Actualización: 17 de enero de 2023 - 9:55 p.m.

A un año del derrame de casi 12.000 barriles de petróleo en el mar peruano, Juan Altamirano, pescador por más de 25 años en el mar de Ventanilla, no puede volver a capturar peces emblemáticos de la zona, como el lenguado. Aunque los rezagos de hidrocarburos no son visibles en todas las playas, aún es posible hallar restos de petróleo en este ecosistema que solía ser la principal fuente de subsistencia de Juan.

“Ahorita con este oleaje [anómalo] que hay, el mar va a comenzar a golpear duro en la parte de los roqueríos y va a aflorar ese petróleo que está enterrado. Es como una licuadora: va a comenzar de nuevo a salir y, cuando baje el agua de nuevo, va a haber restos”, dice Altamirano, quien forma parte de la Asociación de Pescadores Artesanales Orilleros de Costa Azul (Apaocav).

El presidente de la Apaocav, Elizar Medina, enseña un video del jueves 12 de enero que muestra la formación de pequeñas burbujas oscuras en las orillas de la playa Conchitas, en Ancón. En la grabación, se ve cómo uno de sus colegas aplasta la burbuja y un líquido aceitoso de color negro mancha la palma de su mano.

Las consecuencias del peor desastre ecológico en el mar en la historia reciente del Perú trascienden a la vida de cada uno de los vecinos de la zona. Un recorrido realizado por OjoPúblico muestra el impacto no solo en la pesca artesanal, sino también en el comercio. En el balneario de Costa Azul, una de las playas más afectadas en Ventanilla, los locales que funcionaban como restaurantes ahora lucen abandonados.

Frente a lo que solía ser un espacio comercial hay un cartel que califica a la playa como “no apta”. El aviso es grande, pero los veraneantes continúan llegando a este lugar a tomar sol.

CONTAMINACIÓN. Luego de un año del siniestro, 71 áreas de Ventanilla y Ancón siguen afectadas por el derrame de 11.900 barriles de petróleo.

Foto: Musuk Nolte

 

Las huellas del derrame no han desaparecido. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estas podrían prolongarse por, al menos, cinco años más. Los organismos reguladores han iniciado una serie de investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 15 de enero de 2022 y asegurar que la empresa cumpla con sus responsabilidades de remediación.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le impuso siete multas coercitivas a Refinería La Pampilla, por un monto de S/2’852.000, que fueron canceladas. En paralelo, la empresa afronta 13 procesos administrativos sancionadores: siete iniciados por el OEFA, cinco por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y uno por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

De los siete procesos en OEFA por la contaminación con hidrocarburos, cuatro corresponden al incumplimiento de medidas administrativas. A estos se suman uno por incluir información falsa en el reporte de emergencia, otro por no remitir información solicitada por el organismo, y uno más por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.

El último de estos procesos se encuentra en trámite, mientras los otros seis restantes fueron resueltos en primera instancia y encontraron responsabilidad en Refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasa). Por ello, la subsidiaria recibió seis multas que, en total, superan los S/70 millones. Sin embargo, la empresa apeló cinco de estas sanciones y todavía está dentro del plazo para apelar una más. 

Un informe reciente dio a conocer que la sanción de más de S/ 5 millones vinculada al incumplimiento de la identificación de las zonas afectadas por el desplazamiento del hidrocarburo fue declarada nula. El Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA falló a favor de Relapasa en segunda instancia. Sin embargo, el proceso aún está vigente.

El OEFA aclaró que la resolución publicada en segunda instancia no exime a la empresa de pagar una multa, sino que la misma será evaluada nuevamente. En un comunicado, explicaron que la resolución confirma la responsabilidad de Repsol y solicita recalcular el monto de la multa. Al respecto, Katherine Paucar, abogada de Earth Rights International, explicó a OjoPúblico que esto significa que el caso vuelve a primera instancia y el proceso sigue vigente. “El caso no está cerrado”, precisó.

La resolución, además, se dio sin tener en cuenta un potencial conflicto de interés: la secretaria técnica de este tribunal tiene una relación conyugal con un funcionario de la petrolera.

Después de conocerse el fallo, el OEFA informó sobre la separación de Angélica María García Gilio del cargo de Secretaria Técnica del citado Tribunal, ya que según su declaración jurada tiene un vínculo conyugal con Adolfo Eugenio Huapaya Venegas, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial de la Refinería La Pampilla.

Las resoluciones apeladas restantes corresponden la inclusión de información falsa en el reporte de emergencia ambiental; no remitir a la OEFA la información requerida; no realizar la contención y recuperación del hidrocarburo ni las acciones de limpieza del suelo afectado, y por no realizar la contención, recuperación y limpieza de la bahía de las Áreas Naturales Protegidas.

Osinergmin, por su parte, inició cinco PAS contra Refinería La Pampilla que han sido resueltos en primera instancia. La autoridad regulatoria encontró responsabilidad en Relapasa y le asignó cinco multas que, en conjunto, ascienden a más de S/12 millones. Sin embargo, la compañía apeló todas las resoluciones.

La primera sancionó a Relapasa por incumplir con implementar medidas complementarias que garanticen la alerta oportuna ante una emergencia en los Terminales Multiboyas. Este caso se encuentra judicializado, pues la compañía interpuso una demanda de nulidad ante el Poder Judicial.

VIDAS PÉRDIDAS. Serfor determinó multó a Refinería La Pampilla por causar la muerte de más de 1.000 especímenes de fauna silvestre.

Foto: Musuk Nolte

 

El segundo proceso se generó por el incumplimiento de una serie de actividades contempladas en el plan de respuesta a emergencias. El mismo fue impugnado y, en segunda instancia, la autoridad confirmó la responsabilidad administrativa de Relapasa. El tercer PAS está vinculado a la infracción de no remitir la información relacionada a las compensaciones por los daños ocasionados y actualmente se encuentra en trámite en segunda instancia.

En el caso de los otros dos procesos, estos fueron apelados y declarados infundados en una segunda instancia. Los mismos corresponden a infracciones por remitir información inexacta en el Informe preliminar de emergencia y por interferir en la función fiscalizadora de Osinergmin al no retirar la estructura submarina PLEM del fondo marino, en el tiempo establecido.

A mediados de marzo de 2022, el Serfor también inició un proceso contra Refinería La Pampilla. El mismo se originó por abandonar, actuar con crueldad y causar la muerte a especímenes de fauna silvestre. Por este caso, la empresa fue sancionada con S/7'228,394 pues la entidad concluyó que la Refinería causó la muerte de 1.852 especímenes y puso en riesgo otros 198 animales producto del derrame de petróleo. La empresa aún se encuentra dentro del plazo para apelar esta resolución.

Las investigaciones penales 

Repsol también enfrenta tres investigaciones en el Poder Judicial. A mediados de enero de 2022, la Fiscalía Provincial Especializada en materia Ambiental (Fema) de Lima Noroeste abrió una investigación preliminar por el presunto delito de contaminación del medio ambiente contra los representantes legales, funcionarios de la Refinería La Pampilla y los que resulten responsables.

La última actualización del proceso encontró que la tubería submarina denominada colectores finales de tuberías (PLEM, por sus siglas en inglés) se rompió por errores en su fabricación.

Asimismo, la empresa ha sido demandada en los juzgados civiles en dos ocasiones. En agosto pasado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (Indecopi) demandó a Repsol y otras cinco empresas solidarias por USD 4.500 millones por daños ambientales directos (USD 3.000) y daño moral a consumidores, usuarios y terceros afectados (USD 1.500).

Además, 10.000 ciudadanos interpusieron una demanda de indemnización contra Refinería la Pampilla SAA y Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros SA por S/ 5.134 millones por daños y perjuicios.

Los millones de soles impuestos en multas por las autoridades regulatorias no significan nada para los afectados”.

Sin embargo, los millones de soles impuestos en multas por las autoridades regulatorias no significan nada para los afectados quienes no perciben ese dinero. Elizar Medina, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Orilleros de Costa Azul (Apaocav), destacó que nada de ese dinero llega a los perjudicados ni es destinado a reparar el daño.

“Eso es un tema injusto. A mí no me interesa cuántos millones le ponen en multas, a mí me interesa la descontaminación. Si los millones lo utilizaran en la descontaminación en el mar y darle una medida alternativa a los afectados, yo me saco el sombrero”, resaltó.

A eso, la abogada Carol Mora de la SPDA lo denomina como una deficiencia del sistema de justicia ambiental. “El sistema de justicia ambiental necesita varios ajustes para que apuntemos no solo a un castigo jurídico monetario [multas], sino que logremos que la empresa se haga cargo de la reversión del daño generado”, remarcó.

 

Persisten los daños mediambientales 

A pesar de que las aguas ya no están teñidas de negro de forma evidente, la empresa tiene la obligación de realizar las actividades de remediación, contención y limpieza de las zonas afectadas. Luego de un mes del derrame, Repsol Perú informó que había “recogido, a día 15 de febrero, un 97,9% del producto derramado, que se encontraba en mar y tierra, y no existirían residuos en el fondo del mar”.

La empresa solicitó, además, a dos compañías realizar estudios que certifiquen su cumplimiento. Environmental Resources Management (ERM), una firma que asesora a Repsol en la remediación y el rescate de fauna marina, ha concluido a inicios de este año que el mar está limpio de hidrocarburo y las playas serían accesibles sin riesgo a la salud ni al medio ambiente.

En paralelo, un estudio de la empresa Gestión Pesquera Sostenible SAC liderada por miembros de la Universidad Nacional Agraria La Molina sostuvo que el petróleo se ha dispersado y alejado de la costa “en su totalidad o casi en su totalidad”. “La playa Costa Azul fue una de las playas más afectadas por el derrame de petróleo, por encontrarse cerca del lugar del siniestro; sin embargo, ahora es una de las playas con agua más cristalina”, sostiene el documento.

Sin embargo, hasta el momento, OEFA sigue reportando 71 áreas afectadas, entre las que se encuentran las playas analizadas como Costa Azul, Bahía Blanca y Cavero. Además, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) ha declarado a las playas San Francisco Chico, Playa Hermosa y Playa Enanos del distrito de Ancón como “no saludables”.

INSUFICIENTE REMEDIACIÓN. Las playas siguen cerradas por contaminación y la ONU estima que el daño se puede prolongar por cinco años más.

Foto: Musuk Nolte

 

A ello se suma el hecho de que en la última actualización proporcionada a las asociaciones de pescadores por Oefa, en noviembre de 2022, estimaban que la Refinería recogió alrededor de 2.500 barriles de petróleo en su proceso de limpieza. “Lo que quiere decir que aún hay más de 9.000 barriles que no se han podido rescatar”, enfatizó Elizar Medina.

Sin embargo, los daños del derrame de petróleo no solo limitan al ambiente y a las especies, sino que impacta en vecinos, pescadores y comerciantes de la zona cuyas medios de vida se han visto afectados. “Antes, la gente venía y la playa [de Costa Azul] se llenaba los domingos, pero ahora ya no es igual. El negocio ha bajado bastante. La venta ya no es como antes. Primero fue la pandemia y luego cuando la gente ya estaba volviendo ocurrió lo del derrame”, cuenta Juan Carlos Pariona, un comerciante ambulante que ha vendido chupetes por más de siete años en Ventanilla.

Carol Mora explica que la compensación económica a las personas afectadas no responde a ninguna responsabilidad penal ni administrativa sino a una responsabilidad civil. Relapasa se comprometió a dar una compensación económica a 10,300 personas anotadas en un padrón elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Hasta el momento, ha llegado a acuerdos de compensación final con 6.000 personas.

Aunque la cantidad de beneficiarios parece alta (casi el 60% del Padrón Único de Afectados), deja afuera a 5.000 personas que no han sido inscritas, pues de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo hay 15.000 ciudadanos afectados. Además de ese grupo, los comerciantes, como Juan Pariona, que no contaban con permiso para vender en la playa pero que llevaban trabajando años allí tampoco han sido considerados en esa lista.

El sistema de justicia ambiental necesita varios ajustes para que logremos que la empresa se haga cargo”, remarcó Mora.

Además, las personas inscritas en el padrón también enfrentan dificultades para acceder a la compensación que les corresponde por los daños ocasionados por Refinería La Pampilla también. “Yo que he trabajado por más de diez años en la pesca, me están negando el bono porque dicen que soy artesano”, cuenta Roberto Espinoza, presidente de Asociación Desarrollo Integral y Sostenible de los Pescadores Artesanales y Agricultores de Ventanilla (Adispar), mientras muestra todas los diplomas de sus capacitaciones.

El representante de Adispar cuenta que a alrededor de 22 personas se les ha negado la entrega de la compensación porque según Repsol son personas que no se dedican a la pesca. Sin embargo, la Asociación posee el padrón elaborado por Indeci y la PCM que confirma su labor como pescadores.

 

Ingresos de Repsol aumentan a nivel mundial

A nivel general, la matriz Repsol S.A. reportó un buen año de ganancias durante el 2022 en todas sus operaciones, ya que en seis meses obtuvo ingresos por 2.539 millones de euros, lo que significó un monto incluso mayor que todo el 2021. Mientras que, al cierre del tercer trimestre, reportó un acumulado de 3.222 millones de euros, impulsado por el alza de precios internacionales del petróleo.

Esta tendencia se vio replicada en Perú, pues la filial Repsol Comercial S.A.C. (Recosac), encargada de la comercialización del combustible en 572 grifos a nivel nacional, registró un patrimonio neto de USD 124,4 millones al cierre del 30 de septiembre del 2022. Así, según un hecho de importancia ante la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) publicado el 22 de diciembre, se dispuso la repartición de dividendos de USD 40,2 millones entre sus accionistas.

En tanto, la Refinería La Pampilla S.A.A –que enfrenta multas por casi S/90 millones por la contaminación con petróleo del mar peruano– también ha presentado incremento en sus ingresos, ya que en los primeros nueve meses del 2022 ganó un 73% más que el año previo al obtener ingresos por USD 3.699 millones. Este resultado también se debió, principalmente, al incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos.

CUENTAS. Aunque las actividades de remediación, limpieza y remoción implicaron gastos económicos importantes para Relapasa, la empresa percibió un ingreso superior al de 2021.

Foto: Musuk Nolte

 

Además, la última información pública al tercer trimestre del 2022 evidencia que el Resultado Neto Ajustado; es decir, el que mide el desempeño específico del negocio, fue de USD 170,9 millones. Este monto es superior comparado con los USD 2,7 millones registrados en el mismo periodo de 2021.

Sin embargo, la empresa reportó que las actividades de remediación, contención y limpieza de las zonas afectadas por el derrame petroleo en la costa peruana les generó gastos por USD 209’174.000. Asimismo, debido al contexto económico internacional con impacto en el mercado nacional, La Pampilla identificó algunos indicadores de deterioro, principalmente en los márgenes mayoristas de la refinería.

Así, la compañía concluyó que en los primeros nueves meses del año pasado, al cierre del 30 de septiembre del 2022, el Resultado Neto disminuyó en USD 240,4 millones, frente al cierre del 2021. OjoPúblico se contactó con el área de prensa de Repsol en Perú para acceder a información actualizada sobre sus reportes financieros del 2022; sin embargo, hasta el cierre del informe no se obtuvo respuesta.

 

Repsol: historial de 50 investigaciones

El derrame de casi 12.000 barriles de petróleo en el mar peruano ha implicado, hasta el momento, la apertura de siete procesos administrativos sancionadores por parte de OEFA. Sin embargo, esta es una pequeña fracción del historial de presuntas infracciones medioambientales que acumulan las diferentes empresas del grupo que operan en el país.

OjoPúblico identificó que, entre octubre de 2010 y octubre de 2021, seis subsidiarias de la multinacional energética que operan en el país acumularon 53 investigaciones administrativas del OEFA por estos temas: Refinería La Pampilla (12), Repsol Comercial S.A.C. (16), Repsol Exploración Perú (16), Repsol Gas del Perú S.A. (ahora Solgas) (7), Repsol Gas de la Amazonía S.A.C. (1) y Repsol YPF Comercial de la Amazonía S.A.C. (1).

Además, a partir de un pedido de acceso a la información pública, este medio pudo determinar que, entre octubre de 2021 y junio del año pasado, las subsidiarias de Repsol acumularon 10 PAS adicionales que se encuentran en segunda instancia. Es decir, la resolución inicial —que los encontró responsables— fue impugnada. En este caso, las infracciones fueron cometidas por dos empresas: Refinería La Pampilla (4) y Repsol Exploración Perú (6).

Las fuentes de información a las que OjoPúblico accedió evidencian que, desde octubre de 2010 hasta junio de 2022, las empresas vinculadas al grupo energético han acumulado 62 PAS del OEFA por diversas infracciones ambientales en el país.

IMPACTOS. Perú sufre las consecuencias del derrame de casi 12.000 barriles de petróleo.

Foto: Musuk Nolte

 

Carol Mora, directora del programa de política de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), considera que este es un número alto. “En un escenario ideal las empresas deberían tener bajos niveles de infracciones”, sostuvo. Sin embargo, precisó que antes de sacar conclusiones sobre la conducta ambiental del grupo es necesario revisar cada uno de los expedientes.

En esta línea, OjoPúblico solicitó los documentos ante el área de prensa del organismo y a través de un pedido de acceso a la información pública. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no fue posible acceder a los mismos.

Este medio solicitó, además, los descargos de la compañía respecto al historial de investigaciones presentadas aquí, la cantidad de barriles que ellos estiman que han recogido y la denuncia que hacen los pescadores sobre los supuestos errores de denominación en el padrón de beneficiarios. No obstante, la empresa no brindó sus declaraciones hasta el final del informe.