Cuando Betty Enriquez regresó a su casa los periodistas se habían ido. El patrullero policial ya no estaba en la acera. Tampoco el personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) que llegó a hacerle algunas preguntas que, en ese momento, no llegó a comprender. Era domingo 22 de abril del 2018 y Betty Enriquez volvía de enterrar a su única hija, Carla Salcedo. Una joven de 21 años, estudiante de ingeniería ambiental, que fue apuñalada diez veces en el cráneo y la espalda por su exenamorado, Eduardo Salas Fernández, quien la acosaba desde que ella terminó la relación.

No hubo tiempo para el duelo. Betty cogió su celular y llamó al abogado que le asignó el Estado para saber a qué hora se realizaría la audiencia de prisión preventiva contra el asesino. “La citación era al día siguiente, el lunes, pero el abogado no sabía de qué estaba hablando, nadie se lo había comunicado”. En dos semanas le cambiaron tres veces de defensor, y cada uno de ellos llegaba a las audiencias con menos información y tiempo para documentarse del caso. Una de los reemplazos, incluso, llegó a sugerirle que pensara también en la madre del agresor y el sufrimiento que este juicio le estaba causando. Es allí cuando comprendió que si no se actuaba pronto Eduardo Salas quedaría libre.

El Centro Emergencia Mujer (CEM) es la entidad del Ministerio de la Mujer que brinda apoyo social, psicológico y jurídico a las víctimas de violencia física y sexual, pero también a las familias que han perdido a sus hijas, madres o hermanas a manos de feminicidas. El objetivo es acompañarlas a lo largo del juicio. Pero Betty dejó de confiar en su soporte legal. Asesorada por su sobrina, una joven estudiante de Derecho de la misma edad que su hija, decidió constituirse como parte civil en el juicio y conseguir las respuestas que le negaban.

“He corrido de la Fiscalía de Villa el Salvador al Juzgado de Villa María del Triunfo, de la Dirección de Investigación Criminal del Cercado a la sede del Rímac, de Surquillo. Yo misma he llevado las notificaciones para que no se venzan los plazos. Sacaba copias, llevaba a los abogados del CEM de San Juan de Miraflores en taxis. Hice todo lo que se necesitaba”, recuerda la madre.

BETTY ENRÍQUEZ. Su hija Carla Salcedo fue asesinada a los 21 años. Su guía en el ámbito jurídico fue Silvana Casas, estudiante de Derecho y prima de Carla.

"Yo misma he llevado las notificaciones para que no se venzan los plazos. Sacaba copias, llevaba a los abogados en taxis. Hice todo lo que se necesitaba".

El crimen de Carla Salcedo forma parte de los 149 asesinatos que se cometieron el 2018 en un contexto de violencia familiar, coacción, acoso o relación de poder ejercida contra una mujer, niña o adolescente. El peor año para las mujeres en Perú fue el 2019, cuando se alcanzó la cifra más alta en la última década: 168 feminicidios, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Desde que el Perú declaró el Estado de Emergencia por el Covid-19, la Defensoría y otras organizaciones civiles alertaron que los casos de violencia de género se incrementarían por el confinamiento, pues muchas mujeres estarían encerradas con sus verdugos. El Ministerio de la Mujer reforzó la atención telefónica en la Línea 100 y desplegó el personal del Programa Nacional Aurora para prevenir desenlaces trágicos. Esto no evitó que 28 mujeres fueran asesinadas por sus parejas o exparejas, entre el 16 de marzo y el 30 de junio. Ahora sus familias afrontan un vía crucis similar al de Betty Enriquez, pero en plena pandemia.

Durante más de un año acompañamos a un grupo de deudos de feminicidio para conocer cómo sobreviven luego de estos crímenes. Luego de enterrar a las víctimas, las madres, abuelas o hermanos inician un vía crucis para acceder a justicia debido a la débil atención jurídica que les brindan los Centros de Emergencia Mujer (CEM), abogados ausentes, lentitud en la cadena de persecución del delito y barreras para acceder a apoyo psicológico. Posponen sus vidas y el duelo para asegurarse que el asesino reciba una condena.

 

El luto se reprime más allá de la sentencia

Betty Enriquez cita con precisión las cifras y horas de los hechos que constan en el expediente. Asistió a todas las audiencias y contrató un abogado privado, un conocido de la familia, para que la asesore en paralelo a la actuación que realizaba el defensor del CEM. Ella calcula en S/9.000 los gastos hechos para impulsar el proceso hasta llegar a la sentencia, sin contar con los honorarios del defensor particular. Un monto que cubrió con sus ahorros, préstamos, colectas vecinales y polladas que realizó en el barrio.

Las fotografías de estos eventos, y sus apariciones en la prensa denunciando el caso de Carla, se mantienen en los grupos de redes sociales que su sobrina creó para que el crimen no se pierda en las estadísticas. “Teníamos que hacer visible el caso; las dos acudimos a todos los medios posibles, hicimos vigilias, olvidé mi trabajo, mi familia. No podía solo esperar”, recuerda.

La diligencia más difícil que tuvieron que asumir fue hojear el atestado policial, con celular en mano, para replicar las fotos que se tomaron el día del crimen, pues la documentación no había sido recopilada a tiempo por el abogado de turno. Era la primera vez que la madre las veía.

RECUERDO. Betty solo conserva los amuletos de su hija.

El 13 de junio del 2019 la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur sentenció a Eduardo Salas Fernández a 27 años de cárcel, pese a que el Ministerio Público había pedido 35 años por el ensañamiento demostrado. Betty no está conforme, pero su hijo de 17 años le pidió parar para que su hermana descanse. Quien apeló fue la defensa del feminicida para que el caso sea considerado homicidio simple, con una pena de 15 años. 

“Él está en una cárcel, vivo, respirando. Recibiendo la visita de su familia ¿Y qué hay de mi? Yo voy a un cementerio a poner flores que mi hija ya no huele. Le lloro y mi hija no me ve”.

Mientras Betty buscaba justicia, al norte de Lima, en Comas, otra madre luchaba contra un feminicida. Su nombre es Magaly Aguilar y la mañana del 14 de marzo del 2018 su hija Sheyla Torres, de 19 años, fue violada y degollada en su propia casa por Romario Aco Rodríguez. El joven, de la misma edad, irrumpió por la ventana del departamento con un cuchillo de cocina, cuando los demás miembros de la familia estaban en el trabajo o en el colegio. Sheyla corrió al baño y alcanzó a enviar mensajes de WhatsApp a sus amigas y timbrar a su mamá para pedir ayuda.

A esa hora Magaly estaba dictando clases a sus alumnos de primaria. No alcanzó a contestar y, desde entonces, la culpa no le da tregua. Sus pocos días de entereza los dividía entre sus otros hijos, el colegio y el juicio. “En la primera audiencia me pidieron testigos y con mucho esfuerzo convencí y reuní a vecinos. Los llevé a la citación, pagándoles el taxi, y cuando llegué me dijeron que ya no era necesario porque el asesino se había acogido a la confesión sincera”, nos cuenta.

MAGALY AGUILAR. Su hija Sheyla Torres fue asesinada en su propia casa. El feminicida recibió una condena de 15 años y ella no pudo apelar porque su abogada no se presentó.

“Siempre que visitaba a la doctora Aranibar para saber cómo iba el juicio, me recibía mal. Me decía: ay, tu casito. Movía la mano y decía: tu casito ya me tiene hasta acá".

Ella no tuvo la posibilidad de acceder a un abogado privado. El CEM del sector Año Nuevo, en Comas, le asignó a la letrada Maribel Aranibar, quien salió de vacaciones al poco tiempo de recibir el expediente, se ausentó en algunas diligencias y no se presentó a la lectura de sentencia. A fines del 2018, Romario Aco fue condenado a la pena mínima contemplada en la norma aquel entonces: 15 años de cárcel. Magaly llegó a la sala donde se realizaba el juicio, pero sin abogada no había quien reclame a favor de su hija.

En este caso, el asesino también apeló a fin de acogerse a la figura de “responsabilidad restringida por edad”, contemplada en el artículo 22 del Código Penal para reducir la pena a los criminales primerizos de 18 y 21 años de edad. “Siempre que visitaba a la doctora Aranibar para saber cómo iba el juicio me recibía mal. Me decía: ay, tu casito. Movía la mano y decía: tu casito ya me tiene hasta acá. La doctora no asistió a la sentencia de este individuo, entonces, dígame, ¿cómo puedo confiar yo en los operadores de justicia?”, refiere Magaly.

Aranibar ya no trabaja para el Estado. La madre llevó su queja hasta la sede central del CEM, ubicada en el Cercado de Lima, y consiguió que le asignen una nueva defensora para el proceso en segunda instancia, donde solo les quedaba proteger la sentencia. Fue lo que ocurrió en octubre del 2019; la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestimó el pedido de Aco y confirmó la condena, por lo que el asesino de Sheyla saldrá libre a los 34 años de edad. Magaly y su familia, que tuvieron que mudarse porque no soportaban vivir en la escena del crimen, ahora buscan reabrir el caso.

EN TU NOMBRE. Cada cumpleaños, cada festividad, la familia Aguilar llega al cementerio de La Balanza, en Comas, para estar con Sheyla.

Según los datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el 46% de los 214 feminicidas sentenciados hasta el 2018 purgan condenas de 15 a 3 años, por debajo del límite legal. En julio de ese año, la Ley 30819 modificó el Código Penal y elevó las sanciones por estos crímenes a un mínimo de 20 años en su modalidad simple, y 30 cuando existan agravantes. Además, en agosto del 2018, se aprobó el Decreto Legislativo 1382 que elimina la confesión sincera en los delitos de feminicidio y violación sexual.

Dos cambios normativos impulsados tras el crimen de Eivy Ágreda Marchena, la joven de 22 años quemada viva en un bus por su acosador Carlos Hualpa Vacas. Un ataque que ocurrió pocos días después de los crímenes de Carla y Sheyla, pero que adquirió mayor relevancia mediática por su ferocidad.

 

 

Involucrarse ante la ausencia del Estado

El impacto que causó el feminicidio de Eivy, el 2018, sensibilizó a algunos actores del sistema de justicia en la comprensión del delito, pero las cosas no cambiaron mucho en el soporte legal de los CEM distritales. En febrero del 2019 Edson Tapullima Magipo (28) tuvo que abandonar sus estudios de contabilidad y buscar un trabajo cerca a la Fiscalía y al Poder Judicial de Lima Este para monitorear el caso de su hermana mayor, Milena, de 30 años. Incluso duerme en un cuarto habilitado en su mismo centro de labores.

Ella fue descuartizada y quemada en un cilindro por quien fue su pareja por siete años, José Luis Ramírez Ramírez. Durante tres meses, el asesino –que vivió bajo el mismo techo que Edson, su madre y hermanas– manipuló las redes sociales de Milena para hacerles creer que se habían mudado de improviso a Huánuco. En realidad estaba escondido en un terreno que la familia tenía en el distrito de San Juan de Lurigancho, ganando tiempo para desaparecer sus restos. El 25 de febrero del 2019, cuando se disponía a quemar los últimos huesos de Milena, su madre y hermanas irrumpieron en el predio y lo encontraron.

EDSON TAPULLIMA. Su hermana mayor, Milena, fue descuartizada y quemada en un cilindro por quien fue su pareja durante siete años. El juicio continúa.

"Los jueces, los fiscales, no hacen nada porque a ellos no les ha pasado. Quizás saben mucho de leyes, de normas, pero nosotros sabemos mucho del dolor"

“En diciembre pasado el asesino por poco queda libre. Mi abogado es Henry Hidalgo, del CEM de Canto Rey (San Juan de Lurigancho) y tuve prácticamente que rogarle para que presente los escritos necesarios porque siempre está ocupado. Faltando dos días para que venza la prisión preventiva logramos que se apruebe su ampliación (...) Los jueces, los fiscales, no hacen nada porque a ellos no les ha pasado. Quizás saben mucho de leyes, de normas, pero nosotros sabemos mucho del dolor”.

La familia se quebró tras el crimen. Su madre regresó a provincia para alejarse del estrés judicial y él se separó de sus hermanas al mudarse. Edson es quien debe responder las preguntas y angustias de sus parientes que no entienden por qué, si capturaron al asesino con los restos, todavía no lo condenan. El caso está pendiente en el Sexto Juzgado Penal de San Juan de Lurigancho y el joven quiere estudiar Derecho para sentirse menos desamparado.

Los problemas en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) fueron advertidos por la Defensoría del Pueblo en su Informe de Adjuntía 007-2019, publicado en julio pasado. El documento refiere que esta entidad del Mimp tiene mejores resultados en el apoyo preliminar, cuando sucede un feminicidio o un acto de violencia física o sexual, pues despliegan asistentes sociales y medidas de protección para familiares en riesgo, pero su accionar disminuye durante el seguimiento judicial de los casos.

“Si bien la actuación del Ministerio Público es de oficio (es el titular de la acción penal y conduce la investigación) resulta importante que la defensa de la parte agraviada active, exija y coadyuve al desarrollo de la investigación, además de acompañar a la víctima en todo acto procesal que se le requiera. [Sin embargo] las acciones desarrolladas por los CEM en los procesos penales son mínimas”, indica el informe.

El documento evidencia que en el 61% de los 326 centros que funcionan en el país, su personal desconocía el avance de las denuncias que impulsaron ante la fiscalía el último mes; y en el 70% tampoco tenían detalles de los procesos enviados al juzgado.

ENGAÑO. Feminicida suplantó a Milena en sus redes.

Entre las razones de esta deficiencia, la Defensoría identificó sobrecarga laboral, poco personal y falta de capacitación: en el 16% de estas oficinas el personal ignoraba que también debía atender casos de feminicidio. Es más, en el 35% los funcionarios confundían los conceptos de igualdad de género o recomendaban conciliaciones en casos de violencia.

Vanessa Herrera López, psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), refiere que uno de los principales temas que surgen en las terapias a los deudos es el acceso a la justicia. “Prolongar este proceso, o no llegar a una sentencia, convierte en crónico el dolor emocional; la angustia y sufrimiento afecta la salud mental y las relaciones interpersonales. En las primeras semanas del suceso los familiares están en fase de negación, no desean recibir ayuda terapéutica y quieren enfocarse en el juicio. Aún así, atendemos muchos casos, adultos, niños, y durante la pandemia hemos tratado de continuar vía Zoom”, explica. 

Apenas ocurre el asesinato, el personal del CEM brinda los primeros auxilios psicológicos a la familia, pero son sus servicios sociales y legales los que deben funcionar como una red de alerta para notificar al Minsa cuando un deudo necesite o este dispuesto a iniciar las terapias de corto y largo plazo. Estas se desarrollan en los 154 centros de salud mental comunitarios que reciben a víctimas y familiares de feminicidio, violencia física y sexual.

En las zonas donde no se cuenta con dichos establecimientos, a los afectados se les deriva a los centros materno infantil o centros de salud, pero aquí el número de psicólogos es reducido para la alta demanda y el horario de atención es limitado. Los deudos entrevistados señalaron que estos son los factores que los desalientan a continuar o aceptar la ayuda.

CRIMEN. En febrero del 2020, mientras realizábamos este reportaje, la policía encontró una caja en las calles de La Victoria con los restos de Yoliet Vidaurre, una joven de 18 años que había sido dada por desaparecida en San Juan de Lurigancho. El sospechoso del crimen está con prisión preventiva.

PÉRDIDA. Los deudos del feminicidio no solo son los huérfanos, son toda la familia que pierden a una parte de si. En algunos hogares las víctimas eran el sustento económico; en otros, sus integrantes se ven forzados a dejar sus casas para no vivir en la escena del crimen.

LUCHA. Los colectivos civiles han logrado poner el feminicidio en la agenda pública. Esta protesta de febrero pasado, en el frontis policial de la Dirincri, fue en nombre Solsiret Rodríguez, cuya desaparición el 2016 no fue investigada por la policía ni fiscalía de manera oportuna. 

Amelia Cabrera, directora de la Unidad de Atención Integral frente a la Violencia Familiar y Sexual (Uaifvfs) –entidad que forma parte del Programa Aurora y tiene como órgano operativo a los CEM– asegura que los abogados son capacitados cada año y su rendimiento se evalúa bimestralmente. “Tenemos un equipo de sectoristas que hacen acompañamiento a los casos más complejos y les brindan asistencia técnica, además, contamos con un plan de monitoreo con indicadores para revisar su avance. Si alguno incumple sus funciones, tenemos una secretaría técnica disciplinaria que evalúa su sanción”, sostiene.

En la entrevista para este reportaje, Cabrera estuvo acompañada de Patricia Garrido Rengifo, psicóloga de la Unidad de Atención Integral. Al consultarles específicamente por los casos aquí narrados, fue ella quien tomó la palabra para señalar que el proceder de los abogados estatales deben ser analizados de manera individual para no generalizar. Como alternativa, invocó a los deudos a usar el libro de reclamaciones a fin de ayudarlos a saber en qué pueden mejorar.

“No podemos decir que no sucedieron estos hechos, pero cuando cuando una víctima indirecta [los familiares] atraviesa una situación psicológica de este tipo, precisamente conocer el proceso les da fortaleza y les permite cuestionar el trabajo [de los abogados]. Cuando están al pendiente de sus casos, ellos mismos se fortalecen. Es importante que se involucren. No es que la víctima esté en su casa esperando, esto les va a ayudar a ser más resilientes (...) A nosotros nos ayuda mucho cuando en un caso de feminicidio el familiar está atento del caso”, señala Garrido.

 

Un colectivo de víctimas indirectas

Para Agripina Solís involucrarse en el juicio implica dejar de trabajar e invertir tres horas de viaje desde Carabayllo hasta el Centro de Lima, a fin de cumplir con una citación judicial que suele ser cancelada o reprogramada apenas llega al destino. Además, debe encargar a terceros el cuidado de su nieta, una bebé de 11 meses que quedó huérfana tras el crimen de su hija Ruth Lizbeth Puertas, asesinada de seis balazos en julio del 2019 por su ex pareja Christian Sánchez Coico.

En su caso, la letanía ha venido por parte de la Policía Nacional, pues fue la madre del asesino quien se acercó a la comisaría a contar los detalles del crimen y acusar como autora intelectual a la nueva pareja de Sánchez Coico. “Él confiesa en un video, estando prófugo en Bolivia, y se lo envía a su madre. Recién allí la policía empieza a moverse. Veo que no hacen nada. Uno tiene que estar atrás de ellos. Me pregunto: las personas que carecen de dinero, ¿acaso no hay justicia para ellos? ¿porque no están atrás o no tienen para el pasaje? Cuántas veces a mi me han postergado las audiencias, ¿es que no saben hacer su trabajo?”, se pregunta.

AGRIPINA SOLÍS. Su hija Ruth Puertas fue asesinada de ocho balazos a unas cuadras de su casa. El autor fue su expareja.

"Uno tiene que estar atrás de ellos. Cuántas veces a mi me han postergado las audiencias, ¿es que acaso no saben hacer su trabajo?”

En la División Desconcentrada de Investigación Criminal de Lima, aseguran que han realizado todos los procedimientos para ordenar las capturas de los implicados, pues este feminicidio se realizó con apoyo de un menor de edad, un taxista y otra persona de nombre José Matías González Farfan, quien acaba de ser detenido el 9 de julio de este año.

Cristian Sánchez Coico, conocido como Pericles, tiene antecedentes de robo y venta de drogas, y en su confesión grabada refiere que no quería estar vinculado a Ruth porque le pedía pagar la pensión de alimentos. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Carabayllo dispuso su requisitoria y su nombre ingresó a la lista de los más buscados, hasta que en febrero de este año la policía de Argentina lo capturó en su país por agredir físicamente a otra mujer. Cuando Agripina se enteró recorrió las instancias fiscales, policiales y los medios de comunicación para pedir que se emita una orden de extradición antes que lo liberen.

A diferencia de los otros deudos, Agripina no ha estado sola en esta lucha. Ella forma parte de la asociación “Familias unidas por justicia: Ni una asesinada más”, un grupo que la apoya con plantones, vigilias y se ha convertido en un espacio de desfogue y reflexión. Una de las impulsoras del grupo es Sandy Evangelista Loa, quien el 4 de marzo del 2019, luego de sumar esfuerzos con Magaly Aguilar, creó una página en Facebook para ubicar a más deudos que, como ellas, han atravesado este vía crucis por justicia. El objetivo es aprender de sus experiencias en común y llevar sus reclamos a un nivel institucional.

HERENCIA. Agripina transformó sus planes y vida para volver a ser madre de su nieta que quedó huérfana a los 11 meses.

Sandy ha afrontado todas las trabas que surgen tras un feminicidio. Tenía ocho años cuando su hermana Nelva fue torturada, descuartizada y quemada en el jardín de su casa por su pareja Nicolás Giovanni Vásquez Velarde, que se dio a la fuga. Era el año 2006 y en el Perú no se hablaba de este delito y el Estado carecía de protocolos de asistencia para ella y sus hermanos que quedaron sin el soporte económico que les proveía Nelva. Tampoco hubo apoyo psicológico para su madre que deambuló por dos años buscándola entre los vivos.

Vásquez fue capturado diez años después, el 2016, tuvieron que vender sus bienes para pagar a un abogado; recibieron amenazas del entorno del criminal y fueron testigos de un juicio opaco en la Corte Suprema donde este logró reducir su condena de 28 a 20 años.

La asociación que ahora dirige ha logrado reunir a 25 familias. “Formamos el colectivo para exigir justicia y que no se libere a los asesinos, ya sea por una deficiente investigación o por exceso de carcelería. El Estado es responsable de los niños, los huérfanos y de las madres, nosotras no podemos suplir esa tarea. Esto lo hago por mi, por mi hermana, por las que lamentablemente vendrán”, señala la joven que aún pide reabrir el caso de Nelva.

SANDY EVANGELISTA. Su hermana Nelva fue descuartizada el 2006. Las trabas que afrontó para llegar a una sentencia la impulsaron a crear la primera asociación de deudos.

“Formamos el colectivo para exigir justicia. Esto lo hago por mi, por mi hermana, por las que lamentablemente vendrán”

Una de las iniciativas que impulsó el colectivo fue la entrega de un subsidio para apoyar a los parientes que dependían de las víctimas, porque muchas de ellas eran el sostén económico en sus hogares, se hacían cargo de sus hermanos menores o tenían hijos que han quedado en manos de sus abuelos, hermanos, tíos. La iniciativa se concretó parcialmente en enero de este año, a través del Decreto de Urgencia 005-2020, aunque solo contempla la entrega de S/ 600 cada dos meses para los niños, niñas y adolescentes huérfanos, así como personas con discapacidad que estaban al cuidado de las asesinadas. 

Según las cifras del Ministerio de la Mujer, solicitadas por acceso a la información, son 1.313 los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que perdieron a sus madres entre 2010 y 2019 a manos de feminicidas. No se conocen sus edades, su género o si tienen alguna discapacidad porque las fichas en la que recopila la información solo indica la cantidad de hijos que tenía la víctima. Recogen números, no características.

El pasado 23 de junio, en pleno Estado de Emergencia, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, entregó de forma simbólica los primeros diez bonos de asistencia en beneficio de 23 menores de edad que perdieron a sus madres por estos crímenes. Un monto que debe ser usado para su alimentación, educación y acceder a atención médica y psicológica, sin embargo, estos dos últimos son servicios que deben ser provistos de manera gratuita por el Estado según el Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio dispuesto por el Ejecutivo.

POR ELLAS. Sus recuerdos y un puñado de joyas de fantasía son todo lo que conserva Sandy de su hermana Nelva. A 14 años del crimen el resto de sus parientes no comprenden porque ella insiste en el caso, solo quieren olvidar.

En su último reporte, la Defensoría del Pueblo solicita al Estado que se agilicen las investigaciones en torno a estos crímenes para que las víctimas, tanto directas como indirectas, puedan obtener justicia y reparación. El fin de la inmovilización social -sostiene la entidad- aumentará la capacidad de denuncia de las víctimas de violencia de género, y los operadores de justicia deben estar preparados para una atención virtual efectiva.

Solo durante el confinamiento sanitario la Línea 100 recibió cerca de 50 mil llamadas alertando de situaciones de violencia de género en todo el país, y 13.250 de estas comunicaciones fueron hechas por niñas, niños, adolescentes o vecinos testigos de los maltratos.

Se han registrado denuncias por violación sexual y agresión física, pero también la desaparición de 309 adultas y 791 menores, principalmente en Lima, Arequipa y el Callao. Múltiples delitos se esconden detrás de estas cifras, y el feminicidio es uno de ellos. La pandemia confirmó que los hogares no son espacios seguros para las mujeres.