“El ordenamiento territorial es un tema que se ha postergado años y que es necesario”

Durante el Congreso Internacional de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC), Fernando Montero Alvarado, gerente de desempeño social de la compañía minera Anglo American, que opera la mina a tajo abierto Quellaveco, habló sobre el agua y los conflictos sociales, y la protección de los acuíferos. OjoPúblico lo entrevistó para profundizar en estos temas, su perspectiva de la inversión minera en el Perú en un contexto de crisis y transición energética, la necesidad de impulsar un ordenamiento territorial y el legado que arrastra el impacto minero. “Si no reconocemos lo que ha sucedido en el pasado no hay posibilidad de enmienda”, señaló.

SOBRE LA MINERÍA. "Si no reconocemos lo que ha sucedido en el pasado no hay posibilidad de enmienda”, señala el funcionario de Anglo American.

SOBRE LA MINERÍA. "Si no reconocemos lo que ha sucedido en el pasado no hay posibilidad de enmienda”, señala el funcionario de Anglo American.

Foto: OjoPúblico

Más de la mitad de los conflictos socioambientales en Perú están asociados a la extracción de minerales y combustibles fósiles, y de estos, una parte importante corresponden a demandas de las comunidades locales referidas a la disponibilidad y calidad del agua. Durante el Congreso Internacional de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC), Fernando Montero Alvarado, gerente de desempeño social de la compañía minera Anglo American, que opera la mina a tajo abierto Quellaveco, habló sobre este tema, la importancia de la consulta previa y la protección de las aguas subterráneas. 

OjoPúblico lo entrevistó para conocer su perspectiva sobre la inversión minera en el Perú en un contexto de crisis y transición energética, y conocer su punto de vista sobre la necesidad del ordenamiento territorial en el país y el legado que arrastra el impacto minero. “Si no reconocemos lo que ha sucedido en el pasado no hay posibilidad de enmienda”.

Hay una gran demanda de cobre impulsada por la transición energética en el mundo, pero usted señala que dentro de unos años es probable que la demanda supere a la oferta. ¿Podría profundizar en este tema?

Estamos en un momento, yo diría, bastante álgido a nivel mundial porque lo que estamos viendo es que estos objetivos, que se acordaron en el Acuerdo de París y que fueron parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, como es la reducción de emisiones, no tienen mucho progreso, según el reporte de las Naciones Unidas. Por el contrario, el 40% de los objetivos que son medibles, no solamente no están avanzando, sino que están retrocediendo. Entonces, nos plantea un súper reto a todos los actores involucrados en el ecosistema de transición energética sobre cómo podemos ser más eficientes para cumplir estos objetivos. 

El problema es que la cartera de proyectos mineros se ha reducido en todo el mundo. El riesgo número dos que se ha identificado es el tema del capital, que de repente no va a haber suficiente capital para poder abordar mayores proyectos de inversión, particularmente exploratorios para poder desarrollar nuevos yacimientos en litio y cobre.

Esto ocurre cuando hay un consenso sobre la necesidad de transitar hacia energías más limpias, pero también de un crecimiento de conflictos sociales en todo el mundo y de desconfianza hacia la actividad minera.

Creo que hay un punto que tú has tocado, la palabra clave de allí es “confianza”. Sin desconocer el legado que ha habido desde hace mucho tiempo, porque no habían las normas que hoy día hay y porque no había el contexto de premura por el cambio climático, sin desconocer todo ese contexto, creo que ha habido un avance sustancial en la creación de confianza y ahí, con bastante humildad, quisiera poner el ejemplo de Anglo American, porque hemos desarrollado este espacio que le llamamos el Comité de Monitoreo de Quellaveco y que nace como parte de uno de los compromisos de la Mesa de Diálogo en el 2012. 

El proceso de consulta previa es vital, y no solo lo vemos en Perú, también en varios países".

¿Por qué cree que otros proyectos mineros no apuestan por un diálogo de más largo plazo? 

Es difícil hablar por otros proyectos porque creo que son realidades distintas. El Corredor Minero Sur, por ejemplo, que ciertamente ha presentado varios problemas tiene una multiplicidad de actores de varias provincias. Estamos hablando de varias regiones, es un espacio que está muy alejado de las ciudades, con lo cual la llegada del Estado es poca. Lo bueno de Moquegua es que la mina queda muy cerca de la zona urbana. El ecosistema que se genera alrededor de Quellaveco es de mucha accesibilidad. 

Y lo otro, creo que también es ser bastante sincero con las cosas que puedes y no puedes hacer. Yo no creo que a ninguna empresa le falte voluntad por hacer bien las cosas, pero quizás un punto de mejora como sector es simplemente decir qué cosas sí podemos hacer y qué cosas realmente están fuera de nuestro alcance.

La ley de consulta previa para pueblos indígenas, a pesar de su importancia, es vista por alguna parte del sector privado como una barrera burocrática. ¿Cuál es su opinión?

Creo que es vital el proceso de consulta y no solamente lo vemos en el Perú, lo vemos en Australia, los vemos en Canadá, lo vemos en varios países. La diferencia es que aquí, además del proceso de consulta legal, que lo tiene que hacer el Estado, las empresas nos aseguramos estableciendo mecanismos de participación ciudadana con los pueblos indígenas. Así, las comunidades en general pueden entender cuáles son, obviamente, los impactos, los riesgos. Pero, también, los beneficios que trae la ejecución de la actividad.

¿Pero cree que el Estado peruano ha estado haciendo bien las cosas? Lo que hemos visto en estos años son casos en los que hay un desequilibrio en el poder de negociación, en los que el Estado no ha asumido un apoyo a las comunidades. El cuestionamiento de los pueblos indígenas es que el Estado llega siempre más preocupado por la inversión, con la empresa.

Sí, creo que tienes razón en el sentido de que lo que hay que entender bien, y hacer entender bien es en qué consiste el proceso de consulta previa. El proceso de consulta previa no es un proceso de negociación, es un proceso informativo y, como su nombre también lo dice, es un proceso en donde tú lo que estás buscando es tener retroalimentación de aquellos pueblos indígenas y de aquellas comunidades que, eventualmente, van a ser o van a formar parte del ecosistema de la mina o del proyecto que se esté consultando. Lo que creo que falta reforzar es cuál es el alcance de este proceso de consulta. Negociaciones habrán, cuando se esté hablando de compras de tierras o de programas de inversión, pero son procesos distintos. Y creo que la labor que se tiene que hacer, tanto desde el Estado como desde la empresa, es diferenciarlos.

La independencia que tiene el Senace es buena. La experiencia en el proceso de evaluación, con el rigor técnico que ponen, fue bastante buena".

Si bien la consulta previa no es vinculante para el inicio de un proyecto, sí es decisiva para tener la aceptación de las comunidades indígenas al iniciar la explotación. ¿Cuál cree es el futuro de los nuevos proyectos con un Gobierno que tiene un nivel de aprobación bajísimo como para encarar el diálogo?

Lo que creo que faltan son proyectos. Hay proyectos paralizados, pero no solamente por temas sociales, sino también por problemas técnicos. Allí, lo más importante es revisar los procesos o los mecanismos de diálogo con las comunidades. Creo que hemos sobreexplotado, por ejemplo, este tema de las mesas de diálogo y lo que estamos viendo es que la mayor cantidad de compromisos, en realidad, recaen sobre el mismo Estado y no necesariamente sobre los privados.

La sobrecreación de compromisos genera una sobrecarga de gestión por parte de las entidades que administran estos espacios, desde la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros, o Minem (Ministerio de Energía y Minas). Hay una oportunidad para revisar si estas mesas siguen siendo el mecanismo ideal para conducir procesos de diálogo y negociación o, por el contrario, podemos ver espacios de trabajo más institucionalizados, que apunten a objetivos, no de corto plazo de resolución de conflictos, sino que se mire de manera más holística e integral el proceso de desarrollo de la localidad en sí.

Hemos sobreexplotado, por ejemplo, este tema de las mesas de diálogo".

¿Qué opina cuando, dentro del mismo sector minero, hablan de que hay muchas normas socioambientales que ralentizan a la inversión o las llaman barreras burocráticas? 

Creo que siempre es posible mejorar sin sacrificar el carácter riguroso que debe tener una evaluación técnica. Pero la creación del Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles) fue algo positivo. Si puede haber optimización de tiempos, creo que eso es deseable. 

Hay una propuesta para fusionar el Senace con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal. ¿Cuál es su opinión?

La verdad es que no hemos analizado el tema como empresa. No sabría decirte si realmente esa es una solución. Quizás la solución vaya, no sé si por fusionar entidades o, de repente, más por revisar los tiempos de aprobación o los requisitos. 

Más que muchas normas, ¿no cree que en Perú hay, más bien, pocos técnicos y funcionarios contratados en estas entidades, como el Senace, para realizar la fiscalización ambiental? Se ha propuesto, incluso, eliminar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) con el argumento de acelerar las inversiones.

Esos temas no son nuevos, me parece recordar que una vez salió un estudio que se hizo de la permisología comparativa. Y creo que no estamos tan mal, honestamente. La independencia que tiene el Senace es buena. De hecho, la experiencia con ellos en el proceso de evaluación, con el rigor técnico que le ponen, fue bastante buena. Honestamente, no sabría decirte cuál es la solución definitiva al tema, que no necesariamente es un problema burocrático, sino de cómo agilizamos los tiempos. O sea, no puede ser que una campaña de exploración te tome menos tiempo que un proceso de permisos, o sea, ahí es donde no hay mucha consistencia. Sí creo que, de repente, la solución, como dices, es tener un pool de profesionales más grande para que puedan ser más expeditivos.

Sobre fusionar a Senace con otras entidades: "de repente, la solución, vaya más por tener un pool de profesionales más grande para que puedan ser más expeditivos los plazos".

El agua es el centro de los conflictos socioambientales y usted ha mencionado que la aspiración de Anglo American, en un futuro, es producir mineral sin extraer agua. ¿Cuán realista es eso? ¿En cuánto tiempo?

Es una ambición que tenemos. Hoy en día no es posible, porque los procesos dependen del agua. Sin embargo, tenemos un programa que se llama Future Smart Mining, que se dedica a ver tecnologías sobre cómo podemos hacer la operación minera más eficiente y, dentro de esa eficiencia, poder eliminar el uso del agua. No se tiene una fecha y es cuestión de seguir explorando, pero ahorita no se tiene una solución definitiva. 

Pero ¿qué podría reemplazar el agua?

No sabría decirte, porque eso es un tema más técnico.

Otro tema que ha mencionado es que decidieron no extraer agua subterránea, sino potabilizar el agua de un río que venía con elevados niveles de metales. ¿Cómo llegan a esa decisión?

El esquema original de Quellaveco contemplaba, efectivamente, el uso de agua subterránea. Pero la Mesa de Diálogo tuvo tres pilares de discusión, uno que era inversión social, otro que era la protección ambiental y el otro era el tema hídrico: cómo podemos hacer un uso más eficiente del agua en Moquegua, una región donde tienes un componente desértico y el agua es un tema tan sensible a la afectación que pueden tener las quebradas, por ejemplo, o los acuíferos. Uno de los compromisos que se consensuaron fue el cierre de pozos exploratorios de aguas subterráneas. Y se tratan las aguas del río Titire para producir agua de buena calidad.

El ordenamiento territorial, que es un tema que se ha postergado años, por supuesto que sí es necesario".

La mayor demanda de cobre y otros minerales para la transición energética implica, también, más demanda de agua, cuando su uso y calidad sigue siendo uno de los principales reclamos de las comunidades. ¿De dónde va a salir esa agua? ¿En el gremio minero se han planteado dejar de extraer aguas subterráneas e incorporar mejores tecnologías, tal vez más caras, pero necesarias para ese futuro? 

Sí, yo creo que en otros países ya se está viendo. Por ejemplo, en Chile.

Pero acá vamos siempre al final del debate sobre estos temas.

Sí, eso es verdad. Creo que esas discusiones hay que agilizarlas, pero veo en el sector intenciones de poder implementar proyectos como las desalinizaciones o desaguadoras que puedan no solamente alimentar de agua la operación, sino también a la comunidad de alrededor.

¿Considera que es un despropósito en este momento seguir usando aguas subterráneas en el sector? ¿Cómo lo ven a futuro? 

Nosotros no usamos aguas subterráneas para nada. Hemos tenido pozos exploratorios, pero para hacer estudios y verificar el acuífero, la calidad del agua.

Si [en el sector minero] no reconocemos lo que ha sucedido en el pasado no hay posibilidad de enmienda".

En otros países con minería se ha ordenado mejor el territorio y se ha establecido en dónde sí o no se puede captar el agua para uso minero. Incluso, se ha prohibido el uso de aguas subterráneas para ese tipo de actividades, pero en Perú todavía no. ¿Para usted, esto ocurre por la presión del sector minero o es un tema del Estado? ¿Quién protege los acuíferos y las cabeceras de cuenca?

Los acuíferos nos interesan a todos los actores, está en las empresas mineras también protegerlos porque esa protección hace nuestro negocio sostenible. Lo último que uno quisiera escuchar es que la empresa minera tal está afectando la cabecera de la cuenca. Nos conviene a todos hacer esa revisión. La pregunta que haces es muy interesante y nos lleva a revisar un concepto mayor que es la zonificación. Ese es un tema que está retrasado en nuestro país. Tenemos que revisar bien qué zonas van a ser zonas industriales, qué zonas definitivamente van a ser zonas mineras, qué zonas definitivamente va a ser de expansión urbana y, por tanto, no puede haber minería o no puede haber industria. Tiene que ver también con el ordenamiento territorial, que es un tema que se ha postergado años y que es necesario, por supuesto que sí.

En el sector minero no todos los actores avanzan al mismo ritmo en sus temas ambientales. ¿No cree que el sector debe hacer un mea culpa sobre procesos de diálogos fallidos en estos años? 

O sea, yo creo que no podemos desconocer, como sector, el legado que arrastramos. Ese es un punto clave. Si no reconocemos lo que ha sucedido en el pasado, no hay posibilidad de enmienda. Entonces, yo creo que esa visión en retrospectiva de qué cosas se han hecho mal, de los pasivos que se han dejado, de los procesos de diálogo fallidos, ha servido para mejorar, no solamente los estándares, sino la visión de cómo podemos adelantarnos tecnológicamente para no tener y no repetir los errores del pasado y, también, para innovar. Y, aunque suene trillado, la innovación no solamente apunta un tema técnico, sino a un punto de vista social.

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