Una nueva investigación fiscal en Perú ofrece luces sobre tráfico global de aletas de tiburón, el mecanismo detrás de este millonario negocio y los actores involucrados. Un grupo de funcionarios del Ministerio de la Producción (Produce) y las principales exportadoras de estas aletas están involucradas en una investigación penal por obtener permisos de modo irregular para exportar esa especie.

Según un informe de la Contraloría General de la República –al que OjoPúblico tuvo acceso–, entre enero de 2020 y julio de 2023, siete funcionarios del Ministerio de la Producción (Produce) otorgaron de manera irregular 35 permisos para exportar más de 24.000 kilos de aletas, valorizadas en USD 883.326. Las beneficiadas fueron las empresas Angaff Perú S.A.C., Lamarqocha Inversiones S.A.C., Full Moont S.A.C. Exportaciones JME E.I.R.L., que no registró envíos entre 2023 y 2024.

La Procuraduría Pública en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó al Ministerio Público abrir investigación por este caso el 15 de diciembre de 2023, un día después de la emisión del informe de la Contraloría. El requerimiento fue atendido en 2024 por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa; sin embargo, un año después, el caso sigue en diligencias preliminares.

Los siete funcionarios señalados por la Contraloría con presunta responsabilidad penal son: Jaime Antonio de la Torre Obregón, Martín Alexis Rodríguez Uribe, Percy Manuel Coral Reátegui, Jocabed Canchari Soto, Verónica Carola Caballero Gonzales, Javier Pérez Reyes y Noé Augusto Balbín Inga. Todos ellos, exmiembros del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, han sido identificados por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado. 

Siete funcionarios de Produce otorgaron de manera irregular 35 permisos para exportar más de 24.000 kilos de aletas".

Una fuente fiscal consultada por OjoPúblico confirmó que la investigación incluye a los gerentes de las compañías beneficiadas; aunque las empresas, como persona jurídica, no figuran en el proceso.

Entre 2022 y 2024, Angaff Perú S.A.C., Lamarqocha Inversiones S.A.C. y Full Moont S.A.C. exportaron, en conjunto, el 60% de las aletas de tiburón que salieron del Perú. Esto equivale a envíos por casi USD 24 millones, según datos de exportaciones analizados por este medio.

Lamarqocha Inversiones y Angaff Perú también tienen antecedentes por intervenciones realizadas por Aduanas cuando intentaban trasladar aletas desde Ecuador.

Para el abogado César Ipenza Peralta, especialista en delitos ambientales, la investigación del Ministerio Público contra los funcionarios de Produce y los gerentes de las exportadoras apunta a sancionar actos de corrupción. Sin embargo, consideró que este proceso también debería profundizar en la comisión de delitos ambientales. Es decir, en la responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos al otorgar autorizaciones sin haber cumplido todas las exigencias que la ley señala.

Sanciones apeladas

En diciembre de 2023, tras determinar que servidores de Produce habían emitido permisos irregulares para exportar aletas de tiburón, la Contraloría recomendó que fueran denunciados penalmente y que el mismo sector les abriera procesos administrativos disciplinarios.

Un informe de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de la Oficina General de Recursos Humanos de Produce indica que, para el 24 de mayo del 2024, esos procesos administrativos ya estaban en curso. Todos ellos tenían, además, sus informes de precalificación respectivos.

Casi un año después, en febrero de este año, Produce informó a OjoPúblico —en respuesta a información requerida mediante la Ley de Transparencia— que no podía dar detalles sobre el estado de los casos vinculados a Jaime de la Torre Obregón, Jocabed Canchari Soto, Verónica Carola Caballero Gonzales y Martín Rodríguez Uribe. La cartera argumentó que las resoluciones de sanción habían sido apeladas y el proceso seguía en curso. Por ese motivo, agregaron, “la información se considera confidencial”.

Sobre Noé Balbín Inga, Percy Coral Reátegui y Javier Pérez Reyes, Produce detalló que se les abrió un proceso por negligencia en el desempeño de sus funciones. Ninguno reconoció haber cometido la falta y, según el órgano instructor, “no se ha acreditado que exista intencionalidad” en la comisión de la misma. Por eso, Balbín Inga y Pérez Reyes fueron sancionados solo con una amonestación escrita. A Percy Coral, mientras tanto, lo suspendieron por tres días calendario sin goce de haber.

OBSERVACIONES. Cites ha recomendado al Perú superar falencias en los controles a la exportación de aletas de tiburón.

Foto: Archivo / Sunat

Para el abogado Ipenza Peralta, estas sanciones son insuficientes. “Cómo podemos garantizar que se estén tomando las medidas adecuadas si son actores, como evidencia el informe de la Contraloría, que han facilitado el comercio ilegal de aletas de tiburón. Para mí, no basta con una amonestación”, dijo.

Desde febrero pasado, Verónica Caballero Gonzales y Jaime de la Torre Obregón integran las áreas especializadas del Consejo de Apelación de Sanciones (Conas) de Produce. Es decir, forman parte de las salas que revisan las apelaciones de pesqueras sancionadas por extraer anchoveta de manera irregular en la Reserva Nacional de Paracas.

A su vez, el 5 de junio de 2024, Noé Balbín fue designado director general de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas de Produce. 

Sobre las sanciones impuestas, el ministerio indicó a OjoPúblico que “el Procedimiento Administrativo Disciplinario a cualquier servidor se debe desarrollar conforme a los principios de legalidad, debido procedimiento, tipicidad”.

Intervenciones y tráfico ilegal

En 2021, en plena pandemia por la covid-19, las exportaciones de aletas de tiburón desde Perú casi se duplicaron: pasaron de 248.290 kilos, en 2020, a 415.363 kilos, en 2021. En los siguientes dos años hubo una leve reducción: en 2022, se exportó 354.639 kilos (equivalente a cerca de USD 16 millones) y, en 2023, los envíos fueron de 333.226 kilos (unos USD 15 millones). 

Un año después, las cifras cayeron casi un 50%, en comparación con lo enviado al mercado asiático en 2023: Perú exportó 166.961 kilos (cerca de USD 9 millones). 

La causa de esta disminución es la dependencia del Perú de las importaciones desde Ecuador, que se han incrementado desde 2018. Por ejemplo, entre 2020 y 2021, de las 660 toneladas exportadas por Perú, 412 provenían de ese país. Dicho de otro modo, el 66% de lo exportado por Perú ese año al mercado asiático tenía origen ecuatoriano. 

Sin embargo, desde el 11 de marzo de 2024, ese país tiene prohibido exportar tiburones incluidos, antes de la COP19, en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

En 2021, las exportaciones de aletas de tiburón desde Perú registraron un sustancial incremento".

Esta restricción aplica a las especies Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus, Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran, Sphyrna zygaena, Alopias spp, Cetorhinus maximus, Carcharodon carcharias, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus, Rhincodon typus y Mobula spp. Por ese motivo, las exportaciones legales se han reducido significativamente. Especialistas advierten, no obstante, que eso tiene impactos en el tráfico ilegal.

Alicia Kuroiwa Yamasato, investigadora asociada del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia, cree que es posible que la prohibición para Ecuador haya aumentado el tráfico ilegal. “Ya no pueden exportar legalmente, entonces, ahora, deben estar entrando más aletas de contrabando”, dijo.

Por su parte, Carmen Heck Franco, directora de Políticas de Oceana Perú, recuerda que existen dudas sobre la legalidad de las importaciones de aletas de tiburón procedentes del país vecino. “Ecuador no ha logrado subsanar los problemas de trazabilidad y cadena de custodia de los productos de tiburón”, explicó.

Una de las rutas del tráfico de aletas de tiburones comienza en Ecuador. Desde allí, llegan a Tumbes y, luego de transitar por la costa peruana, arriban al puerto del Callao. 

CAÍDA. En 2024, las cifras de exportación de aletas de tiburón cayeron en casi un 50% en comparación con el año previo.

Foto: OjoPúblico

En 2024, Aduanas hizo 17 intervenciones por presunto tráfico ilegal de aletas de tiburones en Perú. En esos operativos inmovilizó 34.772 kilos de la especie porque no se acreditó su procedencia legal. Seis de esos cargamentos procedían de Perú y los 11 restantes solo habían hecho una parada en el país, tras salir de Ecuador.

De acuerdo a información analizada por OjoPúblico, entre las empresas intervenidas está Angaff Perú S.A.C. El 5 de abril de 2024, personal de Aduanas inmovilizó dos cargas de aletas de tiburón azul de esta empresa, una de 6.083 kilos y otra 990. 

Ese mismo año, en setiembre, Aduanas incautó 1,29 toneladas de aletas secas de tiburón de diversas especies en Tumbes. En esa ocasión, la intervenida fue Pacific Products Fishing and Foods S. A., que tampoco pudo acreditar el origen legal de las aletas. 

Casos entrelazados en Chimbote

Chimbote, ciudad costera del norte peruano conocida por su industria pesquera, se ha convertido en uno de los principales puntos de tráfico de aletas de tiburón.

En marzo de 2018, un tráiler que provenía de Aguas Verdes, en la frontera con Ecuador, fue intervenido en la ciudad con 2.163 kilos de aletas de tiburón. El cargamento de procedencia ilegal iba con dirección a Lima.

Cinco años después, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa (FEMA) allanó una vivienda de la urbanización La Caleta, en Chimbote, donde se almacenaba y secaba a la intemperie 1.500 aletas de tiburón sin contar con los permisos correspondientes.

En febrero de este año, la Policía y la FEMA del Santa incautaron, en una vivienda de la urbanización El Acero, también en Chimbote, cientos de aletas secas de tiburón de procedencia ilícita.

Parecen casos aislados, pero no lo son. La fiscal Evelyn Lamadrid Vences, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa, cree que los tres están relacionados entre sí. “Estas personas están conectadas, se ha podido determinar eso en las investigaciones”, dijo a OjoPúblico.

Chimbote se ha convertido en uno de los principales puntos de tráfico de aletas de tiburón".

Los implicados en el primer caso —Jorge Roldán Angulo Sánchez, gerente general de Ajansa Perú S.A.C., y Poly Diks Pinto Gonzáles— fueron condenados en primera instancia a cuatro años y medio de cárcel. La decisión la tomó la Corte Superior de Justicia del Santa, en Áncash, tras encontrarlos responsables del delito de comercio ilegal de aletas de tiburón.

Ambos pretendían exportar el cargamento hacia Hong Kong, el principal destino de las aletas de tiburón que salen de Perú y Ecuador. Estas pertenecían a, al menos, seis especies amenazadas y con restricciones para el comercio internacional.

La condena contra Angulo Sánchez y Pinto Gonzáles —que obliga al pago de una reparación civil de S/106.375—, en Perú, fue la primera en su tipo contra empresarios involucrados en el comercio ilegal de estas especies.

El implicado en el segundo caso —Juan Verardo Vásquez Paredes— fue sorprendido con un cargamento de 1.500 aletas de tiburón en su domicilio, frente al desembarcadero pesquero de Chimbote, donde también funciona una tienda de golosinas. El Ministerio Público ha pedido una pena de tres años de cárcel para él y el pago de una reparación civil de S/75.000, que será evaluada por el Poder Judicial.

VÍNCULOS. Entre 2018 y febrero de 2025, se han realizado tres intervenciones contra el tráfico de aletas de tiburón en Chimbote. Dichos casos están relacionados entre sí.

Foto: Sunat

OjoPúblico conoció que todas las aletas incautadas en este caso están listadas en el Apéndice II de Cites. En otras palabras, no se pueden comercializar. Además, los fiscales sospechan que una de ellas pertenecería a un tiburón ballena bebé. En Perú, desde julio de 2017, está prohibida la extracción de la especie tiburón ballena (Rhincodon typus). Tampoco se permite su desembarque, transporte, retención, transformación y comercialización.

El implicado en el tercer caso —Alberto Venegas Rodríguez, de 82 años— fue detenido en una vivienda de la urbanización El Acero, en Chimbote, con un lote de aletas. Este se encuentra aún en diligencias preliminares. 

Según el acta policial, declaró que las aletas “se les había encargado una persona de sexo masculino a la cual conoce con el alias de Chino La Gaviota, que vive frente al muelle [frente al desembarcadero pesquero de Chimbote] y ahí tiene su tienda”. 

Este medio también tuvo acceso a datos de los contactos que Venegas Rodríguez guardaba en su celular. Entre ellos figura una persona agendada como “Poly Dicks”. También aparecen contactos con nombres seguidos de “Ecuador” y “Produce”. Por ejemplo, “Jaime Pinto Ecuador” . 

Un informe de OjoPúblico de 2020 precisa que Angaff Perú, intervenida por Aduanas en 2018, tenía como dueño a Brian Pinto Panduro. Este hombre es el hijo del primer condenado por tráfico de aletas de tiburón, Poly Dick Pinto Gonzales.

“Se trata de las mismas personas que, en los dos casos anteriores, están involucradas”, reiteró la fiscal Evelyn Lamadrid.

Cites evalúa comercio de aletas de Perú

Entre el 24 de setiembre y el 4 de octubre del año pasado, una misión de la Secretaría Cites realizó una evaluación técnica y de verificación del comercio de estas especies en Perú y Ecuador. Esto ocurrió cuando la suspensión del comercio de aletas de tiburón desde Ecuador ya había entrado en vigencia.

En febrero pasado, durante la 78^a reunión de la Comisión, realizada en Ginebra (Suiza), se presentaron los resultados de la misión. Aunque el Comité Permanente reconoció progresos en ambos países, también advirtió otros aspectos preocupantes, por lo que emitió recomendaciones.

A Ecuador se le sugirió poner límites a su captura incidental, tomar medidas para realizar nuevos trabajos de evaluación de poblaciones de tiburones, en cooperación con Perú y otras organizaciones, entre otras medidas.

En cuanto a la legislación de Perú, se recomendó que, con el apoyo de la Secretaría Cites, se garantice que esta cumpla con conceder permisos de exportación para especímenes incluidos en los Apéndices I y II solo cuando la autoridad científica haya determinado que la exportación no será perjudicial para la supervivencia de la especie.

Aunque el Comité Permanente reconoció progresos en ambos países, también advirtió puntos de preocupación, por lo que emitió recomendaciones".

A ambos países les pidió seguir fortaleciendo a sus autoridades administrativas y activar la plataforma binacional de cooperación y coordinación. Esto último con el propósito de mejorar el control del comercio ilegal de especies hidrobiológicas incluidas en la Cites y combatir la delincuencia organizada transnacional en las actividades pesqueras.

Ecuador y Perú deberán informar a la Secretaría sobre los progresos en estos temas 90 días antes de la 79^a reunión del Comité Permanente, programada para el 23 de noviembre. 

Carmen Heck considera que, a pesar de que hay varios problemas con el comercio de aletas de tiburón extraídos en Perú, Cites no ha encontrado mérito suficiente para cerrar el comercio.

Alicia Kuroiwa Yamasato, en cambio, considera que el riesgo de una posible suspensión para el país es real. Todo dependerá, agrega la especialista de la Universidad Cayetano Heredia, de que cumpla con las nuevas recomendaciones.

LABOR. Los esfuerzos del país en la lucha contra el tráfico ilegal de aletas de tiburón proceden de la Sunat y las fiscalías ambientales, indican expertos.

Foto: Sunat

Respecto al rol del Estado peruano en la lucha contra el tráfico de aletas, dijo que este está concentrado en una institución: “Creo que todo el trabajo para combatir el tráfico de aletas [en Perú] lo está haciendo la Sunat”.

César Ipenza Peralta también reconoce los esfuerzos de la Sunat y las fiscalías ambientales para enfrentar esta actividad ilegal. Otros actores con poder, como el Ministerio de la Producción, “parecen estar facilitándola”, agregó. 

La Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto de Produce aseguró a OjoPúblico que la situación del país es diferente a la de Ecuador y que no existe riesgo de una suspensión para el comercio de tiburón desde Perú.

Sobre las recomendaciones de la Cites, informó que un grupo de trabajo ya está elaborando un informe sobre los progresos frente a las recomendaciones. “Como se puede advertir, en el sector tenemos el compromiso y venimos trabajando en la implementación de las recomendaciones de la Secretaría de la Cites”, remarcó.

Alicia Kuroiwa Yamasato considera que el riesgo de que Perú afronte una posible suspensión de su comercio de aletas de tiburón es real".

Como ejemplo, detalló que, el 1 de abril, se publicó un decreto supremo que establece procedimientos administrativos específicos para la exportación, importación y reexportación de estas especies, “asegurando su origen legal y reforzando la trazabilidad en toda la cadena de comercio”.

Sobre la implementación del plan binacional entre Perú y Ecuador, indicó que el Estado peruano suscribió la Declaración Presidencial de Lima. Esta, agregó, incluye el Plan de Acción de Lima 2024, un instrumento que recoge compromisos conjuntos a ser implementados este año. En 2024 señaló, por último, hicieron 2.313 intervenciones junto a la Sunat y el Ministerio Público. 

Pese a esos esfuerzos, las pesquisas en Chimbote evidencian que la actividad sigue en expansión. OjoPúblico buscó la versión de las exportadoras involucradas en la investigación del Ministerio Público, pero no obtuvo respuesta.