La investigación fiscal que se le sigue en Perú a los integrantes de la familia Ramírez vinculados a la Universidad Alas Peruanas expone una serie de movimientos financieros fraudulentos y transacciones sospechosas protagonizados –en una parte importante– por Joaquín Ramírez Gamarra. El análisis de los peritos contables y los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera detallan que incluso en los años en los que este ocupaba la representación legal y la secretaría general de Fuerza Popular se realizaron millonarias operaciones que permitieron el incremento de su patrimonio.

Estos préstamos y movimientos financieros –detallados en el expediente fiscal– ocurrieron entre el 2012 y 2015, y de estos, por lo menos S/8 millones y más de USD 381.000 de transacciones se realizaron cuando Joaquín Ramírez estaba vinculado a Fuerza Popular (entre el 2011 y el 2016). La investigación considera que la lideresa de este partido y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, y su asesor Pier Figari, eran el brazo político de la presunta organización criminal integrada por la familia Ramírez y que ahora es investigada por lavado de activos y fraude. 

Según las investigaciones, el blanqueo de dinero se realizaba a través de la constitución de empresas de fachada que luego eran usadas para simular préstamos o convertirlas en proveedores de la Universidad Alas Peruanas. Estos movimientos incluían aumentos de capital, compras de inmuebles y pagos a los integrantes de la presunta organización.

Los vínculos directos de Joaquín Ramírez con el fujimorismo comenzaron el 2011 –cuando fue elegido congresista por Cajamarca a través de Fuerza 2011–; luego, en junio del 2014, se afilió a Fuerza Popular y esta relación se extendió hasta mayo del 2016, cuando una serie de reportajes publicados por OjoPúblico y La República, expusieron con detalle que junto a su tío Fidel Ramírez (fundador de la Universidad Alas Peruanas) era investigado por la Drug Enforcement Administration (DEA). Hasta ese momento, en plena segunda vuelta presidencial que enfrentaba a Keiko Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski, Ramírez fue financista, representante legal y secretario general de Fuerza Popular.

Entre las diferentes operaciones sospechosas identificadas, la fiscalía considera que Joaquín Ramírez es cómplice en seis actos de fraude con el fin de lavar dinero. Se menciona, por ejemplo, que a través de la Universidad Alas Peruanas se diseñaron supuestos préstamos por S/ 8’295.630 entre el 2014 y el 2015 a favor de sus empresas; sin embargo, la contadora en la investigación fiscal declaró que estos nunca se pagaron.

Según las investigaciones, el blanqueo de dinero se realizaba a través de la constitución de empresas de fachada que luego se convertían en proveedores de Alas Peruanas.

Esta presunta red criminal comenzó a operar –de acuerdo a las autoridades fiscales– en febrero de 1998, cuando se crea la Universidad Alas Peruanas (según la Sunedu, su autorización se dio en 1996). Y realizó sus actos hasta incluso después del 31 de diciembre de 2020. Un elemento clave en esta historia es el papel que tuvo la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) en la identificación de estos malos manejos en el presupuesto de la Universidad Alas Peruanas. 

Precisamente, es la Sunedu quien cancela el licenciamiento institucional a esta universidad por no garantizar los requisitos de calidad mínimos para los estudiantes. La bancada de Fuerza Popular en reiteradas oportunidades, durante los últimos años, se ha opuesto a la independencia de esta institución –ahora desmantelada, también con el apoyo de los votos del fujimorismo– en su tarea de fiscalizar la calidad académica y la adecuada gestión de recursos en las universidades peruanas.

Los vínculos con Fuerza Popular

La investigación fiscal por lavado de activos y fraude –que encabeza la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Wilson Salazar Reque– alcanza a 14 personas y 30 personas jurídicas, todas vinculadas a la universidad sin licencia Alas Peruanas. Entre las personas naturales investigadas se encuentran los miembros de la familia Ramírez y dos líderes políticos del fujimorismo.

El proceso fiscal incluye al excongresista y exrepresentante legal de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez Gamarra, su hermano Osías Ramírez Gamarra (también excongresista por el mismo partido), Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos, Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos, Nancy Teresa Gallegos Vela de Ramírez, Rosa Amparo Castañeda Cubas, Luisa Rosalín Gamarra de Ramírez, Edmond Jordan Montes, Marco Antonio Urteaga Cabrera, Yohny Ramírez Núñez, Harold Víctor Morales Rojas y Marcos Rafael Aponte Andrade. 

A la lideresa del partido Keiko Sofía Fujimori Higuchi y su asesor Pier Paolo Figari Mendoza, se les considera “brazos políticos”, pues –según la fiscalía– otorgaron a través del partido Fuerza Popular “un blindaje político”, al impedir la aprobación de proyectos de ley “para se supervisen a las cooperativas y las universidades de forma que la organización criminal pueda seguir subsistiendo como tal”, se lee en la resolución Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que autorizó la incautación de las propiedades.

Uno de los principales hechos que evidencian la posición del fujimorismo frente a la fiscalización universitaria se dio el 26 de junio del 2014, cuando el Pleno del Congreso votó por la Ley Universitaria 30220, norma que crea a la Sunedu. Ese día, los 29 legisladores de Fuerza Popular –entre los que se encontraba precisamente Joaquín Ramírez Gamarra– votaron en contra de la norma. Sin embargo, perdieron y la Sunedu se instaló.

REGISTRO. En junio del 2014, el fujimorismo votó en bloque contra la actual Ley Universitaria, que creó a la Sunedu.

Imagen: Congreso

Pese a esto, en los siguientes meses el grupo parlamentario fujimorista intentó modificarla e impulsó varios proyectos de ley, incluso llevaban la firma de Ramírez Gamarra. Entre el 2011 y 2016, Joaquín Ramírez respaldó al menos otros siete proyectos de ley vinculados al ámbito universitario. 

Fuerza Popular siguió impulsando iniciativas legislativas para modificar la Sunedu y promovió comisiones investigadoras. El 2016, además, lideró la censura del ministro de Educación, Jaime Saavedra, en cuya gestión se aprobó la Ley Universitaria y se creó la Sunedu. La presión contra la Sunedu continuó y, finalmente, el 2022, el Congreso aprobó el debilitamiento de la entidad fiscalizadora de las universidades: con 24 votos de Fuerza Popular se aprobó el dictamen con el que iniciaba su desmantelamiento.

Otros hechos identificados por la Fiscalía y que vinculan a Keiko Fujimori con las operaciones de los Ramírez tienen que ver con dos propiedades, una en Miraflores, que fue cedida a Fuerza Popular, y la otra en Cieneguilla, propiedad de la lideresa fujimorista.

El expediente fiscal detalla que Edmond Jordan Montes –socio de Joaquín Ramírez y otro integrante de la presunta organización criminal– creó varias empresas de fachada, entre ellas Edro Contratistas Generales SAC, que también logró contratos con la Universidad Alas Peruanas. Con el dinero obtenido a través de estos contratos, Jordan Montes compró la empresa Mondreu SAC. Posteriormente, en el 2012, Mondreu SAC realiza la compra de una vivienda ubicada en la avenida Arequipa 4034, en Miraflores.

En el año 2013, Edmond Jordan Montes vende a Joaquín Ramírez la empresa Mondreu SAC y la vivienda de Miraflores. Durante la campaña de 2016, ya como representante legal y secretario general del partido, Ramírez cede esta vivienda a Fuerza Popular para que sea un local de campaña. La Fiscalía sostiene que este sería un caso de triangulación de bienes obtenidos ilícitamente. 

Un año antes, el 2015, el mismo Edmond Jordan compró a la entonces pareja Keiko Fujimori y Mark Vito una casa ubicada en el distrito de Cieneguilla por un valor de USD 201.010,76, cuando el monto con el que la pareja compró la casa fue de USD 144.946,20.

También en este caso, las autoridades mantienen la tesis de lavado de activos porque se beneficiaba a la lideresa de Fuerza Popular.

Otro hecho identificado por la Fiscalía que vincula a Keiko Fujimori con las operaciones de los Ramírez tiene que ver con dos propiedades en Miraflores y Cieneguilla.

Al asesor de Fujimori, Pier Figari Mendoza, se le imputa haber recibido fondos ilícitos por medio de presuntas remuneraciones de las empresas fachada de Joaquín Ramírez. Con dicho dinero, según la fiscalía, adquirió seis bienes inmuebles y muebles estimados por la fiscalía en USD 414.800. En mayo del 2017 la UIF ya había advertido sobre varias de estas operaciones sospechosas.

Estos préstamos y operaciones sospechosas ocurrieron cuando Joaquín Ramírez estaba vinculado a Fuerza Popular. Uno de los testimonios que la fiscalía recoge en su expediente es el de Jesús Francisco Vásquez Ybañez, expiloto y excolaborador de la DEA. Él menciona que Joaquín Ramírez Gamarra le entregó quince millones de dólares con el fin de ser lavados para Keiko Sofía Fujimori Higuchi. “Por estos indicios, se menciona que Joaquín Ramírez transfirió dinero a su hermano Osías Ramírez Gamarra lo cual sirvió justamente para ser transferido en su condición de candidato de Fuerza Popular”, se lee en el expediente fiscal.

EXPEDIENTE. Organigrama desarrollado por el Ministerio Público de la presunto organización criminal en torno a la familia Ramírez y su brazo político.

Universidad Alas Peruanas bajo la lupa

La fiscalía también ha incluido en la investigación, como personas jurídicas, a Fuerza Popular y empresas vinculadas a la Universidad Alas Peruanas: Capricornio SAC, Interactiva World SAC, Lima Ingeniería y Construcción SAC, Constructora e Inmobiliaria Habitaria SAC, Norgrifos SRL, Promotora Inmobiliaria Primavera SAC, Promotora Juan Pablo II SAC, Ofisoft.com SAC, Compañía General de Combustibles SAC, Compañía General de Combustibles Granel SRL, Mondreu SAC, Partido Político Fuerza Popular, Imporgraf SAC, e Integral Technologies SAC.

Los agraviados del proceso son los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas. Y el “brazo dirigencial” de la presunta organización criminal recae –tras la muerte de Fidel Ramírez Prado– en Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos y Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos, como gerentes de la universidad.

En lo que el Ministerio Público ha denominado “brazo empresarial o comercial” están entre los más importantes las hijas de Fidel Ramírez: Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos y su esposo Yohny Ramírez Núñez; Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos y su esposo Marco Antonio Urteaga Cabrera; Joaquín Ramírez Gamarra.

La Sunedu fue la que también alertó sobre las presuntas irregularidades en el uso de los recursos de la UAP. El 24 de diciembre del 2019, cuando le denegó el licenciamiento, advertía que el centro de estudios estaría priorizando la selección de proveedores (alquileres y servicios) hacia personas o empresas vinculadas a sus accionistas. Luego, en marzo y septiembre del 2021, sancionó a la institución privada con multas que suman S/10 millones por el uso indebido de sus activos.

Con el primer proceso se conoció que la UAP utilizó 22 inmuebles propios y arrendados, así como 83 vehículos para fines distintos a los académicos. También, durante el 2017, utilizó parte de sus activos para solventar gastos en alquiler de vehículos, combustible, repuestos y multas, así como para desembolsos autorizados por el exrector; es decir, Fidel Ramírez.

En el segundo caso, en tanto, se advirtió que la casa de estudios había donado S/1,5 millones el 2017 a la Fundación Virtual Educa Andina, la Fundación Perú Avanza, la Asociación Pro Cuenca Zaña y la Asociación Nacional de licenciados y excombatientes de los conflictos armados. La sanción también se impuso porque la UAP no brindó información sobre sus inversiones mobiliarias en ese año.

Ingresos y patrimonio no cuadran 

Joaquín Ramírez tiene 53 años. Nació en el distrito de Nanchoc, provincia de San Miguel, región Cajamarca. Ha sido congresista de la República por la organización fujimorista Fuerza 2011 (julio del 2011 al julio del 2016) y luego, ocupó los cargos de presidente del consejo directivo, representante legal y secretario general de Fuerza Popular desde el 11 de junio de 2014 al 20 de mayo de 2016.

Es bachiller y licenciado en administración por la Universidad Alas Peruanas, donde se graduó el 2009. En la misma universidad, se menciona que el 2014 culminó una maestría en Administración y Dirección de Empresas. Es representante legal y constituyó 22 empresas, según expediente judicial.

Tras su salida de Fuerza Popular, se vinculó al movimiento regional Cajamarca Siempre Verde, con el que se postuló en las elecciones regionales y municipales del 2022 y ganó la alcaldía provincial de Cajamarca. 

Entre las formas de lavado mencionados que se le imputa a Joaquín Ramírez se señalan aumentos de capital en sus empresas (entre las que figuran la Promotora Juan Pablo II SAC y la Universidad Técnica de Cajamarca SAC); transferencias de dinero entre empresas fachadas; y la constitución de cuentas bancarias a nombre de terceros (con dinero proveniente de sus empresas). En el caso de Ramírez se hace referencia a la adquisición de 22 bienes con ganancias ilícitas.

Varios de estos movimientos financieros y préstamos fueron observados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Entre el 2002 y el 2017 Ramírez incrementó su patrimonio de una forma inexplicable, pues –según los peritos contables– su fortuna no cuadra con los ingresos que percibió en esos años. Solo en ese periodo adquirió 22 bienes inmuebles y 2 bienes muebles. Estos fueron pagados, en su mayoría, al contado y en zonas de alto valor comercial.

Antes de su vínculo con la UAP, Joaquín Ramírez se desempeñaba en oficios de bajos ingresos. Entre 1987 y 1994 fue repartidor de alimentos en Ventanilla, ayudante de construcción civil, o auxiliar de colegio, donde –según lo declarado– ganaba un promedio de S/ 420 por medio tiempo de trabajo. 

La investigación fiscal señala que la vinculación delictiva con los actos fraudulentos producto de las relaciones comerciales de las empresas de Joaquín Ramírez con la UAP generó un monto que asciende a USD 183’066.914 de dinero maculado.

Estos son algunos de los puntos y elementos de convicción, que acreditan el origen ilícito imputado y que, por tanto, correspondía la incautación de 18 bienes inmuebles y un vehículo de propiedad directa de Joaquín Ramírez, según la fiscalía.

El 2011, cuando ingresó al Congreso, Joaquín Ramirez Gamarra declaró un patrimonio acumulado (entre bienes y otros) de S/ 7’755.436. Cinco años después, al terminar su periodo de representación, este monto se triplicó hasta superar los S/25 millones, según sus propias declaraciones juradas. Sin embargo, este año, al iniciar su gestión en la municipalidad provincial de Cajamarca solo reportó un patrimonio de S/11 millones.