Lima lucha contra el coronavirus con aguas turbias

No hay vacuna contra el Covid-19. Sólo dependemos del testeo masivo, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. Sin embargo, alrededor de 700 mil personas de los distritos más pobres de la capital de Perú no tienen acceso a la red de servicios de agua potable administrada por Sedapal y dependen del recurso de dudosa calidad que venden los camiones cisterna. Un equipo de periodistas visitó el distrito de Villa María del Triunfo y solicitó el análisis de muestras a un laboratorio certificado, dos meses antes de la aparición del virus en el país. Los resultados hallaron bacterias fecales. ¿Cómo se puede enfrentar la pandemia con aguas inseguras?

Mirelis Morales Tovar

@mi_mo_to

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El 15 de marzo transcurrió como un domingo cualquiera. Santos Ríos Carranza hizo las tareas de la casa y al caer la noche repitió la rutina de siempre: encendió una vela, preparó la cena y le dio de comer a su papá. Ya estaba por lavar los platos cuando llegó su enamorado a alertarla. Había recibido un mensaje por celular. Decían que el presidente acababa de anunciar una cuarentena para frenar la expansión del coronavirus, que lo mejor era estar aislados y lavarse bien las manos. En Nueva Esperanza, un barrio humilde ubicado en los cerros de Villa María del Triunfo que no tiene conexión a la red de agua potable desde hace más de 20 años, acatar esa orden no era sencillo.

Santos tomó la noticia con calma. Días atrás había comprado unos litros de agua a un camión cisterna y tenía su tanque listo para resistir las dos primeras semanas de aislamiento anunciadas por el gobierno. “El lavado de manos, lo estamos haciendo. Cuando vuelvo de hacer compras, me ducho y lavo la ropa. Estamos siguiendo ese protocolo, a pesar de que el agua es escasa. Si uno no se cuida, nadie más lo va a hacer”, cuenta.

Desde hace tres años, esta peruana de 35 años guarda su agua con candado. No es una metáfora. En marzo de 2017, una serie de huaicos provocó un corte masivo en la red de distribución de Sedapal -la empresa de agua y alcantarillado de la ciudad- y los robos de agua se hicieron algo cotidiano en Nueva Esperanza. Varios vecinos fueron afectados y, una noche, consiguieron vaciar el tanque de Santos. No podía correr ese riesgo de nuevo. Por eso, fue hasta la ferretería e instaló el cerrojo, que aún protege la tapa del tanque.

Yenny
Santos

Ese año, más de la mitad de los limeños se quedó sin servicio de agua potable durante cuatro días. La desesperación era tal que los supermercados empezaron a restringir la venta de agua embotellada, hubo negocios desabastecido, denuncias de venta informal a precios que triplicaban el valor original y los distritos más acomodados descubrieron la incertidumbre de esperar un camión cisterna por unos litros de agua al día.

“Los vecinos del asentamiento humano Virgen de Lourdes Ecológico pagan hasta diez veces más por el metro cúbico de agua que los limeños con acceso a la red de Sedapal”.

Para la mayoría de los limeños fueron apenas unos días de alarma y racionamiento, pero para otros -más de 700 mil personas en Lima Metropolitana y Callao, según cálculos de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass)- el agua potable sigue siendo, cuatro años después, un lujo que resguardan bajo llave. Y del que ahora también dependen para prevenir una enfermedad que se expande con rapidez y tiene a Lima como su principal centro de propagación.

Antes del inicio de la cuarentena, los vecinos de Virgen de Lourdes Ecológico -el asentamiento humano donde vive Santos- pagaban hasta diez veces más por el metro cúbico de agua que los limeños con acceso a la red de Sedapal. Un precio que representa el 6% de sus ingresos, cuando la ONU establece que no se debería gastar más del 3% de los ingresos del hogar en agua potable.

Yenny Medina, una trabajadora del hogar que vive en la zona desde hace cuatro años, gasta 60 soles de su sueldo mínimo para tener un poco de agua al mes. Un presupuesto que se desajusta cada vez que los aguateros aumentan el precio o cuando no consigue controlar el consumo de su familia y debe comprar más. “Nos toca cuidar mucho el agua. Y debemos tapar bien el tanque, porque si no se llena de polvo o caracoles”, explica.

El problema de los vecinos de Nueva Esperanza no se limita a una cuestión de precios elevados. Los controles sanitarios a los camiones encargados del suministro son escasos. Por eso, el equipo periodístico de esta investigación contrató los servicios de SGS -un laboratorio certificado- para realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos del agua que recibe Santos y sus vecinos; a partir de dos muestras tomadas de las cisternas que abastecen la zona.

Yenny Medina, una trabajadora del hogar que vive en la zona desde hace cuatro años, gasta 60 soles de su sueldo mínimo para tener un poco de agua al mes. Un presupuesto que se desajusta cada vez que los aguateros aumentan el precio o cuando no consigue controlar el consumo de su familia y debe comprar más. “Nos toca cuidar mucho el agua. Y debemos tapar bien el tanque, porque si no se llena de polvo o caracoles”, explica.

El problema de los vecinos de Nueva Esperanza no se limita a una cuestión de precios elevados. Los controles sanitarios a los camiones encargados del suministro son escasos. Por eso, el equipo periodístico de esta investigación contrató los servicios de SGS -un laboratorio certificado- para realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos del agua que recibe Santos y sus vecinos; a partir de dos muestras tomadas de las cisternas que abastecen la zona.

El acceso al agua potable es un derecho humano, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al menos 700 mil personas de los distritos más pobres de Lima no cuentan con agua potable.

Agua que no has de beber

Las dudas sobre la calidad del agua que comercializan en los barrios más pobres de Lima a través de camiones cisterna no son nuevas. Están presentes en las conversaciones cotidianas de los vecinos de Nueva Esperanza, en los informes de muchos especialistas en manejo de recursos naturales e, incluso, entre algunos empleados de Sunass, el ente que regula a las empresas de saneamiento en el país. “La verdad es que no se sabe qué tipo de agua reciben”, aceptó Miguel Layseca, gerente de la Dirección de Regulación Tarifaria, durante una entrevista realizada el 15 de noviembre de 2019 en las oficinas de la institución.

“La verdad es que no se sabe qué tipo de agua están recibiendo”, dice Miguel Layseca, uno de los gerentes de la Es Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

Muchos limeños ven esto como un problema irremediable y ajeno. César Robles no. Este médico trabaja desde hace cinco años en el puesto de salud Virgen de Lourdes -posta médica de la que dependen los vecinos de Nueva Esperanza- y ve indicios de esa dudosa salubridad a diario. “Tenemos pacientes con parasitosis, enfermedades diarreicas y hongos en la piel de manera constante”, cuenta. Los casos se acentúan especialmente durante los meses de calor, explica, cuando las consultas por problemas gastrointestinales llegan a afectar a 4 de cada 10 de sus pacientes. “¿Por qué? Porque estas comunidades, lamentablemente, no tienen agua ni desagüe. Dependen de los aguateros”.

Los habitantes de Virgen de Lourdes hierven el agua antes de tomarla o usarla para cocinar. Algunos también la pasan por una tela para colar el sarro o la grasa, que queda en la superficie. (Foto: Fidel Carrillo)

La situación se repite en muchos otros barrios de la periferia de Lima, donde los controles del Ministerio de Salud -a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) y las Direcciones de Salud (DISA)- a los distribuidores de agua resultan, en los mejores casos, esporádicos.

Por ese motivo, esta investigación incluyó el análisis microbiológico y fisicoquímico del agua que comercializan los camiones en Virgen de Lourdes -uno de los asentamientos humanos de Nueva Esperanza-. Los estudios fueron realizados por el laboratorio certificado SGS a partir de muestras tomadas de la manguera surtidora de dos cisternas seleccionadas al azar. Dicha recolección se realizó el 18 de enero de 2020, bajo la supervisión de un técnico.

El primero se hizo a un camión de placa B5R-817, una cisterna administrada por Pammoeva S.A.C, que ofrece el servicio de manera regular en Nueva Esperanza. Los resultados microbiológicos muestran la presencia de coliformes fecales o termotolerantes, coliformes totales, algas, protozoarios y rotíferos muy superiores a los límites máximos permitidos por el reglamento peruano.

“Estamos frente a un agua que tiene una amplia presencia de bacterias, en general, asociadas al tracto intestinal de animales o del ser humano”, explica Raúl Loayza-Muro, biólogo y director del Laboratorio de Ecotoxicología, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. “De ser consumida, podría traer serios problemas estomacales; como diarreas, vómitos, dolores de estómago o infecciones con un cuadro clínico más severo”.

Esos, sin embargo, no son los únicos riesgos detectados en el agua de la muestra: al tratarse de una fuente de consumo diario -señala el biólogo- estos componentes podrían asociarse a otras patologías existentes y empeorar la calidad de vida de las personas.

“Estamos frente a un agua que tiene una amplia presencia de bacterias, en general, asociadas al tracto intestinal de animales o del ser humano”, explica Raúl Loayza-Muro, biólogo y director del Laboratorio de Ecotoxicología, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Los análisis también identificaron una alta cantidad de algas y protozoarios, organismos de vida libre potencialmente peligrosos para la salud. Aparte, los resultados fisicoquímicos confirmaron la presencia de plomo que supera el reglamento y un nivel de cloro muy inferior a los estándares del agua potable.

“Es agua que no ha tenido un tratamiento de cloración adecuado, que es la primera línea de purificación que debe recibir. Y eso nos pone frente a una situación de riesgo muy alto para la salud”, asegura el biólogo.

Pammoeva, la empresa responsable de la comercialización de este recurso, está en actividad desde hace once años, según información de SUNAT. Tiene registrado un domicilio fiscal en Lima, pero no cuenta con página web oficial ni teléfonos, lo cual impidió ubicar a sus directivos. También se solicitó información a la Dirección General de Salud Ambiental, pero no respondieron. Sedapal, por su parte, se negó a revelar los nombres de las empresas y personas naturales que están autorizadas para realizar el servicio.

Quienes no están conectados a la red de Sedapal deben optimizar al máximo el agua. Un tanque debe alcanzar para cocinar, beber, lavar la ropa, asearse y hasta para regar plantas. (Foto: Fidel Carrillo)

La segunda secuencia de análisis se realizó a una cisterna identificada con la placa V2T-881, un vehículo que pertenece a Leonor Prado Rivera. Los resultados microbiológicos no arrojaron coliformes totales ni fecales o termotolerantes, pero sí registraron algas y protozoarios.

“Esta muestra presenta un panorama similar: basta que haya uno o dos de estos componentes en el agua para tener cierta alarma, porque se pueden reproducir. Sobre todo, en los meses de calor donde la temperatura estimula el crecimiento de los organismos de vida libre. Y, por eso, los casos de problemas entéricos, digestivos y estomacales se multiplican de manera exponencial”, comenta el biólogo.

La propietaria de este camión no tiene empresa ni domicilio fiscal registrado en SUNAT y, como en el caso anterior, fue imposible verificar si cuenta con autorización para comercializar agua potable. Tampoco se logró contactarla para obtener explicaciones.

Loayza-Muro señala que, hasta ahora, no existen indicios de que el Covid-19 sobreviva en el agua. Se trata de un virus no encapsulado, explica, de manera que tiene mucha sensibilidad frente al cloro y otros agentes bactericidas que se usan en las plantas de tratamiento de agua o en el hogar. Sin embargo, hay algunos datos -todavía no confirmados al 100%- de que el virus se propaga a través de restos fecales.

“Probablemente en los primeros días de la enfermedad, uno pueda encontrar la presencia del virus en las heces. Pero tendría que haber un contacto muy fuerte con el agua, para que haya algún tipo de riesgo. En todo caso, lo que indica la Organización Mundial de la Salud es que, si se trata con lejía o se hierve, debería ser suficiente para eliminar el virus; de estar presente en el agua de consumo humano”.

Todos los aguateros dicen que trabajan con Sedapal. Pero no muestran documentos que lo compruebe ni tampoco entregan boletas de compra. Escoger no es una opción para los vecinos. (Foto: Fidel Carrillo)

El negocio de la sed

En José Gálvez -una urbanización ubicada a veinte minutos en auto desde la casa de Santos Carranza- está uno de los pozos administrados por Sedapal, que abastece a las cisternas de Nueva Esperanza y sus alrededores. En este lugar, la demanda de agua es tan grande que los camiones se amontonan en el terreno baldío de enfrente.

Hay siete cisternas desvencijadas en la fila. El calor de esta mañana de enero es sofocante y la mayoría de los conductores dormita durante la espera. Martín Guillén, el ayudante de uno de los camioneros, espanta el calor con un papel ajado, mientras mira cómo avanza la cola. “Nosotros somos los únicos que llegamos a los cerros. Los camiones de Sedapal no quieren subir. Pero nosotros sabemos lo que es vivir sin agua y, por eso, vamos”, dice el aguatero de 25 años.

Los camiones autorizados por Sedapal reciben el agua a un costo de S/ 0.6365 más IGV por metro cúbico y la revenden hasta en S/ 20. Lo que significa un precio treinta veces superior al original. (Foto: Fidel Carrillo)

No exagera. Sedapal tiene 41 cisternas propias, que se utilizan para distribuir agua de manera gratuita en casos de emergencia. A diario, los limeños que no tienen acceso a la red dependen de 212 camiones tercerizados a los que la empresa les comercializa el recurso para que, luego, lo revendan. Hasta fines de 2019, los dueños de las cisternas pagaban S/0,6365 (más IGV) por metro cúbico. Semanas antes de la cuarentena, la vendían hasta en S/ 20; tal como pudo comprobar el equipo periodístico. Un precio 30 veces superior al original.

los limeños que no tienen acceso a la red dependen de un grupo de camiones tercerizados a los que Sedapal les comercializa el agua para que, luego, la revendan.

Ese gasto resulta insostenible para las familias, más aún en tiempos de aislamiento social. Por eso, Sedapal y el Ministerio de Vivienda reunieron 400 camiones para distribuir agua potable de forma gratuita en 24 distritos de Lima y Callao sin acceso a la red. Desde hace unos días, el servicio está llegando a algunos vecinos de Nueva Esperanza, pero requiere que un dirigente vaya hasta el punto de abastecimiento en José Gálvez, para que no olviden a los que viven en las zonas más altas.

“Un solo camión no es suficiente para las 430 familias que vivimos en Virgen de Lourdes -dice Yenny Medina-. Así que solicitamos que vengan dos. Hasta ahora, sube uno en la mañana y otro en la tarde. Pero hay otros camiones que vienen de Manchay, que la están vendiendo. Llegó a estar en 25 soles el metro cúbico. Pero ya bajaron a 15 y 18 soles, porque Sedapal la está dando gratis. Igual, no hay dinero para pagar eso”.

El agua potable se ha convertido en los barrios más pobres de Lima en un recurso que se rige por la oferta y la demanda, pese a que su acceso es un Derecho Humano establecido por la ONU. (Foto: Fidel Carrillo)

Ningún camionero explica de manera clara cómo se determinan esos precios. Los vecinos sospechan que hay un acuerdo informal entre los aguateros para controlar el negocio. Y ahora están especialmente preocupados por lo que podría ocurrir después de la cuarentena obligatoria. “Ni siquiera nos entregan un comprobante de pago cuando cargamos la poza. Pero al precio que esté tenemos que comprarles”, cuenta Rosa Norma Ávalos Campos, una trabajadora del hogar, que vive hace dieciocho años en Virgen de Lourdes.

los vecinos sospechan de un acuerdo informal entre los aguateros para controlar el negocio.

La falta de legislación ha convertido al agua potable en un recurso que, en los barrios más pobres de Lima, se rige por la oferta y la demanda; pese a que su acceso es un Derecho Humano establecido por la ONU y reconocido por la Constitución del Perú. Rodolfo Yáñez Wendorff, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú así lo admite: “No hay ningún control sobre los camiones cisterna, nada que los regule. Es una determinación de la empresa prestadora de servicios (Sedapal). Hemos pensado alternativas, como compra de camiones y que sea el Estado el que se encargue de la repartición de agua de manera cotidiana, pero el costo de operatividad resulta muy grande”.

Rodolfo Yáñez Wendorff, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú así lo reconoce: “No hay ningún control sobre los camiones cisterna, nada que los regule.

El problema es mayúsculo. “No están regulados ni tarifaria ni sanitariamente. Lamentablemente son fallas del mercado. Se aprovechan de la necesidad”, admite Julio César Kosaka Harima, viceministro Construcción y Saneamiento. Lo peor es que a ese sistema sin control se suma una red de camiones informales abastecida con pozos clandestinos difíciles de identificar, según cuentan los vecinos. ¿La razón? Ni siquiera los formales están debidamente señalizados con logotipos o cuentan con documentación de la empresa prestadora del servicio. “Todos dicen que son de Sedapal -afirma Santos Carranza-. Y tampoco puedo elegir a qué camión le compro, porque si no, me quedo sin agua”.

Muchas cisternas no están identificadas con el logotipo de la empresa prestadora del servicio. Ello facilita la existencia de una red de camiones informales abastecida con pozos clandestinos. (Foto: Fidel Carrillo)

Vivir en emergencia

Rosa Norma Ávalos llegó a Nueva Esperanza en 2002 y, desde entonces, suele participar en las marchas por el acceso al agua cada vez que hay un rumor de privatizar el servicio. “Nos vendieron el terreno diciendo que formaba parte de una comunidad campesina. Y, cuando ya habíamos pagado, nos dimos cuenta de que era una estafa de los traficantes de terrenos”.

La suya es la historia de muchos en los barrios de la periferia de Lima. Aunque algunos se han formalizado en los últimos años, el acceso al agua potable sigue siendo un sueño escurridizo. Sobre todo, para quienes viven en las partes altas de los cerros, por las dificultades técnicas de ampliar el trazado de la red de Sedapal y los costos de esa infraestructura.

Rosa

“Nuestro país no tiene una cultura de planificación”, explica el arquitecto y urbanista Manuel de Rivero. Si bien Lima fue la primera ciudad del mundo en contar con una ley de barriadas asistidas -una estrategia que acompañó y controló el crecimiento urbano, con ayuda de profesionales contratados por el Estado-, esta medida se abandonó entre fines de los años ochenta e inicios de la década del noventa.

“Desde ahí, empezamos a hacer ciudad al revés: en lugar de trazar los accesos viales, las redes de agua y desagüe y la electricidad para habitar estos lugares, se comenzó a vivir en el territorio y, luego, tratar de ir resolviendo lo demás”, detalla. La capital peruana pasó así de ser un ejemplo internacional de urbanismo a crecer de manera caótica, con decisiones de corto plazo y pequeña escala.

“Desde ahí, empezamos a hacer ciudad al revés: en lugar de trazar los accesos viales, las redes de agua y desagüe y la electricidad para habitar estos lugares, se comenzó a vivir en el territorio y, luego, tratar de ir resolviendo lo demás”, detalla. La capital peruana pasó así de ser un ejemplo internacional de urbanismo a crecer de manera caótica, con decisiones de corto plazo y pequeña escala.

Algunas comunidades de las zonas más pobres de Lima pasan hasta quince días sin agua durante el invierno, porque las trochas se vuelven demasiado resbaladizas para los camiones. (Foto: Fidel Carrillo)

Esa expansión desordenada tiene más de tres décadas. Pero sus consecuencias son palpables hasta hoy: los habitantes de los asentamientos más pobres enfrentan serias dificultades para contar con los servicios básicos. Casi un millón de personas no disponen de agua potable, contrario a lo establecido por la ONU. Tampoco cuentan con inodoros y servicio de alcantarillado.

Algunas comunidades, incluso, pasan hasta quince días sin agua durante el invierno, porque los caminos sin asfaltar se vuelven demasiado resbaladizos para las cisternas o resultan muy estrechos para que los camiones más grandes lleguen a las zonas altas, como está ocurriendo por estos días con las unidades del Ministerio de Vivienda durante la emergencia por el Covid-19.

Algunas comunidades pasan hasta quince días sin agua durante el invierno, porque las trochas se vuelven demasiado resbaladizas para los camiones.

“Si estuviera dentro de nuestras posibilidades, nos hubiéramos comprado un terreno en otro lado. Por necesidad estamos en un cerro”, dice Rosa Norma Ávalos. Pero mudarse a otras zonas de Lima es un propósito difícil para la mayoría. En Virgen de Lourdes el metro cuadrado oscila entre 17 y 42 dólares, mientras que en Comas, al norte de Lima, puede alcanzar los 2 mil dólares y en San Isidro, el distrito con el metro cuadrado más caro, supera los 8 mil dólares.

Ciudad sedienta

Lima es la segunda capital más desértica del mundo, después del Cairo. Sus lloviznas apenas alcanzan los 9 milímetros al año, según un estudio de riesgos hídricos de la organización Aquafondo. Una cantidad insuficiente, siquiera, para llenar un vaso de agua. En este territorio, tan árido como extenso, viven casi 10 millones de personas -un tercio de la población del Perú- y se genera alrededor de 50% del PIB nacional. La falta de acceso a agua de calidad para las familias más pobres constituye un peligro en el contexto del cambio climático y, aún más, en el actual escenario de Covid-19.

“El problema más grave es que no tenemos infraestructura de almacenamiento suficiente. No estamos preparados para resistir la falta de lluvias por un año o más en las partes altas de la cuenca, que es un fenómeno que puede ocurrir en cualquier momento”, explica Eduardo Zegarra, economista especializado en desarrollo rural y gestión de recursos hídricos.

“No hay nada concreto para un escenario extremo. Sedapal no está preparada para gestionar riesgos. Ese es tu talón de Aquiles”, explica Iván Lucich Larrauri, presidente del Consejo Directivo de Sunass.

Las dificultades empiezan, de alguna manera, por las características geográficas del Perú. El país, atravesado por la cordillera de los Andes, se divide en tres vertientes muy distintas: la del Atlántico, la del Titicaca y la del Pacífico. La primera tiene 97% del volumen del agua dulce disponible en el territorio, la segunda 0.06% y la tercera -donde se ubica Lima y la mayor parte de la población asentada en la costa- dispone sólo de 2.2% de todo el agua dulce, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La capital depende de tres ríos para abastecerse -Rímac, Chillón y Lurín- y de un sistema de pozos subterráneos, que se encuentra sobreexplotado. Este agua –insuficiente para la demanda de Lima– se complementa con recursos de 19 lagunas y tres represas ubicadas en la parte alta de la cuenca, a más de 155 kilómetros de Lima y sobre los 4.480 metros del nivel del mar.

Las reservas, sin embargo, no alcanzarían para afrontar sequías como las que ya han experimentado Brasil y Chile. “No hay nada concreto para un escenario extremo. Sedapal no está preparada para gestionar riesgos. Ese es su talón de Aquiles”, explicaba Iván Lucich Larrauri, presidente del Consejo Directivo de Sunass, cuatro meses antes de que se reportara el primer caso de una persona con Covid-19 en Perú.

La ciudad, además, cuenta con una infraestructura deficiente. La planta de tratamiento de Huachipa -una de las tres de las que depende Lima- funciona a 26% de su capacidad por fallas estructurales y su construcción, de paso, está vinculada al caso de corrupción ‘Lava Jato’. Esta obra, realizada por la empresa Camargo Correa durante el segundo gobierno de Alan García, generó 91,8 millones de soles de perjuicio para el Estado peruano y estuvo paralizada por 36 meses, hasta agosto de 2014.

“Tenemos un patrón de consumo de alrededor de 175 litros de agua al día por persona, como si el agua nos sobrara”, dice Francisco Dumler Cuya, presidente del Directorio de Sedapal.

La malversación de fondos ha sido una práctica común en proyectos de agua potable. El excongresista Sergio Tejada estuvo al frente de la comisión que evaluó la transparencia de Agua Para Todos, un programa en el que se invirtieron más de 5.000 millones de soles y se lanzó en el segundo gobierno de García. Sólo en este caso se descubrieron cientos de irregularidades: la aprobación de un decreto de emergencia para reducir los controles en las obras de saneamiento, proyectos sin estudio de factibilidad, asignación discrecional de los recursos a las regiones, sobrevaloración de obras y procesos arbitrales amañados.

En paralelo, la red de tuberías -que ya alcanza los 30 mil kilómetros- recibe un mantenimiento escaso y la medición de las conexiones a la red es tan baja e imprecisa, que ocasiona la pérdida de 27,8% del agua potable de Lima. Este último problema encierra una gran paradoja: en la segunda capital más desértica del mundo se desperdician, según cálculos de Sunass, al menos 69 mil litros de agua potable por segundo. El equivalente a una piscina olímpica y media por minuto.

Lima es una ciudad sedienta. Sin embargo, el consumo de los habitantes con acceso a la red parece desentendido de esa realidad. “Tenemos un patrón de consumo de alrededor de 175 litros al día por persona, como si el agua nos sobrara”, dice Francisco Dumler Cuya, presidente del Directorio de Sedapal. Y lo más preocupante es que la demanda del servicio aumenta, en promedio, 8% anual.

Según cifras del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 3,3 millones de personas carecen de acceso a agua potable y 7 millones a los servicios de alcantarillado en todo el Perú; lo que supone además el incumplimiento del Sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU: garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el acceso a servicios de saneamiento para todos.

Los rumores sobre la privatización de Sedapal inquietan a los vecinos de Nueva Esperanza. Temen que se paralicen las obras del Esquema 300, que promete llevarles el servicio después de 20 años. (Foto: Fidel Carrillo)

La solución que plantea el Gobierno de Perú es mirar al mar. La primera planta desalinizadora proporcionará, de acuerdo con declaraciones del ministro de Vivienda, 400 litros de agua por segundo, para abastecer a unas 100 mil personas de los distritos limeños de Pucusana, Punta Hermosa, San Bartolo y Punta Negra. La instalación está lista para comenzar operaciones desde noviembre del año pasado. Pero se conoció que Sedapal no ha permitido su puesta en marcha, por formalismos contractuales.

Maura

Esta iniciativa ha sido cuestionada desde diversos sectores por su alto consumo energético, su impacto ambiental y sus elevados precios. Desalinizar el agua cuesta hasta seis veces más que potabilizar el agua dulce superficial. “Es una solución para una zona puntual, pero no creo que pueda resolver los problemas de casi un millón de personas sin acceso al agua en la ciudad”, opina Zegarra.

Esa inquietud también la tienen muchos vecinos de Nueva Esperanza, quienes no saben si luego de la emergencia por el Covid-19 seguirán contando con agua de calidad. Por ello, insisten en exigir al Ministerio de Vivienda la puesta en marcha del Esquema 300, un proyecto del programa Agua Segura para Lima y Callao, que promete llevarles el recurso a sus hogares después de dos décadas. “Estamos buscando nuevas fuentes de agua y viendo qué tecnologías podemos usar para desalar agua. Le vamos a dar una solución. Les di mi palabra. Pero el proyecto puede demorar un año, dos o tres más”, dijo el actual ministro a comienzos de año.

Sus promesas no son nuevas para Santos Carranza, la mujer que protege su agua bajo llave. Ya las escuchó durante el Gobierno de Alan García y también con Ollanta Humala. Pero los tiempos de gestión no responden a sus necesidades ni al ritmo de expansión del Covid-19. Hay funcionarios que, antes de la pandemia, lo reconocían sin sutilezas. Francisco Dumler, el presidente del directorio de Sedapal, era uno de ellos: “Desde el día que recibimos una nueva demanda de agua hasta que se abre el caño pasan 10,4 años. Eso quiero decir que hay una generación que no tendrá acceso al agua, o se puede morir en el intento”.

Sus promesas no son nuevas para Santos Carranza, la mujer que protege su agua bajo llave. Ya las escuchó durante el Gobierno de Alan García y también con Ollanta Humala. Pero los tiempos de gestión no responden a sus necesidades ni al ritmo de expansión del Covid-19. Hay funcionarios que, antes de la pandemia, lo reconocían sin sutilezas. Francisco Dumler, el presidente del directorio de Sedapal, era uno de ellos: “Desde el día que recibimos una nueva demanda de agua hasta que se abre el caño pasan 10,4 años. Eso quiero decir que hay una generación que no tendrá acceso al agua, o se puede morir en el intento”.

Sedapal demora, en promedio, 10 años para conectar a una localidad de Lima a la red de agua potable. Lo que supone que habrá una generación que no contará nunca con el servicio. (Foto: Fidel Carrillo)

Un proyecto de Ojo Público

Esta investigación contó con el apoyo editorial y el financiamiento del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenibles para América Latina.

Investigación y redacción:
Gloria Ziegler
Mirelis Morales Tovar

Editor principal Fondo ODS
Lorenzo Morales

Editor a cargo del proyecto:
Nathan Jaccard

Fotografía:
Fidel Carrillo

Diseño web y programación:
Fabrizio Piazze

Infografía:
Juan Carlos Hernández

Edición de audio:
Leomarys Ñañe

Editora Ojo Público:
Nelly Luna Amancio

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