Actualización: lunes 24 de abril de 2023

Han pasado solo dos meses desde que se concretó la contrarreforma universitaria, con el desmantelamiento del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y el ente fiscalizador de la calidad académica ya se ha convertido en escenario de designaciones, visitas y normas estrechamente relacionadas a los intereses de quienes, antes, criticaban su rol.

OjoPúblico revisó hojas de vida de los nuevos funcionarios y trabajadores con cargos de confianza, los registros de visitas, las resoluciones aprobadas recientemente y otros documentos emitidos por la Sunedu e identificó a los protagonistas de estos cambios. 

Uno de ellos, justamente, es el nuevo superintendente de la institución, Manuel Enemecio Castillo Venegas, cuya cuestionada designación fue formalizada el 23 de febrero pasado por el ministro de Educación, Óscar Becerra Tresierra [que fue separado ayer del cargo y reemplazado por la nueva ministra Magnet Márquez].

Esta semana, Castillo Venegas confirmó lo que ya se advertía: su gestión reorganizará la Sunedu —previa opinión de los rectores— y revisará su reglamento de infracciones y sanciones. Es decir, la norma con la que se multa a las casas de estudio por incumplir con condiciones básicas de calidad, usar de forma inadecuada sus recursos u otras obligaciones de la Ley Universitaria.

La nueva Sunedu revisará el reglamento con el que se sanciona a universidades por incumplir con la ley".

“La sensación de la anterior Sunedu es draconiana, policíaca, persecutoria, coactiva, sancionadora. Eso ya se terminó”, dijo el superintendente el último miércoles, en la mesa de trabajo “Los retos de la Sunedu tras la aplicación de la Ley 31520”, frente a rectores de universidades privadas. Luego agregó: “Bienvenidos, rectores, esta es su casa. Aquí está su consejo directivo, su superintendente”.

Esos no son los únicos cambios que han ocurrido en la superintendencia en los últimos meses. Entre las recientes incorporaciones avaladas por Castillo Venegas figuran, al menos, cuatro funcionarios que estudiaron en universidades no licenciadas, como Inca Garcilaso de la Vega y Alas Peruanas. Los mencionados se encuentran, ahora, a cargo de los trámites administrativos y del registro de grados y títulos de la Sunedu.

A ellos se ha sumado, como jefe de la oficina de asesoría jurídica, Carlos Mesía Ramírez, excongresista fujimorista y expresidente del Tribunal Constitucional (TC). 

Este abogado tuvo un papel protagónico en la defensa legal de la Ley 31520 — aprobada en julio pasado, con los votos mayoritarios de Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular y el Bloque Magisterial, bajo el rótulo del restablecimiento de la autonomía de las universidades—. Dicha norma permitió que la Sunedu sea ocupada por un sector de las instituciones que deben ser supervisadas.

REUNIDOS. En un reciente encuentro con rectores, el nuevo superintendente Manuel Castillo anunció que revisará las normas de la anterior gestión.

Foto: Sunedu

 

En el periodo analizado por este medio —entre el 23 de febrero y el 5 de abril de este año— también se detectó que el nuevo jefe de la Sunedu recibió la visita de una de las rectoras que promovió la denominada contrarreforma universitaria y de tres congresistas que votaron a favor de dicha ley.

Otro caso que también ha llamado la atención son las reuniones que mantuvo Castillo Venegas con Juan Antonio Bazán Chávez, docente de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que en 2021 buscó anular un proceso administrativo sancionador de la superintendencia contra esa casa de estudios. 

En 2020, Bazán Chávez postuló al Congreso con un objetivo principal, según sus propias declaraciones durante la campaña: desactivar la Sunedu.

Pero no solo en la Sunedu ocurren cambios por la denominada contrarreforma, sino también en el Ministerio de Educación (Minedu). De hecho, otro de los personajes centrales ha sido el ministro de Educación, Óscar Becerra [separado ayer del cargo y reemplazado por Magnet Márquez], quien desde que asumió el sector respaldó los cambios en la superintendencia y dio el impulso inicial para su recomposición al designar al primer miembro del nuevo consejo directivo: Andrés Ramos Salas, con quien trabajó en la Universidad San Martín de Porres (USMP).

Desde que ingresó al Minedu, el 21 de diciembre de 2022, Becerra Tresierra ha designado a otros funcionarios vinculados previamente a la USMP, institución que ha sido sancionada por la Sunedu por usar sus recursos en fines no educativos. Y, a la par, ha cambiado a las cabezas de las principales direcciones encargadas de la educación superior universitaria en el Minedu.

Un dato que sobresale en los reportes son las seis visitas al despacho ministerial por parte de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón Ruffner. 

En la mayoría de esas reuniones estuvo acompañada por Lida Asencios Trujillo, máxima autoridad de la Universidad Enrique Guzmán y Valle —conocida como La Cantuta—, junto a la directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), Ada Gallegos. 

Las tres han sido críticas de la anterior gestión de Sunedu e impulsoras de su reconfiguración.

 

El rol del nuevo superintendente

 

El abogado Manuel Castillo Venegas, quien se desempeñó como docente de la Universidad Nacional de Piura (UNP), se incorporó el 17 de febrero pasado al consejo directivo de la Sunedu luego de que fuera elegido, sin concurso público, por un grupo de rectores de universidades estatales como su representante. 

Estas últimas —entre las que figuran La Cantuta y la Universidad Nacional del Callao— estaban encabezadas por la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, rostro visible de la contrarreforma universitaria.

Una de las primeras medidas de la reconfigurada Sunedu ha sido reconocer como rector de la UNP a Santos Montaño Roalcaba. El exdirector de la escuela de posgrado tuvo como abogado defensor a Castillo Venegas, hoy jefe de la Sunedu, en el proceso que se siguió luego de que su elección fuera declarada nula por la anterior gestión de la superintendencia debido a presuntas irregularidades en el proceso.

VÍNCULOS. Santos Montaño, a quien la Sunedu acaba de reconocer como rector de la Universidad Nacional de Piura, tuvo como abogado al superintendente Manuel Castillo.

Foto: Colegio de Abogados de Piura

 

Este caso empezó en 2019. Entre el 1 de setiembre y el 16 de diciembre de ese año, se llevó a cabo el proceso electoral para designar a las nuevas autoridades de la UNP, en el cual resultó ganador Montaño Roalcaba. 

Sin embargo, la Sunedu detectó que se había restringido la participación de los estudiantes de posgrado y los “no regulares”, modificado el padrón electoral fuera del cronograma e instalado mesas de sufragio fuera del horario establecido y sin contar con todos sus miembros. 

A raíz de estos hechos, en marzo de 2021, la Sunedu multó a la UNP con S/87.351 y ordenó declarar la nulidad de “todo el proceso de elección de rector y vicerrectores (enero 2020 - enero 2025)”, y convocar a nuevas elecciones. Asimismo, de acuerdo a su resolución, los ganadores de dicho proceso no podían ser reconocidos en el registro de datos de autoridades.

Tras ello, Castillo Venegas asumió la defensa del caso. En declaraciones que datan de enero de 2022, él se presentaba como abogado de Montaño Roalcaba y denunciaba la intromisión de la Sunedu en la autonomía universitaria. 

De igual modo, criticaba la negativa de la superintendencia a inscribir en el registro de autoridades a su defendido, cuya elección calificaba de “transparente y democrática”. 

En ese contexto, Castillo Venegas y Montaño Roalcaba acudieron hasta la Comisión de Educación del Congreso —en ese entonces presidida por Esdras Medina Minaya (ex Renovación Popular y, actualmente, integrante de la bancada de Somos Perú)— para que los legisladores intervengan y “fiscalicen” el caso.

En la sesión del 11 de enero de 2022, Castillo Venegas fue presentado como asesor legal de la UNP. Una semana después, el 18 de enero, tanto él como Montaño Roalcaba participaron en una sesión en la que también estuvo el exsuperintendente Oswaldo Zegarra.

“Hemos tocado las puertas de la Comisión de Educación. Hay que recordar que, de acuerdo a la Constitución y su reglamento, los parlamentarios tienen función fiscalizadora. Y, en este caso, fiscalizar esa intromisión que Sunedu, groseramente, no solamente está haciendo en la UNP (...), sino en otras universidades. Recuerden, con el no licenciamiento de varias universidades, se ha truncado el proyecto profesional y de vida de cerca de medio millón de estudiantes universitarios por el capricho grosero de Sunedu”, señalaba el año pasado el actual jefe de la Sunedu.

De acuerdo a una revisión hecha por OjoPúblico, Castillo Venegas registra 12 visitas al Congreso a lo largo del 2022. Entre los legisladores que lo recibieron figuran Waldemar Cerrón (Perú Libre), Esdras Medina (ex Renovación Popular) y Tania Ramírez (Fuerza Popular), conocidos promotores de la Ley 31520, también denominada contrarreforma universitaria. En la mayoría de estos casos estuvo acompañado por su defendido, Santos Montaño Roalcaba.

El abogado Manuel Castillo, ahora superintendente de la Sunedu, visitó 12 veces el Congreso en 2022". 

En medio de esta incertidumbre por el proceso electoral, la UNP quedó en manos de rectores encargados, entre ellos Edwin Omar Vences Martínez, a quien en enero pasado se le dictó nueve meses de prisión preventiva por la presunta apropiación de pagos de maestrías dictadas en Ecuador. En esta investigación, que ahora sigue en libertad, también está involucrado Montaño Roalcaba, quien tiene comparecencia con restricciones.

Pese a ello, este último continuó con la pretensión de ser reconocido como rector de la UNP, lo cual se concretó luego de que Manuel Castillo Venegas se convirtiera en titular de la Sunedu, el 23 de febrero pasado.

Semanas después, el 10 de marzo, Castillo Venegas designó al excongresista fujimorista Carlos Mesía Ramírez, como jefe de la oficina de asesoría jurídica de la Sunedu. 

Una de las primeras medidas de dicho asesor jurídico —a solo cuatro días de su ingreso a la superintendencia— fue recomendar la derogatoria de la resolución con las “disposiciones para el mejor cumplimiento de la Ley Universitaria en materia electoral de las universidades públicas”. 

Es decir, dejar sin efecto la normativa que se usó como sustento legal para invalidar la cuestionada elección de Santos Montaño Roalcaba en la UNP, hace dos años. 

El 24 de marzo pasado, Castillo Venegas firmó la resolución que derogaba dicha norma, porque supuestamente contravenía la Ley 31520 y porque la Sunedu ya no tenía competencia en material electoral.

Poco después, el 29 y 30 de marzo, el superintendente se reunió con Martín Castillo Nizama, quien hasta diciembre último se presentaba como abogado de Montaño Roalcaba en el proceso judicial por irregularidades en las maestrías de Ecuador. 

A inicios de la siguiente semana, el 3 de abril, el recién designado jefe de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, Rolando Ruiz Llatance, aprobó el registro de Montaño Roalcaba como rector, así como el de los dos vicerrectores que postularon en 2019, entre los que figura un fallecido. Su periodo va hasta el 2025. 

La nueva Sunedu acaba de reconocer como rector a Santos Montaño, quien tuvo como abogado al superintendente Manuel Castillo".

Una de las justificaciones legales para esta decisión fue que se había derogado la resolución vinculada al proceso electoral de las universidades, así como el documento con el que se sancionó a la UNP por las presuntas irregularidades.

Ahora, Montaño Roalcaba, expatrocinado del actual jefe de la Sunedu, ya ocupa el rectorado de la UNP. En sus primeras declaraciones señaló que ha sido elegido por cinco años, por lo cual aún se debe reestructurar la vigencia de su mandato.

Esto ocurre en plena implementación de la Ley 31520, que contó con la validación del Tribunal Constitucional (TC). En su reciente fallo sobre la demanda presentada por 33 congresistas, de diciembre de 2022, cinco de los seis magistrados argumentaron que los nuevos miembros del consejo directivo de la Sunedu debían ser “independientes y neutrales” y no podían representar a ninguna institución una vez que asumen la función pública. 

“Los representantes [de las universidades] miembros del Consejo Directivo [de la Sunedu], una vez que juramentan su cargo, ya no son representantes de ningún interés particular y tienen que actuar de manera independiente e imparcial, de acuerdo a la Constitución (...) Si se evidenciara [lo contrario], incurrirían en responsabilidad y conflicto de interés”, señalaba el magistrado César Ochoa en diciembre pasado. Los hechos, ahora, ponen en duda esa premisa.

Las designaciones

 

A partir de un pedido de información a través de la Ley de Transparencia, OjoPúblico pudo conocer que, desde el ingreso de Manuel Castillo Venegas a la Sunedu hasta el 20 de marzo pasado, se han incorporado cinco funcionarios como personal de confianza en la superintendencia. 

Entre ellos figura Carlos Mesía Ramírez, en el cargo de jefe de la oficina de Asesoría Jurídica; Luis Jesús Rodríguez Gómez, en el puesto de secretario general de la superintendencia; y Luis Erick Sierra Yupanqui, como jefe de la oficina de Administración.

Los dos últimos son abogados por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En la hoja de vida de Sierra Yupanqui, además, figura como experiencia laboral académica la docencia en la Universidad José Carlos Mariátegui, con sede en Lima. Ambas casas de estudio tienen licencia denegada por la Sunedu. 

A estas designaciones se suma la de Rolando Ruiz Llatance, como ejecutivo de la unidad de Registro de Grados y Títulos, el 24 de marzo pasado. Él cuenta con título de ingeniero de sistemas y cómputo, también por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

El 23 de marzo también fue incorporado Marco Hernán Pantigozo Loaiza, quien ocupa el cargo de director de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos. 

Entre las recientes designaciones de Sunedu figuran cuatro funcionarios que estudiaron en universidades no licenciadas". 

Este abogado estudió en la Universidad Tecnológica los Andes, que sí cuenta con autorización de la Sunedu, y registra una maestría por la Universidad Alas Peruanas (UAP), con licenciamiento denegado.

Al respecto, tras advertir que su tesis para el grado de maestro en Derecho Penal no aparecía en el repositorio virtual de la UAP, la congresista Susel Paredes envió oficios al rector Alejandro Cruzata y al superintendente Manuel Castillo Venegas solicitando la copia del trabajo de investigación. 

Aunque la solicitud fue presentada el 28 de marzo, hasta el lunes 10 de abril no habían recibido ninguna respuesta, según el despacho de la legisladora. 

Pantigozo Loaiza ha sido docente en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), así como en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Unamba). También figura como asesor de 39 trabajos de investigación publicados en menos de dos años en la Universidad Peruana de las Américas. 

En su perfil de Linkedin consignó que se desempeñó como docente en la escuela de posgrado de la Universidad Privada Telesup y de la Universidad Privada del Norte. Tanto Las Américas como Telesup tienen licencias denegadas por no superar las condiciones básicas de calidad de la Sunedu.

 

Los visitantes

 

Entre las recientes visitas al nuevo titular de la Sunedu, Manuel Castillo Venegas, figura la de Lida Asencios Trujillo, rectora de la Universidad La Cantuta. Asencios Trujillo, junto con su homóloga de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, fue una de las promotoras de la ley que debilitó a la superintendencia.

Esta rectora, que también es presidenta de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), acudió el 5 de abril a la sede de la superintendencia, en Surco.

En marzo, mientras tanto, se registraron visitas de autoridades de otras universidades, como la César Vallejo, Daniel Alcides Carrión, San Luis Gonzaga de Ica, así como de las no licenciadas Pedro Ruiz Gallo y la Particular de Iquitos. También acudió un representante de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap).

En este periodo, además, Castillo Venegas recibió a tres congresistas que votaron a favor de la ley que debilitó la Sunedu. 

El 7 de marzo sostuvo una reunión con los parlamentarios fujimoristas Luis Cordero Jon Tay y Raúl Huamán Coronado, ambos con estudios en universidades con licencia denegada: el primero en la Privada de Ica y el segundo en la Inca Garcilaso de la Vega. Cordero Jon Tay fue, asimismo, uno de los 33 legisladores que promovieron la estrategia legal para que el TC validara la contrarreforma.

TUIT ELIMINADO. Sunedu publicó una foto de la reunión del superintendente Manuel Castillo con los congresistas Raúl Huamán y Luis Cordero, pero luego la borró. 

Captura: Twitter de la Sunedu.

 

Esta reunión se conoció por una publicación de la Sunedu, donde se hacía referencia a un “intercambio de puntos de vista en pos de continuar con la mejora del sector universitario”. Horas después, la imagen fue eliminada. 

La última visita de legisladores fue la de Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, el pasado 3 de abril.

En los reportes, además de la presencia de rectores y congresistas, también llaman la atención las cuatro visitas realizadas por Juan Antonio Bazán Chávez, profesor asociado en Derecho y Ciencia Política de la UNMSM al jefe de Sunedu. 

Bazán Chávez postuló al Congreso en 2020 por el partido Contigo y, durante su campaña, señalaba que su principal propuesta era reformar la Ley 30220 para recuperar la autonomía universitaria. “Voy al Congreso para desactivar a la Sunedu, porque se ha convertido en una especie de Inquisición de la universidad pública y privada”, dijo en enero de ese año.

El 13 de diciembre de 2021, el abogado presentó un recurso de reconsideración —que, luego, se declaró infundado— con el fin de que se anule la sanción que la Sunedu le impuso a la UNMSM por promover, entre 2014 y 2017, a 73 docentes a las categorías principal y asociado sin cumplir con el grado académico requerido. La multa es de S/95.150 y, según el registro, aún está pendiente su cancelación.

Como profesor asociado de la UNMSM, Bazán Chávez participa en la asamblea universitaria que, desde hace dos años, preside Jeri Ramón Ruffner. Allí ha manifestado su respaldo al accionar de la rectora frente al proceso sancionador abierto por la Sunedu. En actas de sesión del 2021 califica a Ramón Ruffner como “luchadora social” por este caso.

ACTA. El profesor Antonio Bazán calificaba a la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, como “luchadora social” por su accionar frente al proceso sancionador de la Sunedu. 

Fuente: UNMSM

 

Según el reglamento de sanciones y funciones de la Sunedu, el Consejo Directivo es el órgano resolutivo competente para determinar la existencia o no de responsabilidad por la comisión de infracciones. Por sus manos también pasan los recursos de reconsideración. Hoy la gestión de Castillo Venegas puede ver estos temas.

 

El factor Mesía Ramírez

 

El actual jefe de la oficina de asesoría jurídica de la Sunedu, Carlos Mesía Ramírez, fue uno de los magistrados que firmó la sentencia del TC, de junio de 2010, que ordenaba reformar el sistema de educación universitaria en el país y crear una superintendencia especializada, imparcial y supervisada por el Estado para evaluar a todas las universidades.

Luego, fue congresista por Fuerza Popular, entre marzo de 2020 y julio de 2021. Al siguiente mes, se convirtió en asesor del grupo parlamentario Renovación Popular, una de las bancadas que consumaron la denominada contrarreforma universitaria.

En estos dos últimos años, Mesía Ramírez tuvo un rol activo en la reconfiguración de la Sunedu. En octubre de 2022, por ejemplo, el abogado dio cuenta de lo que denominaba el “frente jurídico” para defender la ley que “restablece la autonomía universitaria” en el TC durante el foro “Balance de la Educación Universitaria”, un evento al que asistió un grupo de rectores encabezados por Jeri Ramón, de la UNMSM. 

En la mencionada estrategia, según sus declaraciones, lo acompañaban los exmagistrados Ernesto Blume y Gerardo Eto.

PROTAGONISTAS. En octubre pasado, rectores, congresistas y exmagistrados del TC discutieron sobre las acciones a favor de la ley que debilita a la Sunedu.

Foto: UNMSM

 

En diciembre de ese año, Mesía Ramírez asistió a la audiencia del TC en la que se trató la demanda de inconstitucionalidad promovida por 33 congresistas, principalmente de Fuerza Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial y Renovación Popular. Ese día, el extribuno Ernesto Blume argumentó a favor del Parlamento. 

Mesía estuvo como asistente sentado junto a Esdras Medina, autor de dicha iniciativa legislativa.

Tras ello, en diciembre pasado, la mayoría de magistrados del TC validó la cuestionada ley. El 23 de febrero se nombró al nuevo superintendente y el 10 de marzo, Carlos Mesía Ramírez asumió la oficina de asesoría jurídica de la nueva superintendencia. Así, pasó de ser un crítico a un funcionario de la Sunedu.

Para Mesía Ramírez, este último hecho no configura un conflicto de interés. “Yo no he promovido ningún cambio [en la Sunedu], he dado opiniones a favor de la ley (...). Yo he sido congresista, entonces por las leyes que he dado no podría trabajar en ningún lado. Soy autor del nuevo Código Procesal Constitucional, entonces no podría trabajar en ningún lado donde tenga que aplicarse el código”, argumentó en conversación con OjoPúblico.

AUDIENCIA. Mesía Ramírez (derecha) al lado de Esdra Medina en la audiencia del TC sobre la demanda de inconstitucionalidad de la contrarreforma universitaria. 

Foto: Captura de audiencia pública online

 

Por otro lado, dijo desconocer las circunstancias en las que se dio la designación de Santos Montaño, —expatrocinado del superintendente— como rector de la Universidad Nacional de Piura a pesar de las presuntas irregularidades detectadas por la anterior gestión de la Sunedu. 

En contraparte, Mesía Ramírez reconoció haber derogado las disposiciones vinculadas a procesos electorales en universidades, las cuales —subrayó— no son retroactivas. 

“Este consejo directivo tiene un criterio distinto [al de la anterior gestión]. Para eso han sido elegidos (...) La Sunedu no es competente para inmiscuirse en procesos electorales internos, sino para garantizar la autonomía universitaria”, respondió al ser consultado por el tema.

El ministro Becerra y las universidades

 

Otro personaje central en el desmantelamiento de la Sunedu ha sido el ministro de Educación, Óscar Becerra Tresierra [que ayer fue reemplazado por Magnet Márquez], quien desde que asumió el sector respaldó la incorporación de representantes elegidos por los rectores y empujó la aplicación de la Ley 31520. Aunque, al igual que la presidenta Dina Boluarte, dijo que la norma debía reglamentarse, esto finalmente no se cumplió.

De los representantes de universidades públicas y privadas que se han reunido con Becerra Tresierra, una de las principales ha sido Jeri Ramón Ruffner, la rectora de la UNMSM. 

En los últimos cuatro meses, registra seis visitas al despacho ministerial. En la mayoría de esas oportunidades estuvo acompañada por otras autoridades que respaldan la denominada contrarreforma, como Lida Asencios Trujillo, de la Universidad La Cantuta, y Ada Gallegos, de ASUP. En dos casos, coinciden los horarios de la autoridad de la UNMSM con los del rector de la Universidad Marcelino Champagnat, Nicanor Colonia Valenzuela.

Solo en marzo pasado, Jeri Ramón Ruffner ingresó en tres oportunidades al Minedu, a nombre de la UNMSM y de la Asociación Nacional de Universidades Públicas y Privadas (Anupp).

VISITAS. La rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, registra seis visitas al despacho del ministro de Educación Oscar Becerra. La mayoría de veces la acompañó Lida Asencios, de La Cantuta.

Foto: UNMSM

 

En tanto, desde que ingresó al Minedu, Becerra Tresierra solo registra dos visitas de la Sunedu: una del 27 de diciembre pasado del entonces superintendente Oswaldo Zegarra y otra, del 7 de marzo de 2023, de un chofer de la unidad de abastecimiento de la superintendencia.

Otro acercamiento del ministro Becerra Tresierra a esta institución se dio el 8 de febrero, cuando designó a Andrés Filiberto Ramos Salas como representante del Minedu ante la Sunedu. De esta forma, comenzó la reestructuración del consejo directivo.

Ramos Salas y Becerra Tresierra trabajaron juntos en la USMP. Allí, el primero se desempeñó como director académico de Ingeniería y Arquitectura hasta inicios de 2023. Su designación se dio pese a que la Ley 31520 señala que solo se puede nombrar a autoridades y directivos de universidades que hayan cesado, al menos, un año antes de asumir el cargo.

Sin embargo, no es el único funcionario nombrado por Becerra Tresierra que recientemente ha trabajado en la USMP. De acuerdo a la revisión de las hojas de vida presentadas ante el Minedu, OjoPúblico pudo identificar casos como el de la viceministra de gestión institucional, Magnet Márquez Ramírez [hoy ministra de Educación], quien reportó haber sido jefa de planificación de la USMP entre febrero de 2020 y diciembre de 2022. 

También figura Lilia Nieves Carrasco Miock, quien visitó 18 veces a Becerra Tresierra desde que se convirtió en ministro. En su perfil de Linkedin aparece como asistente del rector de la USMP y, en el portal de Transparencia del Minedu, figura a su nombre una orden de servicio de asistencia técnica administrativa por S/30.000 del 16 de enero último.

Otro funcionario nombrado es Carlos Acuña Flores, director de innovación tecnológica en educación del Minedu, quien desde junio de 2019 trabajó como coordinador de innovación tecnológica en la USMP, de acuerdo a su hoja de vida.

Es importante resaltar que la USMP tiene como rector a José Antonio Chang Escobedo, en cuya gestión como ministro de Educación (2006-2011) también trabajó Óscar Becerra Tresierra. 

Chang Escobedo forma parte del consejo directivo de la ASUP, entidad que ha respaldado la Ley 31520. Además, la USMP registra sanciones impuestas por la Sunedu por usar fondos de la universidad en fines no académicos.

AGRUPACIÓN. José Antonio Chang, rector de la San Martín, integra el consejo directivo de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), crítica de la Ley Universitaria.

Foto: Universidad La Cantuta 

 

Otras de las designaciones de la gestión Becerra Tresierra ha sido Yojani María Abad Sullón como nueva titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria y Hugo Condori Meléndez, en la Dirección de Políticas de Calidad en Educación Superior Universitaria. 

Abad Sullón ha sido docente de Ciencias Administrativas de la UNP desde 1990, según su declaración jurada de intereses. En esta casa de estudios también trabajó el superintendente Manuel Castillo Venegas.

Entre los ciudadanos que más han visitado a Abad Sullón figura Juan Carlos Norabuena Castañeda, quien ha ingresado 11 veces al Minedu. La presencia de este personaje ya ha sido advertida por OjoPúblico en un anterior reportaje. 

En enero de 2022, por ejemplo, Norabuena Castañeda firmó junto a Ada Gallegos, de ASUP, y Orlando Velasquez, expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), una publicación académica donde se cuestionaba el proceso de licenciamiento aplicado por la Sunedu, así como los reglamentos “punitivos” para cerrar universidades y sancionar a sus autoridades. 

El titulado en Ciencia Política por la Universidad Federico Villarreal también tiene otras publicaciones referidas a la autonomía universitaria. En noviembre de 2022 registraba dos visitas, a nombre de la ASUP, al Congreso. 

Una es al legislador Alex Paredes Gonzales (Perú Libre, —uno de los principales promotores de los cambios en la Sunedu—, y la otra reunión es con la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas.

Este medio buscó entrevistas con el Ministerio de Educación, la Sunedu, así como al rector Santos Montaño Roalcaba, de la Universidad Nacional de Piura, para solicitar sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no se obtuvo respuesta.

 

Los anuncios de la nueva Sunedu

 

A la fecha, el nuevo consejo directivo de la Sunedu cuenta con cinco de sus siete integrantes. Los primeros en incorporarse fueron el representante del Minedu, Andrés Ramos, los dos de universidades públicas, Manuel Castillo Venegas y Manuel Israel Hernandez García, así como Miguel Ángel Vallejos Flores, del Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales.

A ellos se sumó, el 10 de marzo pasado, el exmagistrado del TC, José Luis Sardón de Taboada, como representante de las universidades privadas. Su candidatura fue propuesta por la USMP y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO.El exmagistrado del TC, José Sardón (segundo de la izquierda), se sumó como representante de las universidades privadas. 

Foto: Sunedu

 

En 2015, Sardón de Taboada emitió un voto singular para declarar fundada una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30220. Entre sus argumentos señaló que esta norma vulneraba la autonomía universitaria.

Con esa conformación, el miércoles y jueves pasado, la Sunedu realizó un evento denominado “Los retos tras la aplicación de la Ley 31520”, en el que el nuevo superintendente Manuel Castillo Venegas afirmó que toda la estructura que tenía la superintendencia antes de julio de 2022; es decir, cuando se aprobó la mencionada norma, “ya no vale, ya no sirve”.

“En consecuencia, vamos a adecuar toda la normativa, toda la estructura a través de un proceso de reorganización y de reestructuración de la Sunedu (...) Voy a fomentar la iniciativa de revisar de manera inmediata el reglamento de infracciones y sanciones de Sunedu”, señaló ante los rectores de las universidades privadas como la USMP, que en julio de 2019 recibió ocho multas que sumaban S/ 8’614.928, por usar fondos en fines no académicos y que, luego, ha judicializado.

Para eso, añadió, serán convocados a fin de escuchar sus opiniones. “Bienvenidos, rectores, esta es su casa. Aquí está su consejo directivo, su superintendente”, dijo Castillo, quien también hizo referencia al retorno de los rectores a la Sunedu como un “hito histórico”. Incluso, según sus palabras, acondicionarán una “sala VIP” en la sede principal de la superintendencia destinada a ellos.

En su intervención, Castillo —quien en 2017 fue denunciado por los presuntos delitos de concusión, cohecho y tráfico de influencias en la UNP— cortó las distancias entre el ente supervisor y las casas de estudios que deben ser supervisadas. 

“Estaremos presente codo a codo, hombro a hombro con todos los rectores de las universidades públicas y privadas (...) Estamos en una avenida de doble vía: nosotros te ayudamos y ustedes nos ayudan a hacer que la Sunedu, que el sistema universitario camine”, dijo en la conferencia del jueves 13, en compañía de los nuevos miembros de la Sunedu y de la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner.