Hace unas semanas, Berjilio Carrillo Bojórquez sacrificó a uno de sus becerros. Dice que todavía estaba chico, pero no tuvo más remedio: después de tres meses y medio de cuarentena obligatoria, en Santiago de Carampoma, una comunidad campesina ubicada la sierra de Lima, habían empezado a escasear algunos alimentos.

Sobre los tres mil metros de altitud, las tierras agrícolas son limitadas y los cultivos que resisten a las heladas, también. Por eso, las familias deben viajar con regularidad hasta la capital -un trayecto que les toma alrededor de  siete horas- o negociar con los comerciantes que hacen la ruta, para abastecerse de verduras frescas y otros alimentos. Pero en los últimos meses, con el tránsito restringido por temor al contagio del Covid-19, no han podido salir de su comunidad.

“Todo esto nos ha afectado bastante -dice el agricultor y eventual albañil-. Para los únicos que no ha habido cuarentena es para los champeros: ellos siguen depredando nuestro bofedal y, cada vez, tenemos menos pasto para el ganado”.

El bofedal del que habla es una especie de humedal de alta montaña, ubicado a pocos kilómetros de la entrada del pueblo. Se llama Milloc -como una laguna de las inmediaciones-  y, durante décadas, las plantas que crecen en sus márgenes han permitido alimentar al ganado de la comunidad.

Para los únicos que no ha habido cuarentena es para los champeros, extractores ilegales del bofedal.

Los champeros de los que habla don Berjilio Carrillo son extractores ilegales de estas tierras ricas en nutrientes. Llegan en pleno día y con varios camiones. Drenan segmentos de los bofedales, retiran la vegetación y extraen grandes rectángulos de turba, como si cortaran tajadas de un pastel. Después, solo queda tierra desnuda. “Dicen -cuenta el campesino- que se la llevan a Lima, para venderla como abono para los jardines”.

Nadie recuerda con precisión cuando aparecieron estos traficantes. Sin embargo, en la última década, la invasión a los terrenos comunales para extraer la tierra y vegetación de estos humedales se ha hecho cada vez más frecuente. Varios campesinos han tratado de disuadirlos e, incluso, los han denunciado en las comisarías de Matucana y Santa Eulalia. Pero, al cabo de unos días, los champeros regresan y la historia se repite. 

En la comunidad, la mayoría ha perdido la cuenta de esos encontrones. Hace un año, sin embargo, explican que hubo uno distinto: tres familias fueron acorraladas por los camioneros, mientras intentaban proteger el humedal. Los golpearon con los picos y los mangos de las palas. Entonces, aunque pusieron en alerta a los vecinos, los comuneros atacados se negaron a hacer la denuncia formal. “Tienen miedo de que le hagan daño a su ganado o se lo roben”, cuenta Bojórquez, de 33 años.

 

RESISTIR. Santiago de Carampoma, una comunidad campesina de la sierra de Lima, ha resistido a las extracciones ilegales de su humedal por años. El problema se ha agudizado durante la cuarentena obligatoria por el Covid-19.

Fotoilustración: Claudia Calderón

 

La amenaza de esta extracción ilegal parece extenderse, también, a otras áreas de la sierra. Un estudio del Consorcio para el Desarrollo Sostenible para la Ecorregión Andina (Condesan) ha identificado que, en la cuenca de los ríos Chillón, Rímac, Lurín y Mantaro, ya hay alrededor de 2.637 hectáreas de bofedales degradadas.

Los comuneros han denunciado en la comisaría a los extractores, pero al cabo de unos días siempre regresan.

Estos daños pueden responder a diversos factores. Pero algunos especialistas empiezan a señalar el impacto de la extracción masiva de suelos y vegetación. Hace tres años, por ejemplo, la geógrafa Daniella Vargas Machuca Crespo identificó -en su tesis “Efectos de la extracción de turba en un sistema socio-ecológico altoandino: bofedales de Carampoma-Lima”- que, entre 2005 y 2016, se habían perdido 8.41 hectáreas a causa del champeo. Es decir, una cantidad equivalente al 16.11% del humedal Milloc.

El problema, aseguran los pobladores de esta comunidad de la provincia de Huarochirí, se ha acentuado en los meses de cuarentena. Mientras algunos lo ven como una oportunidad para hacer dinero evadiendo controles del Estado, los campesinos y ecologistas advierten que, si esa extracción no se detiene, podría ocasionar efectos devastadores. 

“Nadie nos hace caso -dice Bojórquez-. Pero, si esto no cambia, no vamos a ser los únicos afectados”.

 

La confusión de los nombres

 

Bofedal, oconal, humedal, turberas. Los nombres son muchos y la confusión, inevitable. Incluso, entre algunos ecologistas. Esto ocurre porque los términos más extendidos en la región son coloquiales y se han empleado por siglos. Así, es habitual que en la sierra norte del Perú se denomine a estos espacios como oconales, mientras en la región central y sur del país, Bolivia y Chile se conocen como bofedales. Y, en ámbitos internacionales, como un tipo de humedal o turbera.

Las variantes, pese a las dificultades que encierran, no han sido descartadas por los investigadores locales. “Lo que hemos hecho es adoptar estos términos coloquiales y, desde el área técnica, tratar de categorizarlos”, cuenta la bióloga Beatriz Fuentealba, a cargo de una de las unidades del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem).

Diversos estudios describen que los bofedales son capaces de capturar y almacenar carbono junto a grandes cantidades de agua.

De ese modo, han identificado las características comunes de estos espacios, ubicados sobre los tres mil trescientos metros de altitud, hasta lograr una descripción que combina distintos conceptos científicos. Así, a la hora de definir un bofedal se consideran tres características centrales: vegetación, agua y suelo.

Por un lado, estos humedales poseen una vegetación inusual: pequeña, compacta y capaz de soportar temperaturas bajo cero. A nivel hídrico son alimentados por lluvias y flujos de agua subterránea y, aunque están saturados, puede que eso no ocurra durante todo el año -hay bofedales estacionales y otros permanentes, como el de Carampoma-. Diversos estudios describen además que sus suelos son capaces de capturar y almacenar carbono junto a grandes cantidades de agua. Y algunos llegan a ser considerados turberas, algo que ocurre cuando tienen una profundidad mayor a los 30 centímetros y contienen, al menos, 30% de materia orgánica.

 

DESTRUCCIÓN. Se han identificado 2.637 hectáreas de bofedales degradadas en la cuenca de los ríos Chillón, Rímac, Lurín y Mantaro, ubicadas en las alturas de Lima.

Fotoilustración: Claudia Calderón

 

Boris Ochoa, hidrólogo e investigador asociado del Imperial College de Londres explica a OjoPúblico que hay una interdependencia entre la vegetación, la tierra y el agua del bofedal. Y, cuando están en equilibrio, pueden regular el flujo hídrico cuenca abajo, además de mejorar la calidad del agua, pues funcionan como filtros naturales. 

“Son como una esponja que almacena agua cuando hay un excedente y la liberan cuando hay un déficit”, detalla el investigador. De esta manera, no solo evitan grandes inundaciones y huaicos en las partes bajas de la quebrada durante la época de lluvias, sino que contribuyen a la disponibilidad de agua durante los meses más secos; y ayudan a retener el agua que se derrite de los glaciares.

Dichas propiedades hídricas no son la única virtud de estos ecosistemas. Sus suelos -tan codiciados, ahora, por los champeros- tienen una historia milenaria. Han sido moldeados por las condiciones climáticas, la altitud y los escasos niveles de oxígeno, que hacen que la materia orgánica de muchos bofedales (hojitas secas, insectos y raíces muertas) se descompongan a un ritmo extremadamente lento y generen suelos orgánicos o turba.

Los bofedales representan el 3% de la superficie del planeta, pero almacenan el 19% del carbono de los suelos".

Este tipo de suelos solo representa el 3% de la superficie del planeta, pero almacenan el 19% del carbono presente en los suelos, estima un estudio de Fuentealba y Mayra Mejía, publicado en 2016. Así, aunque tengan una presencia insignificante frente a las praderas o los desiertos, su valor ambiental es decisivo. Por eso, diversos ecologistas han comenzado a evaluarlos con atención durante las últimas décadas.

En 2014, un artículo publicado por la revista especializada “Mires and Peat” comprobó que algunas turberas de la Puna peruana superan el 80% de materia orgánica en la composición de sus suelos. Una reserva de carbono como esa, es extremadamente valiosa en el contexto de cambio climático. Sin embargo, si este componente se libera -como viene ocurriendo  con la extracción masiva de los suelos de Milloc- es tan grave como si estuviéramos frente a un incendio en los bosques tropicales.

 

Un negocio para pocos

 

“La información -escribió el filósofo Thomas Hobbes, hace tres siglos y medio- es poder”. Muchos peruanos han escuchado la frase hasta el cansancio. Hace unos meses, algunos profesores todavía la repetían en los salones de clase. De cuando en cuando reaparece en los debates públicos, ha sido explotada por decenas de gobiernos y, en los últimos años, se ha expandido todavía más, de la mano del marketing digital. Sin embargo, cuando se trata de recursos naturales, los gobernantes peruanos parecen haberle sacado poco provecho.

La falta de datos sobre este tipo de ecosistemas  ha sido una constante, durante décadas. Y los bofedales, junto a otras áreas naturales  atípicas y de escasa extensión, parecen las más relegadas. En 2012, el Comité Nacional de Humedales estimaba que el área ocupada por los bofedales era de 549.156 hectáreas del territorio peruano.

 

ESENCIAL. El bofedal de Milloc tiene grandes reservas de agua y regula el flujo hídrico que llega hasta Lima. Evita grandes inundaciones y huaicos y ayuda a proveer agua en los meses más secos.

Fotoilustración: Claudia Calderón

 

Tres años después esta información fue ajustada por el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: calculó que en realidad habían alrededor de 4.600 hectáreas menos. En 2018, finalmente, las autoridades peruanas aprobaron el primer Mapa Nacional de Ecosistemas en toda su historia. Allí, los investigadores atribuyeron una cifra parecida. Es decir, apenas el 0.42% de la superficie del Perú tenía características similares a las del bofedal de Carampoma. Sin embargo, la  comunidad científica duda de estas estimaciones; y muchos investigadores consideran que hay una subrepresentación de los bofedales.

En 2018, Perú publicó por primera vez en toda su historia su mapa oficial de ecosistemas. 

“Eso no significa que el estudio esté mal hecho -aclara Fuentealba-. Al momento de realizar un mapa nacional se trabaja con escalas. Y, en ese proceso, hay que definir la unidad mínima cartografiable. O sea, el espacio más pequeño a captar”. En este caso, la unidad mínima cartografiable fue de 20 hectáreas, mientras los bofedales tienen -según una investigación realizada en el Parque Nacional Huascarán- una extensión promedio de dos. Es decir, veinte veces menos que la unidad mínima reflejada en el mapa. 

Ese detalle no pasó inadvertido por las autoridades ambientales. Por eso, se planteó la elaboración de un Inventario Nacional de Bofedales -que permitirá determinar su cantidad, superficie y estado de conservación-, a través de la Inaigem. Fuentealba está a cargo del proyecto y explica que los avances aún son modestos. Este año, gracias a un fondo de cooperación internacional tienen proyectado definir la metodología para hacer el inventario y realizar una validación en campo. Algo que esperan tener listo entre fines de este año e inicios del 2021, para comenzar el registro.

“Es probable que, entonces, tengamos que volver a buscar apoyo para implementarlo -reconoce la directora de la unidad de Ecosistemas de Montaña del INAIGEM-. Pero este tipo de información es crucial para tomar decisiones en los distintos niveles de gobierno”.

Esa ausencia de información, precisamente, ha propiciado controles deficientes al saqueo de los bofedales. La situación es conocida: hay algunos con reflejos lentos y otros, que aprovechan para sacar ventaja.

Nadie controla la permanente extracción de los bofedales, ni su cadena de comercialización. El negocio parece garantizado y llega a los mercados y viveros de Lima.

Los champeros ni siquiera tienen que hacer grandes esfuerzos para colocar la tierra que extraen de los territorios comunales en el mercado. Sin controles sobre la procedencia de la turba y una demanda que no ha dejado de crecer en la última década, el negocio parece garantizado. “La gente que va a comprar abono y suelos a viveros y mercados de Lima aún no es consciente de que la turba proviene de los bofedales. Y, menos, de que estos ecosistemas son esenciales para la calidad del agua que tomamos”, dice Francisco Román, especialista de Condesan y líder de investigación del proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica.

La presencia que tienen estos recursos dentro del mercado aún es incierta, pero los especialistas consultados relatan que han detectado componentes de los bofedales en abonos y musgos que se comercializan en diversos viveros, tiendas de jardinería y supermercados de la capital. “La gran mayoría de sustratos y los tubetes de las plantas tiene turba. Y es probable que esto pase, incluso, con los viveros del Estado; porque no hay una conciencia de la relación entre la turba y los bofedales”, señala el responsable del proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica de Condesan.

 

Depredación sin ley

 

Al indagar sobre las principales causas de depredación de los bofedales, la respuesta más frecuente es el sobrepastoreo. Sobre todo, cuando se trata de ganado foráneo, como las vacas y ovejas. Sin embargo, Fuentealba considera que esa no es la más dañina.

“Lo peor que le puede pasar a uno de estos espacios -asegura- es que se altere su régimen hídrico”. Es decir, la creación de desvíos del agua subterránea, para alimentar canales de riego, hidroeléctricas, minas; o la construcción de carreteras sin un adecuado estudio ambiental. “Eso hace bajar el nivel del agua del bofedal y desestabiliza el funcionamiento de todos sus componentes”, detalla.

 

SAQUEO. Los extractores ilegales invaden los terrenos comunales de Carampoma en pleno día y con varios camiones: retirar la vegetación y extraen grandes rectángulos de turba. Después, solo queda la tierra desnuda.

Fotoilustración: Claudia Calderón

 

La segunda gran amenaza es la extracción masiva de suelos. Este proceso, además de liberar carbono, requiere drenar el bofedal y retirar la vegetación superior para acceder a la turba. Así, en el camino, daña el régimen hídrico y el desequilibrio se repite.

“En estos casos el bofedal pierde la capacidad de respuesta para recuperarse”, explica. Y las intervenciones de restauración podrían resultar insuficientes. La bióloga ya ha liderado experimentos de este tipo. Entre 2015 y 2018, el Instituto de Montañas realizó la intervención de un bofedal afectado en la Cordillera Blanca, de Áncash. Allí, después de tres años de trabajo, no lograron detectar que la vegetación de cojín haya logrado crecer, siquiera en pequeñas proporciones. Un elemento que, resalta, es indispensable para la protección del suelo y el funcionamiento del ecosistema.

Los bofedales y las turberas existen alrededor de todo el mundo. Y, en el caso de los Andes, tienen 7.900 años de antigüedad, en promedio. En 2014, un estudio de la Michigan Technological University comparó las turberas altoandinas con las de Colorado, en Estados Unidos. Así, el ecólogo e hidrólogo forestal Rodney Chimner detectó que las andinas eran más profundas, y que algunas de ellas almacenan más de tres mil toneladas de carbono por hectárea. Una capacidad mayor, todavía, que la de la selva amazónica.

En una semana, los depredadores arrasan con con el trabajo de más de siete mil años que tomó en formarse el bofedal.

En ese estudio el especialista estimó, además, que los bofedales andinos podían acumular cada año un promedio de 0.82 milímetros de turba (tierra rica en nutrientes y que los extractores ilegales ofrecen como abono orgánico). Este último dato aún es discutido por algunos investigadores, pues la generación de turba depende de muchos factores; pero ayuda a comprender algo irrefutable: la voracidad de los depredadores no se compara con el tiempo geológico que requiere la formación de suelos orgánicos. En otras palabras, basta una semana para que los champeros arrasen con el trabajo de más de siete mil años del bofedal.

Por eso, cada vez más ecólogos, hidrólogos y especialistas en suelo alertan que esta actividad es insostenible. Perú no es el único país que ha desoído estas advertencias, en afán de priorizar el desarrollo industrial. Irlanda -con una larga trayectoria de minería en turba- lo hizo por décadas. Y, si bien, ha iniciado el cierre progresivo de actividades en turberas por su impacto ambiental, muchos aseguran que ya es demasiado tarde.

Los efectos no se limitan a un tema ecológico. La extracción masiva de turba tiene secuelas en el ambiente y afecta la disponibilidad de agua en toda la cuenca, pero también ocasiona un impacto económico en las comunidades campesinas, al dejarlas sin pasto para sus animales.

Bojórquez, el agricultor que sacrificó a uno de sus becerros durante la cuarentena, lo empezó a notar temporadas atrás. “En los lugares depredados, el agua corre. Ya no se queda ahí, retenida, y alrededor todo se seca”, cuenta. 

El problema, explica Fuentealba, es que la legalidad tiene vacíos. No es la única. Aunque el Perú forma parte de la Convención Ramsar -un tratado intergubernamental para la conservación y uso racional de los humedales- y contempla la depredación de flora y fauna silvestre como un delito, diversos especialistas alertan que los bofedales requieren un marco regulador específico. 

La importancia de estos espacios es crucial, pero no está contemplada por las leyes locales: no hay un delito en el Código Penal ni a nivel normativo que los mencione, aunque son considerados como un área frágil por la Autoridad Nacional del Agua. “Ecosistemas como este, ameritan la protección bajo un régimen especial, pero eso no se refleja en el ámbito penal ni administrativo -precisa la abogada Fátima Contreras, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental-. Sin eso, las autoridades fiscalizadoras no pueden ejercer un control”.

 

ALERTA. “La mayoría de los sustratos que se comercializan en los viveros y supermercados de Lima tienen turba, es decir provienen de los bofedales”, advierte el investigador Francisco Román.

Fotoilustración: Claudia Calderón

 

Su desprotección frente a los champeros es evidente. Y, en los últimos meses, ha puesto en alerta a las autoridades. Algunos funcionarios del Ministerio del Ambiente declararon a OjoPúblico que, desde inicios de año, un sector del organismo está evaluando un proyecto normativo que busca proteger a los humedales y ordenar las competencias de las autoridades que intervienen en su gestión. Sin embargo, hasta la fecha, el proyecto no ha sido prepublicado ni se ha mencionado de manera pública.

La preocupación también es evidente dentro de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales: el pasado 3 de julio, su responsable -el procurador Julio Guzmán Mendoza- presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Penal de Matucana, por depredación de flora en el bofedal de Carampoma. Tema por el que la entidad deberá pronunciarse dentro de los próximos meses.

El dilema del progreso

En un país donde gran parte del crecimiento económico reciente ha dependido de la explotación de recursos naturales, las predicciones para los humedales altoandinos son pesimistas. “Si la escala de la extracción sigue aumentando vamos a tener bofedales absolutamente imposibles de recuperar”, advierte Fuentealba.

Las consecuencias resultan familiares para muchos: reservas de agua dañadas, comunidades campesinas acosadas y con serias dificultades para resistir a los extractores ilegales, flora y fauna silvestre en peligro, emisión de gases de efecto invernadero. “Es una situación como la de Madre de Dios, hace 20 años. Entonces, la minería ilegal parecía despreciable en términos de superficie, pero no se controló y ya sabemos en lo que se convirtió. El temor es ese”, dice Francisco Román.

Esta vez, no obstante, será difícil mirar la degradación como un problema ajeno: si no se detiene, implicará la pérdida de grandes volúmenes de agua dulce, que la capital peruana difícilmente pueda reemplazar. Y a eso se añadirá, además, la amenaza de inundaciones y huaicos cada vez más voraces.

“Parece que la gente no se da cuenta. Si no cuidamos a nuestros bofedales, así como vino la pandemia, va a venir una sequía y no va a quedar agua para ninguno”, anticipa Efraín Villarroel, exmiembro del comité de defensa de Carampoma que denunció a los extractores ilegales que operan en la zona.

Algunos de sus vecinos ya parecen resignados y él mismo ha escuchado los rumores. Cuentan que los champeros han empezado a repartir víveres entre algunos pastores, para evitar las denuncias; y que las coimas son habituales entre los policías y las autoridades. Pero que a él no lo van a comprar. “Si nos quedamos sin agua, el dinero no va a servir para nada”, dice por teléfono. El problema -se lamenta enseguida- es que hay muchos que aún no lo entienden.