Actualización: 9 de octubre de 2024 - 11:40 a.m.

 

A un mes y medio de la aprobación de la Ley 32108, que debilita la investigación del crimen organizado, los transportistas realizaron un paro como medida de protesta por el violento aumento de extorsiones y el asesinato de tres personas. La medida fue contundente, pero el gobierno de Dina Boluarte no dio marcha atrás en la ley y, una vez más, declaró en estado de emergencia a 14 distritos de la capital. 

Un análisis de OjoPúblico a las cifras del Observatorio de Seguridad Ciudadana establece que las denuncias por extorsión y homicidio registraron un aumento descontrolado el año 2022 y tuvieron su pico más alto el 2023. El Poder Ejecutivo – que administra estas cifras– y el Congreso –aliado político de la presidenta Boluarte– conocen esta situación. Pero, como señalan los expertos, no han desarrollado una estrategia clara para enfrentar la violencia urbana y, por el contrario, han impulsado leyes que debilitan la lucha contra el crimen. 

Estas cifras van de la mano con los índices de percepción de la ciudadanía sobre el aumento de criminalidad en los últimos años. Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres), a mayo de este año, el 85,9% de los encuestados dijo sentirse inseguro. Esta cifra es la más alta registrada desde el 2019. Además, el 27,7% señaló haber sido víctima de algún hecho delictivo. Este porcentaje es el más alto de los últimos ocho años. 

 

El análisis de este equipo revela que, mientras los indicadores de violencia urbana se incrementaban en el país, al mismo tiempo la precarización afectaba al personal y la infraestructura del sistema policial. Hasta agosto de este año, de los 17.940 vehículos de la Policía Nacional, casi la mitad no funcionan. Solo 9.925 están operativos y 8.015, inoperativos, según datos de la Dirección de Administración de la PNP (Diradm).

La situación en los establecimientos policiales también es dramática. De las 1.406 comisarías registradas en todo el Perú, el 71% (998) tenían una infraestructura en mal estado y 44% (624) no contaban siquiera con servicios básicos adecuados. A eso hay que sumarle la corrupción y las faltas graves en el personal policial: entre el 2018 y el 2023, alrededor de 23.800 efectivos fueron pasados al retiro por haber cometido faltas muy graves, según datos de la institución recogidos por El Comercio. 

Según datos de la PNP, de los 17.940 vehículos que tienen en sus registros, 8.015 se encuentran inoperativos".

La poca capacidad de gestión de las autoridades a cargo de la Policía y el Ministerio del Interior queda expuesta también en los bajos porcentajes de ejecución del gasto. Hasta el 2 de setiembre de 2024, estos sectores solo habían gastado el 52% del presupuesto destinado para luchar contra la inseguridad ciudadana. 

Un oficial de la policía que conversó con OjoPúblico en reserva señaló que el problema está en el poco interés que tienen las altas jefaturas de la Policía y del Ministerio del Interior para fortalecer la inteligencia policial. “La PNP tiene recursos, pero no sabe gestionarlos (...) La delincuencia nos ha rebasado, porque tecnológicamente no nos hemos puesto a nivel de la tecnología que [los criminales] usan actualmente. En cuanto a personal, la mayoría se emplea para prevención, pero no para labores de inteligencia policial”, sostuvo. 

Las cifras del Centro de Operaciones Policiales analizadas para esta investigación revelan una reducción en el número de operativos a nivel nacional: entre enero y agosto del 2023 se realizaron 821.340, y en el mismo periodo del 2024 se reportaron solo 788.092: es decir, 33.248 intervenciones menos.

 

Además, si analizamos solo este año, los datos policiales revelan que en los meses de junio, julio y agosto se redujeron significativamente los operativos a nivel nacional.

En el mismo periodo, la región policial Lima, que abarca los distritos de Lima Metropolitana, concentra solo el 11% (86.516) de las intervenciones realizadas entre enero y agosto de este año a nivel nacional.

 

El negocio del crimen: extorsión y homicidios

Especialistas como Nicolas Zevallos aseguran que las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión se movilizan bajo una lógica empresarial y, en ese sentido, van buscando nuevos mercados o víctimas para expandir su red delictiva y aumentar su rentabilidad. En Perú, la extorsión en casos agravantes tiene una pena de cadena perpetua. 

En el artículo ¿Cómo funciona la extorsión en el Perú?, los investigadores del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) Wilson Hernández Breña y Julio Corcuera conversaron con personas vinculadas a este delito de la ciudad de Trujillo y revelaron que ellos mismos conciben la extorsión como un negocio, por la rentabilidad que generan para sus miembros. 

Según datos del INEI, hasta mayo de este año, el 85,9% de peruanos encuestados aseguraron sentirse inseguros".

“Al final es un negocio. Todo es un negocio más, es un trabajo más (...) Tienes que buscar a las personas que te van a apoyar económicamente, captar tu gente y al final como un trabajo más”, le dijo uno de los delincuentes a los investigadores. El artículo está incluido en el libro La muerte es un negocio. Miradas cercanas a la violencia criminal en América Latina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

El estudio, que fue publicado en el 2020, antes de la pandemia, concluye que efectivamente la extorsión es un delito complejo que va en expansión. 

En Perú, durante los últimos tres años, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, las denuncias por este delito aumentaron en más de 390%. En el 2021 se registraron 4.510 casos, y el 2022 subieron a 15.948. Esto significa un aumento de más del 250%. El 2023, la cifra llegó a 22.162. 

 

El investigador adjunto de Grade Wilson Hernández Breña explicó a OjoPúblico que, pese al aumento de las denuncias en los reportes oficiales, todavía existe opacidad sobre la real dimensión de las víctimas de extorsión. 

“La extorsión se da bajo la alfombra. No es tan fácil denunciar por miedo. El número de denuncias ha aumentado, pero también las víctimas. Según datos de la PNP, el 75% de extorsiones no se denuncian. Entonces, se está enfrentando a un mercado en el cual solo se conoce uno de cada cuatro casos”, sostiene.

En el 2023 aumentaron un 390% las denuncias por extorsión en comparación con las cifras del 2021".

Antes, este negocio ilegal estaba focalizado en el rubro de eventos, pequeños negocios y en la construcción. Sin embargo, este año alcanzó, a gran escala, a las empresas de transporte formales. Por eso, los últimos días de setiembre, las empresas de transporte realizaron un paro en Lima Metropolitana, y los gremios del sector no descartan otra medida similar en los próximos días.

Una escalada del crimen también se registra con los homicidios. En 2021 se reportaron 1.317 casos de muertes violentas, al año siguiente subió a 1.516 y, en 2023, la cifra llegó a 1.426. En lo que va del 2024, la cifra por homicidios ya asciende a 1.266, revela el análisis de OjoPúblico a los datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).

 

Lo mismo sucedió con la cantidad de denuncias por homicidio: del 2021 al 2023 estas aumentaron en más del 34%. El 2022 hubo un aumento de más del 15% de denuncias por este delito en comparación al 2021. En el 2023 los casos aumentaron más de 16% en relación a la cifra del 2022.

La investigadora en política criminal Sofía Vizcarra Castillo sostuvo que una explicación a la ola de aumento de extorsión en el país está vinculada estrechamente a la aprobación de la ley que favorece al crimen organizado, Ley Nº 32108.

“Se ha agravado el problema de la extorsión y eso coincide con el hecho de que este delito sale de la ley del crimen organizado. Esta ley evita el uso de técnicas especiales de investigación para la extorsión. Eso es un golpe fatal para combatir los delitos predatorios”, señaló a OjoPúblico. 

 

Estrategias fallidas

La inestabilidad política del gobierno ha impactado en el sector Interior. Desde que Dina Boluarte asumió el cargo de presidenta, se ha cambiado de ministro en seis oportunidades, lo que generó una alta rotación de viceministros, directores de las oficinas y otros altos funcionarios. También se ha cambiado tres veces a la comandancia general de la PNP. 

En lo que va del Gobierno de Dina Boluarte se han decretado, por lo menos, tres estados de emergencia que involucran distritos de Lima Metropolitana, pese a que la misma medida en años anteriores no obtuvieron resultados positivos.

Una investigación de OjoPúblico, de setiembre de 2023, analizó los siete estados de emergencia que se declararon durante el 2022 en Lima y Callao y encontró que los índices de inseguridad habían aumentado 6,5 puntos porcentuales y 5,2 respectivamente, luego de las medidas. 

 

El estudio ¿A costa de qué?: el Estado de Emergencia en el Callao y su impacto de corto y largo plazo sobre la seguridad ciudadana, la violencia familiar y el bienestar social, de Wilson Hernández Breña, Angelo Cozzubo Chaparro y Andrea Román Alfaro, confirma también que esta medida no logra cambios en el mediano y largo plazo. 

“Analizamos los estados de emergencia que se declararon en el 2015 y el 2022 en el Callao. Los resultados positivos son temporales. La ola de crimen disminuye solo durante el estado de emergencia. Luego las cifras regresan a la etapa anterior a la medida”. sostuvo el investigador de Grade Wilson Hernández. 

 

Crisis política e inseguridad

Esta semana, diversos gremios de transportistas enviaron una carta al Gobierno y al Congreso de la República solicitando la derogación de la Ley 32108. Esta norma, aprobada a inicios de agosto, evita que la extorsión y otros delitos sean investigados junto al delito de organización criminal. También introduce trabas en la investigación fiscal y policial. 

Los titulares del Gobierno y el Congreso no han mostrado disposición de derogar dicha ley que, de acuerdo a diversos especialistas, ha generado el marco legal para que aumenten la ola criminal en el país y la impunidad.

Inicialmente se informó que la propuesta de derogación de dicha ley se incluiría en la agenda del pleno de este jueves 3 de agosto. Sin embargo, por decisión de la Junta de Portavoces, especialmente de las bancadas de derecha (Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Avanza País, entre otras) se decidió enviar el análisis de la norma a la Comisión de Justicia. 

Las bancadas de derecha del Congreso decidieron enviar las iniciativas que buscan derogar la ley de crimen organizado a la Comisión de Justicia".

En contrapropuesta, el Gobierno decidió enviar un proyecto de ley de terrorismo urbano al Congreso. Esta iniciativa busca endurecer las penas a los delitos de extorsión y sicariato, y dispone que todas las investigaciones contra los policías que actúen durante el estado de emergencia sea visto en el fuero privativo militar y no en el penal. 

Sobre este punto, el investigador Wilson Hernández sostuvo que los estudios sobre este tipo de medidas no arrojan resultados positivos debido a que los criminales están más preocupados porque no los capturen que en la gravedad de las penas. 

NEGACIÓN. La mayoría de las bancadas del Congreso se negaron a debatir en le último Pleno las iniciativas que buscan derogar la ley que favorece al crimen organizado.

Foto: Andina

 

En contraposición, el especialista sostuvo que más efecto disuasivo puede lograr las medidas que buscan aumentar la capturas, esto a partir de la inteligencia policial y los operativos específicos. 

Asimismo, Hernández indicó que el Gobierno debe fortalecer a los órganos de inteligencia subnacionales, es decir a nivel distrital (Dirincri y Depincris), para lograr mejores resultados. “La inteligencia policial suele ser muy buena a nivel nacional, pero muestra su carencia cuando baja a niveles subnacionales. Entonces, ese nivel es el que no ha podido frenar el crecimiento de la extorsión a nivel distrital, porque no tiene suficiente logística, capacitación ni coordinación con fiscales”, declaró.

Por su parte, en entrevista con OjoPúblico, el exministro del Interior Avelino Guillén sostuvo que es necesario la derogatoria de la Ley 32108, que favorece al crimen organizado, y fortalecer a la PNP para dar una mayor respuesta a la inseguridad ciudadana.

“Lo que se tiene que hacer es potenciar, reforzar la actividad del Estado, reforzar a la policía, darle presupuesto. Tienen que hacer una depuración en serio de la policía. La policía no está en condiciones de perseguir a la delincuencia si tiene muchísimos integrantes de la policía que están cuestionados por graves casos de corrupción y abuso policial”, indicó.

OjoPúblico solicitó una entrevista con el ministro del Interior y el comandante general de la PNP. Pero, hasta el cierre de este reportaje, no hubo respuesta del área de prensa de la primera entidad y, en el caso de la segunda, indicaron que no brindaría entrevista.