El 24 de mayo del 2018 el entonces ministro de Economía y Finanzas (MEF), David Tuesta Cárdenas, recibió una carta del empresario minero Roque Benavides, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) que agrupa a los gremios corporativos más poderosos del país. "Como se manifestó en la reunión sostenida en el [MEF] el 3 de mayo, el sector empresarial considera que en la reglamentación de la norma se deben incluir los siguientes aspectos..." La misiva era un recordatorio, pero parecía una advertencia.

Benavides, presidente del directorio de Minas Buenaventura, se refería a la reglamentación de la Norma XVI: un mecanismo legal que permitirá al Estado Peruano identificar y cobrar los millonarios impuestos que algunas empresas eluden o esconden en paraísos fiscales con la asesoría de contadores y abogados. Si bien la norma se aprobó el 2012, en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, nunca entró en vigencia porque el Congreso exigió que se reglamenten los casos específicos de elusión que podrían ser sancionados.

La carta enviada por el titular de la Confiep –que Ojo-Publico.com revela junto a información inédita sobre la presión de este gremio– pretendía que el reglamento incluya la creación de una comisión de expertos para validar la labor auditora de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la aplicación de la norma antielusiva solo para casos posteriores a su entrada en vigencia, y que no se multe a las empresas infractoras.

En su misiva, Roque Benavides invocaba la salvaguarda “jurídica de los contribuyentes” para que la Norma XVI no fuera agresiva; al tiempo que pedía al MEF que evalúe las sanciones que pretende aplicar en el marco del “Código Tributario” cuando la Sunat detecte operaciones sospechosas, ya que esto implicaría “que el contribuyente [hubiera] declarado cifras o datos falsos".

 

 

La carta de Benavides concluye recordándole al entonces ministro Tuesta que tales propuestas fueron discutidas en una reunión previa. En efecto, la bitácora de visitas del MEF revela que el 3 de mayo del 2018 ingresaron al despacho ministerial un representante de PriceWaterhouseCoopers (PWC), de la Confiep, y abogados de cinco importantes firmas de Lima: Rodrigo, Elías & Medrano; Zuzunaga, Assereto y Zegarra Abogados; Picón Asociados; Rubio, Leguía y Normand; y Gálvez, Risso, Zegarra & Asociados, que aseguran haber asistido a título personal.

Todos ellos se reunieron con el ministro Tuesta y con el jefe de la Intendencia Nacional Jurídico Tributaria de la Sunat, Enrique Pintado Espinoza. Ojo-Publico.com reconstruyó lo que ocurrió aquel día e identificó cuáles fueron los argumentos que expuso este grupo de abogados, ante la inminente publicación del reglamento que reactivaría la Norma XVI.

 

I. La Confiep llega al MEF

Eran las 06:13 p.m. de aquel 3 de mayo. Los últimos trabajadores y visitantes del MEF salían del edificio ubicado en el jirón Junín, en el Cercado de Lima, tras el cierre de la jornada laboral. Pero un funcionario anunciaba su ingreso en recepción; era el intendente de la Sunat, Enrique Pintado, quien se dirigía al despacho del ministro Tuesta para coordinar los detalles de la cita que sostendrían una hora después con los abogados de las firmas que asesoran a las principales empresas del país.

Los primeros en llegar a la cita en el MEF fueron José Talledo Vinces del estudio Rodrigo, Elías & Medrano; y Jorge Picón Gonzáles de la firma Picón Asociados, que brinda asesoría tributaria a grupos económicos. Los archivos del Caso Panama Papers revelan que Picón –quien en el pasado ocupó el cargo de intendente tributario en la Sunat– está relacionado a la offshore Colourcode International Limited, registrada por la firma legal Mossack Fonseca en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

A la misma reunión, minutos después, llegó Fernando Zuzunaga del Pino, socio del Estudio Zuzunaga, Assereto y Zegarra Abogados. Esta firma legal, según su portal web, se especializa en “la maximización de ahorros fiscales” y en “la implementación de estrategias de defensa dentro de los procedimientos de fiscalización tributaria y de impugnación, con resultados exitosos en la etapa administrativa y judicial”.

CITA EMPRESARIAL. El 3 de mayo del 2018 el ministro Tuesta recibió a tributaristas de los principales estudios de abogados, de la auditora PWC y de la Confiep.

Foto: Andina.

 

Luego llegó César Luna Victoria, socio del área tributaria y aduanera del Estudio Rubio, Leguía y Normand; excongresista fujimorista, y ministro en diferentes carteras durante la década de los ‘90. Luna Victoria además fue integrante del equipo de tesorería de la campaña electoral de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), cuyos integrantes actualmente están procesados por lavado de dinero en el Caso Lava Jato. 

Según el registro de visitas del MEF, también se hizo presente Lourdes Chau Quispe, abogada tributarista y socia de PriceWaterhouseCoopers (PWC), la segunda empresa de auditorías y asesoramiento fiscal más grande del mundo, e integrante junto con las firmas Deloitte, KPMG y EY del grupo conocido como Big Four. La abogada –quien se presentó como representante de la Confiep– asistió acompañada de uno de los accionistas de PWC, Arturo Tuesta Madueño.

El último asistente al cónclave fue Ramón Gálvez Márquez del Estudio Gálvez, Risso, Zegarra & Asociados, excolaborador de KPMG, actual miembro de Deloitte y con “amplia experiencia en el asesoramiento fiscal y corporativo a nivel local e internacional”, según su hoja de vida.

Así, flanqueados por siete abogados especializados en temas tributarios y con estrechos nexos en el sector empresarial y político, el ministro Tuesta y el intendente Pintado explicaron la necesidad de reglamentar la norma antielusiva, y escucharon las posturas de los representantes y abogados de algunos de los mayores grupos económicos del país, en un debate que se extendió hasta las 9 de la noche.

Fuentes de Ojo-Publico.com que conocen detalles de la reunión, y las posteriores cartas que llegaron al MEF, dijeron que en la cita se debatieron las modificaciones solicitadas por la Confiep: la no imposición de multas cuando los auditores hallen irregularidades; la creación de un órgano colegiado que revise la labor del auditor de la Sunat antes que este confirme un caso de elusión; y que las autoridades no revisen las transacciones realizadas mientras la Norma XVI estuvo congelada.

 

II. Confiep vuelve a la carga

A fines de julio del 2018, el presidente Martín Vizcarra Cornejo obtuvo facultades para legislar en materia tributaria y adelantó que una de sus propuestas incluiría a la Norma XVI. Es entonces que se reaviva la presión empresarial y empiezan a llegar nuevas cartas al MEF, esta vez dirigidas a Carlos Oliva Neyra, el sucesor de Tuesta en el ministro de Economía. Las misivas pertenecen a la Confiep, pero también a la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

NUEVAS FUNCIONES. La Sunat tendrá un rol clave en la inminente aplicación de la Norma XVI y deberá designar a los miembros del comité revisor que defina los casos de elusión.

Foto: Andina.

 

En algunas de estas comunicaciones las exhortaciones son directas, como en la carta enviada por el empresario minero el 4 de septiembre del 2018: “Nos permitimos recordarle que (...) Confiep le hizo llegar a su despacho la posición del sector empresarial respecto a los temas que deberían incluirse en la reglamentación de la Norma XVI (...) indicando la importancia de la no imposición de multas, la aplicación de la norma en el tiempo y un procedimiento a los fines de su aplicación”.

El presidente de Minas Buenaventura continúa: “No tener en cuenta [estos] aspectos (...) generará desincentivos para la inversión privada, principal motor de la economía y fuerza generadora de empleo”. Además, aprovechó la comunicación para hacerle llegar tres propuestas tributarias impulsadas por la Confiep “para que sean aprobadas en el marco de las facultades delegadas”.

La carta de Benavides enfatiza que “la falta de participación del sector empresarial en este debate podría generar vacíos, contradicciones e imprecisiones que atentan contra la seguridad jurídica”. El empresario, aunque reconocía que las modificaciones impulsadas por el MEF "obedecen a tendencias mundiales", precisó que la norma antielusiva debe considerar que el Perú tiene “un [alto] nivel de informalidad (...) [y] una limitada red de acuerdos para evitar la doble tributación”. 

Esta última carta de la Confiep fue enviada en un contexto especial para el país: el Ministerio Público había revelado el aporte no declarado de un grupo de empresarios afiliados a este gremio empresarial, calculados en US$2 millones, para oponerse a la candidatura de Ollanta Humala el 2011. Una de estas compañías era la contructora Odebrecht. La información fiscal cayó como una bomba: "[El entonces presidente de la Confiep, Ricardo] Briceño pidió dinero a [Jorge] Barata para la campaña de Keiko Fujimori (...) y esperaba que los empresarios [aportaran] usando a la Confiep como intermediario”.

 

 

Diez días después de esta misiva, el presidente Martín Vizcarra promulgó el Decreto Legislativo 1422 que finalmente precisó el ámbito de aplicación de la Norma XVI, tras largos siete años de espera. Pese a la insistencia de la Confiep, el decreto incluye multas de dinero proporcionales a los tributos no pagados y responsabiliza a los representantes legales de las empresas que cometan elusión fiscal.

Lo que sí aceptó el Ejecutivo fue crear el comité revisor solicitado por la Confiep, pero no con abogados ajenos a la Sunat. Además, elevó los requisitos para que sean nombrados en dicho cargo funcionarios de la entidad tributaria, con 10 años de experiencia en auditorías y que asuman responsabilidad penal por sus decisiones. El reglamento de la Norma XVI finalmente autoriza que este comité revise los esquemas tributarios de las empresas desde el 2012, cuando la norma antielusiva fue promulgada.

Ojo-Publico.com buscó las declaraciones de los representantes de la Confiep, y si bien en el área de prensa indicaron que el vocero podría ser el abogado Gálvez Márques del Estudio Gálvez, Risso, Zegarra & Asociados, uno de los participantes en la reunión del MEF, la entrevista no se concretó.

 

III. Abogados niegan conflictos de interés

En entrevista con Ojo-Publico.com, el abogado Picón Gonzáles aseguró que solo una vez se reunió con representantes del Gobierno para hablar sobre la norma XVI, y lo hizo como especialista independiente, invitado por el MEF. “He trabajado con al menos dos gremios empresariales, pero nunca he ido como tal a opinar sobre esa norma. Es más, cuando el Ejecutivo obtuvo facultades para legislar, dos o tres gremios enviamos una carta pidiéndole al ministerio que reciba la opinión de expertos”, dijo.

GESTIONES. El ministro de Economía, David Tuesta, duró dos meses en el cargo. Pero las cartas de los gremios empresariales continuaron llegando en la gestión de su sucesor y actual titular del MEF, Carlos Oliva.

Foto: Andina.

 

- ¿Y cuáles son los gremios con los que trabaja?

No los represento hoy, pero enviamos cartas a nombre de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y otra más que ahora no recuerdo.

- ¿Calificaría estas gestiones y coordinaciones como un lobby?

No, son reuniones técnicas. Si te reúnes con el empresario para ver qué le conviene, eso sí podría calificar como lobby. Pero quienes tenemos más de 25 años de experiencia en el sector tributario evidentemente vamos a saber un poco más que la gente de la Sunat y del Ministerio de Economía.

- ¿Entre los clientes de su estudio de abogados hay empresas grandes que podrían ser fiscalizadas con la Norma XVI?

Sí, pero a la fecha no hay ninguna aplicación de la Norma XVI.

- Por eso le pregunto en futuro.

Lo que ocurre es que las reuniones no han abordado ningún caso concreto, han sido de carácter técnico y normativo general.

El abogado Fernando Zuzunaga también reconoció haber participado de la reunión en el MEF. “Entendí que era una reunión de transparencia para comunicarnos los avances del Ejecutivo con la Norma XVI. Allí había representantes de gremios empresariales, sí, pero yo no fui como tal”, dijo al ser consultado por Ojo-Publico.com, y precisó que actualmente representa a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe).

“No calificaría mi participación como lobby. Siempre he estado a favor de la cláusula antielusiva y mi posición, en todo caso, no creo que sea del agrado de los intereses de quienes defiende. Uno defiende lo que uno cree, no lo que el cliente quiere que defienda”, añadió Zuzunaga.

El abogado Luna Victoria, por su parte, respondió por correo con similares argumentos: “Fue una reunión con alrededor de 10 especialistas, además de funcionarios de la Sunat y del MEF. Todos fuimos invitados individualmente, ninguno representaba los intereses de ningún gremio ni empresas (…) prepublicar o debatir una norma antes de su publicación es una práctica que mejora la técnica legislativa”.

Luna Victoria negó que sus opiniones en aquella cita fueran parte de una gestión de intereses a favor de los clientes de su estudio de abogados. “Mis opiniones son públicas. He escrito en diarios y revistas como especialista y no como gestor de intereses. Si revisa tales opiniones, verá que soy un defensor de la norma. No obstante, también como experto, he señalado públicamente lo que en mi opinión debe ser corregido” agregó.

Respecto a Lourdes Chau, la encargada de relaciones públicas de PWC indicó que la abogada se encontraba de vacaciones, pero consideró probable que haya acudido a la cita en representación de la Confiep porque forma parte de su comité tributario. Los demás abogados fueron contactados por Ojo-Publico.com a través de sus asistentes personales o por correo electrónico, pero no devolvieron las comunicaciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas también respondió por correo. Sobre los motivos de la reunión y la necesidad de la convocatoria, los voceros del sector indicaron que sus funcionarios recogen las opiniones de entidades, gremios y stakeholders, a través de reuniones que son “de público conocimiento” en el portal de transparencia de la institución. “Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la Norma XVI no ha sido la excepción (...) el MEF recibió iniciativas escritas y distintos pedidos de reunión antes, durante y después de la última delegación de facultades”, señalaron por escrito.

OBJECIONES. El congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, estuvo al frente del Grupo de Control Constitucional que revisó el D.L 1422. Su informe final fue aprobado por la Comisión de Constitución, sin cambio alguno.

Foto: Congreso.

 

IV. La Confiep en el Congreso

Luego de fracasar en la presión sobre el Decreto Legislativo 1422 de la Norma XVI, la Confiep movió sus piezas al Congreso. En septiembre del 2018, el Congreso instaló un Grupo de Control Constitucional, presidido por el legislador fujimorista Miguel Torres Morales, para analizar que el contenido de dicho decreto y demás normas promulgadas por Vizcarra se ajusten a la delegación de facultades. En ese sentido, dicho grupo emitió un informe en noviembre del 2018 indicando que algunos artículos del reglamento debían modificarse o anularse.

Pero en el periodo de revisión de este decreto, la Confiep envió al Congreso copias de informes jurídicos contratados por su propio gremio y que sustentan la inconstitucionalidad del reglamento de la Norma XVI publicado por el Gobierno. Ojo-Publico.com identificó dos de ellos: el primero está suscrito por el Estudio Benítez, Vargas & Ugaz, de fecha 14 de noviembre, y cuestiona nueve aspectos del Decreto Legislativo 1422, como su retroactividad y la responsabilidad solidaria de los directorios de las empresas en la aprobación de planes tributarios anuales.

El segundo informe fue redactado por el constitucionalista Domingo García Belaúnde el 31 de octubre del 2018 y lleva como título: “Excesos en las delegaciones otorgadas al Poder Ejecutivo en materias de orden tributario”. El documento de seis páginas asegura que el decreto “está lleno de imprecisiones, excesos, abusos, presunciones de culpabilidad, culpas que se enrostran [SIC] sin prueba alguna, lo cual de por sí es peligroso y antigarantista”.

El documento de García Belaunde incluso añade recomendaciones: “Lo factible es llevar estas inquietudes a la Comisión de Constitución del Congreso, a la que corresponde precisamente su análisis y revisión. Y alternativamente buscar la declaración de inconstitucionalidad o un proceso de amparo (que se puede presentar individual o colectivamente)”, se lee en el informe que llegó al Congreso a pedido de la Confiep.

 

 

Finalmente, el informe del grupo legislativo –que obtuvo los votos de Miguel Torres (Fuerza Popular) y Javier Velásquez Quesquén (Apra), y la abstención de Gilbert Violeta (PPK)– planteó las mismas modificaciones esgrimidas por la Confiep: anular la retroactividad de la Norma XVI y la responsabilidad solidaria de los directores sobre los planes tributarios de sus empresas. Este documento fue aprobado el 18 de diciembre sin modificaciones por la Comisión de Constitución, presidida por la congresista fujimorista Rosa Bartra, y hoy está a la espera de su debate en el Pleno.

Si bien el reglamento de la Norma XVI ya fue publicado, el Gobierno deberá emitir un Decreto Supremo que levante formalmente su suspensión. En el comunicado enviado a Ojo-Publico.com, el MEF confirmó que lo hará y que las observaciones hechas por el Congreso "podrían ser evaluadas" en la medida que no dañen la eficacia de la Norma XVI y aseguró que estas no afectarán su puesta en marcha.

"Lo más importante es tener una Norma Antielusiva General que nos permita, de ahora en adelante, combatir las prácticas elusivas que perforan nuestra recaudación”, agregó. Todo indica que la herramienta legal más importante que tendrá el Perú para detectar, sancionar y recuperar los millones de soles que se filtran a los paraísos fiscales, será reactivada en breve, luego de siete años de espera.