Durante el 2019, los casos de corrupción e inconducta funcional le generaron al Estado un perjuicio económico de S/23.297 millones por inversiones, obras y servicios realizados fuera del marco legal. El cálculo se desprende de un estudio cualitativo elaborado el año pasado por la Contraloría General de la República, en base a sus informes de fiscalización y extrapolado al total del gasto público. 

Según el informe, el daño equivale al 3 % del Producto Bruto Interno (PBI) o casi el 15 % del presupuesto nacional ejecutado, y se concentró en los sectores Transportes y Comunicaciones, Salud y Educación. Hasta mediados de 2020, en el primer año de la pandemia, el Perú había perdido otros S/921 millones de acuerdo con 1.400 informes de control elaborados por dicha entidad.

En 2019 la corrupción generó un perjuicio de S/23.297 millones al Estado. Un monto equivalente al 3% del PBI".

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción es uno de los órganos responsables de ejercer la defensa jurídica del Estado y, a diferencia de sus pares que actúan en representación exclusiva de ministerios, Congreso, entidades descentralizadas y otros, su labor es transversal y exclusiva para perseguir estos ilícitos. Está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), pero con autonomía funcional.

Hasta el cierre de 2020, la carga procesal de la Procuraduría Anticorrupción y sus 15 oficinas descentralizadas en regiones era de 78.376 expedientes, de los cuales el 54 % (42.098) estaba en trámite, el 8 % (6.712) en ejecución y el 38 % terminó archivado (29.566). Solo el último año este despacho impulsó 1.157 denuncias penales por colusión, tráfico de influencias, cohecho y otros delitos de corrupción pública.

De este total de ilícitos, en la sede central de Lima se mantienen en curso 57 casos considerados emblemáticos por el posible monto de reparación civil que implican, los personajes involucrados y el tipo de delito cometido. Según la data revisada por OjoPúblico, las principales entidades vulneradas fueron el Estado en general, el Congreso de la República, el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Salud (Minsa).

Colusión en torno a la pandemia

Ocho de los 57 procesos emblemáticos pendientes en Lima, fueron iniciados durante la pandemia, y están vinculadas a compras irregulares o uso indebido de insumos para luchar contra la Covid-19. Aquí se encuentran dos expedientes del denominado caso Vacunagate, que estalló en febrero de 2020, tras conocerse la vacunación secreta de políticos y funcionarios. 

Los abogados del Estado tienen a su cargo el seguimiento del expediente 060-2021 por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo que tiene la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción. Los denunciados son siete integrantes de la Comisión Multisectorial encargada de la cadena de desarrollo y distribución de la vacuna y que, a su vez, fueron inoculados con dosis de Sinopharm.

Estos son Germán Málaga Rodríguez, exjefe del ensayo clínico de dicha vacuna en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Carlos Julio Castillo Solórzano, Mario Rodolfo Tavera Salazar, Alejandro Joaquín Bussaleu Rivera, Orestes Cachay Boza, Jorge Arturo Jarama Alván, Oscar Rafael Suárez Peña y los que resulten responsables.

También por la vacunación irregular está en curso la denuncia por colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra; la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y la excanciller Elizabeth Astete. La carpeta 021-2021 se encuentra en diligencia preliminar, en la Fiscalía de la Nación por la investidura que ostentaba.

Otros tres casos registrados en Lima, durante la pandemia, corresponden a la presunta sobrevaloración en la compra internacional de ventiladores volumétricos. Estos equipos fueron considerados indispensables en el tratamiento de pacientes con complicaciones respiratorias por la Covid-19.

La primera de estas es por colusión en la adquisición de 35 ventiladores para el Hospital de Emergencia de Ate Vitarte a la empresa Trademedic, a un costo unitario de S/179.000. Esto pese a que la compañía había vendido los mismos ventiladores a la región Tacna a un precio de S/59.000. Según la carpeta N° 121-2020, la denuncia ya ha sido formalizada por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, e incluye a cinco servidores de la Oficina de Abastecimiento del Minsa. 

La segunda investigación está en fase preliminar y forma parte de la carpeta N° 150-2020, a cargo de la Primera Fiscalía Anticorrupción, por el delito contra la administración pública. El caso indaga en los retrasos e incumplimientos en torno al proceso de contratación de más de 500 ventiladores volumétricos y de transporte efectuados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), bajo la normativa de emergencia.

Tres de las denuncias son por la sobrevaloración de ventiladores volumétricos para pacientes con Covid-19".

La adquisición forma parte del lote destinado al mencionado hospital de Ate, y a los de Emergencias Villa el Salvador, el Instituto Nacional a de Rehabilitación y el Hospital Central de la PNP. La tercera contratación referida a estos equipos consta en el expediente N° 157-2020, del mismo despacho fiscal, y es por 31 ventiladores mecánicos a la empresa estadounidense IQ Medical Services, los cuales fueron devueltos por incumplir las especificaciones técnicas.

Este proveedor también le vendió al Estado 200 monitores de funciones vitales para la implementación de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI), una transacción incluida en la indagación fiscal. Además, el expediente contempla presuntas irregularidades en la compra de otro lote de monitores a la compañía Draeger Perú, a un costo tres veces mayor que el ofrecido por IQ Medical Services.

La Procuraduría Anticorrupción también tiene a su cargo la defensa del Estado en la investigación por la presunta orientación de precios y sobrevaloración en la adquisición de pruebas rápidas y moleculares de la Covid-19. El procedimiento fue asignado a Perú Compras, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a favor del Instituto Nacional de Salud (INS).

PRUEBAS. Las compras de bienes e insumos durante la pandemia se ejecutaron bajo un marco legal de excepción, con menos controles.

Foto: Andina.

La carpeta fiscal por el delito de corrupción de funcionarios lleva el número 131-2020 y se encuentra en indagación preliminar, a cargo del titular de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada, Reynaldo Abia Arrieta. En junio de 2020, su despacho intervino las oficinas administrativas de Perú Compras para recabar documentación al respecto.

Del mismo modo, está en curso otro proceso por colusión por el sobrecosto de S/4,3 millones en el proceso de adquisición de 1,2 millones de mascarillas N95, que realizó el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). Los productos estaban destinados a los trabajadores del sector salud y tuvieron un precio de S/19,60 por unidad. El proveedor era la empresa PMI Médica S. A. C., pero en marzo de 2020 la Contraloría detectó el hecho y el procedimiento se canceló.

También en el marco de la pandemia, otra de las entidades agraviadas fue la Policía Nacional del Perú (PNP). Según el expediente 122-2020 se investiga a 20 proveedores, funcionarios y directivos que estuvieron a cargo de los procesos de selección, por los delitos de negociación incompatible, colusión agravada y aprovechamiento indebido del cargo.

Aquí se presume la sobrevaloración en la compra de 22.900 raciones de comida, más de 700.000 mascarillas, guantes, alcohol en gel y desinfectantes para los agentes policiales que trabajaron durante el Estado de Emergencia. El caso incluye al general PNP Héctor Petit Amésquita, quien ocupó el cargo de director de la oficina de Administración hasta abril de este año.

La investigación también alcanza al entonces jefe de la Dirección de Logística de la PNP, coronel PNP Freddy del Carpio León; al exjefe de la Dirección de Abastecimiento, comandante PNP Godofredo Pérez Díaz, y al exjefe de la Unidad de Procesos, mayor Guillermo Vásquez Cueto. Asimismo, al exjefe de la Unidad Contractual, mayor PNP Edwin Montero Morón, y a los responsables de las unidades de Adquisiciones y Estudio de Mercado.

PRUEBAS. En los procesos de corrupción se investiga la adquisición de pruebas rápidas y moleculares, así como mascarillas y gel desinfectante, realizadas a un precio mayor.

Foto: Andina.

Los presuntos ilícitos en compras estatales por la pandemia, también se han registrado en las 15 regiones donde existen Procuradurías Anticorrupción descentralizadas y que actúan de forma autónoma. Como en Tacna, donde la fiscalía inició un proceso penal contra el gobierno regional por la adquisición de otros 43 ventiladores para UCI. Estos casos regionales, sin embargo, no forman parte de este reportaje.

Ana Neyra, abogada y exministra de Justicia, explica que el sistema de contrataciones públicas ya afrontaba dificultades en los procesos de selección y no era ajeno a sucesos de corrupción. Sin embargo, ahora se sumó el reto de hacer compras de productos escasos, en menor tiempo y en una situación de emergencia. 

"Los mecanismos de contratación actuales no tienen normas claras para hacer compras rápidas, por lo que se tuvieron que emitir regulaciones extraordinarias para exonerar algunos procesos, lo que dejó abierto el camino para hechos de corrupción. La Contraloría ha sido la entidad más activa para detectar estos hechos, pero se necesita una mayor regulación preventiva", señaló.

Investigados en el círculo político y judicial

Entre los procesos emblemáticos pendientes también se identificaron aquellos vinculados al poder político, como el que inició la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción contra Edmer Trujillo Mori, exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) y exgerente general del Gobierno Regional de Moquegua en la gestión de Martín Vizcarra. 

La indagación preliminar por el delito de corrupción de funcionarios empezó en diciembre de 2019, luego que la Contraloría detectó irregularidades en el pago de S/41,8 millones al Consorcio Hospitalario Moquegua para la construcción de un nosocomio, entre 2013 y 2014, cuando Trujillo Mori ocupó el cargo regional. La Procuraduría solicitó a la Fiscalía que abra el proceso tras conocerse nuevos indicios sobre el adelanto indebido de S/24,6 millones por la obra, a pesar de que el expediente técnico se presentó un año después.

El mencionado consorcio fue integrado por las constructoras Incot e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), investigada en el Club de la Construcción. Por este mismo hecho el expresidente Vizcarra es investigado, en paralelo, por el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato. El proceso incluye la versión de colaboradores eficaces que revelaron presuntos pagos de sobornos.

Contra Vizcarra, la Procuraduría también tiene pendiente la denuncia constitucional que entabló la Fiscalía de la Nación por tráfico de influencias y negociación incompatible por la irregular contratación de Richard Cisneros, cantautor conocido como Richard Swing, entre los años 2018 y 2020. El proceso incluye a la exministra de Cultura, Patricia Balbuena.

DENUNCIA. El expresidente Martín Vizcarra y el exministro Edmer Trujillo son investigados por irregularidades en la construcción de un hospital en Moquegua.

Foto: MTC.

La exministra de Justicia, Ana Neyra, sostiene que en este tipo de procesos, donde los denunciados son altas autoridades del Estado, asegurar la independencia de los procuradores es necesaria. En este sentido, recordó la alerta que se generó en el breve gobierno de Manuel Merino, cuando el procurador general Daniel Soria denunció que la entonces ministra de Justicia, Delia Muñoz, buscaba retirarlo del cargo.

"El actual marco legal en el que se desenvuelven los procuradores les asegura libertad de acción, pese a estar adscritos al sector Justicia. Sin embargo, hay propuestas para que sus integrantes sean nombrados por una instancia distinta e independiente del Ejecutivo. La independencia de este equipo se pondrá en prueba, una vez más, en la actual gestión, donde hay una investigación penal en curso en la región Junín que involucra al partido de gobierno", agregó.

El caso al que se refiere Neyra es el denominado Dinámicos del Centro, que incluye al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y a otros dirigentes del partido. Precisamente, el viernes 6 de agosto el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, Javier Pacheco Palacios, pidió al coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, que reconsidere su decisión para que el juicio salga de Junín y sea visto en Lima, por una fiscalía supraprovincial especializada de alcance nacional.

El procurador solicitó a la fiscalía que el caso Los Dinámicos del Centro sea visto en Lima y no en Junín".

A través de un oficio, Pacheco Palacios indicó al fiscal que la investigación sobre el tráfico de licencias de conducir cuenta con repercusión nacional, “en el entendido que se encuentra comprometido el partido político Perú Libre y la campaña presidencial 2020-2021, encontrándose en tela de juicio el financiamiento del partido político al que pertenece nuestra máxima autoridad nacional”. Este domingo 8 se conoció que el pedido fue atendido y el caso será visto por la Fiscalía y Procuraduría de Lima.

Las coordinaciones políticas que permitieron el frustrado indulto presidencial a Alberto Fujimori, en diciembre de 2017, también forman parte de esta lista a través de tres procesos penales por los presuntos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Los casos se encuentran en la Sala Penal Especial y los procesados son el excongresista Kenji Fujimori, el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; el exministro de Justicia, Enrique Mendoza Ramírez, y el extitular de la cartera de Salud, Fernando D’Alessio Ipinza.

Según la carpeta fiscal, Kenji Fujimori “habría aceptado un ilícito ofrecimiento del expresidente Kuczynski” para acelerar el otorgamiento del indulto a cambio de votos parlamentarios que le permitieran evadir el primer pedido de vacancia en su contra. Entre los coprocesados hay congresistas de la bancada de Fuerza Popular que se aliaron con el menor de los Fujimori, y a quienes se les acusa de ofrecer prebendas a sus colegas para reunir el mencionado apoyo.

ALIANZA. Las coordinaciones políticas detrás del indulto presidencial a Alberto Fujimori, en diciembre de 2017, derivaron en tres procesos penales.

Foto: Andina.

Asimismo, se identificó un proceso preliminar por la irregular contratación de trabajadores en el Congreso en noviembre de 2019, cuando este poder del Estado ya se encontraba disuelto. Entre los beneficiados hay personas del entorno de Fuerza Popular, como Jeny Vílchez, quien laboró en el despacho de la lideresa del partido, Keiko Fujimori; e Yrma Paucará Paxi, hermana de Carmela Paucará, quien fue secretaria de la excandidata presidencial.

Otro de los casos emblemáticos que sigue en curso es el denominado los Cuellos Blanco del Puerto. En tres denuncias fiscales formalizadas ante el Poder Judicial, entre 2018 y 2019, se procesa al suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi por intentar influir en las decisiones del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para ascender al fiscal Fidel Castro Chirinos.

Su coprocesado es el expresidente del CNM, Orlando Velásquez Benites, acusado de un presunto favorecimiento en la postulación de Walter Delgado Tovar al cargo de fiscal superior de Lima. Del mismo modo, está en investigación preparatoria una causa contra Hinostroza Pariachi, el destituido expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos; la exjueza supernumeraria, Ana Zapata, y el empresario José Ricci, por tráfico de influencias y cohecho activo.

Las investigaciones se extienden a los exconsejeros Guido Águila Grados, Sergio Niguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe; los fiscales Armando Mamani Hinojosa y Juan Canahualpa Ugaz; y los exasesores del CNM, Pablo Morales Vásquez y Miguel Torres Reyna. Todos implicados, junto a Walter Ríos, en audios que dan cuenta de más casos de corrupción en la Corte del Callao.

CUELLOS BLANCO. El suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi está incluido en más de una carpeta fiscal por tráfico de influencias.

Foto: Andina.

Finalmente, en la lista de procesos emblemáticos  pendientes aparecen algunos que datan de hace más de una década. Uno de ellos es el caso Comunicore, el principal hecho de corrupción y lavado de activos que ocurrió en 2005, e involucró a la Municipalidad de Lima y al exalcalde Luis Castañeda Lossio. 

Castañeda fue excluido del proceso en 2013, luego de presentar un hábeas corpus. Tras un largo juicio, en 2019, el Poder Judicial sentenció por colusión y falsificación de documentos a cuatro de los exfuncionarios públicos, sin embargo, aún están pendientes recursos de nulidad presentados por algunos de los involucrados.

También está pendiente el juicio por el escándalo denominado Petroaudios, que se conoció en 2008 tras revelarse una serie de audios donde se discutieron pagos para la adjudicación de lotes petroleros. En 2017, tras nueve años de litigio, la Corte Suprema absolvió a los principales involucrados: Rómulo León Alegría, Rafael Fortunato Canaán y Alberto Quimper (fallecido en julio) de los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio. 

Los casos Comunicore y Petroaudios continúan en litigio debido a apelaciones de los involucrados".

Sin embargo, la Procuraduría apeló y, en febrero de este año, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia. Como consecuencia de ello, ordenó que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emita un nuevo pronunciamiento contra los procesados.

Para Rafael Chanjan, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), las maniobras dilatorias de los denunciados y la sobrecarga en el Poder Judicial siempre retrasarán los procesos, pero considera que la Procuraduría requiere más personal y recursos para cumplir su labor. 

“Estos son los casos emblemáticos, donde se entiende que la entidad pone sus mayores esfuerzos, pero hay muchos otros que tienen menos celeridad y apoyo”, señaló. El abogado penalista coincide en la importancia de asegurar la independencia de la Procuraduría, pero considera necesario priorizar el nombramiento de más abogados del Estado y del titular del sector, pues Javier Pacheco Palacios asumió el cargo de manera interina a fines de 2020.