Esta mañana el equipo especial del Ministerio Público a cargo de las investigaciones del Caso Lava Jato pidió orden de prisión preventiva contra José Graña –importante accionista del grupo El Comercio, la constructora Graña y Montero, y exdirectivo de Telefónica del Perú y el Banco de Crédito– y cuatro representantes más de las empresas consorciadas con Odebrecht. Estas constructoras habrían aportado US$15 milones para el pago de sobornos al expresidente Alejandro Toledo para la concesión de los tramos 2 y 3 de la interoceánica Sur.

Graña, junto a su familia cercana, controla el 11% de las acciones del grupo El Comercio. En su declaración ante la Comisión investigadora del caso en el Congreso, el empresario negó haber participado del pago de coimas a políticos.

Tras nueve meses de investigación preliminar, la fiscalía presentó un pedido de prisión preventiva que apunta a detener a Gonzalo Ferraro Rey, ex presidente ejecutivo de Graña y Montero; Hernando Alejandro Graña Acuña, ex director de la constructora Graña, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A. y José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de ICCGSA. Los empresarios son investigados por los delitos de colusión agravada y lavado de activos.

La audiencia ha sido fijada para el domingo 3 de diciembre. Estará a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.

La Procuraduría Ad hoc para el Caso Lava Jato también presentó un pedido ante Concepción Carhuancho para incluir a las empresas Graña y Montero, JJ Camet Contratistas e ICCGSA como terceros civilmente responsables por daños al Estado. Si el pedido prospera, serán incluidas de forma solidaria en la reparación preliminar por S/200 millones.