Tan solo en el primer mes y medio del 2018 se supo que una niña de nueve años dio a luz tras ser violada por su padre en Puno, cerca de la frontera sur del Perú; que en Lima hay quince buscados bajo recompensa por este delito; y que tres hombres han sido condenados a cadena perpetua por violar a niñas de sus propias familias en Áncash, una región siete horas al norte de la capital. El clima ya estaba crispado cuando se descubrió la violación y asesinato de una niña de 11 años llamada Jimena. El caso tiene todos los agravantes posibles: ella acaba de salir de sus clases de verano en una estación de policía, fue interceptada por un sujeto que tenía varias denuncias de otras víctimas, y, en un exceso de crueldad, su cuerpo apareció en plena calle, a metros de la casa de su atacante. El crimen ha despertado reclamos de pena de muerte y la publicación de un registro de condenados. El problema es que, como se verá ahora, los presuntos violadores tienen otros mecanismos de impunidad.

El padrastro que escondía un rostro terrible

La mañana del lunes 20 de abril del 2015, cinco minutos antes de las 9, un grupo de personas adultas ocupó una sala del Instituto de Medicina Legal de Lima para escuchar el relato de una agonía infantil. La víctima era una niña de 14 años que decía haber sido abusada sexualmente durante la mitad de su vida. En el grupo de observadores había una fiscal penal, una fiscal de familia, una suboficial de la Policía, dos abogados y la madre de la niña. El escenario era la cámara Gesell, un espacio en que una psicóloga forense interroga a una víctima mientras en un ambiente contiguo otras personas autorizadas escuchan y observan a través de un espejo.

La psicóloga se sentó junto a la niña y empezó con preguntas generales sobre el hogar y la familia.

―¿Sabes por qué estás aquí?

―Por la violación.

―Cuéntame qué pasó.

―Empezó en el 2007. Estábamos jugando en el cuarto, con la expareja de mi mamá. Y empezamos el juego de memoria que me gusta bastante. Mi mamá tenía que trabajar con unos colegas que llegaron a las 6 de la tarde. Me quedé con Lucas en el cuarto. Me dijo que me iba a enseñar un juego y me bajó el pantalón.

La cámara Gesell, invento de un psicólogo de niños, es un escenario para conversaciones terribles. A la manera de un quirófano, proporciona la asepsia indispensable para tratar a una víctima a la que se le ha roto algo por dentro. Está diseñada para que la conversación pueda ser grabada, como evidencia, desde la habitación contigua. Cada detalle importa. La psicóloga procede con pulso de cirujano: “¿Sabes los apellidos de Lucas?”, “¿sabes la edad de Lucas?”, “¿cómo lo llamabas tú?”, “¿se quedaba en tu casa?”, “¿cómo se mostraba Lucas contigo?”. A medida que el testimonio avanza, la perito hace un corte más profundo para darle herramientas a las fiscales: “¿cómo estaba la puerta?”, “¿tú te acercas o Lucas te acerca a su lado?”, “¿estaban en la cama?”.

Con los detalles de esa sesión se pudo reconstruir lo siguiente: el primer día del presunto abuso, el hombre que aparentaba cuidarla como una hija la sometió a tocamientos que ella no podía comprender. Lo que empezó entonces fue un periodo esquizoide en que el sujeto mostraba el rostro de un padrastro generoso ante los demás y, por el contrario, sacaba su lado perverso cuando la madre de la niña, una maestra de secundaria, se iba a trabajar. Según el relato de la víctima, el tormento duró casi dos años. “Me decía que no dijera nada y que era un juego normal”, contó con la insistencia de quien piensa que eso nunca le pasó a nadie más. La situación continuó hasta que un día del 2009 el sujeto completó la metamorfosis del depredador.

Fue una tarde de principios de mayo, pasadas las cuatro, luego de un almuerzo que compartieron los tres. De acuerdo a la acusación, el tipo se retiró antes de terminar con el pretexto de unos trámites. La madre debía dar una clase. La niña tenía que volver a cambiarse en casa para jugar la final de un campeonato escolar de básquet. Cuando la niña se estaba amarrando los cordones de las zapatillas, el sujeto ingresó de pronto a su habitación, puso música con volumen alto y la violó. Los detalles del testimonio son explícitos. El que importa ahora es que ella tenía ocho años. Minutos después, según recordaba, el tipo se fue sonriendo. Ella se cambió y, adolorida y desconcertada, fue a su partido de básquet

―El 2011 fue el año más feo para mí, porque habrá ocurrido unas ocho veces ―dijo la menor.

La idea es que una víctima solo deba pasar por esa conversación dolorosa una vez. La primera cámara de este tipo en el Perú fue inaugurada en el 2006. Diez años después, la fiscalía la usó para entrevistar a 233 víctimas tan solo en una de las cinco microrregiones de Lima. Eso equivale a más de cuatro veces por semana en un solo año.

El día en que casi fue descubierto

—Este hombre tiene los rasgos de un psicópata ―dice Sandra Falconí, madre de la niña, una mujer de mediana edad, mirada expresiva y modales suaves―. Podía aparentar como para que todo fuera perfecto.

Falconí es profesora de lengua y literatura y dirige un colegio en Ayacucho, una ciudad andina de 180 mil habitantes, a 9 horas de Lima, que fue epicentro de la guerra interna de fines del siglo pasado. El presunto agresor, un aviador militar retirado, era su pareja. Se trata de un sujeto llamado Lucas Salas, un cincuentón de un metro ochenta de estatura y 106 kilos de peso. Ella recuerda que durante años el hombre se comportó como el compañero que no había tenido: un tipo maduro, diez años mayor, alguien con una vida ya cuajada. Tras el matrimonio fallido con el padre de su hija y algunos años de soledad, Sandra Falconí había encontrado la figura paterna ideal. Alguien capaz de llegar con regalos sin previo aviso, como si la quisiera de verdad.

―Es una de las cosas que todavía me atormenta. Me digo: ¡no puede ser que nunca me haya dado cuenta! ―dice Falconí con una inflexión de voz que es como si en ese momento se le doblaran las piernas.

Hubo un instante en que pudo descubrirlo. Una tarde regresó temprano a casa y al entrar a su habitación vio al sujeto que se había cubierto con una sábana como para dormitar y a su hija que estaba a unos metros, tensa. El hombre acababa de someterla a tocamientos y se percató de que ella llegaba pocos segundos antes de ser atrapado. Ninguno de los dos dijo nada, pero en la entrevista con la psicóloga forense la niña recordaría el breve gesto de extrañeza en su madre, ese aire de quien está a punto de ver algo que luego, por desgracia, no ve.

―Ella hasta ahora maneja este tema de la culpabilidad conmigo. Es difícil de manejar— dice Sandra Falconí.

Los hechos se precipitaron en el 2015. La niña sociable que era empezó a tener problemas de conducta en el colegio. La madre piensa que se había enamorado de un muchacho de su grupo de amigos y que el remolino de emociones la empezó a atormentar: tenía arrebatos que extrañaron a sus profesoras y despertaron preguntas. Un día le contó algo a su abuela, mientras la madre estaba en Lima para recibir una capacitación de profesores. Apenas lo supo, Sandra Falconí hizo que su hija viajara donde ella estaba de inmediato. Una vez en la ciudad, la niña contó todo y así la familia se enteró de la pesadilla oculta por tanto tiempo.

Todo el que vivió en el Perú en julio del 2015 recuerda las imágenes del caso: un sujeto desnudo persigue a su novia por los pasillos de un hotel de Ayacucho.

La familia decidió hacer la denuncia en la capital. Había varios motivos: Ayacucho es una ciudad pequeña que se presta a los rumores, la justicia no siempre ha mostrado eficacia para las víctimas, y estaba el riesgo de que la niña se viera expuesta al aplastante procedimiento de un sistema anticuado que pide repetir una y otra vez los mismos recuerdos. En la capital podrían solicitar la entrevista única en la Cámara Gesell. Pensaban que con eso la niña estaría protegida. No resultó así. El caso tuvo que volver a la jurisdicción donde se cometió el delito. La madre recuerda dos cosas que ocurrieron entonces: la actitud agresiva de la defensa del acusado y las tortuosas preguntas para sugerir que la violación nunca se consumó.

—Esta sala es la misma que liberó al calato pegalón ―dice Sandra Falconí en referencia al caso que sacudió a la opinión pública peruana en julio del 2015.

Todo el mundo recuerda las imágenes en video de los noticieros: un sujeto desnudo -calato, en la jerga local- persigue a su novia por los pasillos de un hotel de Ayacucho y en cierto momento la arrastra brutalmente del cabello para regresarla a su cuarto. La víctima se llamaba Arlette Contreras y esa noche había decidido terminar la relación. El hombre amenazó con violarla y matarla. Las escenas captadas por las cámaras de seguridad conmocionaron a un país donde se producen diez feminicidios al mes, uno cada tres días. Arlette Contreras se convirtió en símbolo de la marcha #NiUnaMenos y recibió dos reconocimientos internacionales -uno fue la designación como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time-, pero su agresor todavía no ha sido sancionado.

El episodio ocurrió el mismo año en que Sandra Falconí presentó la denuncia contra el agresor de su hija. El mismo año en que otras 4 mil 924 niñas y adolescentes fueron violentadas en el país. El mismo año en que la Policía Nacional recibió 3 mil 752 denuncias por abusos a menores que iban desde tocamientos indebidos hasta la violación sexual. El mismo año en que 2 mil 917 hijas de otras familias, igual de jóvenes y agobiadas, se sometieron a abortos para terminar con embarazos que en muchos casos fueron producto de un crimen sexual.

La soledad en el país de los violadores

Octubre del 2017. Congreso de la República. Una conferencia promovida desde la sociedad civil aborda el tema de la violencia contra las niñas en el Perú. El encuentro se produce en medio de noticias recientes de violaciones sexuales a menores, e incluso algún caso seguido de muerte. En el panel hay dos adolescentes activistas, una funcionaria del Ministerio de Salud, una congresista conocida por su afinidad con las causas sociales. La ex viceministra de la Mujer Russela Zapata empieza su ponencia con una estadística que abruma al auditorio: “Cada dos horas se viola a una niña o una adolescente en nuestro país”.

El cálculo se basa en cifras oficiales de la primera mitad del 2017.

“Particularmente creo que son más”, comenta poco después en un cuestionario que contestó por email para este reportaje.

Russela Zapata conoce el problema desde las cifras y desde el terreno. Parte de su trabajo, mientras estuvo en el cargo —hasta apenas semanas antes de esta consulta—, fue recorrer el país para vigilar la respuesta urgente del Estado a casos tan graves que desafían toda comprensión: una niña de diez años embarazada por un obrero de construcción de 64 años que la violaba en complicidad con su sobrino de 24 años; una niña de once años que dio a luz por cesárea y abrazaba a su bebé mientras pedía ver a su propia mamá; tres niñas de dos, tres y cinco años, hijas de padres adictos, abusadas por dos tíos adolescentes que dejaron a la segunda con paraplejia a causa de los golpes.

Los detalles son comidilla de la prensa sensacionalista. El verdadero escándalo está en el fondo.

“Uno de los desafíos es visibilizar la magnitud del problema”, señala la exviceministra Zapata.

Un indicio de esa magnitud, a decir de la experta, es la última Encuesta de Relaciones Sociales (Enares), un sondeo que se hace cada dos años e incluye un enfoque especializado en temas de violencia. La última edición es del 2015, el mismo año en que el sujeto desnudo de Ayacucho arrastró a una mujer como un neandertal y en que la hija de Sandra Falconí reveló su tormento. Los resultados de ese año arrojaron que una de cada cinco adolescentes peruanas respondió haber sido víctima de violencia sexual. Al año siguiente, el abuso a menores se elevó a 5 mil 902 casos, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) obtenidos por OjoPúblico para este informe.

Otras cifras oficiales confirman la pandemia de depredadores: la encuesta Enares que debía actualizarse el 2017 no se realizó, pero entre enero y septiembre de ese año el MIMP registró 4 mil 71 casos de abuso a niñas y adolescentes. Del universo total de agresiones sexuales a menores, que incluye a varones, al menos 356 casos correspondieron a víctimas que no pasaban de cinco años.

En un país que todavía vive estragos de posguerra, una generación crece al acecho. “Son indignantes las evidencias que muestran que las personas más cercanas a las niñas y adolescentes, de quienes ellas esperan protección, cuidado y amor, son sus agresores más frecuentes y crueles, y que actúan con total impunidad”, dice la exviceministra Russela Zapata. Según la Fiscalía, la hija de Sandra Falconí estuvo a punto de ser abusada por su padrastro un día antes o después de su cumpleaños, en agosto del 2014. Ese año, otras 118 niñas fueron abusadas en Ayacucho.

En el Perú una niña o adolescente está más propensa a padecer una agresión sexual que a morir en un accidente de tránsito, según el análisis de OjoPúblico con base en las cifras oficiales de los últimos tres años. El pico de la tendencia se produjo en el 2016: frente a 5 mil 387 casos de niñas abusadas, la Policía contabilizó un total de 103 muertes por accidente de tránsito. Sin embargo, a decir de Russela Zapata, la percepción del problema se enfrenta a una serie de factores que van desde el estigma social de las víctimas hasta distorsiones legales que aumentan el abuso. “Niñas y madres adolescentes, obligadas a llevar su embarazo, son obligadas también a recibir la visita de su violador, a quién el sistema judicial le concede su derecho en su condición de padre”, señala.

En el Perú una niña o adolescente está más propensa a padecer una agresión sexual que a morir en un accidente de tránsito.

Tres días después del conversatorio en el Congreso, en que Russela Zapata disertó sobre la violencia contra las niñas, los noticieros informan que en Puno hay una pequeña de ocho años con 27 semanas de embarazo. El caso quedó al descubierto días antes, cuando la menor llegó a un puesto de salud para un control médico. Las autoridades locales anuncian que será atendida en el Hospital San Juan de Dios de Ayaviri, porque su condición es de alto riesgo obstétrico. El caso va a la Fiscalía. El principal sospechoso de la violación es su padrastro.

Cómo se agobia a una niña en un juicio

Mayo del 2017. Sala de Audiencias N°4 en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. La sesión debía evaluar nuevos peritajes en el caso de la hija de Sandra Falconí. El tribunal se instaló pasadas las nueve de la mañana. Un técnico se encargaba del registro en audio, que sería trascrito para el acta. En el minuto 4, el abogado del acusado excusó la inasistencia de su cliente—como en otras ocasiones— con el argumento de que tenía un nuevo empleo fuera de la ciudad. En el minuto 12, el fiscal preguntó por el certificado médico del examen practicado a la víctima y la médico legista señaló que presentaba lesiones antiguas, pero no completas como en un caso de violación. En el minuto 22, el abogado de la víctima pidió una explicación más detallada y la perito explicó que no se podía determinar si el abuso fue total o parcial. En el minuto 39, el abogado preguntó por el tipo de lesiones y la perito dijo que si se hubiera consumado una violación, las lesiones hubieran sido más graves de las que indicaba el examen. En el minuto 48, la defensa del acusado señaló que, de haberse producido la violación, la niña nunca hubiera podido ir al partido de básquet que tuvo el día de la presunta violación.

Un juicio puede ser una maquinaria de demolición. La hija de Sandra Falconí pasó por no menos de quince sesiones con psicólogos. Tanto la psicóloga que realizó la entrevista en la Cámara Gesell como otros dos expertos de la Fiscalía confirmaron que presentaba síntomas emocionales propios de una experiencia de abuso sexual. El psicólogo de la defensa del acusado dijo que estaba mintiendo. “[…] la niña simplemente está simulando y dramatizando”, señaló y contribuyó a la tesis del inculpado acerca de que la víctima había sido influenciada por una de sus tías para montar alguna clase de venganza sentimental. En otra de las audiencias Lucas Salas y su abogado cuestionaron la capacidad mental de Sandra Falconí, quien padece epilepsia y alguna vez tuvo episodios de amnesia —uno de los principales ocurrió cuando hizo un viaje de una semana a la playa y la exposición al sol le causó una inflamación cerebral que afectó su visión y memoria—. Eso fue antes del juicio. No tenía relación con el caso.

—Él conocía esa situación y ha usado infelizmente ese argumento de mi enfermedad para descartarme, para decir que soy una pobre mujer enferma, que no tiene memoria —dice Falconí sobre su expareja.

En el momento crítico del caso, y a pesar del testimonio recogido en la Cámara Gesell en Lima, el fiscal pidió que la niña volviera a declarar ante los jueces de Ayacucho.

El examen médico sobre las lesiones de la niña no fue menos duro. Hubo un debate para evaluar la causa de lo que los médicos legistas señalaron como “dos desgarros incompletos antiguos” en el himen de la víctima. Un perito dijo que existen once tipos de coito. En este caso se evaluaron dos posibles causas: el coito vestibular o vulvar, que consiste en el roce del pene en la zona de la vulva, con intención de consumar el acto, pero que no llega a traspasar el himen por causas anatómicas o la resistencia de la persona abusada; y el coito vaginal, que consiste en la penetración total o parcial del pene en la vagina. La definición de uno u otro determinaría si, para efectos legales, se había consumado la violación. Dos peritos opinaron que sí. Otros dos dijeron que no era físicamente posible y que a lo mejor —incluso contra la literatura científica expuesta en las audiencias—la propia niña se había causado las lesiones al tocarse sola.

En el momento crítico del caso, y a pesar del testimonio recogido en la Cámara Gesell en Lima, el fiscal pidió que la niña volviera a declarar ante los jueces de Ayacucho. Decía que así podría resultar más convincente. Sandra Falconí dudó, porque era lo que había tratado de evitar desde el inicio. Al final, aceptó solo si su hija estaba de acuerdo. La niña estuvo dispuesta y volvió a contar todos los pasos de ese episodio traumático.

No sirvió.

A fines de agosto del 2017, el tribunal absolvió al acusado de los tres cargos que se le imputaban: actos contra el pudor, violación sexual de menor de edad, y hasta el de tentativa de violación sexual. “[…] las pruebas han perdido espontaneidad, veracidad y eficacia”, señaló la sentencia de los jueces María Pacheco Neyra, Nazario Turpo Coapaza y Karina Vargas Béjar. “[…] resulta difícil determinar si realmente el bien jurídico lesionado ha sido producido por el procesado”.

En los últimos cuatro años, más de 3 mil personas han sido encarceladas por violación sexual contra menores de edad en el Perú.

La Fiscalía sostuvo que había evidencias de un abuso -dos rasgados antiguos en el himen y las secuelas psicológicas-, pero el principal sospechoso quedó libre. —Hay una justicia que debe funcionar, y si no funciona esta, será la justicia divina la que haga pagar a ese hombre lo que ha hecho —dice Falconí, quien ha apelado el fallo y está a la espera de la respuesta judicial —. Si es necesario me iré a la Suprema, y si no, me iré a la Corte Interamericana, porque esta es también mi recuperación.

El año en que Sandra Falconí denunció la violación de su hija, el 2015, los tribunales del Perú enviaron a prisión a 4 mil 250 personas por diversos tipos de abuso sexual contra menores, de acuerdo a cifras del Poder Judicial obtenidas por OjoPúblico mediante un pedido de acceso a la información pública. Al momento en que el juicio terminó, fines de agosto del 2017, otros 2 mil 593 abusadores fueron condenados.

En los últimos cuatro años, más de 3 mil personas han sido encarceladas por violación sexual contra menores de edad en el Perú.

Ninguna autoridad nacional está en condiciones de mostrar resultados para contener esta plaga.

—Sabemos que menos del 20% de violaciones sexuales llega a ser denunciado por la víctima o algún familiar —dice la ex viceministra Russela Zapata, quien dejó el cargo justo por los días en que el tribunal liberó al presunto violador de la hija de Sandra Falconí..

Incluso en los casos en que el sistema judicial aplica alguna sanción, el riesgo no queda superado. Zapata recuerda haber atendido el caso de una niña de tres años, raptada y violada por un sujeto con antecedentes penales por el mismo delito. El tipo había violado a dos niñas en dos oportunidades. El último de los casos le había valido una condena a 35 años de prisión. Cuando apenas tenía un año tras las rejas, fue puesto en libertad por un juez de una localidad alejada. La ex viceministra considera que el procedimiento fue sospechoso. Las consecuencias fueron devastadoras: lo dejaron libre, raptó a esa niña y la violó.

—En el hospital, el médico de turno diagnosticó lesiones leves en sus genitales externos, no violación, porque no quiso ser involucrado en una investigación, y la envió a su casa.

Basado en ese certificado médico, y a pesar de sus antecedentes, el fiscal le dio una pena menor.

El peso de ser una víctima

Toda víctima de violación sexual queda expuesta a nuevas formas de tormento. La hija mayor de Liliana Valdera fue abusada a los doce años por el yerno de una de sus hermanas, un tipo de 25 años que además es su vecino. Fue una tarde del 2014 en su casa en el asentamiento humano Nueva Jerusalén, San Juan de Lurigancho, el distrito más grande y poblado de Lima. A los dos días, el médico legista dijo que la niña no tenía nada y acusó a la mamá de alentar una denuncia falsa. A los dos meses y medio, durante una clase de educación física, la niña tuvo un fuerte cólico y sangrado vaginal. Allí se enteró de que estaba embarazada. En la Maternidad de Lima, una enfermera le entregó una Biblia y le pidió que si al dar a luz no quería al niño, se lo regalara. Un miembro de un grupo evangélico le dijo que abortar era pecado y le regaló un celular para llamarlo cuando tuviera dudas. Una fiscal trató de declarar a la menor en abandono a pesar de que la madre, trabajadora de una panadería, aguardaba desprevenida en una sala contigua.

El examen pericial de integridad sexual arrojó “himen complaciente”, un resultado que en varios casos ha servido para desestimar denuncias. El acusado alegó que un antiguo accidente en los testículos le impedía tener hijos. La propia familia, de la que ambas partes son miembros, se inclinó a favor del agresor.

—Si ella no hubiera tenido un embarazo en curso no se hubiera demostrado la violación sexual —señala Brenda Álvarez, abogada de la ONG Promsex, que asesora a la víctima y su madre.

El médico de turno diagnosticó lesiones leves en sus genitales externos, no violación, porque no quiso ser involucrado en una investigación.

Al drama del abuso se sumaba una crisis inminente.

—Ella no quería tener un hijo —dice Liliana Valdera.

Gracias a la asesoría legal independiente, Valera pudo solicitar el aborto terapéutico para su hija por el impacto que tendría el embarazo en la salud física y emocional de la niña. El procedimiento se realizó con todos los requisitos de ley y en una clínica formal. En el curso del juicio, el acusado planteo la insólita teoría de que eso no había sido otra cosa que un intento de ocultar pruebas.

A inicios de diciembre del 2017, la Sala Superior Especializada en lo Penal Descentralizada y Permanente del distrito San Juan de Lurigancho condenó al acusado Daniel Torres Monteza a la pena mínima de 25 años de prisión por la violación sexual de una menor de edad.

El tribunal no tomó en cuenta el agravante del vínculo familiar entre el agresor y la víctima. La reparación civil fue de apenas 2 mil soles (poco más de 600 dólares).

La niña que ya no cree en la justicia

El día en que la hija de Sandra Falconí declaró en la Cámara Gesell, la psicóloga la describió como una niña “lúcida y orientada en tiempo, espacio y persona”. Dijo que la víctima se había mostrado estable, con un lenguaje fluido y una actitud respetuosa. En esas condiciones había dado detalles específicos de la fecha, lugar y forma de los hechos, un elemento esencial para el análisis del caso. Según la perito, el relato se reflejaba en sus gestos corporales: lucía encorvada y cabizbaja. “[…] se aprecia en su rostro sentimientos de vergüenza, se ruboriza, en ocasiones evade el contacto visual”, dice el reporte con el análisis e interpretación del examen. Tenía 14 años.

Ese día, la niña también habló de sus recuerdos de infancia, su vida en el colegio, la relación con sus padres, sus pasatiempos y amistades.

El tribunal no tomó en cuenta el agravante del vínculo familiar entre el agresor y la víctima. La reparación civil fue de apenas 2 mil soles.

En cierto momento la psicóloga le hizo preguntas que apuntaban a establecer la manera en que ha procesado la experiencia. Entonces la niña dijo algo que trata de sonar alentador, pero reflejaba las secuelas de toda víctima infantil: "De lo que me ha pasado, la verdad es que yo no le tomo mucha importancia. He hecho que no me afecte. Yo me decía que esto va a pasar. Me he sentido triste. Yo solo quería que mi mamá sepa, quería pensarlo para ver un momento adecuado para decirle. Siempre me decía que esto no me está pasando a mí, para no [sentirme] mal, y trataba de creérmelo. Lo he guardado para mí, no quería que mi mamá sufra. Lo que sí pienso es que en un futuro [voy a] mantenerme sola. Ya la confianza en los demás hombres mayores no es la misma. Me he sentido culpable por mucho tiempo de lo que me pasó y eso me hace sentir mal, pero, como te digo, trato de convencerme a mí misma de que yo puedo salir de esto. A veces siento que no puedo y mi mamá me consuela".

La ahora adolescente está a punto de iniciar sus clases en la universidad. Su anhelo inicial era estudiar Derecho. Tras la experiencia del juicio, cambió de carrera.