniciaron negociaciones y acuerdos bilaterales, a pesar de las rígidas condiciones legales, económicas y de confidencialidad exigidas por los laboratorios. “Como hay una falta de liderazgo global, nadie le dice nada [a los productores]. Mientras no haya una actitud crítica de los gobiernos, es muy difícil cambiar el balance de poder”, dijo Johnattan García a OjoPúblico.

Tras asumir el cargo, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el retorno de este país a la OMS, así como el financiamiento del Acelerador ACT, una iniciativa que incluye a Covax y que, además de las vacunas, promueve el acceso equitativo a tratamientos y diagnósticos. La incorporación de dicha nación  será clave en el financiamiento de Covax y en la distribución de dosis. “Esta es una forma de asegurar que los países más pobres del mundo accedan a vacunas”, sostiene García.

Por otro lado, Angela Uyen hace énfasis en que si bien las vacunas deben ser gratuitas para los ciudadanos, los gobiernos invierten dinero en su compra. Por ello, deben exigir a los fabricantes precios asequibles y mayor transparencia. “Hay que tener en cuenta que gran parte de la inversión [en vacunas] ha venido de fondos públicos. Lamentablemente, es muy difícil calcular cuánto cuestan realmente, porque hay muy poca transparencia”; agregó.

 

Privilegios en el acceso: un riesgo latente

 

Este panorama de desigualdad que se vive a nivel internacional, alerta la epidemióloga Patricia García, también podría verse reflejado al interior del Perú, si se promueve la vacunación a través de instituciones privadas antes que la inmunización gratuita impulsada por el Estado.

“No se puede permitir que solo los que tienen recursos accedan a las vacunas. Hay criterios para priorizar la vacunación. Por eso, genera preocupación el reglamento [publicado por el Ministerio de Salud], porque transmite un mensaje de que los que podrán pagar, también podrán obtener dosis primero, cuando la salud es para todos, independientemente de si tienen o no recursos. Es un pésimo mensaje”, dijo la investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

La salud es para todos, independientemente de si tienen o no recursos", dijo la médica epidemióloga Patricia García.

La normativa a la que hace referencia es el Reglamento para el Registro Sanitario Condicional (RSC) de Medicamentos y Productos Biológicos, publicado el pasado 10 de enero, a través del Decreto Supremo 002-2021-SA. Dicho documento brinda los lineamientos para que la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) pueda otorgar registros sanitarios condicionales (por un año) a los productos que se encuentran en estudios clínicos de fase III, que tienen resultados preliminares con una relación beneficio-riesgo positiva.

El artículo 8, que motivó arduos debates en redes sociales sobre la venta privada de vacunas, indica que el registro sanitario condicional podrá ser otorgado a laboratorios o droguerías, siempre que cumplan con los requisitos para la fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización y uso de vacunas contra la Covid-19. 

DEBATE. La posibilidad de que las entidades privadas vendan vacunas contra la Covid-19 generó posturas a favor y en contra.

Foto: Shutterstock

Un día después de su publicación, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró, a través de un comunicado, que la distribución y aplicación de la vacuna será gratuita y voluntaria para todos los habitantes del país, mayores de 18 años. Asimismo, el Minsa será el único titular del registro sanitario condicional para importar y utilizar la vacuna de Sinopharm, laboratorio chino con el que el gobierno peruano tiene un acuerdo por 38 millones de dosis. “Ninguna otra empresa podrá acogerse a este registro y, por tanto, ninguna empresa podrá comercializar dicha vacuna”, detalla el comunicado.

Para la asesora de políticas de salud, Angela Uyen, el reglamento ha generado dudas en la población porque no define el momento en que el sector privado podría incorporarse en el proceso de inmunización. Además, recordó que hay un compromiso de los laboratorios con los Gobiernos, y que los productores ya han destinado sus lotes a diferentes países para el 2021. 

“Si ocurriera [la participación del sector privado], antes de que el Estado termine de ofrecer la inmunización a todo el Perú, sería terrible. La gente que tiene mayor poder adquisitivo acapararía el mercado y otras personas [más humildes se verán obligadas a] sacrificar muchas cosas para adquirir una vacuna para un familiar en riesgo”, advirtió.

Solamente vamos a estar protegidos cuando todo el mundo se vacune”, precisó García.

De otro lado, en los últimas semanas, se han registrado nuevas variantes del virus de la Covid-19, en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, que han demostrado ser más contagiosas. La asesora de MSF sostiene, precisamente, que la inequidad en el acceso a vacunas hace posible que el virus siga circulando y, así, crezca la posibilidad de la aparición de más mutaciones. 

En simultáneo, las vacunas de emergencia aprobadas por entidades sanitarias han demostrado ser seguras y eficaces para prevenir enfermedades severas. Sin embargo, aún no se ha determinado si pueden evitar infecciones leves o la transmisión del virus. “Eso significa que solamente vamos a estar protegidos cuando todo el mundo se vacune”, explica Patricia García.

 

El rol del Estado en la vacunación

 

Según una reciente encuesta de Ipsos Perú, más de la mitad de los peruanos está a favor de que se permita a los particulares formar parte del proceso de inmunización, a través de la importación, comercialización y aplicación de dosis, en paralelo a las labores ejecutadas por el Gobierno. Incluso, a través de redes sociales, se han difundido presuntas ofertas privadas de lotes con millones de dosis de Sinopharm. El Ministerio de Salud no se ha pronunciado al respecto.

El sociólogo e investigador en temas de desigualdad y derechos humanos, Emilio Salcedo Tapia, explica que los argumentos que respaldan la priorización de la vacunación por entidades privadas, consideran al Estado como un mal operador de los servicios de salud. Esto se debe, resalta, a que en las últimas décadas se ha popularizado un grupo de ideas centradas en el individualismo.

“En lugar del fortalecimiento del Estado, se ha generalizado la competencia como un valor. Entonces, es muy difícil entender a la vacuna como un bien público y como parte de una estrategia [colectiva]. (...) Pero nunca ha quedado tan claro, como con esta pandemia, que nuestra salud está en función de la de los demás. No habrá una salida individual, solo porque yo pueda comprar la vacuna para mi familia o los trabajadores de mi empresa”, indicó a OjoPúblico.

No habrá una salida [de la pandemia] solo porque yo pueda comprar la vacuna para mi familia”, sostiene Emilio Salcedo Tapia.

Salcedo Tapia, a través de una investigación publicada en el libro Patologías del Sistema de Salud Peruano, identificó que en el sistema de salud nacional, los actores público y privado se complementan de manera negativa. Es decir, cuando el Estado -ya sea por negligencia o actos deliberados- no satisface los derechos fundamentales de las personas, las empuja hacia la búsqueda de una oferta privada. Así, los ciudadanos se ven obligados a solventar elevados costos o pagar por servicios de mala calidad.

 “Hay un riesgo si el Estado no muestra la capacidad para llevar adelante una campaña de vacunación [contra la Covid-19], antes de un periodo crítico. Esto abre la posibilidad [de que surjan] discursos que justifican el lucro o el bien privado”, agrega.

Johnattan García recuerda, no obstante, que en América Latina los canales privados de vacunación tienen una participación activa, especialmente para enfermedades como la influenza o el Virus del Papiloma Humano (VPH). “No es extraño que, en muchos países, la forma de conseguir estas vacunas sea a través del mecanismo privado, aún cuando hay ofertas públicas”, dice.

En el caso de la Covid-19, precisa, el problema no es la existencia de un mercado privado, sino los efectos que pueda generar en el resto de personas cuya única opción para acceder a inmunizaciones es la oferta estatal. “Hay que mirar con mucho detalle cuál es el momento en el que se permite la entrada de privados. El problema son las inequidades: si personas con más recursos, así no tengan la necesidad de protegerse, accederán a la vacuna antes que las personas de riesgo”, agregó.

Hay que mirar con mucho detalle cuál es el momento en el que se permite la entrada de privados", indicó Johnattan García.

En Colombia, por ejemplo, el borrador del decreto del Plan Nacional de Vacunación establece que las alcaldías y gobernaciones podrán adquirir sus propias vacunas. Las personas de derecho privado, por otro lado, también podrán negociar, adquirir e importar dosis, pero solo cuando culmine la primera fase de inmunización nacional. La misma está programada para este año y se propone llegar a mayores de 60 años, personas con comorbilidades de más de 16 años, personal de salud, seguridad y trabajadores de instituciones educativas.

En México, donde hay acuerdos con Pfizer, Oxford/AstraZeneca y negociaciones con otros laboratorios, el presidente Manuel López Obrador también anunció que se permitiría a empresas privadas y gobiernos locales importar y vender vacunas contra la Covid-19. En Perú, en cambio, las autoridades locales y regionales no están autorizadas a realizar negociaciones de manera independiente, por el momento.

En opinión de Patricia García, el Gobierno nacional debe crear puentes con el sector privado para que forme parte de otras tareas esenciales en el proceso de vacunación, como la distribución, la implementación logística o la comunicación. “Estamos desaprovechando oportunidades de trabajar en conjunto, con todos los sectores del país, haciendo asociaciones público-privadas para tener mejores soluciones. Ese debe ser el rol de los privados ahora, no la venta”, remarcó a OjoPúblico.