La triple frontera de la pesca ilegal: mafias e impunidad detrás del tráfico en la Amazonía

El crimen organizado controla la ruta del río Yavarí, en la frontera que comparten Brasil y Perú, desde donde se extrae ilegalmente de territorios indígenas especies vulnerables como el paiche o pirarucú (arapaima gigas). En esta disputada zona, hace un año el periodista británico Dom Phillips y el experto indígena Bruno Pereira fueron asesinados. Durante diez meses un equipo de OjoPúblico recorrió la frontera e investigó en los tres países, desde Tabatinga, Leticia, Loreto y Lima, las rutas de este lucrativo negocio que se extienden ante la ausencia de fiscalización de las autoridades de los tres países. La policía de Brasil y Perú sostienen que el narcotráfico está detrás del financiamiento de la pesca ilegal. Este reportaje forma parte del especial global coordinado por Forbidden Stories.

Por: Rodrigo Pedroso, Nelly Luna Amancio y Jonathan Hurtado

Fotos: OjoPúblico / Alex Rufino

Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico


Junio del 2023

Junto al puerto de la ciudad colombiana de Leticia, en la frontera de este país con Perú y Brasil, un hombre con una cicatriz que le parte la frente está sentado bloqueando la entrada a una bodega de pescado fresco. Al preguntarle si en aquella casa sobre pilotes a orillas del río Amazonas había pescado que pueda mostrar, él frunce el ceño. Luego, un segundo hombre aparece en el lugar, y se acerca para poner fin a nuestras preguntas: "Acá no hay nada. Estás buscando tu puta muerte".

La muerte no es solo una amenaza en esta remota triple frontera. Los asesinatos han convertido esta zona en una de las más violentas de la Amazonía. Hace un año, en estas tierras indígenas atravesadas por la cuenca del río Yavarí, el periodista británico Dom Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira fueron asesinados en un sector del Atalaia do Norte, en el estado de Amazonas, Brasil.

Uno de los pilares de la economía y base de la alimentación de la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia, es la comercialización del pescado. Pero una gran cantidad de estos peces son extraídos ilegalmente, de territorios indígenas o áreas naturales protegidas, para luego ser blanqueados y comercializados en el mercado local e internacional.

Un equipo de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico –como parte de una investigación global coordinada por Forbidden Stories, en memoria de Dom Phillips y Bruno Pereira– recorrió la frontera e investigó en los tres países, desde Tabatinga, Leticia, Loreto y Lima, las rutas de este lucrativo negocio auspiciado por mafias locales y por la ausencia de fiscalización de las autoridades de estos países.

Las especies más vendidas en la triple frontera son el Surubí (Pseudoplatystoma), tambaqui o gamitana (Colossoma macropomum), pacú, bagres, piracatinga (Calophysus macropterus) y la majestad de los lagos amazónicos, el arapaima gigas, conocido como pirarucú en Brasil o paiche, en Perú. Estas especies son capturadas en grandes cantidades, principalmente de los ríos y lagos del territorio brasileño para abastecer una intrincada red que abastece mercados locales y regionales, y las capitales Lima y Bogotá.

Uno de los pilares de la economía y base de la alimentación de la triple frontera es la comercialización del pescado.
Uno de los pilares de la economía y base de la alimentación de la triple frontera es la comercialización del pescado.
Una de las especies más extraídas de los lagos de la cuenca del río Yavarí es el arapaima gigas, conocido como pirarucú en Brasil o paiche, en Perú.
Una de las especies más extraídas de los lagos de la cuenca del río Yavarí es el arapaima gigas, conocido como pirarucú en Brasil o paiche, en Perú.
Al no existir una adecuada fiscalización el paiche o pirarucú termina en mercados de la frontera, pero también en lujosos restaurantes de Lima, Bogotá y Europa.
Al no existir una adecuada fiscalización el paiche o pirarucú termina en mercados de la frontera, pero también en lujosos restaurantes de Lima, Bogotá y Europa.

PezImpunidad y nula fiscalización

Los pescados son cargados en barcos o pequeños botes, y transitan de un lado al otro de la frontera sin ningún control. La inspección por parte de las autoridades de los tres países es débil. OjoPúblico constató que en ninguno de los puertos y desembarcaderos las autoridades pesqueras solicitan documentación para comprobar el origen del pescado que se compra y vende en la región.

La informalidad del sector es tan alta que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) de Colombia, las secretarías de agricultura municipales y estatal del Amazonas (Brasil) –que expiden los certificados de operación a las empresas pesqueras– y el Ministerio de la Producción en Perú, no llevan registros detallados del volumen de pescado por especie desembarcados en puertos y vendidos.

En el lado peruano, en el distrito de Santa Rosa de Yavarí, en la orilla del río Amazonas, la Dirección Regional de la Producción (Direpro), responsable de la inspección y el control de la pesca, no tiene inspectores destacados.

Esta isla es el último espacio del territorio peruano. El abandono es tan grande, que del lado brasileño, la agencia federal de medioambiente (Ibama) cerró su oficina de Tabatinga en 2019. Más de 100.000 habitantes viven en la triple frontera.

INFOGRAFÍA

La falta de fiscalización se repite en los tres países. Ante un pedido de información realizado en Perú, sobre las intervenciones de pescado ilegal realizadas entre el 2011 y el 2022 en esta zona, la autoridad fiscal y aduanera del Perú reportó haber realizado solo dos incautaciones el año 2019 y una el 2020.

La respuesta oficial fue que en dichos puestos de control no se dan las condiciones para hacer una correcta intervención, pues su infraestructura no garantiza la cadena de frío. Confirmaron que tampoco abren containers.

Las dos incautaciones realizadas en febrero y agosto del 2019 en Santa Rosa fueron de 2.730 kilos de pescado congelado de “procedencia brasileña” –en 130 sacos con la inscripción “Río Mar”– y 97 de pescado seco salado de la especie paiche de “procedencia extranjera”. Al año siguiente, la incautación en el mismo punto fue de 221 kilos de paiche seco salado.

Testimonios de policías y autoridades locales a los que OjoPúblico tuvo acceso en la zona, durante dos viajes realizados para esta investigación, exponen cómo la falta de control y la dificultad de rastrear la cadena de comercialización del pescado han atraído la atención del narcotráfico, la mayor actividad económica de la frontera, que ha creado lazos comerciales con pescadores ilegales. El doble crimen del año pasado muestra algunos elementos de cómo funciona esta relación.

El autor intelectual de los asesinatos de Bruno y Dom es, según la Policía Federal de Brasil, Rubens Villar Coelho, conocido como Colombia y que se encuentra preso en una cárcel de alta seguridad.

Los pescadores ilegales venden paiches diciendo que son del Perú, cuando en realidad han sido sacados de territorios indígenas del Brasil.

Pomo de mercurio

La investigación de la policía señala que él –como parte de una organización dedicada al tráfico de drogas– financiaba expediciones de pesca con el fin de invadir tierras indígenas a cambio de la compra garantizada de peces codiciados como el pirarucú. Aunque, hasta ahora la policía no conoce su verdadera identidad pues han encontrado documentos con presuntas tres nacionalidades, peruana, brasileña y colombiana.

Los líderes de la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari (Univaja) –la organización indígena más importante del Brasil en esta parte de la frontera– sostiene también que Rubens Villar Coelho era financiado por narcotraficantes que se benefician y blanquean su dinero en las actividades pesqueras.

PezLa ruta de un lucrativo negocio

El corazón de la ruta del negocio de la pesca ilegal en la triple frontera se encuentra en Atalaia do Norte, en Brasil, el territorio amenazado territorio indígena del Valle del Yavarí, en Brasil, donde Bruno y Dom fueron asesinados por pescadores ilegales en junio del año pasado mientras realizaban trabajos de investigación periodística.

La falta de control y la dificultad de rastrear la cadena de comercialización del pescado han atraído la atención del narcotráfico.
La falta de control y la dificultad de rastrear la cadena de comercialización del pescado han atraído la atención del narcotráfico.
La carne del paiche es altamente cotizada en los mercados, pero cada vez es más difícil encontrarlo. Por eso las mafías los extraen de territorios indígenas.
La carne del paiche es altamente cotizada en los mercados, pero cada vez es más difícil encontrarlo. Por eso las mafías los extraen de territorios indígenas.
Las autoridades locales confirman que no tienen el apoyo ni los recursos para exigir los documentos que garanticen la procedencia legal de los peces que se venden en la triple frontera.
Las autoridades locales confirman que no tienen el apoyo ni los recursos para exigir los documentos que garanticen la procedencia legal de los peces que se venden en la triple frontera.

OjoPúblico ha logrado reconstruir e identificar –a partir de testimonios en la zona e información de autoridades locales– la ruta de estos peces de origen ilegal. Los peces son extraídos de territorios indígenas y luego son trasladados en botes o canoas por el río Yavarí, sin ningún control, hasta llegar a los desembarcaderos de Islandia, Benjamin Constant, Santa Rosa y Leticia, en la triple frontera.

Pero no todos los pescados se quedan allí, hay intermediarios que los trasladan hacia Iquitos (Loreto) y también Lima y Bogotá. Y al no existir una debida fiscalización, una parte de sus preciadas carnes es lavado en el mercado formal nacional e internacional.

“Los pescadores que ingresan ilegalmente son principalmente de Perú y Brasil”, dice Kell Wadick, un misionero y amigo de pescadores e indígenas que vive en Atalaia.

Estos grupos atraviesan la base de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), en el cruce de los ríos Ituí e Itacoaí, y también el río Javari, que hace frontera con Perú y desemboca en el gigante río Amazonas. "Hunden la canoa y esperan a que pase la noche. Ingresan por el lado peruano del Yavarí y venden en Islandia, principalmente en balsas, y en Benjamin Constant", explica Wadick.

Es decir, una parte importante del paiche es extraído de Brasil y es vendido como si fuera peruano. El gobierno de Brasil inició una operación para realizar inspecciones en la zona, pero esto no ha resuelto el problema.

En el lado peruano, los controles son casi inexistentes, por lo que líderes indígenas locales –que por temor prefirieron no ser identificados– señalaron que los pescadores ilegales venden pescados como el paiche diciendo que son del Perú, cuando en realidad han sido sacados de territorios indígenas del Brasil.

Una cifra que aporta a estas afirmaciones tiene que ver con las enormes diferencias en la cantidad de paiche que exporta Perú sobre Brasil. Un análisis realizado por OjoPúblico al volúmen de exportaciones halló que entre los años 2014 y 2022, Perú ha exportado mucho más que Brasil: 377.831 kilos de arapaima gigas; mientras que Brasil registra en el mismo periodo 321.056 kilos.

El pescador Raimundo Pinheiro nació en la parte brasileña del Valle del Yavarí y vivió allí hasta que el territorio indígena fue reconocido en 2001 por el gobierno.

Luego de este reconocimiento se produjo un proceso de expulsión de las personas no indígenas de las zonas demarcadas. La familia de Raimundo quedó dividida entre el tramo comprendido entre Atalaia y el territorio indígena. Él no sabe leer ni escribir, y pesca desde que era niño. Hoy, a sus 51 años, cuenta cómo cada vez es más difícil pescar y cazar en la región. Él y sus colegas tienen que remontar más los ríos en cada expedición, sobre todo en busca del paiche, que vive en los lagos.

Los pescadores que ingresan ilegalmente a territorios indígenas de Brasil son principalmente de Perú y Brasil. Luego venden el pescado en Santa Rosa y Leticia.

Pomo de mercurio

El pescado extraído ilegalmente es enviado de dos formas hacia los puertos de Benjamín Constant y Tabatinga (en Brasil), Santa Rosa (Perú) y Leticia (Colombia). Puede ir fresco o en mantas, ya salado, explica Raimundo Pinheiro.

Los pescadores trabajan en grupos de 3 a 6 personas. El tiempo de las expediciones depende del financiamiento que reciban de parte de un tercero y que les permita cubrir compra de gasolina, redes, sal o hielo y la alimentación del grupo.

"Con menos de 10.000 reales [2.000 dólares] no sales de casa. Todo es muy caro. Así que, o lo sacas todo de tu bolsillo, o el comprador paga los gastos y tú obtienes un precio más bajo por el pescado que le llevas. En el esquema de mitad y mitad, pagan unos 5 reales [un dólar] el kilo por el pirarucú. Otros peces, dependiendo del tamaño, cuestan 3 o 4 reales el kilo", dice Raimundo, que actualmente vive en una comunidad del lado peruano, en la ribera del río Yavarí.

Perú: Exportación de Paiche según Aduanas y CITES

La información de Aduanas contempla todos los productos derivados de paiche y en CITES solo la categoría de carne de paiche.

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  • Aduanas
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Brasil: Exportación de Paiche según Aduanas y CITES

La información de Aduanas contempla todos los productos derivados de paiche y en CITES solo la categoría de carne de paiche.

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  • Aduanas
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En esta zona muchos pescadores trabajan de esta forma: reciben el financiamiento de terceros para continuar pescando. Si las autoridades –en medio de una intervención– intervienen un bote con peces de origen ilegal, el perjuicio es para los pescadores, que adquieren una deuda con quienes financiaron la expedición. "Tengo muchos colegas que se encuentran en esta situación. Y hay que hacer otra (expedición) para pagar la anterior". El círculo de la deuda se vuelve entonces más violento.

Raimundo dice que él no pesca en zonas indígenas, pero que no hay forma de controlar el ingreso de los otros pescadores. "Aquí [se refiere a la zona de Atalaia ya las comunidades que están al frente, en el lado peruano] somos unos 600 personas que solo vivimos de la pesca. Es gente como yo, que no sabe escribir, que no sabe leer. Si nos prohíben pescar... La zona es pequeña y quieren cerrarla aún más. ¿De qué vamos a vivir, jefe?”, dice el ribereño.

Pero la extracción ilegal de especies no es el único problema para los pueblos indígenas de la zona. El presidente de la Organización General Mayoruna en Brasil (conocidos como matsés en Perú), Bene Mayoruna, advierte que la pesca ilegal está dividiendo a las comunidades de esta parte de la frontera de Brasil y Perú.

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kilos de carne de paiche exportados, reportó el Perú a CITES entre el 2014 y el 2021. Sin embargo, el 2019 y el 2020 el gobierno no envió información a la Convención.

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kilos de paiche exportado es lo que el Perú exportó al mundo, según las cifras oficiales de Aduanas entre el 2014 al 2021. Las cifras no cuadran con lo que el gobierno declara a CITES.

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kilos de carne de paiche exportados es lo que Brasil reportó a CITES entre el 2014 y el 2021. Brasil no entregó datos de los años 2019 y 2021, años en los que estuvo en el gobierno Jair Bolsonaro.

Los matsés más jóvenes, que suelen pasar más tiempo en la ciudad para estudiar, tienen dificultades para acceder a empleos y son tentados por los pescadores ilegales para trabajar con ellos. "Estamos intentando evitar este problema interno entre nosotros, porque la mayoría de los jóvenes ahora quieren trabajar con los pescadores para ganar dinero, mientras los mayores quieren impedir que entren en nuestros territorios. Esta situación se da a ambos lados (de la frontera)", afirma.

Con 20 mil habitantes, Atalaia do Norte, en Brasil, tiene el tercer peor Índice de Desarrollo Humano de Brasil (0,450), incluso por debajo de la media del África subsahariana. Una situación similar se repite en los territorios peruanos y colombianos de esta parte de la frontera, donde viven comunidades indígenas.

PezPor donde pasa el pescado, pasa el narcotráfico

La ruta que toman los pescadores ilegales para entrar al territorio indígena del lado brasileño del río Yavarí, también es utilizada por los narcotraficantes. En los últimos años las plantaciones ilegales de hoja de coca en el lado peruano, conocido como Bajo Amazonas, se incrementaron de forma alarmante. Solo entre el 2020 y 2021, estos sembríos pasaron de 4.247 a 6.472 hectáreas. El año 2017 había solo 1.855 hectáreas.

Diversos testimonios de líderes indígenas locales y fuerzas de seguridad –recogidos por OjoPúblico en la zona– señalan también el poderoso vínculo entre el tráfico de drogas y la pesca ilegal. No solo comparten las rutas, sino también el financiamiento. Durante los últimos años, dirigentes han reportado la presencia de miembros de cárteles de droga colombianos y mafias peruanas dedicadas al procesamiento de cocaína en la zona.

La policía ha destruido en el lado peruano pozas de maceración de pasta base de cocaína. Según la versión policial, este producto es entregado a compradores en la desembocadura del río Yavarí en el Amazonas, en la triple frontera.

La coca –como la pesca ilegal– avanza sobre territorios indígenas. El informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) del Perú, identifica que en esta parte de Loreto la superficie de hoja de coca afecta a 37 comunidades indígenas y alcanzó las 1.752 hectáreas cultivadas el 2020.

Se ha reportado la presencia de cárteles de droga colombianos y mafias peruanas dedicadas al procesamiento de cocaína en la zona.

Pomo de mercurio

De este total, el territorio ticuna concentra el 77% (1.348 hectáreas), seguido por el pueblo yagua con el 20% (355 hectáreas) y el 3% en los pueblos kichwa (38 hectáreas), kukama kukamiria (9 hectáreas) y los awajún (1 hectárea).

Un informe de inspección del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) de octubre de 2022 –obtenido como parte de esta investigación global– señala que los traficantes de droga financian las actividades ilegales (caza, pesca, minería y tala) en la frontera, proporcionando motores, gasolina y equipos, así como seguridad a quienes se dedican a estas actividades.

Entre los años 2018 y 2019, en el lado de Brasil, grupos de pescadores atacaron en ocho ocasiones la base de la Fundación Nacional del Indio (Funai), en la confluencia de los ríos Ituí e Itacoaí. En septiembre de 2019, el funcionario de esta entidad, Maxciel dos Santos Pereira fue asesinado en la avenida principal de Tabatinga, luego de participar en una intervención de decomiso de pesca y caza ilegal.

Los reportes de extracción de peces en la Amazonía son irregulares y opacos en los tres países de la frontera.
Los reportes de extracción de peces en la Amazonía son irregulares y opacos en los tres países de la frontera.
Los pescados son extraídos muchas veces de territorios indígenas, luego vendidos en los desembarcaderos y trasladados en camiones hacia mercados locales.
Los pescados son extraídos muchas veces de territorios indígenas, luego vendidos en los desembarcaderos y trasladados en camiones hacia mercados locales.
Una parte importante de los pescados, como el paiche o pirarucú, son enviados en cámaras frigoríficas hacia Iquitos, Lima y Bogotá.
Una parte importante de los pescados, como el paiche o pirarucú, son enviados en cámaras frigoríficas hacia Iquitos, Lima y Bogotá.

El caso aún no ha sido esclarecido por las autoridades brasileñas, pero a finales de marzo de este año la Policía Federal afirmó que hay indicios de que Maxciel fue asesinado a pedido de Rubens Villar Coelho, la misma persona que ordenó las muertes de Bruno y Dom.

Una muestra más reciente de la falta de control sobre el río Yavarí en el lado peruano ocurrió el 12 de enero de 2022, cuando un grupo de personas armadas –según la policía, narcotraficantes peruanos y brasileños– destruyeron el puesto de policía fronterizo de Puerto Amelia, ubicado en la ribera del río Yavarí, frente a Atalaia do Norte. Durante el atentado robaron fusiles y ametralladoras y cuatro policías resultaron heridos. El puesto no ha sido reabierto hasta ahora.

En Puerto Amelia y alrededores, a más de un año de ese ataque, el miedo continúa en los habitantes. Aunque varias personas en Perú se dedican al cultivo de hoja de coca, señalan que lo hacen porque no hay otras actividades económicas para sostener a sus familias.

Manuel –a quien llamaremos así porque teme que lo identifiquen– confiesa que hasta hace cuatro años se dedicó a este negocio ilegal. Primero trabajó en las plantaciones de coca y luego llegó a dirigir un laboratorio de refinamiento de cocaína hasta que luego logró dejar el narcotráfico.

La Dirección antidrogas de la policía en Perú sostiene que el narcotráfico está detrás del impulso de otras actividades ilegales en la frontera como la pesca ilegal.
La Dirección antidrogas de la policía en Perú sostiene que el narcotráfico está detrás del impulso de otras actividades ilegales en la frontera como la pesca ilegal.

Trabajó en las plantaciones de hoja de coca desde los 14 años hasta que luego asumió más responsabilidades en el procesamiento. Allí estuvo hasta los 22 años. Explica que una de las formas de llevar la droga desde las plantaciones hasta la triple frontera es colocar la mercancía en falsos fondos de botes con peces dentro.

"Algunos pescadores se convirtieron en mulas para el tráfico. Si la policía paraba el barco, solo veía el pescado. Pero en mi trabajo, en mi caso, también ocurría lo contrario: los nuestros se disfrazaban de pescadores", sostiene.

Un agente de la Policía Federal brasileña con experiencia en operaciones contra el narcotráfico en la región dijo para esta investigación que este tipo de traslado de droga en peces es muy normal en la zona. "Esto sigue ocurriendo, pero nadie de allí quiere hablar. Nadie quiere morir".

Esta permanente invasión de territorios indígenas ha puesto en alerta a los líderes locales, muchos de ellos paralizados por amenazas y agresiones. El experto indígena, Bruno Pereira, precisamente estaba ayudando a los indígenas del Valle del Yavarí, en el lado de Brasil, a organizarse para patrullar y defender sus territorios. Pero sus acciones llamaron la atención de las mafias locales.

PezEl encuentro de los ríos Yavarí y Amazonas

La localidad de Benjamín Constant es el último punto del río Yavarí de Brasil, en la desembocadura del río Amazonas. A la derecha de la entrada a la ciudad, sobre el río, cuatro balsas de madera reciben y congelan el pescado todas las mañanas. Al puerto llegan botes con pescado. Luego, los retiran y los llevan al mercado municipal, a pocos metros de distancia.

Francisco Antonio utiliza una cinta métrica para medir el tamaño de un surubí. Es el inspector de pesca y producción de la Secretaría de Producción y Abastecimiento de la ciudad. Recorre ahora el mercado para hacer cumplir la ley brasileña, que establece tallas mínimas para la comercialización del pescado y fija vedas para algunas especies, como el pirarucú.

El inspector dice que ellos solo fiscalizan en el mercado, no tienen autoridad para intervenir los botes sobre el río. "Podríamos inspeccionar las balsas o embarcaciones en el puerto, pero no tenemos apoyo del Ibama ni de la policía federal, así que no vamos. Solo somos tres. Es peligroso, no voy a arriesgarme, porque soy de aquí. Solo vamos si tenemos el apoyo de la policía, si no, no inspeccionamos. (Pero) el pirarucú no entra en la ciudad. Acaba yendo a Tabatinga y sobre todo a Leticia”, sostiene el funcionario.

"Algunos pescadores se convirtieron en mulas para el tráfico, llevan la droga entre la carga de pescados”, explica un testigo en la frontera de Perú y Brasil.

Pomo de mercurio

Desde que la sede del Ibama en Tabatinga –ubicada a media hora en lancha rápida de Benjamin Constant– fue desmantelada en 2019, las operaciones de inspección se han vuelto cada vez más escasas. Esto deja a los grupos libres para que compran y vendan pescado ilegalmente.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha prometido el regreso de las agencias federales a la región. La sede de Tabatinga debería reabrir a finales de este año, según el superintendente del Ibama en Amazonas, Joel Araujo. "Realmente hay una falta de control sobre la salida de peces de Brasil en la frontera. Gran parte del pirarucú que sale del Amazonas, sale ilegalmente", afirma.

El 8 de marzo de este año, el Ibama y agentes de policía incautaron 31 toneladas de pescado, como surubim y matrinxã, procedentes de una fuente ilegal, en una balsa refrigerada. La inspección puede asustar, pero el comercio continúa.

En Islandia, una isla peruana ubicada a la ribera del río Yavarí y a tres kilómetros de Benjamin Constant, los barcos de pasajeros y de carga siguen llevando pescado de la zona hacia Iquitos.

"Brasil y Perú son países hermanos. Los peruanos van a Benjamín y traen el pescado aquí, y los brasileños también vienen a vender aquí, incluso trabajan juntos. También llevan fácilmente el producto a Leticia, en Colombia, y Tabatinga. Depende de dónde el precio sea mejor. De hecho, aquí es una región donde no hay frontera", así define Mario Jiménez la dinámica comercial de la zona.

Responsable de la alcaldía de Islandia, Jiménez es peruano, hijo de brasileño. Es pescador desde hace 17 años y asegura que la disponibilidad de peces ha ido disminuyendo, lo que obliga a las expediciones a adentrarse cada vez más en tierras inexploradas. "Ha disminuido mucho la cantidad que se está pescando. La pesca es muy importante para la economía de aquí, es la actividad a la que más se dedica la gente", continúa.

Principales destinos de las exportación de paiche de Perú

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Principales destinos de la exportación de paiche de Brasil

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Cuando los ríos están bajos, el pescador Juan –que no quiso dar su nombre completo– se dedica a la pesca. Se une a pescadores brasileños en viajes hacia la región del río Yavarí para capturar surubí y, sobre todo, paiche. Él vende cada kilo a 7 soles en los puertos de Benjamín Constant e Islandia. El pescado generalmente va a Iquitos y Leticia. A Juan la inspección de las autoridades no le quita el sueño.

"No hay otra alternativa, no hay empleo. El gobierno, la policía, solo aparecen para pedir una multa. El único que se enriquece es el comerciante que vende un kilo a 20 soles en Iquitos. Los pescadores nos quedamos con lo justo para sobrevivir y alimentar a nuestras familias", afirma.

PezEl pescado ilegal se convierte en legal

Una cadena de pescadores, compradores, intermediarios y vendedores pueblan los mercados y balsas fluviales de Benjamin Constant y Tabatinga en Brasil, Islandia y Santa Rosa en Perú, y Leticia en Colombia. El pescado circula entre compradores y vendedores de los países. Pero Islandia y Santa Rosa, en Perú, y Leticia, en Colombia, reciben la mayor parte del pescado que sale de la frontera.

Un kilo de pirarucú se vende a 25 reales (5 dólares) en Tabatinga y a 25.000 pesos colombianos (5,6 dólares) en Leticia.

En los puertos, las balsas y bodegas frigoríficas reciben los pescados que los cortan y envasan, principalmente hacia Iquitos y Leticia. Desde allí, la principal ruta de venta fuera del Amazonas pasa por el aeropuerto de la ciudad.

En el lado peruano, los contenedores refrigerados remontan el río Amazonas en transbordadores o barcos de carga y pasajeros hasta Iquitos, donde las empresas comercializadoras venden el pescado a otras partes de Perú.

Las autoridades responsables –la Dirección Regional de Producción en Perú y Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de Colombia– no llevan un registro detallado del volumen de pescado comercializado en la zona. Ambas señalan que se basan en la presunción de buena fe del comprador para validar la procedencia del pescado, haciéndolo legal.

En Perú, en la frontera con Brasil y Colombia, la superficie de hoja ilegal de coca afecta a 37 comunidades indígenas. Supera las 1.752 hectáreas cultivadas.

Pomo de mercurio

Santiago Duque, investigador del Instituto Amazónico de Investigaciones (Imani) de la Universidad Nacional de Colombia, vive en Leticia desde hace tres décadas estudiando los ecosistemas acuáticos de la región y su dinámica de explotación. Una investigación realizada en la zona, menciona Duque, calcula que son entre 6.000 y 10.000 las toneladas de pescado que salen cada año de Leticia hacia otras zonas de Colombia.

“Buena parte del mercado nacional se oferta a través de transporte en avión de peces de cuero. No hay control. [Saber] el origen es imposible. Hay que mirar las debilidades que tenemos, institucional, que no tiene plata para sus funciones. En el puerto es imposible controlar, pues las fronteras están abiertas totalmente. Entonces se aprovechan y hay contrabando de todo tipo”, afirma.

La debilidad institucional a la que se refiere el investigador se materializa en la Aunap, que en Leticia solo cuenta con dos funcionarios para supervisar todo el comercio pesquero del lado colombiano.

La autoridad colombiana afirma que hay 40 empresas pesqueras registradas en esta parte de la frontera, en Leticia. Los comerciantes van a Brasil y Perú para negociar y comprar previamente grandes volúmenes de pescado, que luego se envían a la ciudad para ser revendidos a otras partes del país.

La mayoría de los negocios son emprendimientos individuales, dice Daniela González, funcionaria de la Aunap en la ciudad. Señala que a pesar de que los pescadores sostienen que cada vez es más difícil encontrar peces, los reportes sobre el volumen de ventas continúan incrementándose.

"Cada año hay más permisos. Uno confía en lo que habla el comerciante y ya. Digamos que a nosotros no nos exigen que se pida una evidencia (sobre la procedencia). Está en el formato, pero no nos exigen que este sea llenado. O sea, controlarla directamente es muy difícil", dice Gonzáles.

Para ser legal en Leticia, un comerciante tiene que tener permiso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), que inspecciona si la mercancía ha pagado los impuestos correspondientes, la Cámara de Comercio del Amazonas, una institución de clase, la Secretaría de Salud, que comprueba las condiciones sanitarias de la carga, y la Aunap, responsable de inspeccionar el origen y el cumplimiento de la legislación pesquera del país.

En el comercio pesquero la parte más difícil de inspeccionar son las bodegas, espacios con cámaras frigoríficas que albergan hasta 20 toneladas de pescado.

"Las bodegas es lo más difícil, porque manejan grandes cantidades. Nos vamos a una y les preguntamos cuántos bagres tienen, por ejemplo. Pues (si dicen) una tonelada, ponemos una tonelada. Todas las muestras se hacen al azar. Entonces si tienen mil bultos, se abren algunos para averiguar, pero no más. El pirarucu es el más grande, entonces se lo identifica sin abrir. Es como un ser humano amarrado", dice el inspector.

La falta de instrumentos institucionales para separar el pescado obtenido legalmente del ilegal es similar en el lado peruano del río Amazonas. La isla de Santa Rosa, al igual que Islandia, no cuenta con inspectores de la Dirección Regional de Producción. La oficina de la agencia se encuentra río arriba, en Caballococha, a unas cuatro horas en bote, en una pequeña casa de madera con documentos de papel apilados en dos mesas.

Denis Paiva
Denis Paiva

Alcalde de Atalaia do Norte, en Brasil

“No tenemos las condiciones para fiscalizar. No tenemos ingresos. La gente no conoce la realidad de aquí, hablan desde la oficina, de lejos. Quieren que un municipio con ingresos de casi nada fiscalice la situación de toda esta frontera, cuando ni siquiera logramos fiscalizar el casco urbano. Esto es una locura”.

Una parte importante de los pescados, como el paiche o pirarucú, son enviados en cámaras frigoríficas hacia Iquitos, Lima y Bogotá.
Ricardo Zamora Pacheco

Coordinador de la Unidad de Gestión de Flora y Fauna, en Caballococha (Perú)

“Hay que darse cuenta que Loreto es el departamento más grande del Perú. Para serte sincero no nos abastecemos para hacernos el trabajo de control. Nos faltaría para hacer recorridos por toda la provincia”.

La sede se encarga de centralizar y coordinar la inspección en todo el tramo peruano del río Amazonas hasta Iquitos. Los empleados, que no son más de diez, no han cobrado los salarios de los tres primeros meses del año debido al cambio de gobierno departamental a finales de año. Algunos han amenazado con regresar a sus ciudades de origen.

"Exactamente estamos en el mismo dilema de Colombia. Como estamos en una situación de frontera, no se puede controlar mucho si las instituciones no trabajan en conjunto. Aduana, Direpro, la Marina. El pescador viene con su pescado al lado peruano, y dice que lo pescó, por Islandia, o Santa Rosa. Pero nosotros no podemos constatar, solamente ellos lo declaran. Ahí firman y legalizan la declaración en el juez de paz. Luego la Direpro constata si el producto cumple con las medidas reglamentarias, como que tenga más de 1,60m en el caso de paiche, y ya", dice Junior Macedo, director de Direpro, en la provincia Mariscal Ramón Castilla.

Esta Dirección tiene previsto instalar este año un puesto en Santa Rosa con dos inspectores para evitar la evasión fiscal. Mientras tanto, junto al puerto de la ciudad se llenan contenedores con pescado como el surubí y el paiche, que se envían a Iquitos.

Si las autoridades pesqueras de Perú y Colombia afirman abiertamente que no pueden separar la pesca legal de la ilegal, lo que justifica el clima de amenaza y temor en las balsas y embarcaderos de esta parte del río Amazonas es la neblina sobre la financiación de la actividad pesquera y sus propietarios, según un oficial de la policía colombiana que no quiso ser identificado.

Al tratarse de una actividad rentable, algunas empresas tienen vínculos económicos con el narcotráfico en la región, lo que también explica la falta de un mayor control por parte de las autoridades. OjoPúblico solicitó una entrevista con el comandante de la Policía del Amazonas colombiano para hablar sobre el tema, pero no aceptaron.

Para esta investigación también se solicitaron informaciones sobre el número de empresas pesqueras registradas en las localidades de Perú y Brasil en esta parte de la frontera, pero las autoridades dijeron que no tenían esa información.