En marzo de 2018, el Congreso promulgó la ley que regula el uso de los aviones pilotados a distancia en el Perú. Su uso ya ha sido incorporado en las tareas de vigilancia del Estado y en investigaciones periodísticas.
21 de mayo, 2018

En los últimos años, el uso de drones para la atención de emergencias por desastres naturales, la seguridad y coberturas periodísticas se ha extendido en diversas partes del mundo. Estos pequeños aviones no tripulados ofrecen datos e imágenes muy útiles para ingresar a zonas de difícil geografía y captar situaciones que, de otro modo, no podrían ser registradas por una cámara de video. Para el equipo de Ojo‑Publico.com, su aplicación en la serie Los Acuatenientes fue necesaria y de alto interés público porque complementó nuestras pesquisas sobre el saqueo del agua del subsuelo.

En el Perú, el Congreso aprobó la Ley que Regula el Uso y las Operaciones de los Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia en junio de 2017, pero su promulgación se dio recién el 22 de marzo de este año. Esta regulación es necesaria porque diversas entidades públicas, empresas privadas y personas particulares ya pilotean drones para distintos fines desde hace unos cinco años en el país. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha usado drones para sus labores de fiscalización en la Amazonía, mineras y agroexportadoras los emplean como vigilantes de sus propiedades y algunos medios de comunicación los utilizan para la cobertura de marchas y espectáculos masivos.

A comienzos del 2016, la Autoridad Nacional del Agua incorporó los drones en sus tareas de supervisión de pozos de agua subterránea en la región Ica debido a los obstáculos que tienen los inspectores para ingresar a los terrenos donde su ubican. En febrero de 2017, el Ministro de la Producción anunció que también incluirá drones en la lucha contra la pesca ilegal en el mar, mientras que la Policía Nacional informó un mes después que ya trabaja en la creación de la Unidad de Drones para mejorar la seguridad ciudadana. Si su uso se basa en objetivos de interés público y se tienen todos los protocolos claros, su aplicación debe seguir expandiéndose en el país.