MÁS PROMESAS. Alan García durante la presentación de su lista para el Congreso. Foto: Andina.

Por Elizabeth Salazar Vega

OjoBiónico sometió a verificación las declaraciones que hizo ayer el candidato a la presidencia por Alianza Popular, Alan García, sobre la supuesta renuncia a la inmunidad parlamentaria de todos sus candidatos al Congreso y, tras revisar las normas y entrevistar a dos constitucionalistas, pudo establecer que se trata de un planteamiento falso, porque la inmunidad no es un derecho renunciable y ni siquiera los legisladores pueden pedir que sea suprimida a sola firma.

García hizo esa afirmación durante su discurso de presentación de los postulantes al Parlamento por Alianza Popular. Según informó a la prensa, todos ellos habían firmado un acta de compromiso para, de ser elegidos, no hacer uso de la inmunidad que les correspondería ante una eventual investigación. “Como parte del objetivo de acercar el Congreso al pueblo y recuperar su credibilidad, los integrantes de Alianza Popular han suscrito un documento mediante el cual renuncian a la inmunidad parlamentaria (…) Renunciar a la inmunidad es un acto sin precedentes cuando viene, además, acompañado de dejar de lado la reserva tributaria y el secreto bancario. Es un acto de valor, de convicción, para reconstruir la confianza en nuestro Congreso ante el país”, dijo.

El candidato de la alianza formada por el Apra y el PPC dijo que los integrantes de su lista se habían comprometido además a votar en el momento necesario la reforma constitucional o legal para hacer efectiva la medida. Mientras tanto, señaló que el documento era una garantía de que, ante cualquier requerimiento, cada uno de ellos se pondrá disposición de las autoridades para cualquier investigación. Minutos después, ya desde su cuenta de twitter, el ex presidente recalcó la idea: 

 

 

Sin embargo, hay dos aspectos falsos en estas aseveraciones.

Primero, la inmunidad y el secreto financiero de los parlamentarios no forman parte de la misma ley.

El artículo 93 de la Constitución Política fija la protección legal a los congresistas en los siguientes términos: “No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”.

En cambio, el secreto bancario y la reserva tributaria de un congresista están protegidos por otra norma, el artículo 2 de la Ley 27399, que regula los mecanismos de investigación preliminar a funcionarios púbicos.
 

“La inmunidad no es un derecho de los congresistas y no pueden renunciar a algo que no les pertenece. Ese papel que han firmado es un cuento". (Samuel Abad, constitucionalista).

En segundo lugar –y aquí lo más importante–, la inmunidad no es renunciable. Los constitucionalistas Samuel Abad y Raúl Ferrero, consultados por Ojo-Publico.com, coincidieron en señalar que el anuncio de García Pérez es inaplicable, porque se trata de una prerrogativa del Congreso de la República como institución, y no de sus miembros de manera aislada, pues tiene como fin asegurar su normal funcionamiento, sin coacciones o amedrentamientos de por medio.

“La inmunidad no es un derecho de los congresistas y no pueden renunciar a algo que no les pertenece. Ese papel que han firmado es un cuento. Cuando quieran hacer uso de esa carta, estando ya en el cargo, van a decir: ‘Yo traté de aplicarla, pero el Congreso y sus leyes no me dejaron’. La garantía de la inmunidad sirve para que sus miembros no sean detenidos o procesados como represalia a su labor normativa o fiscalizadora. Es una protección a la institucionalidad del Congreso. No se puede restringir su aplicación a un grupo de legisladores y para otros no. Es absurdo”, sostuvo Abad.

Ferrero, por su parte, reconoció que la figura de la inmunidad merece ser revisada con el fin de evitar trabas innecesarias en el levantamiento del fuero parlamentario cuando hay motivos suficientes para iniciar un proceso penal. Sin embargo, coincidió en que la firma de un acta o un juramento no es el camino. “La inmunidad no es un privilegio, es una garantía que permite el correcto funcionamiento del sistema parlamentario. Es una herencia de la historia legislativa de Inglaterra y la única forma de evadirlo es cambiando la constitución”, señaló.

El cambio de la Constitución Política sería el único camino para no aplicar la inmunidad, pero ello no es tan simple como firmar un compromiso.

En consecuencia, OjoBiónico ha establecido que lo dicho por el candidato Alan García es: