De todas las emergencias ambientales producidas en Loreto por la actividad petrolera, las últimas se han registrado en el distrito de Urarinas, atravesado por el río Marañón. Sus habitantes son de las etnias urarina y kukama-kukamiria, quienes viven principalmente de la pesca y la agricultura de subsistencia. Esta localidad se ubica a 12 horas de viaje desde la ciudad de Iquitos.

Debido a que Urarinas está aguas arriba del distrito de Parinari, cualquier impacto al río Marañón que se dé en el primero afecta irremediablemente al segundo. Ambos distritos se encuentran en la zona de influencia directa del Oleoducto Norperuano, con una antigüedad de medio siglo y que transporta el crudo que se extrae de Loreto hacia la costa. 

Un análisis de OjoPúblico –en base a los actos administrativos iniciados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)– revela que entre marzo del 2012 y setiembre del 2021 esta institución registró 340 actos administrativos relacionados a infracciones del sector hidrocarburos en la región Loreto. De ese total, 62 corresponden a la falta de medidas de previsión y control ambiental, 48 a manejo de residuos sólidos, y 42 a la falta de eficacia en la fiscalización a las empresas responsables, entre otros. 

De 340 actos administrativos en el sector hidrocarburos, 62 son por falta de medidas de previsión y control ambiental.

Del total de actos administrativos, 113 son adjudicados a la empresa Pluspetrol Norte S.A., por sus operaciones en los lotes 8 y 192 (antes 1AB), que operó hasta el 2015. Le sigue la estatal Petroperú con 46 actos administrativos por sus operaciones en el Oleoducto Norperuano. Entre ambas empresas representan el 47% del total. Continúan otras empresas como Pacific Stratus Energy S.A. con 29, Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. con 22, Gran Tierra Energy Perú S.R.L. con 10 y Perú Perenco Petroleum Limited, con 8. 

A nivel provincial, Loreto es donde se han cometido más infracciones (155), y a nivel distrital Trompeteros (116), Andoas (39) y Urarinas (37). 

Desde diciembre de 2021 hasta setiembre de este año, el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del OEFA ha revisado 35 casos que involucran a empresas que operan en Loreto. Su función es resolver en segunda y última instancia administrativa las apelaciones hechas a resoluciones de los órganos de línea del OEFA. 

De acuerdo al registro de este tribunal, de los casos señalados 20 cuentan con resolución y los demás continúan en trámite. De los casos resueltos, ocho corresponden a Pluspetrol Norte S.A. y cuatro a Petroperú. Entre los casos pendientes figuran dos que involucran al distrito de Urarinas, por la afectación por el Oleoducto Norperuano, que opera la empresa estatal. 

Los impactos en Urarinas y Parinari

De acuerdo a la información del OEFA a la accedió OjoPúblico, en Urarinas se han registrado 26 emergencias ambientales que han tenido como origen el Oleoducto Norperuano, operado por la compañía estatal PetroPerú, entre marzo del 2011 y setiembre del 2022. En todo el país no existe otro distrito que registre más emergencias por causa del ducto que Urarinas. 

Uno de los últimos derrames en Urarinas se reportó el pasado 16 de setiembre en la comunidad de Cuninico. Ese día se derramaron 2.5000 barriles de petróleo del Oleoducto Norperuano, en el kilómetro 42.092 del Tramo I. El crudo alcanzó el río Marañón y ha afectado a más de una docena de comunidades indígenas de Urarinas y a las 29 del distrito de Parinari, según el reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), de fecha 7 de noviembre. El mismo precisa que un total de 8.815 personas de los pueblos kukama-kukamiria y urarina han sido afectadas en sus medios de vida. 

El crudo alcanzó el río Marañón y ha afectado a más de una docena de comunidades de Urarinas y a las 29 de Parinari.

El 21 de setiembre, en la comunidad indígena de San Roque, del distrito de Parinari, un hombre a bordo de su pequeña embarcación sacó un pez muerto del río Marañón y le dijo a sus acompañantes: “este pez ha muerto por la contaminación del petróleo”, y les mostró las agallas ennegrecidas del animal. 

Junto a él se encontraban Mariluz Canaquiri, presidenta de la federación de mujeres kukama-kukamiria de los ríos Samiria y Marañón Huaynakana Kamatahuara Kana, y Mirella Pretell, asesora técnica de la misma organización. 

REITERADO. Derrame de petróleo cerca a la comunidad de San Pedro, que forma parte del distrito de Urarinas, registrado el pasado 22 de octubre.

Foto: OEFA

Desde que ocurrió el derrame, las comunidades afectadas de Parinari se organizaron para reunir pruebas de la contaminación y con ello pedir al gobierno central la inmediata declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria, así como el envío de ayuda humanitaria.

Solo seis comunidades indígenas de Parinari tienen plantas de agua potable que funcionan con filtros, explica Mariluz Canaquiri. Según el Censo Nacional del 2017, el 85% de las viviendas en este distrito no tiene acceso a agua potable. 

Un estudio del Ministerio de Salud de ese año halló que el agua que consumen 52 comunidades indígenas de los distritos de Urarinas y Parinari presenta altos niveles de metales tóxicos (hierro y aluminio) e hidrocarburos. 

Luis Fernández García, párroco de Santa Rita de Castilla, una de las comunidades más grandes de Parinari y la única que cuenta con un centro de salud, señala que los malestares estomacales por consumo de pescado son comunes cada vez que ocurre un nuevo derrame, principalmente porque los proyectos de agua potable en el distrito se encuentran paralizados. 

“Esto tiene que ver con los núcleos ejecutores, se crearon empresas ficticias y luego no se realizaron las obras, o se hicieron mal y ahora están en juicio”, dijo Fernández a OjoPúblico. 

Demandan acceso a agua limpia

El 24 de setiembre el gobierno declaró la emergencia ambiental para Urarinas, y el 3 de noviembre amplió la medida para Parinari. Estas declaratorias se dieron luego de varias acciones de protesta por parte de las comunidades de ambos distritos que no estaban siendo escuchadas. 

Sin embargo, consideran que las medidas no son suficientes porque no cubren su demanda principal de agua potable, por eso desde hace varias semanas solicitan que se declare el estado de emergencia por desastre o peligro inminente, en el marco de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Sinagerd.

Este sistema está conformado, entre otros, por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) –que asume la función de ente rector–, el Indeci y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) que es un organismo público ejecutor, con calidad de pliego presupuestal. 

“El problema con las declaratorias de emergencia ambiental es que son muy limitadas y no cuentan con presupuesto'', explicó Mirella Pretell a OjoPúblico. Sostuvo que un estado de emergencia por desastre cambia la figura porque involucra a todos los ministerios y se asigna un presupuesto. 

Las declaratorias de emergencia ambiental son muy limitadas y no tienen presupuesto, según Mirella Pretell.

De la misma opinión es Mariluz Canaquiri, quien cuestionó que los ministerios no quieran comprometerse. La lideresa remarcó que el estado de emergencia por desastre es la única forma de resolver la falta de agua potable en sus comunidades, porque permite que actúe el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con plantas de tratamiento, haciendo viables proyectos definitivos.

En una de las reuniones con el representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Bustamante, los líderes plantearon que se declare el estado de emergencia por desastre en Parinari, pero aseguran que el funcionario retiró esta propuesta.

LÍDER. Mariluz Canaquiri, presidenta de Huaynakana Kamatahuara Kana, pide que se declare el estado de emergencia por el desastre en Parinari.

Foto: Minam

La salida del gobierno para abordar el tema del agua, explica Pretell, ha sido enmarcar las acciones en el plan de cierre de brechas, que se empezaría a aplicar en enero del 2023, pero tomaría varios años llegar a acciones concretas, y la situación de las comunidades contaminadas es de emergencia. “Lo han lanzado como una buena noticia; el representante de la PCM ha dicho que esperemos hasta enero, pero él podrá esperar, las comunidades no”. 

“Lo del plan de cierre de brechas no resuelve la emergencia, las comunidades llevamos 50 años sufriendo el impacto de la actividad petrolera, y lo que queremos es un trato digno y agua, que es un derecho humano”, señala Mariluz Canaquiri.

Las comunidades llevan 50 años sufriendo el impacto de la actividad petrolera, refiere Mariluz Canaquiri.

El 4 de noviembre, Guido Vásquez, director de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos (DCERH), de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), informó que el 20 de octubre en Parinari se tomaron muestras en seis comunidades, de las cuales tres (Roca Fuerte, San Roque y Santa Rosa de Lagarto) registraron concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo. 

Por su parte, el OEFA informó que recogió muestras de agua superficial de trece comunidades de Parinari, los días 21 y 22 de octubre, pero aún no se tienen los resultados.  

Medidas y omisiones

Ante la negativa del gobierno a conceder el estado de emergencia por desastre, la asesora de Huaynakana Kamatahuara Kana informó que en los próximos días las comunidades de Parinari acordaron presentar una demanda de amparo ante el Juzgado Mixto de Nauta para exigirle al Estado peruano que cumpla con el agua potable.

Para el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), es primordial que se resuelva este pedido, “no vamos a lograr nada si es que no atacamos primero la fuente de la contaminación”, señaló.

En una carta dirigida al presidente Pedro Castillo, con fecha 9 de noviembre, las 29 comunidades de Parinari, a través de Huaynakana Kamatahuara Kana, denunciaron que “la Dirección Regional de Salud Ambiental (Diresa) no realizó el monitoreo de calidad de agua para consumo humano correspondiente.”

Las comunidades de Parinari presentarán una demanda de amparo para exigir al Estado agua potable.

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y la Dirección Regional de Producción (Direpro) tampoco han analizado aún la afectación a los peces del río Marañón, pese a que el OEFA informó a fines de setiembre que ya se encontraban haciendo coordinaciones.

A través de su área de prensa, Sanipes informó a este medio que no han ingresado aún a la zona porque el río estaba bloqueado por las protestas. Pretell Gomero, quien también se desempeñó como jefa del OEFA en Loreto, sostiene que la Diresa planteó la misma respuesta cuando se le preguntó en la reunión por qué no habían ingresado a Parinari.

“Ellos alegaban que no podían ir por el paro en Cuninico, pero eso no tiene sentido porque Cuninico está aguas arriba y Parinari debajo”, aclara.

Aunque la declaratoria de emergencia ambiental está vigente para Urarinas y Parinari, según los informes periódicos que emite el Indeci, hasta el 7 de noviembre las comunidades de este distrito no habían recibido agua apta para el consumo humano ni víveres de parte de ninguna autoridad ni de Petroperú. 

RECONOCIMIENTO. La federación Huaynakana Kamatahuara Kana presentó una demanda para que el Estado reconozca al río Marañón como sujeto de derechos.

Foto: Christian P. Álvarez

La asistencia humanitaria aún está centrada en las comunidades de Urarinas; no obstante, el descontento de las mismas se mantiene porque ven que la atención es insuficiente. Las protestas en Cuninico –que incluyeron el bloqueo del río Marañón– han tenido como saldo trágico, la muerte de un bebe el 8 de octubre. El padre, de la comunidad de Monterrico, se había movilizado con toda su familia a Cuninico, a un campamento improvisado y en condiciones precarias. 

El obispo de Iquitos, Miguen Ángel Cadenas, cuenta que el bebe enfermó y después de unos primeros auxilios en Cuninico fue enviado a la posta médica de Maypuco donde falleció, según el parte médico, por una insuficiencia respiratoria aguda. 

El derrame de crudo más reciente en Urarinas tuvo lugar el 22 de octubre, el petróleo se extendió desde el Km 15.476 del canal de flotación del Oleoducto Norperuano, comprometiendo a las quebradas Sapuchal y Huapapa, además de las cochas Tabacal y Capinurí, fuente de sustento para la comunidad de San Pedro, según reportó el Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte Puinamudt. 

El río Marañón como sujeto de derecho

En setiembre del año pasado, la federación de mujeres kukama-kukamiria Huaynakana Kamatahuara Kana, con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal, presentó una demanda constitucional de amparo para que el Estado reconozca al río Marañón como sujeto de derechos. La demanda se presentó ante el Juzgado Mixto de Nauta de la Corte Superior de Justicia de Loreto.

Según explicó Mariluz Canaquiri, la medida se tomó –como ha sucedido con otros ríos como el Atrato (Colombia), Whanganui (Nueva Zelanda), Ganges y su afluente Yamuna, entre India y Bangladesh– para defender al río que les proporciona agua y alimentos, y además porque quieren protegerlo para asegurar que estos recursos permanezcan para las futuras generaciones. 

El abogado del IDL, Juan Carlos Ruiz Molleda, informó a OjoPúblico que está pendiente que se convoque a una audiencia de vista de la causa para realizar el informe oral. Desde su presentación, la demanda ha contado con el apoyo de organizaciones como el International Rivers y Earth Law Center. 

Del mismo modo, abogados y académicos independientes de universidades de Canadá y Reino Unido se han sumado a la iniciativa legal a través de recursos de amicus curiae. En octubre último, se sumaron mediante este mismo recurso dos catedráticas de la Universidad de Essex y una investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú.