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HALLAZGO. La mayoría de partidos carece de propuestas concretas frente a la minería ilegal e informal.
A pesar del avance de la minería ilegal en el país, solo el 33% de los planes de gobierno de los 36 candidatos a la presidencia aborda de manera concreta para enfrentar esta actividad, según un reciente informe del Observatorio de Minería Ilegal (OMI).
El informe, titulado La Minería ilegal e informal en los planes de gobierno 2026-2031, identificó tres categorías para las propuestas de los partidos relacionadas a esta problemática. La primera agrupa a 12 partidos que abordan el problema con respuestas concretas, aunque todavía insuficientes.
“Los partidos políticos simplemente conceptualizan el tema de la minería ilegal o proponen más de lo mismo, como crear un comando especial en Madre de Dios o fortalecer a las Fuerzas Armadas, la policía y la fiscalía”, señala la abogada ambiental Karina Garay, coautora del informe.
Los partidos políticos simplemente conceptualizan el tema de la minería ilegal o proponen más de lo mismo", afirma Karina Garay.
La segunda categoría agrupa a 13 partidos que desarrollan la problemática de la minería ilegal e informal, pero solo de manera declarativa. “Es decir, sin medidas reales y con propuestas complejas de realizar”, refiere el OMI.
El tercer grupo está conformado por 11 partidos que no consideran ni incluyen iniciativas sobre este tema. Dentro de este grupo, tres partidos no hacen ninguna mención a la minería ilegal (Frente de la Esperanza, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, y Renovación Popular) y dos la mencionan solo de manera general (Perú Libre y Perú Moderno).
Propuestas limitadas
Para el abogado ambientalista César Ipenza, también coautor del informe, la presencia o ausencia de esta problemática en los planes de gobierno evidencia si existe un esfuerzo por comprender y enfrentar lo que implica esta actividad informal e ilegal.
“Hay algunos que sí separan lo informal de lo ilegal, pero en gran medida no. Me sorprende que partidos punteros como Renovación Popular no tienen nada [al respecto]. Algunos de los partidos que han hecho un poco más de esfuerzo son Ahora Nación, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú y Primero la Gente”, indica.
Aunque el informe no centró su análisis en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), los datos recopilados muestran que, al menos, cuatro partidos no incluyen ninguna mención a este mecanismo: Cooperación Popular, Fe en el Perú, Obras y País para Todos.
“Es importante que los partidos hagan evidente cuál es su plan con el Reinfo, porque vemos que algunos están vinculados directamente a ese mecanismo de impunidad y nos parece necesario que cada partido cumpla su rol de no tener mineros informales ni ilegales dentro de sus candidaturas”, subraya Ipenza.
Los hallazgos del informe coinciden con un reciente reportaje de OjoPúblico que identificó que los planes de gobierno de los siete candidatos que, hasta el 26 de febrero, encabezaban la intención de voto presentan una agenda limitada sobre la Amazonía.
El candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no reconoce a la minería ilegal como un problema, mientras que los candidatos César Acuña y Carlos Álvarez no mencionan a los pueblos indígenas en sus propuestas.
Frente a este panorama, los especialistas del OMI realizaron recomendaciones a los partidos que participan en la contienda electoral. Una de las principales es impulsar un proceso de formalización minera adecuado y efectivo.
REPORTE. Ocho candidatos de los 36 partidos políticos analizados recibieron ayer el informe del Observatorio de Minería Ilegal (OMI).
Foto: OMI
“Tenemos que dejar el carácter extraordinario del Reinfo. Ya son casi 25 años que seguimos con el cuento de la formalización minera. ¿Cómo es posible que en la minería, siendo una actividad tan grave, solo requiera inscribirse para empezar a operar? Se debe implementar un sistema que no sea tan burocrático y que sea fácil para el minero, pero también el Estado tiene que fortalecer la fiscalización”, resalta Karina Garay.
También recomiendan establecer un sistema de trazabilidad más eficiente e implementar medidas de transparencia que permitan enfrentar la corrupción vinculada a la minería como un delito grave.
“Es necesario que todos los procesos sean visibles para la población, que todos conozcan quiénes realmente se están formalizando, quiénes están siendo sancionados, quiénes no están cumpliendo y quiénes deberían ser eliminados de este registro”, agrega Garay.
Finalmente, señalan la necesidad de modificar el artículo 307-A del Código Penal que establece las penas por minería ilegal y que plantea una excepción para aquellos que estén en proceso de formalización minera.
“Eso genera impunidad en cualquier persona que, solo por estar dentro del proceso de formalización minera, no puede ser investigada por las autoridades fiscales o policiales”, concluye el informe.
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