Durante ocho años, del 2000 al 2008, Daniel Cámac Gutiérrez se especializó en regulación eléctrica en el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Primero trabajó como especialista de Generación y Transmisión, luego fue asesor de la Gerencia de Regulación Tarifaria y, después, gerente de Generación y Transmisión Eléctrica. Su carrera en el sector público continuó el 2008 como viceministro de Energía, cargo al que renunció en 2011 para ingresar, un año después, a Engie Energía Perú, la mayor generadora de electricidad del país y que estaba bajo su supervisión cuando era funcionario.

Durante su gestión en el Osinergmin, Cámac Gutiérrez tramitó solicitudes y al menos un recurso de reconsideración presentados por Engie Perú, que por aquel entonces se llamaba Enersur. Pero su rol se ha invertido: envía escritos, como este de 2019, en calidad de representante de la compañía, y entre 2015 y 2021 registra visitas al que era su despacho en el viceministerio de Energía para reuniones de trabajo a nombre de la empresa. En 10 años de vínculo con esta compañía, el exviceministro ha pasado de ser gerente comercial a director alterno y vicepresidente comercial de esta trasnacional de capitales franceses.

A este mecanismo se le denomina puertas giratorias: funcionarios que transitan de puestos claves en el sector público a empresas vinculadas con el sector en el que ejercían, o viceversa. El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, señala que el conflicto de intereses no es una consecuencia automática e intrínseca a la puerta giratoria, pero sí un factor de riesgo.

“Son personas que han tenido poder en una institución clave para las funciones que ahora desempeñan. Emitieron resoluciones y sanciones, tejieron redes de contacto, tienen al interior personas que le son leales o funcionarios que ellos mismos nombraron, y saben cómo funciona el organismo por dentro. Cuando el regulador público tiene detrás suyo una caudal de conocimiento y lealtades, su rotación a una empresa regulada es de riesgo”, señala. 

Las puertas giratorias derivan en posibles sesgos en las decisiones, tolerancia al lobby y conflictos de interés".

En el sentido inverso, el paso de un trabajador del sector privado a la función pública, puede entenderse como una contratación válida para aprovechar su experiencia y capacitación profesional. Sin embargo, como advierte Jaime Delgado Zegarra, excongresista y abogado experto en temas de derecho al consumidor, una pronta transición conlleva a posibles sesgos en la toma de decisiones, una mayor tolerancia al lobby empresarial y riesgo de favorecimientos indebidos.

Para conocer qué ocurrió tras los ingresos y salidas de servidores públicos, y su relación con el sector privado, OjoPúblico analizó el perfil y trayectoria de algunos funcionarios vinculados a los organismos reguladores. Instituciones que tienen como objetivo proteger los derechos de los consumidores y promover una mejor calidad del servicio en diferentes áreas, desde la libre competencia y eliminación de barreras burocráticas, hasta en los sectores energía y minas, electricidad y banca. 

El análisis de la base de datos –construida en base a información pública con la nómina de las instituciones del Estado, hojas de vida, declaración jurada de intereses y fichas personales en redes sociales–  identifica el perfil laboral de un grupo de 65 personas que han transitado con frecuencia entre el sector público y privado. 

 

El informe se centra en un grupo de profesionales que trabajaron o tienen puestos actuales en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), entidad encargada de supervisar las reglas del mercado y proteger a los consumidores; en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), que supervisa las entidades financieras y previene el lavado de dinero; y en el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que fiscaliza las actividades del sector minería, energía e hidrocarburos.

También se incluyó la trayectoria de funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Público (Ositran), que supervisa carreteras, aeropuertos, puertos y vías férreas; el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), que fiscaliza la calidad de los servicios  de telefonía fija y móvil, televisión por cable, e Internet; y la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), que debe garantizar  los derechos de las personas en los servicios de salud en las entidades públicas y privadas.

En algunos casos, los servidores públicos desempeñaron la función estatal al mismo tiempo que ejercieron como árbitros en controversias corporativas, o integraron asociaciones y gremios vinculados a las empresas que debían fiscalizar. Un grupo de estos funcionarios están vinculados a 31 bufetes de abogados que litigan contra el Estado, en los mismos rubros de libre competencia, regulación, servicios públicos y defensa del consumidor. 

 

 Los giros en una legislación endeble

Luego de analizar los principales cargos y oficinas encargadas de la fiscalización, OjoPúblico identificó a once profesionales que transitaron del organismo regulador del sector Energía y Minas (Osinergmin) a empleos privados en empresas estrechamente vinculadas al sector que antes fiscalizaron. En estos casos, realizaron servicios de consultoría u ocuparon cargos ejecutivos en compañías del área de hidrocarburos, minería y electricidad. Algunos, incluso, poseen acciones en estas.

Guillermo Shinno Huamaní, quien fue gerente de fiscalización minera en el Osinergmin (2007 - 2011) y luego Director General de Minería y viceministro de Minas (2012 - 2017), dos años después de salir del Estado, se convirtió en gerente general de la minera Apumayo S.A.C., que forma parte del Grupo Aruntani, un conglomerado peruano que tiene yacimientos en Moquegua, Puno, Cusco, Ayacucho y Apurímac. Desde este cargo ha asumido la vocería de la empresa ante el anuncio del actual gobierno de no extender las operaciones de su mina.

Funcionarios como los exviceministros Daniel Cámac y Guillermo Shinno hicieron su paso al sector privado luego de un año de salir del sector público, por lo que no incumplieron ninguna norma. La Ley 27588 publicada en 2001, durante el gobierno de Alejandro Toledo, establece condiciones para este tipo de rotaciones, por ejemplo, que los funcionarios o servidores públicos no pueden prestar servicios en "empresas o instituciones privadas comprendidas en el ámbito específico de su función pública", mientras están trabajando para el Estado y hasta un año después.

El reglamento de esta ley –que se publicó en 2002– hizo menos estricta la prohibición, pues precisó que esta dependerá del tipo de labor que realice el funcionario público, si tenía competencia directa sobre la empresa aludida y si aquella fue afectada por las “normas y acciones” que adoptó el servidor durante su función pública. 

EXVICEMINISTROS. Los exviceministros de Energía y Minas, Daniel Cámac y Guillermo Shinno, trabajaron en compañías vinculadas al terminar su función. El primero ingresó a la empresa energía Engie y el segundo a la minera Apumayo.

Foto: Andina.

 

La norma también impedía adquirir acciones en compañías privadas vinculadas, pero el reglamento exoneró a quienes poseían esta participación desde antes de ingresar al Estado. Por ello en la base de datos se encontró funcionarios que son socios y dueños de estudios de abogados o consultoras.

En otros países, el periodo de latencia para pasar del sector público al privado es mayor al peruano. En Argentina, Francia y Portugal se establece un periodo de tres años para los funcionarios que participaron de privatizaciones, supervisaron negocios, firmaron contratos, u ocuparon altos cargos del Estado. En Reino Unido y España, por su parte, se considera una espera de uno a dos años, dependiendo del puesto ocupado; y en Estados Unidos se contempla de un año hasta la prohibición permanente, según el rol que ejercieron.

De los 65 casos analizados en este reportaje, 15 personas transitaron al sector privado el mismo año en que dejaron la función pública, pero el punto de destino fueron estudios de abogados o consultoras que ofrecen servicios en áreas vinculadas a su labor en el Estado, pero también para diferentes sectores. La norma indica que la prohibición es para empresas directamente vinculadas a los fallos o decisiones que emitieron, por ejemplo, la representación legal a una empresa específica.

De los 65 casos analizados, 15 personas transitaron al sector privado en el mismo año que dejaron el sector público".

Los traslados también se dan en el sentido inverso: 19 funcionarios del sector privado pasaron a entidades públicas apenas con meses de diferencia. La legislación peruana no establece condiciones para este tipo de rotación, solo la había previsto para los que salen del Estado, pese a que -como indicó Delgado Zegarra- esta práctica también conlleva a riesgos de parcialidad en la toma de decisiones o permeabilidad al lobby.

Sergio Fernando Pedro Salinas Rivas, por ejemplo, fue designado presidente del Tribunal de Solución de Controversias del Osinergmin (2016 - 2021)  un año después de ejercer como director de una consultoría para la minera Antamina, del Grupo Glencore. Sin embargo, en paralelo a su función pública se mantuvo como socio fundador y gerente general del Estudio Sergio Salinas Abogado, especializado en consultorías regulatorias.

Según su declaración jurada, Salinas Rivas posee acciones en la consultora Promotora de Proyectos S.A.C., especializada en infraestructura eléctrica y estudios de ingeniería, y que tiene como clientes a mineras y empresas de energía. Además, indica que es accionista y miembro del directorio de Compañía Minera Chuvilca S.A., en la región La Libertad.

OjoPúblico consultó a Osinergmin sobre los filtros que realizan para reducir las puertas giratorias y conflictos de interés. A través de un escrito, la entidad señaló que su personal de planilla, entre ellos, los presidentes de Tribunales y el Consejo Directivo, son elegidos por meritocracia, tras un concurso público. “De haber posiciones con clasificación de empleado de confianza o de libre designación, se evalúa que el posible candidato cumpla en su totalidad con el perfil del puesto”, indicaron.

“Nuestros lineamientos para la gestión de conflicto de intereses también prevé la abstención como una acción de mitigación frente a dichas situaciones. En el caso de los procesos de selección, tanto internos como externos, se han registrado abstenciones porque algún miembro del comité de selección ha tenido como subordinado a alguno de los postulantes”, añadió la entidad.

 

Los tránsitos en Osiptel, Ositran y Susalud

Martha Carolina Linares Barrantes actualmente participa del concurso público para presidir el Consejo Directivo del organismo que debe garantizar los servicios de telecomunicaciones (Osiptel). Ella ya integró este equipo entre el 2008 y 2013, y en 2010 fue procesada por el delito contra la administración pública y colusión desleal, luego de que se revelara un presunto caso de favorecimiento a Telefónica, empresa donde laboró durante 11 años antes de ser nombrada directora del organismo regulador.

El caso fue difundido en varios medios porque en diciembre de 2009 la Presidencia del Consejo de Ministros removió a Marco Antonio Torrey Motta del Consejo Directivo de Osiptel, luego que la misma entidad detectó que el documento donde él consignó su voto, como parte de un debate sobre el reajuste de tarifas, había sido elaborado por la empresa. En las propiedades del documento en word aparecía el nombre del vicepresidente de estrategia y regulación de Telefónica, José Juan Haro Seijas.

Como parte de las investigaciones por este caso, a Linares Barrantes se le acusó de recibir información anticipada de la compañía para decidir su apoyo. Tanto ella como Torrey Motta habían votado por la propuesta de Telefónica, pero fue absuelta por falta de mayor evidencia. Por su parte, Torrey Motta presentó un recurso judicial y consiguió retornar al Consejo Directivo de Osiptel cuando la investigación seguía en curso. 

CONFLICTO. La empresa de capitales españoles fue considerada como tercera civil responsable en una denuncia por colusión que involucró a funcionarios de Osiptel.

Foto: Andina.

 

Finalmente, Torrey Motta y Haro Seijas fueron condenados en primera instancia, y Telefónica fue considerada como tercera civil responsable, pero en 2015 la Corte Suprema anuló el fallo tras considerar que la regulación tarifaria no se enmarca en el ámbito de las contrataciones, por lo que no podía ser juzgado por colusión. Linares Barrantes señaló a OjoPúblico que la empresa de telefonía envió documentación a los directores previo a la votación, y si bien esta llegó a su despacho, dice que no la usó y lo reportó a sus colegas.

“Me sometí a las investigaciones y no hubo evidencias de que mi voto fuera influenciado (...) Mi especialidad es en telecomunicaciones, y sí, trabajé en Telefónica, pero recordemos que ellos tenían el monopolio del servicio. Era casi imposible que los expertos en el área no hubieran pasado por allí”, sostiene. Pese a ello, Linares Barrantes reconoce que en su sector el paso de profesionales de las empresas operadoras a los reguladores representa un riesgo de soborno o parcialidad. “Sobre todo cuando los cargos son ocupados durante años por las mismas personas, y se conocen entre ellos”, añade.

Otro funcionario que hizo el tránsito del sector público al privado en el rubro de las telecomunicaciones es Carlos Barreda Tamayo. En su hoja de vida destaca su paso de 12 años por Entel (1981-1993), para luego ser parte de Osiptel por seis años más (19993-1999). Al término de su periodo se trasladó a Telefónica, donde laboró por otros ocho años (2000-2008). Desde entonces alternó la práctica privada con diferentes cargos en Osinergmin, hasta que en 2020 volvió a Osiptel como miembro del Consejo Directivo.

Como parte de la Política Nacional de Integridad y el Protocolo de Reporte de Conflicto de Intereses que aprobó Osiptel, la entidad elaboró un informe el 2020 en el que indican que recibieron 60 reportes de posibles conflictos de interés, pero 50 de estas habían sido resueltas en los últimos años. Por ello “el Comité de Conflicto de Interés [un equipo integrado por el Gerente General, el jefe de Asesoría Jurídica y el asesor de Presidencia] consideró que no era necesario tomar nuevas acciones, avocándose únicamente a la gestión de dos situaciones que fueron reportadas como nuevas”, indicaron.

Osiptel recibió 60 alertas de posibles conflictos de interés, pero indicaron que 50 habían sido resueltas".

En el organismo que regula la infraestructura de transporte (Ositran) también se registraron rotaciones laborales al sector privado. Es el caso Roger Fernando Llanos Correa, quien en 2008 fue ascendido de gerente de supervisión a gerente general, por el entonces presidente de la entidad, Juan Carlos Zevallos Ugarte. El extitular de Ositran afrontó prisión preventiva y es investigado en el Equipo Especial Lava Jato por aprovechar su cargo para facilitar trámites a la empresa Odebrecht en el caso Interoceánica Sur.

Según el acta de la sesión de consejo 288-2008-CD, el director Sergio Salinas Rivas mostró su desacuerdo con el nuevo cargo de Llanos Correa porque el procedimiento de selección no fue transparente ni permitió la participación de otros profesionales. Ante el reclamo, Zevallos Ugarte le recordó que él tenía la facultad de nombrarlo de manera directa. Llanos Correa, sin embargo, no se quedó mucho tiempo en la institución y en 2009 se convirtió en gerente contractual y comercial de Concesionaria IIRSA Norte e IIRSA Sur, de la compañía brasileña.

OSITRAN. Roger Llanos Correa dejó Ositran y se convirtió en uno de los principales ejecutivos de Odebrecht, cuyas obras debían ser reguladas por este organismo.

Foto: Andina.

 

A partir de entonces, el exfuncionario de Ositran se convertiría en apoderado de ambos proyectos viales y, luego, vicepresidente del directorio de Concesionaria Trasvase Olmos y de H2Olmos, vinculadas a Odebrecht.

Finalmente, las puertas giratorias se hicieron presentes es Susalud, organismo autónomo y adscrito al Ministerio de Salud (Minsa) que tiene como función supervisar que los establecimientos de salud respeten los derechos de los usuarios. Aquí destaca Flor de María Philipps, quien antes de asumir como superintendenta (2012 - 2016) venía de una carrera consecutiva como subdirectora médica de la Clínica Ricardo Palma, gerente en la EPS Pacífico, gerenta en la Clínica San Pablo y consultora de negocios de la salud. 

 

Indecopi: el costo de las puertas giratorias

En el Indecopi, a diferencia de los otros organismos reguladores, sus miembros no son seleccionados por concurso público. Su presidente es nombrado por el Jefe de Estado, mientras que su Consejo Directivo está conformado por profesionales recomendados por la PCM, el MEF y los ministerios de Comercio Exterior y Producción. Los integrantes de las comisiones de competencia y propiedad intelectual, que resuelven las demandas en primera instancia, son propuestos por la Secretaría General a dicho consejo.

En tanto, los vocales de los tribunales especializados, que dirimen en segunda y última instancia, son propuestos por el Consejo Directivo ante la PCM. El vínculo laboral de estos servidores públicos es por horas o de medio tiempo, y cobran dietas de unos S/800 por cada sesión a la que asisten. En cada sesión, los vocales pueden debatir o resolver hasta 15 y 20 demandas.

Una de las vocales que integra el Indecopi es Silvia Hooker Ortega, miembro de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia y quien en setiembre de 2021 firmó para dejar sin efecto la sanción que se había previsto contra Panificadora Bimbo del Perú S.A, por no mostrar en su empaque el contenido de grasas trans que contiene su producto. 

Cuando Hooker Ortega emitió su voto, ocupaba en paralelo el cargo de gerente de Asuntos Internacionales en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), gremio empresarial que tiene a la empresa panificadora como agremiada y que se opuso a la Ley de Alimentación Saludable, la misma que obliga el uso de octógonos en las envolturas. Semanas después de conocerse el caso, la SNI la suspendió de su cargo.

FISCALIZACIÓN.Indecopi es la entidad encargada de supervisar las reglas del mercado y proteger a los consumidores. Sin embargo, la resolución de reclamos se ve afectada por la abstención de sus miembros.

Foto: Andina.

 

Otro nombramiento conflictivo fue el de Gonzalo Zegarra Mulanovich, quien hasta el 2020 ocupó la vicepresidencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Él renunció luego de que se emitiera un polémico fallo que declaró ilegal la facultad del Ministerio de Salud (Minsa) para regular el etiquetado de alimentos. No se abstuvo pese a que para entonces era presidente ejecutivo de la consultora de comunicación Azerta, que tiene entre sus clientes a Coca Cola, la embotelladora líder en bebidas altas en azúcar.

La información analizada por OjoPúblico también permitió identificar a Oswaldo Hundskopf Exebio, quien desde el 2018 ocupa el cargo de Vocal de la Sala Especializada en Protección al Consumidor, pero que desde mucho antes se desempeña como árbitro en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica del Perú, en la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Todas estas son entidades donde también se dirimen controversias empresariales por libre competencia y defensa al consumidor.

Él, además, es actual director de la comercializadora Industrial Pesquera Santa Mónica y socio del estudio Sparrow, Hundskopf, Villanueva & Asociados (SHV Abogados), especializado en Derecho Administrativo, Pesquero, Procesal, Laboral, Corporativo, y Arbitral. En diálogo con este medio, Hundskopf Exebio aseguró que cuando tiene algún tipo de compatibilidad, por relación profesional o laboral, se abstiene.

“Cuando me proponen ser árbitro de alguna empresa con la que tengo alguna vinculación me abstengo. Lo mismo en el Indecopi. Cuando me consultan si puedo reemplazar a un vocal, analizo el caso y si no hay incompatibilidad, lo acepto. También soy docente en la Universidad de San Martín de Porres, y si llega un caso de ellos me inhibo” sostiene. Hundskopf Exebio no pudo recordar cuántas veces tuvo que dar un paso al costado en la institución.

Al menos 20 servidores y exfuncionarios del Indecopi tienen vínculos con estudios jurídicos que litigan en el mismo rubro".

Además de ellos, otros 20 servidores y exfuncionarios del Indecopi registran vínculos con estudios jurídicos que cuentan con oficinas exclusivas para litigar en materias de competencia, propiedad intelectual y defensa del consumidor en contra del Estado u otras corporaciones. Entre estos se encuentran los bufetes más importantes del país: Lazo & De Romaña Abogados, Estudio Muñiz, Ramírez, Estudio Diez Canseco,  Miranda & Amado, entre otros.

Por ejemplo, Ivo Gagliuffi Piercechi era socio del Estudio Lazo, De Romaña & Gagliuffi cuando fue designado presidente del Indecopi por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Había pasado 17 años en dicho bufete y en Ferrero Abogados, resolviendo casos de empresas que litigan contra el Estado por temas de competencia. Seis meses después de renunciar al cargo público, en 2020, Gagliuffi regresó a la práctica jurídica y se incorporó al Estudio Garrigues, donde dirige el  área de competencia, regulación económica y propiedad intelectual.

Hania Pérez de Cuellar, expresidenta del Indecopi (2020 - 2021), explicó a OjoPúblico que en su gestión se realizó un levantamiento de información para conocer el perfil profesional de los vocales y comisionados que resuelven las demandas en primera y última instancia. La segunda etapa era identificar un posible sesgo en sus decisiones o casos de conflictos de interés, pero esa tarea quedó pendiente. 

“El que tengan vínculos con empresas no los convierte automáticamente en puertas giratorias, a mi modo de ver. Los conflictos de interés son los que deben ser cuestionados, y esa etapa es la que quedó por concluir para la siguiente gestión”, explicó Pérez de Cuéllar. Al término de su mandato también se dejó una propuesta normativa para cambiar la forma de designación de los vocales, para que su participación ya no sea por dietas, sino a tiempo completo.

INVESTIGACIÓN. En la gestión de la expresidenta del Indecopi, Hania Pérez de Cuellar, se investigó el perfil laboral de los órganos resolutivos y se confirmó su vinculación con empresas e industrias.

Foto: Andina.

 

En el informe se detectó que de los 23 vocales de las salas resolutivas de última instancia, 11 tenían vínculos con estudios de abogados y 16 estaban relacionados a empresas e industrias. Respecto a los 52 comisionados que deciden en primera instancia, 9 mantenían relación laboral con bufetes jurídicos y 19 con corporaciones. 

Otro hallazgo importante del estudio fue el alto índice de abstenciones de los vocales y comisionados que declaran incompatibilidades o posibles conflictos de interés, precisamente, por las funciones y vínculos empresariales que mantienen. Esta problemática demanda un presupuesto adicional al Indecopi, porque deben contratar personal de reemplazo, y una dilatación en la resolución de casos, pues los suplentes deben tomarse un tiempo adicional para documentarse y votar en las sesiones. 

Según información a la que accedió este medio, del total de las abstenciones que atendió la institución, entre 2018 y 2020, el 43% de los casos demandó el pago de una dieta adicional a las programadas para alcanzar el quórum en las votaciones. Consultado al respecto, el Indecopi respondió a OjoPúblico que al primer semestre del 2021 se presentaron 796 abstenciones en las áreas resolutivas, tanto en primera como en segunda instancia.

De 23 vocales de las salas resolutivas de última instancia en el Indecopi, 11 tenían vínculos con estudios de abogados".

Sin embargo, indican que la designación de sus reemplazos “no necesariamente generan recursos adicionales”, pues se busca trasladar la carga laboral a órganos de procesos sumarios, donde hay personal permanente. “Cuando sí amerita un reemplazo se procura juntar todos los casos en abstención en una sola sesión para prevenir pagos extras. Esto último es posible porque los pagos de dietas a comisionados y vocales se realizan por sesión y no por caso resuelto”, añadieron.

El Indecopi confirmó que en el 2021 recibieron tres denuncias por presuntos conflictos de interés, las que fueron derivadas a la PCM, entidad a la que está adscrita, para que realice las investigaciones. “La institución, de manera preventiva, viene desarrollando campañas de difusión interna a sus colaboradores, a fin de mitigar posibles riesgos de conflicto de intereses (...)”, añadieron.

Respecto a la propuesta de que los vocales de los órganos resolutivos dejen las labores parciales, indicaron que la Ley de Organización y Funciones del Indecopi le permite al Consejo Directivo autorizar este cambio de modalidad. “Precisamente, nuestra propuesta es que los vocales trabajen a tiempo completo. Por ser un tema de vital importancia lo venimos coordinando con la Presidencia del Consejo de Ministros, ya que requiere de una demanda adicional de presupuesto”.

 

La SBS: la entidad que regula la banca

OjoPúblico también identificó a funcionarios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que, antes de ocupar dichos puestos, se desempeñaron en bancos y financieras bajo fiscalización. La puerta giratoria alcanza a superintendentes, supervisores y analistas de la entidad encargada de “supervisar el buen funcionamiento de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones.

La actual jefa de la institución, Socorro Heysen Zegarra, es una de las ejecutivas que ha transitado entre el sector privado y público. Luego de trabajar cinco años como superintendenta adjunta de Banca en la SBS, en 2012 ingresó al grupo BBVA como gerente general adjunta de Estudios Económicos de la Financiera Confianza. Ella dejó este grupo económico en agosto de 2016, cuando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski la nombró superintendente.

Desde su actual cargo, Heysen Zegarra ha firmado, por lo menos, dos resoluciones relacionadas a su anterior trabajo. La primera, de abril de 2020, en el que autoriza a Financiera Confianza a emitir dinero electrónico; y la segunda, en junio de ese año, en el que opina a favor de un programa de certificado de depósitos.

BANCOS. La SBS es la entidad encargada de fiscalizar a las empresas del sector financiero, así como de prevenir y detectar el lavado de dinero. 

Composición: OjoPúblico

El caso inverso es de Fernando Merino Núñez, quien ocupó el cargo de Jefe del Departamento Legal y Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la SBS entre 1996 y 2000, y apenas dejó el puesto ingresó como Gerente de Asuntos Regulatorios de la Asociación de Bancos (Asbanc), que reúne a las compañías más poderosas en el sector, y se mantiene allí hasta la fecha.

La data procesada por OjoPúblico incluye a siete funcionarios del área de supervisión y de análisis operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En su momento, consultado sobre este tema, el jefe de esta unidad, Sergio Espinosa Chiroque, indicó que la primera de estas dependencias no tiene como función principal fiscalizar a las empresas del sistema financiero, pero reconoció que ayudan “cuando hay una investigación específica”. 

“Nosotros buscamos distintos perfiles [...] tenemos gente que la hemos traído de los bancos [...] porque tienen el conocimiento y la experiencia para hacer un análisis profundo y productivo”, precisó Espinosa. 

También aparecen ejecutivos que laboran en los departamentos de Supervisión y de Análisis Operativo de la UIF, en la Intendencia General de Banca, el departamento de Supervisión Microfinanciera y en las oficinas de Supervisión Bancaria, y provienen de compañías del sector privado que hoy están bajo su supervisión.

De acuerdo con la nómina de personal, a diciembre de 2021, Fanny Milagros Acevedo Dios, supervisora principal en la SBS, ingresó a la institución en 2016, tras siete años ininterrumpidos de trabajo en el sector privado. Primero como asistente de cobranza judicial en la Caja Rural de Ahorro y Crédito Credichavin, luego como analista de compliance y reclamos en el banco HSBC, y finalmente como jefa de cumplimiento de prevención de lavado de activos en la empresa aseguradora Ohio National Seguros de Vida.

Socorro Heysen trabajó en Financiera Confianza, del grupo BBVA, antes de ocupar la superintendencia de la SBS".

Según el manual de funciones de la SBS, los supervisores de banca tienen la responsabilidad de evaluar a las empresas bancarias y participar en las visitas de inspección. Además, proponen medidas correctivas al Intendente de Banca. Uno de estos funcionarios es Mariana Lamas Saavedra. Su experiencia laboral incluye los cargos de analista financiero en Mibanco (2008 - 2010) y de analista senior de planificación financiera en el BBVA Perú (2010 - marzo de 2014). Un mes después de su último trabajo, Lamas Saavedra ingresó a la SBS y hoy ejerce como supervisora de Banca.

La SBS respondió las interrogantes de OjoPúblico a través de un cuestionario. En este indica que la principal puerta de ingreso a la institución, desde 1998, es un programa de extensión, “en el cual se recluta y entrena a los mejores jóvenes profesionales egresados de las universidades que buscan una carrera en supervisión financiera”. 

“Hoy, cerca del 75% de profesionales que trabajan en la regulación y supervisión de dichos sistemas son egresados de ese programa y en el caso de los funcionarios este porcentaje está alrededor del 65% (...) La entidad también realiza, en menor medida, algunas convocatorias para llenar plazas en áreas de supervisión (...) En esos casos, los postulantes pueden provenir de la industria financiera, dado el conocimiento previo del sector”, explican.

Según la institución, si alguno de sus supervisores proviene de una entidad fiscalizada, su labor está sujeta a acuerdos de confidencialidad y no se le asigna a la persona “a ninguna empresa a la cual podría haber estado vinculada”. En este sentido, aseguran que desde fines del 2016, han reforzado los mecanismos de control interno para evitar conflictos de intereses.

Cambios a la normativa

Como parte de sus recomendaciones de integridad pública, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) ha señalado la necesidad de implementar regulaciones al respecto porque se percibe como “una ventaja injusta en términos de información, relaciones o cualquier otro tipo” obtenida de la anterior función pública.

“El movimiento entre posiciones en los sectores público y privado puede dar lugar a la emergencia de conflictos de intereses y presentarse el riesgo de captura de políticas (...) En algunos casos, los funcionarios públicos pueden sentirse tentados a tomar decisiones, o puede percibirse que las han tomado, no en el interés público, sino en el interés de un empleador anterior o futuro”, señala la organización.

Para salvaguardar la transparencia en la función pública, la OCDE recomienda a los países implementar un marco normativo y restricciones específicas en las contrataciones, sin afectar el crecimiento profesional ni la eficiencia de los servicios públicos. Sin embargo, reconoce que se requieren recursos adicionales para verificar a los postulantes y actividades que deben ser realizadas con condiciones para evitar riesgos.

POLÉMICO. El proyecto que impulsa el congresista José Luna plantea que los miembros de los organismos reguladores sean elegidos en una comisión integrada por representantes de universidades.

Foto: Andina.

 

Jaime Delgado señala que las puertas giratorias en los organismos reguladores y en el Indecopi debilitan aún más la estructura de defensa del consumidor que existe en el país, donde la defensa de los derechos es asumida por cada usuario y no por el Estado. “En Perú, al igual que en Brasil, se requiere crear una Superintendencia de Protección del Consumidor autónoma que agrupe a todas las instituciones u organismos afines. El Indecopi ha intentado ser esa suerte de líder, pero no puede, su enfoque es por el libre mercado y no por la atención exclusiva del consumidor”, añade.

Ricardo Morishita Wada, exdirector del Departamento de Protección y Defensa del Consumidor de Brasil, explicó a OjoPúblico que su país cuenta con un sistema descentralizado donde el Estado es el que protege al usuario. 

“En los 26 estados y el Distrito Federal que componen la estructura federativa de Brasil y en 1.000 municipios, existen organismos públicos de protección de los consumidores. Todos ellos recibieron facultades para proteger a los consumidores de la Constitución de la República. Por lo tanto, un organismo nacional puede ayudar a coordinar el trabajo en los estados y municipios y así fortalecer la representación de los intereses de los consumidores”.

Para reducir las posibilidades de puertas giratorias, Morishita Wada destaca un modelo de supervisión que aún no se desarrolla plenamente en Brasil, pero que es adoptado por el Congreso norteamericano, y que se basa en un escrutinio detallado de la vida personal y profesional de los candidatos. A través de declaraciones juradas se verifican los ingresos de la persona y su sustento, bajo condición de denuncia en caso los datos sean falsos. Luego se realiza “el seguimiento de sus decisiones, declaraciones de impedimento o incluso de sospecha”, señala.

Jaime Delgado: se requiere una Superintendencia de Protección del Consumidor autónoma, que agrupe a todos los reguladores".

Un dictamen del Congreso, aprobado en febrero de este año, plantea que los miembros de entidades públicas no puedan trabajar en empresas relacionadas, y viceversa, por un plazo de tres años. También propone que los miembros de los Consejos Directivos, vocales de comisiones especializadas, Tribunales de Solución de Controversias, secretarios técnicos, superintendentes y adjuntos, sean elegidos por concurso público. 

Sin embargo, la iniciativa que impulsa el legislador José Luna Gálvez, busca que la elección sea dirigida por una comisión integrada por representantes del Consejo de Ministros, de las universidades públicas y privadas licenciadas, de los Colegios Profesionales y de la Defensoría del Pueblo. 

En los cuatro organismos reguladores Osinergmin, Ositran, Osiptel y Sunnas (que supervisa los servicios de agua y saneamiento), los miembros del Consejo Directivo son seleccionados por concurso público, pero los finalistas se presentados ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y es esta entidad la que confirma el nombramiento. Los integrantes de las juntas y tribunales de apelaciones siguen el mismo procedimiento, pero en la etapa final son designados por el Consejo Directivo.

Según fuentes de la PCM y del MEF, ambas entidades enviaron oficios a la Comisión de Fiscalización en los que se oponen al dictamen porque consideran que vulnera los derechos laborales y desincentiva la incorporación de personal calificado. Además, señalan  que la comisión generará una complejidad innecesaria y una intromisión en la solución de reclamos de los usuarios. El proyecto de ley, sin embargo, ya fue aprobado en comisión y está listo para discutirse en el Pleno.

* Con información de Ernesto Cabral.