Víctimas de la impunidad

25 de Noviembre, 2018

En el Perú es posible que el seguro social implante aparatos médicos caducos a 40 pacientes diabéticos con problemas cardíacos sin que esto tenga sanciones. También que los conflictos de interés de un médico y una proveedora detengan las operaciones de niños con deformaciones en la columna, o que doctores y enfermeras se contagien de tuberculosis porque carecen de equipos seguros para evitar infecciones. Pacientes y personal de salud son víctimas de un sistema diseñado para permitir la impunidad.

Una mañana de junio del 2016, Victoria León recorrió por última vez los pasillos del moderno Instituto Nacional del Corazón (Incor) en Lima. Su esposo había muerto de un infarto pocos días antes y ella, una comerciante de frutas, estuvo a su lado durante 50 años. Aquel día salió de su casa en el Callao decidida a pedir una copia de toda la historia clínica de su pareja. “Necesitaba comprender lo que había pasado con él”, recuerda. Su esposo, Juan Alba Aranda, fue uno de los 40 pacientes diabéticos a los que se les implantó un dispositivo médico llamado stent, que ayuda a abrir la arteria coronaria y mejorar la circulación de sangre hacia el corazón. El problema estaba en que a este grupo de personas se les colocó aparatos que ya habían expirado.

“Los médicos de EsSalud no me explicaron nada”, asegura León. El caso no se destapó tras la muerte de Juan Alba, sino ocho años antes, pero las investigaciones se llevaron con tanto hermetismo que ni siquiera los afectados tuvieron acceso a información precisa. En abril del 2008, una fuente anónima entregó a un canal de televisión un sobre cerrado con algunos documentos relacionados a los stents comprados en el Incor. Estos documentos demostraban que ya habían caducado al momento de ser colocados en pacientes diabéticos.

El stent es una prótesis metálica del tamaño de un grano de arroz, con forma de una malla cilíndrica, que debe ser colocado en una de las arterias de los pacientes para mejorar la irrigación de sangre al corazón. Una vez implantado, el dispositivo se expande dentro de la arteria para desbloquearla y disminuir los riesgos de infartos. Pero, ¿qué sucede si se le inserta un stent vencido a un paciente cardíaco? “No hay estudios científicos que indiquen sus efectos. Tampoco es posible retirar un stent, porque se adhiere al tejido y solo puede ser extraído en una autopsia; es decir, cuando el paciente ya falleció”, explica el doctor Plinio Obregón, presidente de la Asociación de Cardiología del Perú.

VIUDA. La señora Victoria León dio una entrevista a Ojo-publico.com para conversar por primera vez sobre la cirugía con un stent vencido que tuvo su esposo en el Instituto Nacional del Corazón. /Max Cabello.

Los 40 pacientes que entraron al quirófano del Incor en ese período fueron operados con stents vencidos por cinco cardiólogos: Rodolfo Rojas Cañamero, César Conde Vela, Carlos Evaristo Sánchez Pineda, José Ercilla Sánchez e Irma Arima Fujita. El esposo de Victoria León fue atendido por el primero de ellos, quien le insertó un stent de la marca Cypher, de la línea Cordis, perteneciente a la corporación Johnson & Johnson. Este dispositivo de alta complejidad era parte de un lote de 52 stents adquirido en dos compras directas distintas por la jefa del área de Hemodinámica y presidenta del comité de compras del Incor, la cardióloga Bertha Gonzales Álvarez.

Sentada en la sala de su casa, Victoria León relee las páginas de la historia clínica de su esposo, un enfermo de diabetes que empezó a sufrir problemas cardíacos luego de que se jubiló y deprimió. Es la primera vez que su viuda concede una entrevista a un medio de comunicación. “Mi esposo estaba muy ansioso por la cirugía coronaria que le ordenó el doctor. Le había asegurado que esto disminuiría los riesgos de infarto”, cuenta. Sin embargo, apenas un mes después de la operación, el señor Alba recibió una notificación de la Primera Fiscalía Corporativa en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que rindiera su manifestación por un caso de “stents caducados y vendidos por Johnson & Johnson al Incor”. El documento no consignaba ningún otro detalle.

Solo en ese momento, Victoria León reparó en que no tenía la menor idea de las características del aparato médico que se le había colocado a su esposo: no se les informó sobre el modelo, marca, fecha de expiración y cuidados en caso de que presentara una complicación. Cuando Alba acudió a la fiscalía en compañía de su esposa, se encontró con el cardiólogo Rodolfo Rojas. Su primera reacción fue pedirle que le retirara el implante. Sin embargo, Rojas les explicó a ambos que no era posible. “El médico nos dijo que vivir con un stent vencido no generaba ningún problema”, dice León.

INCOMPLETO. La historia clínica de un paciente no siempre consigna los detalles del implante médico colocado./Max Cabello

Ojo-Publico.com identificó a los 40 pacientes operados con stents vencidos y los buscó para conocer su estado de salud diez años después de esta denuncia. Sin embargo, solo pudo conversar con cuatro de ellos. Varios ya habían fallecido y algunos recién se enteraron de que tenían un implante vencido en su cuerpo, porque no todos fueron notificados del problema por el Incor y la fiscalía.

Ninguna de las personas que entrevistamos demandó a EsSalud ni recibió atención médica especial por el uso de aparatos vencidos en sus cirugías coronarias. La mayoría de pacientes afectados pertenece a familias humildes, sin recursos suficientes para enfrentarse en los tribunales a médicos y al seguro social.

“Afortunadamente sigo viva”

Una tarde de octubre del 2018, la químico farmacéutica Elizabeth Cantuarias Pastor nos recibió por segunda vez en su casa de San Miguel para conversar sobre un episodio de su historia clínica en el Incor; durante una década, ella evitó hablar del tema por miedo. Esta delgada mujer de 80 años, con el cabello corto cubierto de canas, figura en la lista de pacientes a los que se les implantó stents vencidos en el 2008. Cantuarias no se enteró a través de su cardiólogo Fernando Córdova, sino por su familia. Uno de sus hijos leyó una noticia aparecida en un periódico que indicaba que un grupo de pacientes diabéticos con problemas cardiacos del Incor fueron operados con stents vencidos entre los años 2006 y 2008. “Pensamos que yo era una de las afectadas porque la fecha de mi operación coincidía con los hechos. No quise saber más y afortunadamente sigo viva”, dice ahora.

Elizabeth ha sufrido tres infartos al corazón a lo largo de su vida y tiene cuatro stents implantados. El primero se lo colocaron en el 2003 y otros dos en los años 2005 y 2006 por la falta de riego sanguíneo a los músculos del corazón. En el 2008, cuando sufrió un tercer infarto, su cardiólogo Fernando Córdova ordenó que se le implantara otro stent. El 2009 se le colocó el cuarto. Esta última cirugía era muy importante porque su organismo ya no admitiría más dispositivos médicos para desbloquear toda la arteria coronaria izquierda. El problema está en el que colocaron un aparato vencido.

Ella colabora ahora como voluntaria de apoyo a pacientes en los hospitales de EsSalud de Lima y sigue asistiendo a sus controles médicos en el Incor. No ha conversado mucho con su médico sobre sus operaciones anteriores porque dice no haber tenido complicaciones de consideración. “En el Incor nunca te dan detalles sobre las características de los implantes que utilizan. Preferí no indagar más”, reconoce.

TECNOLOGÍA MÉDICA. EsSalud es el principal cliente de las empresas de implantes y aparatos médicos, pero sus protocolos de información a los pacientes son deficientes. 

Otra paciente que encontramos es Aida Cúneo Vega, de 65 años. “¿De qué me está hablando?”, exclamó cuando le preguntamos si sabía que le habían colocado un stent vencido en el Incor. La señora Cúneo, un ama de casa que vive en el distrito de San Martín de Porres, al norte de Lima, nos recibió con desconfianza. No entendía por qué la buscamos y se mostró escéptica ante la posibilidad de que su nombre aparezca en la lista de personas afectadas. Ella asegura que no sabía nada y que nunca fue notificada por los médicos del Incor o por el Ministerio Público.

El mismo cardiólogo del Incor que la operó en el 2007 sigue haciéndose cargo de sus evaluaciones periódicas, pero ella prefiere no dar sus datos. Su familia quedó desconcertada con la noticia y finalmente nos pidió no volver a conversar hasta que su médico le diera mayores explicaciones. En una segunda entrevista, Cúneo fue cortante: “Mi médico negó todo y me explicó que solo fue un problema con el etiquetado”, dijo.

Ojo-Publico.com comprobó que los afectados que entrevistamos conocen muy poco sobre los alcances médicos y legales del caso. Ninguno sabe que la Primera Fiscalía Anticorrupción investigó a la doctora Bertha Gonzales Álvarez luego de que ella ordenara la adquisición de los stents vencidos de Johnson & Johnson. Ninguno sabe tampoco que esta cardióloga había modificado las bases de compras de estos aparatos médicos sin realizar un estudio previo y sin consultar al comité de adquisiciones, según el informe de una comisión investigadora del Congreso de la República que revisamos para esta investigación. La decisión de Gonzales solo tuvo un proveedor favorecido: Johnson & Johnson, que un año antes la había contratado como investigadora principal de un estudio multicéntrico para evaluar la eficacia de los stents coronarios de la línea Cordis.

"En el Incor nunca te dan detalles sobre las características de los implantes que utilizan, comenta Elizabeth Cantuarias.

“El primer stent que me implantaron se rompió y tuvieron que colocarme otro más”, cuenta otro de los pacientes de la lista de afectados a los que se les colocó un aparato vencido en el Incor. Nos pidió no identificarlo porque teme represalias, pero confirmó que 15 días después de la cirugía sintió un fuerte dolor en el pecho y pasó por un control de su cardiólogo. Los exámenes mostraron que su stent se había roto y tuvo que someterse a una nueva operación para que se le colocara otro dispositivo. “Nunca supe más. Si el stent era defectuoso o si me operaron mal. Solo supuse que algo muy malo había pasado”, declaró a Ojo-Publico.com.

Otra de las personas que vive con un implante vencido es el físico Arturo Fernando Talledo Coronado, de 63 años, quien considera que el caso de los stents vencidos solo fue parte de una guerra de proveedores en el seguro social. Así fue como se lo explicó su cardiólogo la única vez que le pidió una explicación. “Llevo diez años con este aparato y ha cumplido su función”, aseguró. En el 2008, cuando el caso se hizo público, Talledo fue llamado a declarar ante el Ministerio Público, pero se negó a hacerlo. “No lo hice porque creo que mi operación fue buena”, dijo, y luego repitió que se siente “muy bien” de salud.

Pese a que no todos los pacientes operados acudieron al Ministerio Público, la investigación fiscal siguió hasta el 2012. Para entonces,  el Congreso de la República y EsSalud habían emitido extensos informes en los que señalaban la presunta responsabilidad de la cardióloga Bertha Gonzales, quien mantuvo oculto su conflicto de interés con Johnson & Johnson.

La Primera Fiscalía Corporativa en Delito de Corrupción de Funcionarios solo investigó a Bertha Gonzales y a la enfermera Carmen Vizquerra Minaya, encargada del área de Hemodinámica, pese a que todo el personal de salud era responsable de revisar las fechas e indicaciones de cualquier aparato médico que se implante a un paciente, según los protocolos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).  

IMPUNIDAD. Tras cuatro años de investigación, la Primera Fiscalía Corporativa en Delitos de Corrupción archivó el caso de la doctora Bertha Gonzales Álvarez por la compra de los stents vencidos./Audrey Córdova/ArchivoOP

A fines del 2012, la fiscalía emitió una resolución en la que consignó que no encontró pruebas suficientes que inculparan a la doctora Gonzales Álvarez. El caso se archivó y la cardióloga volvió poco después a trabajar en el Incor.

En el Perú, no hay antecedentes de demandas exitosas de usuarios por aparatos médicos defectuosos, pero en España un granadino logró que una empresa de stents fuera sancionada. En diciembre del 2007, un juez falló a su favor luego de una batalla legal de cinco años contra Boston Scientific S.A.,  fabricante del stent o malla protectora de arterias que se le implantó y rompió dos años después de la cirugía coronaria.

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Granada firmó una sentencia que condenó a la compañía a una indemnización de unos 240 mil euros al considerarla responsable directa del daño a este paciente. En el juicio, la empresa Boston Scientific culpó al paciente con el argumento de que este “había mantenido una vida normal y no había tenido el cuidado necesario”. Pero en su sentencia, el juez dijo que no bastaba con cumplir con el reglamento, y que las empresas deberían realizar todas las pruebas necesarias para que sus productos puedan evitar cualquier daño a los pacientes y, sobre todo, la empresa estaba en la obligación de brindar toda la información sobre el aparato a los médicos y a sus pacientes. La operación de stent es irreversible y las consecuencias de una rotura de este aparato no son ligeras. Un paciente con un stent roto sufrirá de limitaciones físicas, medicación para toda la vida y posibles hemorragias. A pesar de ello, la información que se le da al paciente es mínima: no saben qué marca de stent se les pondrá y cuáles son los cuidados que deberían tener.

 

DOLOR PROLONGADO. El adolescente Ángel Nolasco pasas sus días entre casa, el colegio y las visitas al hospital para tratar su escoliosis que le impide movilizarse con facilidad./Max Cabello

La dolorosa espera

Angelo Nolasco camina despacio desde su habitación hasta la sala de su casa vestido con una pijama blanca. Su espalda está deformada y tiene el aspecto de una S, debido a que vive con un diagnóstico de escoliosis desde los 10 años. Ahora es un adolescente de 17 y nos pide que lo esperemos: quiere cambiarse de ropa para sentarse a conversar sobre su enfermedad en el pequeño departamento donde vive, ubicado en un segundo piso de una vivienda en el Rímac. Son las 12 del día y recién ha salido de su cama. “Pasó una mala noche. No pudo dormir porque le vino una crisis respiratoria y ya no lo llevé al colegio”, explica su padre, Félix Nolasco, quien trabaja como guardián pero solo a tiempo parcial, para poder dedicarse al cuidado de su hijo.  

La curvatura de la espalda de Angelo Nolasco ha llegado a los 108 grados y cada vez son más frecuentes sus crisis respiratorias, debido a que sus vértebras presionan el pulmón izquierdo y el corazón. Su nombre figura en una lista de 125 niños que desde el 2015 esperan por una cirugía para enderezar su columna en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen del seguro social.

La enfermedad de Angelo apareció en el 2012. Un médico traumatólogo de la Clínica San Juan de Dios lo examinó y le dijo a sus padres que el niño requeriría un corsé, permanentes sesiones de fisioterapia y natación para controlar la deformación de su columna. El tratamiento era costoso y su familia no pudo continuarlo después de dos años de esfuerzo para cumplirlo. “Me duele mucho el cuerpo. Siento que me ahogo a cada momento”, dice ahora el adolescente que coge del brazo a su padre mientras habla del dolor permanente con el que se ha tenido que acostumbrar a vivir.

En el Perú, no hay antecedentes de demandas exitosas de usuarios por aparatos médicos defectuosos.

Angelo no puede agitarse porque, sencillamente, podría morir. Su médico, el traumatólogo Edgar Morales Vásquez, del hospital Guillermo Almenara, le ha recomendado una cirugía para colocarle un implante de columna. Esta operación dura unas 12 horas y consiste en colocar unos tornillos en las vértebras del paciente que deben conectarse a unas placas que ayudan a enderezar la espalda.

El doctor Morales le dijo a los padres de Angelo que lo mejor era realizar la cirugía con los implantes coplanares de la marca Expedium, que solo vende la empresa Promedon. Este tipo de prótesis no es usada en el seguro social, pero el médico la recomienda con insistencia a sus pacientes. “El doctor nos explicó que los implantes del hospital Almenara son antiguos, que la mayoría de niños operados con esos aparatos debe regresar después de la cirugía para que se le ajusten los tornillos de la espalda porque se salen”, comenta Félix Nolasco.

Después de ser persuadido por el médico, Nolasco solicitó a EsSalud los nuevos implantes de Promedon. En medio de sus gestiones conoció a otros padres de pacientes del doctor Edgar Morales que habían iniciado una cruzada para que el seguro social compre los nuevos implantes coplanares. Pero el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (Ietsi) de EsSalud no aprueba la compra de estos aparatos médicos porque no hay suficiente evidencia científica que acredite que son mejores que los que ya usa el seguro social: los implantes del modelo Universal Spine System (USS), de la línea Depuy Synthes, que pertenece a Johnson & Johnson.

Lo que varios padres de los niños ignoran es que el médico Edgar Morales está siendo investigado desde mayo en la Primera Fiscalía Corporativa en Delitos de Corrupción por presunta colusión. Las autoridades de EsSalud lo denunciaron luego de que detectaran que llevó a una representante de ventas de Promedon, sin identificarla como tal, a una junta médica en la que se sustentaría el cambio de implantes de columna en el seguro social. Además, Morales no había informado que fue contratado este año por esta empresa para dictar cursos en Miami y que recibió antes capacitaciones pagadas por esta misma compañía.

ESCOLIOSIS. De no recibir un implante para ayudar a corregir la columna, la esperanza de vida de un paciente con esta enfermedad puede reducirse en catorce años./Max Cabello

El caso ha desatado una guerra mediática que enfrenta a EsSalud y a un médico captado por una empresa desde hace varios meses. En el medio de este conflicto están los niños y adolescentes que corren el riesgo de sufrir daños irreversibles a su salud por la prolongada espera de las cirugías.  Varias familias de otros menores con escoliosis han aparecido en distintos canales de televisión para denunciar la demora de las operaciones en el seguro social. “Si esta es una guerra comercial, que se maten entre ellos, yo solo quiero que mi hijo esté bien y reciba la mejor terapia”, dice Félix Nolasco.

Personal médico con tuberculosis

En los últimos días de octubre del 2016, las autoridades del hospital Arzobispo Loayza de Lima declararon sus instalaciones en alerta amarilla tras confirmar que seis enfermeras dieron positivo al bacilo de tuberculosis. Eran días complicados en uno de los establecimientos de salud más antiguos del país: el jefe del Centro de Gastroenterología, Carlos Moreno, había sido denunciado por corrupción debido a sus oscuros negocios con clínicas privadas para favorecerlas en contratos de servicios; al mismo tiempo, varios pacientes protestaban por el desabastecimiento de medicinas y la sala de emergencias estaba hacinada. A todo esto se sumó que la compra de insumos médicos básicos, como los respiradores de protección para el personal de salud, no se había realizado de manera oportuna.

PROTECCIÓN. Las mascarillas N95 son usadas por personal de salud porque puede filrar el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.​​​​​

En los servicios de salud se utiliza el respirador del modelo N95, un tipo especial de máscara que indica una eficiencia de filtro de al menos 95% para partículas diminutas, como el microbio de la tuberculosis, y otras infecciones en áreas de riesgo: servicios de emergencia, unidades de cuidados intensivos y pabellones de hospitalizados. Sin embargo, ante la carencia de estas máscaras, cuyo costo es de ocho a diez soles por unidad, varias enfermeras del hospital Loayza usaron mascarillas simples que compraron con su propio dinero. El problema estaba en que no servían de mucho porque eran demasiado frágiles para brindarles una protección segura. “Trabajamos como soldados sin armas enviados a la guerra”, dijo Ketty Solier, secretaria general el Sindicato Nacional de Enfermeros del Ministerio de Salud.

Ojo-Publico.com encontró problemas no solo en los retrasos de compras de la indumentaria de protección del personal de salud, sino también en el control de calidad de productos como los respiradores: estas máscaras no requieren registro sanitario para su ingreso y venta en el país. Así, las compras de estos dispositivos médicos esenciales en hospitales y clínicas suele convertirse en disputas de precios que derivan en casos de corrupción.

“Nos han llegado a entregar mascarillas de uso industrial que no tienen filtros suficientes de protección”, denunció una enfermera del Hospital María Auxiliadora que pidió no ser identificada por temor a ser sancionada o perder su empleo. El caso ocurrió con un lote de mascarillas de uso industrial comprado por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y distribuido a los hospitales de Lima.

INACCIÓN. Zoila Cotrina asegura que no pasa nada cuando enfermeros se contagian de tuberculosis a causa de implementos de protección defectuosos./Rocío Romero

El Cenares es el organismo central de compras de medicinas, equipos e insumos para los servicios del sector salud. Sus voceros se negaron a ser entrevistados para esta investigación, pero comprobamos que la denuncia de la enfermera del Hospital María Auxiliadora sobre la distribución de mascarillas de uso industrial fue atendida por la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud, luego de que se reportaran casos de técnicos de enfermería contagiados de tuberculosis. “Probamos que las mascarillas que nos dieron en el hospital no servían porque no pasaban las pruebas de filtros en el área de Neumología, pero de todos modos tuvimos que usarlas”, relató la enfermera denunciante.

“Estamos desprotegidas”, dijo Zoila Cotrina Díaz, presidenta de la Federación de Enfermeras, que representa a 35 mil licenciados en enfermería en el país. La misma preocupación tiene el presidente de la Asociación de Médicos Residentes, Alan Figueroa, quien señaló que además del deficiente servicio de alimentación, la falta de indumentaria de bioseguridad de buena calidad ocasionó que al menos 15 médicos se contagiaran de tuberculosis entre el 2013 y el 2015. “Esto refleja las riesgosas condiciones en las que trabajamos”, advirtió. Así como los pacientes, también el personal médico es víctima frecuente de un sistema poco transparente y, sobre todo, altamente riesgoso.