Actualización: 26 de enero de 2023 - 3:27 p.m.

 

Con la colaboración de Vidal Merma.

 

El viernes 6 de enero, Julia Pacci Condori y sus tres hijos decidieron quedarse en casa por precaución. La ciudad de Juliaca, en Puno, acataba un paro indefinido, el transporte estaba restringido y el día había empezado con algunas movilizaciones pacíficas. Pero, con el correr de las horas, los choques entre los manifestantes y la Policía empezaron a recrudecer. 

Lo mejor, creyeron, era no exponerse. Sin embargo, en la tarde, una bruma blanca comenzó a expandirse por el barrio, ubicado a menos de un kilómetro del aeropuerto de Juliaca: la policía había comenzado a lanzar bombas lacrimógenas, y una cayó al interior de su casa. 

—Nos empezamos a ahogar y salimos a la calle, donde había personas que pedían agua —recuerda Roger, el mayor de los hijos de Julia, por teléfono.

Las personas corrían de un lado a otro, tratando de eludir el gas lacrimógeno, que también era lanzado desde helicópteros que sobrevolaban la zona, explica. Para ayudar a los manifestantes, Julia y sus hijos sacaron algunos baldes de agua hasta la calle. 

Roger cuenta que, cuando parecía que todo volvía a tranquilizarse, su mamá le dijo que iba a recoger un balde que había quedado en medio de un descampado. El adolescente entró a la vivienda, pero su madre demoró. Cuando salió a buscarla, la encontró ensangrentada en el piso. Un proyectil la había herido a la altura de la mejilla.

En 51 días de crisis política y social, más de 1.600 personas resultaron heridas. La gran mayoría son civiles”.

Tres días antes, había empezado la segunda fase de las recientes movilizaciones contra el Gobierno, el Congreso y en demanda del adelanto de elecciones que, junto a las protestas de diciembre, ya han dejado 46 civiles y un policía fallecidos durante los enfrentamientos registrados entre los manifestantes con la Policía y las Fuerzas Armadas. 

Otras 10 personas, mientras tanto, murieron por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos de carreteras, de acuerdo a un reporte de la Defensoría del Pueblo del 26 de enero, actualizado hasta la 1 p.m. 

La represión hacia los manifestantes y personas que, de forma casual, se encontraban cerca a los escenarios de violencia también ha dejado cifras abrumadoras de heridos en distintas regiones del Perú. Los registros de la Defensoría del Pueblo señalan que, en 51 días de crisis política y social, más de 1.600 personas (la mayoría civiles) resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un centro médico. 

Además, diversas imágenes registradas desde que empezaron las movilizaciones, testimonios y las necropsias de algunos de los fallecidos evidencian graves vulneraciones a los derechos humanos por parte de los policías y militares, especialmente en las regiones del sur del país.

El 6 de enero —el mismo viernes que Julia fue herida en el rostro— otras 14 personas ingresaron al Hospital Carlos Monge Medrano, de Juliaca. Entre ellas había dos policías y un civil en estado crítico. La madre soltera de 42 años, en cambio, acudió a una clínica privada en la que le curaron la herida. 

A simple vista, el caso de Julia no parecía de gravedad. Además, unos manifestantes le recomendaron a Roger que no acudieran a un establecimiento de salud estatal. Allí, le dijeron, las autoridades fiscales podrían incriminar a su mamá en los disturbios que se habían registrado más temprano.

Entre el 6 y el 9 de enero, Nivardo Enríquez Barriales —representante del Módulo de Atención de la Defensoría del Pueblo en Juliaca— monitoreó decenas de heridos que fueron atendidos en el hospital de la ciudad. En conversación con OjoPúblico, el funcionario explicó que la entidad tuvo conocimiento de otros casos en los que los pacientes pidieron el alta voluntaria por el mismo temor.

PUNO. Un grupo de manifestantes es dispersado, en Juliaca, con bombas lacrimógenas.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

Para el lunes 9 de enero, la salud de Julia ya se había empezado a deteriorar y, finalmente, acudió al hospital, acompañada de su hijo. Una radiografía que se había hecho de manera particular mostraba que tenía alojado un proyectil en el cuello. Aunque la enseñó durante la consulta, no se admitió su hospitalización. 

Una enfermera —recuerda Roger— les dijo que lo mejor era regresar a casa para evitar ser investigados por el Ministerio Público. Solo le recetaron unas pastillas para el dolor.

Volvieron al hospital al día siguiente. Entonces, una asistente social les dijo que no podían hospitalizar a Julia por falta de especialistas en cabeza y cuello. Recién el jueves, en su tercer intento, quedó internada. Para ese momento, el proyectil le había causado una inflamación en los globos oculares, que le provocó la pérdida parcial de la visión. 

Desde entonces, la mujer —que se dedicaba a la venta de diversos productos según la temporada— permanece internada en el área de Cirugía. Debe ser referida a otra ciudad donde haya médicos especialistas que le puedan extraer el proyectil. Sin embargo, su familia todavía no tiene noticias sobre una posible fecha de traslado.

—Lo que más necesitamos es que se haga la referencia de mi mamá a otro hospital —dice Roger, mientras camina apurado para llegar al hospital. *

Varios de los heridos están a la espera de una operación para tratar de retomar sus vidas”.

De acuerdo al Ministerio de Salud, de los 1.078 civiles heridos entre diciembre pasado y el 25 de enero, 87 permanecían hospitalizados hasta esta última fecha. Otras personas, aunque fueron dadas de alta, también están a la espera de una operación para tratar de retomar sus vidas. 

Ese es el caso, por ejemplo, de Ronald Luque Condori, un hombre de 28 años que fue herido en Juliaca, el lunes 9 de enero. Ese día, el más cruento desde que comenzaron las protestas, 17 civiles fallecieron en Puno durante los enfrentamientos registrados entre los manifestantes y la Policía, luego de que un grupo de personas intentara tomar el aeropuerto de la ciudad. 

En la noche, algunos manifestantes atacaron propiedades privadas y, al día siguiente, se reportaría el hallazgo de un policía calcinado cerca a su patrullero.

Marisol Ronel, pareja de Luque Condori, explicó a OjoPúblico que él no participaba de las protestas. Ese lunes —contó—, ella le había pedido que fuera a comprar unos víveres y, cuando estaba camino a la tienda, el hombre recibió dos impactos de proyectil de arma de fuego en el brazo: uno en el hombro y otro en la muñeca.

Hace una semana, Ronald fue dado de alta del Hospital Carlos Monge Medrano, pero todavía no puede utilizar su mano derecha.

—Yo tengo que estar ayudándolo a cambiarse y, además, no puede moverse solo —detalla Marisol. 

Para continuar con su recuperación, debe ser operado en Arequipa, donde le reconstruirán la palma de la mano. También será necesario un largo periodo de rehabilitación para que pueda mover el hombro. 

Hasta ahora, la familia no ha sido notificada sobre la fecha para la referencia desde Juliaca. Por eso, reclaman mayor diligencia del hospital. Ronald, quien hasta hace unos días se dedicaba a la construcción, es padre de dos menores de edad y el único ingreso de la familia.

VIOLENCIA. El lunes 9 de enero, 17 ciudadanos fallecieron durante la represión de las protestas en Juliaca. Además, decenas de personas resultaron heridas.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

La tarea de conseguir atención

La represión hacia las manifestaciones del 9 de enero, llevó al colapso al Hospital Carlos Monge Medrano, de Juliaca. Decenas de heridos abarrotaban los pasillos del área de emergencia del nosocomio y, en la morgue, ya no había espacio para más cuerpos.

Muchas personas no lograron recibir atención oportuna en horas. El Gobierno Regional de Puno declaró la alerta roja en hospitales de la localidad. Sin embargo, la atención en el hospital seguía congestionada. 

Elisbán Blas Mamani fue uno de los heridos que, ese lunes, buscó atención en este centro de salud. 

—Me dijeron que debían trasladarme a Lima o Arequipa, pero no me indicaron fecha —cuenta.

Por eso, tomó la decisión de trasladarse en una movilidad particular hasta Arequipa. Durante más de cuatro horas de viaje, el hombre de 32 años soportó el dolor de una herida en su pierna derecha causada por un proyectil de arma de fuego.

El padre de tres menores cuenta que, horas antes, había salido a jugar fútbol con unos amigos y, en el trayecto, se encontraron con el enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía. Estaban en las inmediaciones del aeropuerto, y empezó a grabar la represión con su celular. 

La represión hacia las protestas del 9 de enero, en Puno, llevó al colapso al Hospital Carlos Monge Medrano”.

Casi de inmediato fueron ahuyentados con bombas lacrimógenas. Mientras intentaba apagar uno de los artefactos, recuerda Elisbán, sintió una explosión en la pierna y vio que un grupo de policías se acercaba.

—Sentí como que reventó un cohete en mi pie y quise correr, pero me tropecé. Me volví a parar y me tropecé nuevamente.

Cuando fue alcanzado por los efectivos, asegura Elisbán, fue golpeado en la cabeza y otras partes del cuerpo, antes de ser trasladado al hospital de Juliaca.

Más de una semana después, desde una de las camas del cuarto piso del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, cuenta que los médicos le explicaron que el proyectil atravesó su fémur derecho y le dijeron que tendrá que estar postrado, por lo menos, por 12 meses.

Unos fijadores de metal le atraviesan la pierna y no puede doblar la rodilla. Por eso, le resulta difícil utilizar, incluso, una silla de ruedas. Antes de ser herido, Elisbán administraba su negocio de mecánica de producción en Juliaca.

—Tenía mi RUC y pagaba impuestos. No soy un vándalo o terrorista, tengo como probarlo —dice sereno, mientras se encuentra echado en su cama.

ENFRENTAMIENTOS. Manifestantes intentan desactivar las bombas lacrimógenas en Juliaca.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

La referencia no es casual: en los últimos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha denunciado, luego de visitar por segunda vez el país, una "fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales". Esto se da, han remarcado, sobre todo en el discurso de algunas autoridades para generalizar a personas indígenas y campesinas a las que califican de "terroristas"  y "otras formas despectivas".

Ahora, mientras Elisbán permanece en el hospital, su negocio está cerrado. Cuenta preocupado que él era el único sustento de su familia.

 

Olenka Zabala —directora médica del Hospital Honorio Delgado— indicó a OjoPúblico que, además de él, otras tres personas fueron transferidas desde el Hospital Carlos Monge Medrano para ser atendidas por alguna especialidad. Según detalló, dos personas recibieron impactos de proyectil de arma de fuego y se encuentran en el área de neurocirugía, pero permanecen estables. 

Uno de esos pacientes es Eliseo Soncco Quispe, de 18 años. El lunes pasado, fue derivado para ser operado por tener un proyectil alojado en la columna. Su hermano Isaí dijo a OjoPúblico que fue muy difícil lograr la atención de especialistas para el joven estudiante. 

Eliseo, su madre y hermanos viven cerca al aeropuerto de Juliaca. El lunes 9 de enero, Eliseo estaba regresando a su domicilio desde su trabajo, en una carpintería. Cuando estaba a media cuadra de la vivienda, sintió un golpe en la espalda que lo hizo caer.

—Mi hermano se levantó y vino a la casa. Vimos que estaba sangrando de la espalda y pensamos que le habían disparado —contó Isaí. 

Poco después, el joven ingresó al hospital Carlos Monge Medrano, de Juliaca. Sin embargo, su hermano mayor asegura que, en varias oportunidades, el personal médico trató de persuadirlo para que fuera a su casa. 

—Incluso le dijeron que podía seguir con su vida, de manera normal, con el proyectil en su cuerpo —sostiene Isaí. 

 Cuatro de los heridos en Puno, el pasado lunes 9 de enero, fueron derivados a Arequipa”.

En una ocasión, relata, le dieron de alta. Pero, como denunciaron el hecho en la prensa local, el joven fue readmitido. Esa no fue la única irregularidad. Su familia asegura que durante la semana que estuvo en el nosocomio no les permitieron acceder a las placas radiográficas donde se veía el proyectil. Recién pudo ver una placa cuando lo trasladaron.

Tras varios reclamos, Eliseo fue referido a Arequipa. Sin embargo allí no acabaron los problemas: cuando llegaron al Hospital Honorio Delgado —recuerda el hermano del estudiante de carpintería— un policía se acercó e intentó que firmaran una declaración sin la presencia de su abogado. 

En el documento no se consignaba que la agresión fue realizada por la Policía. Como se negaron, el efectivo se retiró y, desde entonces, no ha regresado. Por la sorpresa, dice Isaí Soncco, no reaccionó a tiempo para pedir el nombre del agente.

El último miércoles, Eliseo fue sometido a una intervención en el Hospital Honorio Delgado y los especialistas lograron extraer el proyectil de su columna. Actualmente, se está recuperando, pero sus extremidades todavía presentan temblores producto del trauma. 

OjoPúblico consultó al Hospital Carlos Monge Medrano, de Puno, sobre los problemas denunciados por diversos pacientes. Sin embargo, el área de Relaciones Públicas indicó que el director se encontraba ocupado y no podía atender el requerimiento.

AGREDIDO. El fotoperiodista Aldair Mejía fue impactado por un proyectil de la Policía mientras cubría las protestas en Juliaca. 

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

Vida en riesgo

Durante la segunda fase de protestas, la violencia también se ha extendido a otras regiones del sur. El 10 de enero, mientras en Puno continuaban las manifestaciones y se realizaban las necropsias a los recientes fallecidos, en Cusco un grupo de personas incendió un bus particular en el que se trasladaba un contingente de policías hacia la provincia de Chumbivilcas, y dos efectivos resultaron heridos.

Al día siguiente, la región amaneció con numerosos bloqueos de carreteras y, desde la mañana, se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que intentaban llegar al aeropuerto de la ciudad imperial. 

Ya por la noche se informó del fallecimiento de un civil: Remo Candia Guevara, presidente de la comunidad de Anansaya Urinsaya Ccollana, murió horas después de sufrir una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax. Ese mismo día, otras 63 personas requirieron ser hospitalizadas en los centros de salud de Cusco.

Homero Dueñas de la Cruz, subdirector del Hospital Antonio Lorena de Cusco, indicó a OjoPúblico que la mayoría de los heridos que atendieron esa jornada presentaban impactos de proyectiles de arma de fuego en el abdomen y en la cabeza.

Cuatro personas aún permanecen hospitalizadas: dos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una en el área de cirugía por un trauma ocular, y otra, en piso, por un trauma abdominal. 

La mayoría de los heridos que atendieron en el Hospital Antonio Lorena de Cusco presentaban impactos de proyectiles de arma de fuego”.

Rosalino Florez Valverde, de 21 años, es una de las dos personas en UCI. El pronóstico del joven es reservado, ya que recibió 36 impactos de perdigón que han afectado sus intestinos, hígado y riñón.  

Su tía, Rosa Mamani, indicó a OjoPúblico que Rosalino y su hermano —quienes viven en la  comunidad de Conchacalla, en el distrito de San Jerónimo— fueron a mirar las protestas por curiosidad. Una vez allí, al ver a varios manifestantes afectados por los gases lacrimógenos, intentaron ayudarlos, cuenta la mujer.

Su sobrino estaba en la Avenida 28 de Julio, una de las vías de acceso al aeropuerto de la ciudad, cuando un policía se acercó a su sobrino y, de pronto, le disparó una ráfaga de perdigones a menos de tres metros de distancia. 

Acciones represivas de este tipo, como explicó este medio en un artículo previo, no están permitidas en las normas que regulan el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), e incumplen los lineamientos de los propios manuales de la institución.

Rosalino cayó al piso de inmediato: se estaba desangrando. 

Su hermano y unos manifestantes lo llevaron al Hospital Antonio Lorena. Allí requirió varias unidades de sangre. Después, lo sometieron a una operación. En la misma, los especialistas lograron extraer apenas nueve de los 36 perdigones que tenía en el cuerpo.

Los médicos le han indicado a la familia que es necesario que Rosalino se encuentre más estable para tratar de extraer el resto de proyectiles. Tampoco es posible trasladarlo, y su familia solo espera que despierte.

—Mi sobrino sigue en estado de coma y el médico nos dice que tenemos que tener paciencia. Se han retirado perdigones de su intestino, pero el resto está en su riñón e hígado —señaló Rosa Mamani. 

CUSCO. Ciudadanos despiden al dirigente Remo Candia Guevara, quien murió el 11 de enero, después de sufrir una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

Secuelas de la represión

En Apurímac, donde las protestas iniciaron el 7 de diciembre, fallecieron seis jóvenes que tenían entre 15 y 19 años. Además, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) ha registrado 86 heridos en las provincias de Andahuaylas, Chincheros, Abancay y Chalhuanca, esta última, la tierra natal de Dina Boluarte.

Entre el 9 y el 12 de diciembre —en la primera fase de manifestaciones previa a la tregua por fiestas de fin de año— se produjeron enfrentamientos y represión policial en las provincias de Andahuaylas y Chincheros. En la primera, un grupo de manifestantes de la comunidad de Huancabamba tomó el aeropuerto y, en la otra, se reportaron ataques a la sede del Ministerio Público y a la comisaría.

En Huancabamba, la población denunció que la policía soltó lacrimógenas desde los helicópteros. En Andahuaylas, los manifestantes apedrearon e intentaron quemar una casa de la Avenida Ejército a la que la policía ingresó sin permiso de sus dueños para ubicarse en la azotea y disparar desde allí, de acuerdo a diversos testimonios.  

Frente a la convulsión, el Gobierno declaró en estado de emergencia a siete provincias de la región. La medida —que, después, se extendió a todo el país y, luego, de manera focalizada nuevamente— dejó el control del orden interno en manos de la Policía y las Fuerzas Armadas.  

Desde entonces, diversas imágenes han evidenciado que los militares dispararon sus armas de guerra de largo alcance contra el cuerpo de los manifestantes, incluso cuando estos ya se dispersaban.

Según la versión de las personas heridas y los médicos que las atendieron, estas recibieron impactos de proyectiles de arma de fuego. El Hospital de Andahuaylas informó a OjoPúblico que todos fueron dados de alta o referidos a Ayacucho y Lima por la gravedad de sus heridas. Sin embargo, no se precisó la cantidad exacta de personas trasladadas. 

Diversas imágenes han evidenciado que los militares dispararon sus armas de guerra de largo alcance contra el cuerpo de los manifestantes”.

Una de las personas heridas fue Maritza Tomaylla Maucaylle, de 31 años. El 12 de diciembre, la mujer debía retornar a su trabajo como cuidadora en una aldea infantil del Estado, luego de un mes de vacaciones. Su esposo y sus dos hermanas la acompañaron. Estaban caminando por Andahuaylas cuando escucharon disparos provenientes de la Avenida Ejército.  

Intentaron refugiarse en el Cerro Huayhuaca y aprovechar para observar lo que pasaba. Sin embargo, cuando estaban allí, Maritza recibió dos impactos de proyectiles de armas de fuego por el costado derecho del cuerpo. Por su estado de gravedad, fue trasladada, primero, a Ayacucho y, luego, al Hospital Edgardo Rebagliati de Lima, donde estuvo con respiración mecánica hasta el 20 de diciembre. 

Según contó a OjoPúblico su esposo, Gusmán Fabián Tucto, uno de los proyectiles, que entró y salió, le perforó el pulmón. El otro, aún se encuentra en su cuerpo. Los médicos les dijeron que deben esperar a que Maritza se estabilice para intentar extraerlo.

En la primera semana de enero, Maritza fue dada de alta y —junto con su esposo— retornaron a Andahuaylas. Sin embargo, Fabián Tucto dice que ambos hubieran preferido que se quede un tiempo más hospitalizada, hasta recuperarse mejor. El hombre cuenta que, ahora, su esposa no puede caminar bien ni hacer ningún esfuerzo, por mínimo que este sea. 

Maritza recibió dos impactos de proyectiles de armas de fuego por el costado derecho del cuerpo”.

Para volver, a pesar de que Essalud compró el retorno vía área hasta Ayacucho, no les dejaron subir al avión, operado por Sky Airlines. 

—La señorita que estaba allí me dijo que había una confusión con la “s” o “z” de mi nombre, “Gusmán”. Luego, me dijo que espere y, después de unos cinco o seis minutos, me dijo que el avión ya había salido —cuenta el esposo de Maritza. 

Tuvieron que salir del aeropuerto, pagar ellos mismos sus pasajes por vía terrestre, y caminar por tramos porque la vía se encontraba bloqueada. Fabián Tucto cuenta que Maritza viajó mareada y se desmayó en una ocasión. En Chincheros, algunas personas les ayudaron y prepararon alimentos para ellos.    

Mientras se encontraba hospitalizada, Maritza perdió su empleo y está a la espera de la liquidación. Su esposo tiene un taller de estructuras metálicas y debe dedicarle tiempo a su cuidado.

En los últimos días, él mismo le ha sacado los puntos porque Andahuaylas está paralizada debido a las protestas y tendrían que caminar varios kilómetros hasta el Hospital Santa Margarita, de EsSalud. Fabián Tucto dice que llamaron para preguntar si podían ir a verla a casa, pero les dijeron que no.  

Al ser consultado por el tema, dicho hospital le indicó a OjoPúblico que Maritza no se encuentra registrada en el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), que no tenían registrada ninguna solicitud de atención y que los bloqueos no garantizan el desplazamiento de la ambulancia por Andahuaylas. Sin embargo, precisaron que habían dispuesto una visita domiciliaria en coordinación con la posta local. 

Dos semanas antes de resultar herida, Maritza se había tomado dos pruebas de embarazo que dieron positivo. Según cuenta su esposo, mientras se encontraba hospitalizada e inconsciente en Lima, la vio sangrar y el médico le dijo que estaba menstruando. 

—Yo a veces dudo, cómo va a estar con su mes, si era demasiada sangre —dice Fabián Tucto. 

Otros dos ginecólogos del Hospital Rebagliati les dijeron que Maritza no está embarazada. Al respecto, la Red Prestacional Rebagliati envió un comunicado a OjoPúblico precisando que en los reportes médicos “no se registran atenciones por gestación”. Le han dado su próxima cita de control para marzo. 

REPRESIÓN. Cartuchos de las bombas lacrimógenas empleadas por la policía en Juliaca.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

El 12 de diciembre —el mismo día que Maritza recibió los impactos de dos proyectiles de arma de fuego en Andahuaylas— un adolescente de 16 años falleció en la provincia de Chincheros. Otro chico, de iniciales E.G.Q.N., recibió un impacto de proyectil de arma de fuego por la espalda, a la altura de la cintura.   

Dice la familia que él no estaba participando en las protestas. Ambos padres se encontraban fuera y, como su casa está a tres cuadras de la comisaría de Chincheros —donde se produjo el enfrentamiento— al escuchar los disparos, el adolescente salió a buscar a su mamá. 

Los vecinos del lugar fueron quienes avisaron a sus padres que había sido herido. Lo encontraron cuando ya estaba en el Hospital de Chincheros. Por la gravedad de su caso, fue trasladado a Ayacucho y, luego, al Instituto Nacional de Salud del Niño, en Lima. Allí, de acuerdo a información del centro de salud, le extrajeron una bala y le retiraron el bazo.

—Yo le he dicho al doctor, esa bala me vas a dar —cuenta Mateo Quispe, su padre. 

Sin embargo, el médico le indicó que debía ser entregada a la Fiscalía a cargo de las investigaciones. 

 E.G.Q.N. cumplió 14 años mientras estaba con ventilación mecánica”.

El estudiante, que cumplió 14 años mientras se encontraba con ventilación mecánica, fue dado de alta en la segunda semana de enero. Sin embargo, él y su papá siguen en Lima pues deben volver a una cita de control este lunes, 23 de enero.

Ese día, el médico a cargo les dará los resultados pendientes de una resonancia magnética y las indicaciones para la terapia. Mateo Quispe dice que su hijo camina bien solo en superficies planas.

—No está tan sano. A veces, con el susto no duerme por la noche y siempre tiene dolores en su cuerpo —cuenta. 

El señor Quispe y su esposa se dedican a la agricultura. Siembran trigo y frejoles, una parte para comer y la otra para vender. Así sostienen a tres hijos seguidos, de 19, 17 y 14 años. Sin embargo, sus sembríos han sido afectados por las sequías. En el último mes, han tenido que hacer actividades pro salud del menor de 14 años. 

 

Economías familiares afectadas 

Víctor Cuaresma Díaz, de 60 años, es un agricultor del distrito de Huancabamba, a media hora en carro de Andahuaylas. El 12 de diciembre, él y su comunidad se movilizaron hasta la ciudad para protestar. Un día antes la policía les había reprimido en las inmediaciones del aeropuerto. Dos jóvenes, D.A.Q., de 15 años, y Beckham Romario Quispe Garfias, de 18, fallecieron en los enfrentamientos. 

—Yo estaba parado, tranquilo, no estaba tirando piedras ni nada —cuenta Víctor, que fue herido con una bomba lacrimógena en la cara y tuvo que ser operado en el Hospital María Auxiliadora de Lima. 

Su esposa lo acompañó para su intervención. Pero, como ella no habla castellano y no sabe leer ni escribir, le pidió ayuda para hacer los trámites a una ahijada que vive en la ciudad. 

Víctor ya ha retornado a Andahuaylas. Sin embargo, los médicos le han dicho que debe estar en reposo y no trabajar durante seis meses. Los únicos ingresos que tienen él y su esposa son los que adquieren trabajando en la chacra como agricultores, y también han sido afectados por la falta de lluvias. No tienen hijos que les puedan cuidar o ayudar. 

Víctor contó que se prestó dinero para pagar los gastos del viaje a Lima y que tendrá que volver a prestarse, cuando vuelva para su control médico. Mientras, está siendo curado y atendido en la posta médica de su comunidad. 

—Está rota mi cara [...], hablo apagado —dice. 

DESDE EL AIRE. Testimonios recogidos en Andahuaylas, Ayacucho y Puno aseguran que la policía ha arrojado bombas lacrimógenas desde los helicópteros.

Foto: OjoPúblico / Miguel Gutiérrez

 

En Ayacucho, la segunda región más afectada a la fecha, 10 civiles murieron y otros 63 resultaron heridos durante la represión de las Fuerzas Armadas, según información del Hospital Regional. 

El 15 de diciembre por la mañana, una gran cantidad de personas se movilizó de manera pacífica por la plaza principal y calles aledañas. Sin embargo, las avionetas y los helicópteros comenzaron a sobrevolar la ciudad y un grupo de manifestantes se dirigió al aeropuerto para intentar tomarlo.  

Los enfrentamientos entre civiles y militares, que comenzaron al mediodía y se prolongaron hasta la noche, se extendieron también hacia calles aledañas al aeropuerto. Personas que no participaban en las protestas resultaron heridas o fallecieron, según sostienen sus familiares. Este medio también ha documentado algunos de estos casos, a través de imágenes registradas por la Red Investigativa Regional de OjoPúblico y por diferentes ciudadanos, las cuales fueron verificadas.  

Cuatro de los heridos de ese día fueron referidos a hospitales de Lima por su gravedad. Las cifras totales de afectados, sin embargo, todavía no están claras: a diferencia del Hospital Regional, la presidenta de la Asociación de Víctimas informó a este medio que han identificado a 78 heridos, y que dos de ellos aún se encuentran en la capital. 

Anderson Wilmer Lapa Rojas, de 28 años, es uno de ellos. El joven recibió dos impactos de proyectil de arma de fuego, el pasado 15 de diciembre. No ha podido contar las circunstancias en las que fue herido porque uno de los proyectiles le hizo un hoyo en la mandíbula. El otro le perforó y astilló la parte superior del hueso húmero. 

Su esposa, Liz Milagros Jota Chate, contó a este medio que ese día Anderson —que es el único sustento económico de la familia— salió hacia el centro, donde trabajaba arreglando celulares. Dos semanas antes habían alquilado su propia tienda, y ya no trabajaba para otras personas. 

EMERGENCIA. El 15 de diciembre, la Dirección Regional de Salud de Ayacucho registró el ingreso de 52 heridos a causa de la represión militar en el aeropuerto.  

Foto: OjoPúblico / Miguel Gutiérrez

 

Hacia la noche, su cuñada le avisó que Anderson estaba en el Hospital Regional. En la ciudad se seguían escuchando disparos, no estaban circulando autos ni motos y había toque de queda. Por eso, recién pudo verlo al día siguiente.

 —Estaba irreconocible, con la cara demasiado hinchada, estaba vendado (...) no hablaba, no decía nada —cuenta Milagros. 

Los médicos le explicaron que había riesgos de que pierda el brazo, si no era operado por especialistas. Por eso, el 19 de diciembre fue trasladado vía terrestre al Hospital Nacional Hipólito Unánue, de Lima. Allí le operaron el brazo, le pusieron placas y fijadores externos con los que debe estar de nueve a 10 meses. 

—Va a recuperar la movilidad, pero no va a ser lo de antes —dice Milagros. 

En la última semana, le han operado la mandíbula y le han hecho una reconstrucción facial. Por eso, estará algunos días dormido en la Unidad de Cuidados Intensivos. Milagros, que lo ha acompañado, está desde hace un mes comiendo y durmiendo en el hospital. Solo algunos días va a la casa de su prima para asearse y cambiarse. 

En Ayacucho, la tienda ya ha sido alquilada a otras personas y la familia ha vendido la mercadería que tenían, para utilizar el dinero en los gastos de estadía de Milagros y en lo que el seguro de salud no cubre. 

Las dos hijas que tiene la pareja, de cuatro y seis años, se habían quedado al cuidado de la mamá de Milagros, quien vende frutas en las calles. Las niñas acompañaban a su abuela en esa labor. Esta semana, ambas fueron enviadas a la casa de un familiar en Lima para que puedan ver a sus padres.