La Dirección Regional de Agricultura de Ucayali está ubicada a menos de dos kilómetros de la Plaza de Armas de la ciudad de Pucallpa, el corazón del negocio maderero informal en la Amazonía del Perú. Desde este lugar, de pequeñas oficinas, abundantes y desordenados papeles aleteados por los ventiladores que intentan menguar el calor amazónico de las calles, se decide el futuro de los bosques amazónicos de la región. Y es desde este pequeño centro del poder que se ha liderado durante los últimos años -según las recientes investigaciones fiscales- un sistema de corrupción y tráfico de tierras que ha ocasionado la deforestación de miles de hectáreas de bosques.  

Ojo-Publico.com llegó a Pucallpa para investigar el esquema utilizado por las mafias dedicadas a la venta ilegal de predios amazónicos. Las pesquisas de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Coronel Portillo describen precisamente la existencia del sistema que permitió la adjudicación de tierras para asociaciones de agricultores representados por supuestos testaferros, para luego venderlas a empresarios vinculados al cultivo de palma aceitera. El pasado 10 de diciembre el fiscal Wilber Huamanyauri Cornelio, quien lidera el proceso, allanó las oficinas de la Dirección Regional Agraria de Ucayali y decomisó cientos de documentos que correspondían a la gestión del exdirector de ese despacho entre 2016 y el 2018: Isaac Huamán Pérez (63).

La intervención permitió días después la detención de Huamán Pérez y del también exdirector de Titulación y Formalización de Predios del gobierno regional, Christopher Hernández Larrañaga. Ambos cumplen desde entonces prisión preventiva en el penal de Pucallpa acusados de liderar una banda criminal dedicada al tráfico de tierras en la región. Las evidencias del fiscal los señalan como cabezas de una organización integrada por cinco exfuncionarios que traficaron por lo menos tres mil hectáreas de terrenos.

Huamán Pérez y Hernández Larrañaga facilitaron -según las evidencias fiscales- y simularon una adjudicación de 128 predios ubicados en el distrito de Nueva Requena a familiares y amistades de extrabajadores de la Dirección Regional Agraria de Ucayali, con el fin de venderlos luego a Ocho Sur SAC (denominada antes Plantaciones de Pucallpa SAC), compañía del Grupo Melka, dedicada al cultivo de palma aceitera. 

En Nueva Requena seis agricultores fueron asesinados el año pasado como parte de un conflicto por tierras. 

Dennis Melka es un empresario checo-estadounidense cuyas compañías fundadas desde el 2012 en Perú son investigadas por las autoridades peruanas por diversos delitos ambientales. Ese es el caso de Cacao Norte (ahora llamada Tamshi SAC), en la región Loreto.

Para los representantes de esta compañía la fiscalía de delitos ambientales ha pedido 10 años de cárcel por deforestación. A las empresas del Grupo Melka las acusan de deforestar desde el 2013 más de 13 mil hectáreas de bosques en Loreto y Ucayali. Entre el 2016 y el 2018, esta última región perdió más de 83 mil hectáreas de bosques y es una de las que más proyectos de palma aceitera impulsa junto a Loreto para los próximos años.

El  caso por el que son investigados los altos exfuncionarios ha sido denominado ‘Cocha Anía’, como se llama la zona donde se ubican las tierras que iban a ser vendidas y está ubicada en Nueva Requena, el distrito que se ha convertido en el centro de las disputas criminales de invasores de terrenos. En este lugar, el año pasado seis agricultores fueron asesinados en medio de un conflicto también asociado al tráfico de tierras. 

La investigación del fiscal Wilber Huamanyauri ha estado acompañada de irregularidades, pérdidas de evidencias y amenazas de testigos. “Los expedientes de titulación no se hacen en oficina sino en el campo, con los agricultores, pero en este caso nuestros jefes nos dijeron: vamos a traer a las personas para que firmen. A nosotros nos usaron de peones”, explicó uno de los testigos protegidos del caso al que Ojo-Publico.com entrevistó para esta investigación. Los directores regionales elaboraron un falso proceso de titulación, con personas que actuaron de testaferros, para luego vender esas tierras a una empresa de palma aceitera.

TITULACIÓN SIMULADA. Los supuestos propietarios cedieron el poder legal a Vielca Fiorella Cuzcano (30), hija de la pareja de Jaime Montalván, director regional de Ucayali.

Imagen: Sunarp

 

Así funciona el mecanismo

 

La historia del caso Cocha Anía resume cómo operan las redes del tráfico y el papel de los funcionarios del gobierno regional. La cabeza de la organización dedicada al tráfico de tierras en el caso Cocha Anía es, según la investigación fiscal, Isaac Huamán Pérez, exdirector de la Dirección Regional Agraria, 63 años, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Cajamarca. Él está acusado de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de banda criminal y contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento en agravio del Estado. 

Desde su puesto en la dirección regional, Huamán Pérez era el responsable de promover el desarrollo de las actividades agrarias, contrataba funcionarios y distribuía responsabilidades y aprobaba el registro de asociaciones de agrícolas. Él coordinaba acciones con el director de saneamiento y titulación de tierras Christopher Hernández Larrañaga (33), también detenido a finales de enero junto Isaac Huamán.

Hernández confesó a la Fiscalía que la entrega de estas tierras se realizó de manera ilegal. El también ingeniero agrónomo se desempeñó en dos momentos como responsable de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (Disafilpa): entre el 5 y 29 de diciembre del 2016 y entre el 16 de marzo y 12 de diciembre del 2018. 

“Cuando sale la titulación de los ‘fantasmas’, todas las personas firman un poder a un tercero que no conocemos”, indicó el testigo protegido. 

Sin embargo, antes que Hernández asumiera su primer período, este despacho tuvo como director a uno de los personajes que conecta diversos hechos que permiten profundizar en el mecanismo del tráfico de tierras en la Amazonía: Jaime Montalván Torrejón (50), director de saneamiento entre septiembre 2015 y noviembre del 2016. 

En  su declaración del 3 de febrero de este año, Montalván confesó que la titulación de los 128 predios de Cocha Anía era ilegal y que se había realizado “por mandato de Isaac Huamán Pérez”.

En este esquema del tráfico, se simuló la titulación de 128 predios a nombre de 121 personas, que prestaron sus nombres, varios de ellos familiares, trabajadores y amigos de los funcionarios de la dirección agraria. Luego, estos cedieron el poder legal a Vielca Fiorella Cuzcano Escobedo (30), hija de la pareja de Jaime Montalván. La licenciada en enfermería aparece como apoderada de los predios que ahora son investigados por la Fiscalía. 

INVESTIGADOS. Los exfuncionarios de la Dirección Agraria de Ucayali Isaac Huamán, Christian Hernández, Jaime Montalván, Christian Wong y Richard Almeyda, y el dirigente agrario Obner Amasifuen son procesados por banda criminal.

Fotos: Reniec.

 

En la partida de Registros Públicos, a la que accedió Ojo-Publico.com, se menciona que el 27 de julio del 2016, además de Vielca Cuzcano, se entregó también poder sobre esos títulos a Obner Amasifuen Tanchiva, entonces presidente de la Asociación de Productores de Palma Aceitera.

Con estos mandatos, Cuzcano y Amasifuen estaban expeditos para “tramitar, gestionar, recabar y suscribir documentos” ante las oficinas del ministerio de Agricultura, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), agencias agrarias de la región Ucayali y otras para vinculados a constancias de posesión y títulos de propiedad. 

Cuzcano Escobedo ha declarado ante el fiscal que “no sabía la ubicación de los predios, ni de quiénes eran las tierras. Mi papá Jaime Montalván Torrejon vino a pedirme un favor y yo accedí a firmar un poder, sin preguntar ni leer”, dijo ante las autoridades. “Cuando sale la titulación de los ‘fantasmas’, todas las personas firman un poder a un tercero que no conocemos”, indicó el testigo protegido. 

En su declaración, Jaime Montalvan reconoció que fue beneficiado con ocho parcelas y que las iba a entregar a “ocho hermanos” evangélicos. 

Otros funcionarios investigados en el caso Cocha Anía son Richard Almeyda Panduro y Christian Wong Acho. El expresidente de la Asociación de Productores de Palma Aceitera, Obner Amasifuen Tanchiva, también se encuentra bajo sospecha de la Fiscalía.

 

Los audios de Huamán

Mientras estos hechos ocurrían, Isaac Huamán Pérez, era grabado por sus trabajadores. Ojo-publico.com tuvo acceso a la transcripción de los audios entregados por un testigo protegido del caso y que ahora forman parte del expediente fiscal. En estos se escucha a Huamán Pérez instruir a sus subordinados en cómo declarar ante las autoridades a cargo de una investigación previa que había comenzado la Fiscalía Anticorrupción por un tema similar. 

“No te preocupes por lo que va a decir la gente, tú preocúpate por lo que tienes que decir”, señala el exdirector, según una de las transcripciones que sustentaron el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el exfuncionario. 

En las transcripciones de estas conversaciones se detalla también cómo se explicaría la irregular pérdida de documentos que contenían información sobre los predios otorgados en Cocha Anía. “Dices que los expedientes los han hecho desaparecer por interés de Montalván y por interés de [Christian] Wong [abogado de la dirección], de ellos sí han hecho firmas. Y ahora, como ha desaparecido, te favorecen a ti. No hay los expedientes, por lo tanto nadie va a probar que tú has hecho mal tu trabajo”, le dice Huamán Pérez a una extrabajadora responsable del levantamiento de datos desde el campo. 

Especialistas cuestionan la publicación de ordenanzas regionales que han legalizado prácticas ilícitas.  

El presidente de la Asociación de Productores de Palma Aceitera, Obner Amasifuen Tanchiva, es hermano de William Amasifuen Tanchiva, exalcalde del distrito de Campo Verde, vacado al ser declarado culpable en un proceso por el delito contra la administración pública.  

La asociación pretendía, según las pesquisas fiscales y los testimonios recogidos para este reportaje, incluir al centenar de personas como parte de la organización e iniciar la venta de todos los predios a una “empresa internacional de palma”. Sin embargo, la negociación nunca se concretó porque la fiscalía inició las investigaciones.

 

Base legal para la ilegalidad

 

En Ucayali, y otras regiones de la Amazonía peruana, los últimos gobernadores (Luis Valdéz, Jorge Velásquez y Manuel Gambini) han estado bajo la sospecha de estar vinculados al tráfico de madera y de tierras. Durante sus gestiones han emitido ordenanzas que -según los especialistas del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, Kené- han legalizado prácticas asociadas a estas actividades ilícitas.  

En julio de 2015, el Gobierno Regional de Ucayali presidido entonces por Manuel Gambini, emitió la ordenanza 012-2015, que estableció mecanismos para vender tierras -al precio de un sol el metro cuadrado- en asentamientos humanos de la región. Sin embargo, en junio del 2017 el Ministerio de Agricultura opinó -a pedido de la Fiscalía especializada en materia ambiental de Coronel Portillo- que la ordenanza se encontraba al “margen” de la ley existente sobre predios rústicos (Ley 28667) y que los gobiernos regionales solo tenían competencias para regular la actividad productiva o de servicios, pero en el marco de las normas vigentes.

PREDIOS AGRÍCOLAS. Durante los últimos años la violencia asociada a la invasión y tráfico de tierras se ha incrementado en Ucayali. 

Foto: Ojo-publico.com

Esta medida, citada en las declaraciones de los testigos protegidos del caso Cocha Anía, ha permitido que se transfieran y otorguen áreas dentro de Bosques de Producción Permanente (BPP) a favor de presuntos traficantes de tierras que suelen vender las tierras a empresas que terminaron deforestando los bosques de la región.

A pocos meses de culminar su mandato, el gobernador Gambini también emitió otra ordenanza (010-2018) que declaró de interés regional el procedimiento de exclusión y formalización de predios superpuestos por los Bosques de Producción permanente (BPP), áreas de conservación regional y concesiones en la Región Ucayali. La medida ha generado la reacción de las comunidades indígenas que han denunciado la vulneración de sus derechos al favorecer la entrega de concesiones forestales a terceros sobre sus tierras y territorios ancestrales.

Consultado sobre estas investigaciones asociadas al tráfico de tierras, Alan López Castillo, abogado de Isaac Huamán cuando inició el caso Cocha Anía y hoy asesor de los testigos de Huamán, dijo a Ojo-Publico.com que la Fiscalía solo había "juntado declaraciones" y los audios presentados como pruebas por la testigo protegido estaban "editados". "Cualquier persona que está en un sillón público va a estar sujeto a que tomen su nombre de una u otra forma", agregó. También nos comunicamos con el abogado de Jaime Montalván, Rodrigo Rengifo Ríos, pero no quiso declarar sobre el caso de su representado.

El tráfico de tierras, la tala ilegal y la deforestación han convertido a Ucayali en una de las regiones más violentas del país y una de las que acumula las tasas más altas de pérdida de bosques. El año 2006, en Ucayali habían 6 mil 641 hectáreas de cultivo de palma aceitera; el 2012, la extensión ya alcanzaba las 17 mil hectáreas, y el año pasado el Gobierno Regional anunciaba las 40 mil hectáreas. Las pérdidas de bosque asociada al cultivo de palma mencionan las 10 mil hectáreas. El caso Cocha Anía explica el esquema en el que opera el tráfico: la entrega ilegal de títulos de propiedad a supuestos testaferros para luego venderlos a las empresas de palma.