El conflicto del ministro del Interior: de oficial de la Dirandro a abogado de acusados por lavado

El mayor PNP (r) Luis Barranzuela dejó de investigar casos de blanqueo de capitales en la Dirección Antidrogas el 2012, cuando pasó al retiro por renovación de cuadros, para convertirse pocos años después en defensor de procesados por lavado de alto perfil. La lista de sus clientes incluyó a los hermanos Aybar Cancho (condenados a 15 años de prisión por tráfico de armas a las FARC junto a Montesinos); el exjefe de los Registros Públicos, Álvaro Delgado (condenado a seis años por integrar la red Orellana, y prófugo de la justicia); y, finalmente, a Vladimir Cerrón, investigado por el caso Dinámicos del Centro.

DEFENSOR. El ministro del Interior, Luis Barranzuela, fue abogado de investigados por lavado de activos como los hermanos Aybar Cancho.

DEFENSOR. El ministro del Interior, Luis Barranzuela, fue abogado de investigados por lavado de activos como los hermanos Aybar Cancho.

Foto: Presidencia de la República

El 2008, el capitán PNP Luis Barranzuela Vite fue asignado a la División de Lavado de Activos de la Policía (Divila), entidad especializada y creada al interior de la Policía Antidrogas con el objetivo de recuperar los bienes ilícitos obtenidos por las mafias en el Perú. En el 2012, ya con una edad de 50 años y solo con el grado de mayor, el hoy nombrado ministro del Interior fue pasado al retiro por causal de renovación de cuadros. De esta forma, Barranzuela acabó usando su experiencia en la lucha contra el narcotráfico, en la defensa legal de investigados por lavado de las drogas, crimen organizado y corrupción.

El caso de su defensa legal de los hermanos José Luis y Luis Frank Aybar Cancho, quienes fueron condenados a 15 años de prisión por su participación en el tráfico ilegal de armas a las FARC de Colombia, es uno de los más visibles al igual que otros clientes suyos, como el exjefe de los Registros Públicos, Álvaro Delgado Scheelje, condenado por integrar la red criminal de Rodolfo Orellana y hoy prófugo de la justicia; y Vladimir Cerrón, investigado por la Fiscalía de Lavado como cabecilla de una organización criminal que blanqueó capitales de los Dinámicos del Centro. 

En los últimos años, el exmayor de la Policía se presenta como abogado especializado en “lucha antidrogas, criminalidad organizada y lavado de activos”, de acuerdo al sitio web de la firma Noblecilla Olaechea, Barranzuela & León. Dicho estudio fue fundado por el propio Barranzuela Vite en enero de este año, junto con su socio Raúl Noblecilla, con quien ha ejercido la defensa de Perú Libre, de Cerrón, y del congresista y expremier Guido Bellido, en la investigación seguida por la Fiscalía de Lavado de Activos. Ambos, Noblecilla y Barranzuela, también han ejercido juntos la defensa de Delgado Scheelje, desde febrero del 2020, días antes de la lectura de sentencia que condenó al exjefe de los Registros Públicos por corrupción.

 

Fotografía de Álvaro Delgado junto con su abogado Luis Barranzuela.
CLIENTE. El exjefe de los Registros Públicos, Álvaro Delgado, sentenciado por integrar la red Orellana, tuvo como abogado al hoy ministro del Interior.
Foto: La República

 

En su foja de servicios se describe que Barranzuela Vite ingresó a la Policía en 1984 y llegó a la Dirandro por primera vez el 2005. Poco tiempo después, el oficial fue enviado a la División de Lavado de Activos (Divila), en donde permaneció hasta el 2012, cuando pasó al retiro. ¿A qué se dedicó el hoy ministro del Interior desde su salida de la Divila? La sección del portal web del Ministerio del Interior (Mininter), dedicada a este funcionario, no brinda detalles de dichos años.

Sin embargo, documentos del Ministerio Público y del Poder Judicial, revisados para este artículo, indican que en 2016, Barranzuela Vite fue abogado de los hermanos Aybar Cancho, en el marco de un juicio oral por lavado de dinero del narcotráfico y la venta ilegal de armas. El 13 de enero de dicho año, por ejemplo, Barranzuela Vite envió un escrito a la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, en calidad de defensor de los Aybar Cancho, y sus esposas Marisol Torres y Liliana Villarreal.

El escrito, que lleva la firma de Barranzuela Vite como abogado colegiado en Lima, pide al Poder Judicial que se oralicen una serie de medios probatorios para su consideración durante el juicio. Además de informes periciales y documentos contables que buscaban demostrar una “actividad económica identificada [...] del grupo familiar Aybar Cancho”, el policía en retiro Barranzuela Vite también presentó dos reportes elaborados por la Dirandro, que el propio abogado de los Aybar Cancho integró entre los años 2005 y 2012.

El primer documento de la Policía Antidrogas, que Barranzuela Vite pidió que sea introducido en el juicio, es un informe del 2003 de la Dirandro, entidad en la que había trabajado en el pasado reciente. Con este reporte, el actual ministro del Interior quería “demostrar que, entre los meses de abril y mayo del 2000, [...] la Dirandro no recibió documento del SIN [Servicio de Inteligencia Nacional] relacionado con [...] el inexistente ‘Plan Siberia’”. Dicho plan fue la versión que el expresidente Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos difundieron para imputar la responsabilidad sobre la venta ilegal de armas, de manera exclusiva, a los hermanos Aybar Cancho.

 

Extracto de documento judicial donde los Aybar Cancho presentan a Luis Barranzuela como abogado.
PROCESADOS. Los hermanos Aybar Cancho están procesados por lavado de dinero del narcotráfico y la venta ilegal de armas, durante la década de los '90.
Documento: Poder Judicial

 

El segundo documento de la Dirandro, que Barranzuela Vite puso a consideración ante el Poder Judicial, fue un oficio de junio de 2005, elaborado por la Policía Antidrogas a pedido de la Fiscalía Especializada en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Con el documento, de acuerdo a lo que escribió el propio Barranzuela Vite, se demuestra “la inexistencia de vinculación de los acusados [los hermanos Aybar Cancho y sus esposas] con el delito fuente de tráfico ilícito de drogas, frente a la imputación del fiscal [por lavado de dinero]”.

Para el 29 de enero del 2016, el mayor PNP (r) Barranzuela Vite ejercía aún la defensa de los hermanos Aybar Cancho y sus esposas. El acta de la audiencia número 28 del juicio oral, por lavado del narcotráfico y la venta ilegal de armas, detalla que Barranzuela Vite asistió al juzgado en representación de José Luis y Luis Frank Aybar Cancho, quienes no acudieron. El documento judicial además resalta que Marisol Cabrejos y Liliana Villarreal “se encuentra[n] acompañada[s] por su abogado defensor, doctor, Luis Barranzuela Vite”.

Ese mismo año, el 26 de marzo del 2016, el juzgado integrado por Aldo Figueroa (hoy destituido del Poder Judicial por la Junta Nacional de Justicia, debido al caso Cuellos Blancos), Liliana Placencia y Segismundo León absolvieron a los clientes de Barranzuela Vite por presunto blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas y armas. El 2017, sin embargo, la Corte Suprema determinó que dicho colegiado “no efectuó una debida valoración de los hechos ni pruebas actuadas”, y ordenó un nuevo juicio oral contra los Aybar Cancho y sus familiares por lavado del narcotráfico, que hasta la fecha no ha iniciado.

En este caso, los hermanos Aybar Cancho son acusados de ocultar el dinero ilícito obtenido del tráfico de drogas y armas a través de las compañías Nippon Corporation, Nippon Textil y Corporación Internacional de Espectáculos, “que les sirvió de pantalla”, de acuerdo a la acusación del año 2013 de la fiscal Escarleth Laura Escalante, integrante de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Esta acusación también integra a sus esposas y a su hermana Ana Aybar Cancho, como presuntas testaferras en la compra de inmuebles.

El ministro del Interior, Luis Barranzuela, renunció a la defensa de Vladimir Cerrón y Perú Libre.

Según la acusación fiscal, los hermanos José Luis y Luis Frank Aybar Cancho, entre los años 1997 y 2000, se involucraron en el narcotráfico y tráfico de armas. Sobre este último ilícito, la fiscal Laura se basa en una sentencia del 2006, cuando el Poder Judicial condenó a 15 años de prisión a ambos por la venta de diez mil rifles AK-47 a las FARC, que fueron adquiridos en Jordania, y en el que estuvo involucrado el propio Vladimiro Montesinos, que recibió 20 años de prisión durante el mismo proceso.

Sobre el tráfico de drogas, la Fiscalía incluyó tres precedentes. El primero es la declaración del narcotraficante y exinformante de la agencia antidrogas de los EE.UU. (DEA), Óscar Benites Linares. En 2001, ante un grupo de trabajo del Congreso, Benites Linares aseguró que “invité a Luis Aybar a hacer un negocio [...] desde Ecuador íbamos a hacer un despacho de droga [...] todo esto lo querían hacer para tenerlo cogido [detenido] a Luis en los Estados Unidos”. De acuerdo a Benites, los hermanos Aybar Cancho cambiaban droga por armas en Jordania, y armamento por drogas en Colombia, y “esto lo llegó a saber la DEA”.

El segundo precedente de la Fiscalía, precisamente, es una solicitud de asistencia jurídica mutua de agosto de 2005, que fue emitida por el Departamento de Justicia de los EE. UU. En este informe, según el expediente fiscal, se establece que los hermanos José Luis y Luis Frank Aybar Cancho “se encontraban inmersos en actos ilícitos de venta de cocaína, así como el tráfico de armas hacia distintos países”. Esta solicitud de asistencia ocurrió en el marco de un proceso seguido contra los Aybar Cancho ante la Corte Distrital de Columbia, por el delito de conspiración al tráfico ilícito de drogas.

El último precedente que incluye la Fiscalía es un informe de inteligencia de 1999, donde se alerta sobre una presunta “organización de tráfico ilícito de drogas de los hermanos José Luis y Luis Frank Aybar Cancho”. Según dicho reporte, que es citado por el expediente fiscal, los hermanos Aybar Cancho operaban en la selva peruana y brasileña; y eran financiados por cárteles de Colombia y México. “La organización recibió grandes cargas de droga provenientes de Ucayali, San Martín, Huánuco y Ayacucho”, dice el documento.

En una entrevista con La República, Barranzuela Vite negó que exista un conflicto de interés entre su designación como ministro y la defensa legal que brindó a Cerrón. Esta mañana, dicho ministerio además emitió un comunicado donde explican que han reforzado las actividades de búsqueda del Secretario de Organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, y otros militantes del partido de Gobierno, sobre quienes pesa una prisión preventiva por el caso Los Dinámicos del Centro. En cuanto a la defensa realizada a los hermanos Aybar Cancho, el Mininter explicó que no habrá un pronunciamiento por parte de Barranzuela Vite, por el momento.

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