La justicia de los pobres: 47 militares tienen más apoyo legal que 150 mil víctimas


Por David Hidalgo y Fabiola Torres
Miércoles, 19 Abr 2017

Ojo-Publico.com presenta parte de una investigación regional, encabezada por Univisión, para revisar el estado de la defensa pública en 8 países de América Latina. ¿Qué posibilidad tiene una persona pobre de alcanzar justicia si depende de un abogado de oficio? En el Perú, las opciones se limitan en los casos de derechos humanos, donde los acusados tienen abogados privados, mientras las víctimas esperan turno para acceder a defensores públicos recargados de trabajo, que no tienen presupuesto para hacer diligencias ni buscar pruebas a su favor.



Fotos: Max Cabello / Visualizaciones: Jason Martínez

 

Una mañana de febrero, en un tribunal de Lima, el general retirado Daniel Urresti se levantó de golpe de su silla y protestó ante los magistrados que lo juzgan por asesinato: “Se está viendo afectada mi defensa”, dijo en voz alta. Minutos antes, el juez a cargo había descartado nuevas pruebas de parte presentadas por su abogada: certificados médicos y declaraciones juradas de otros militares que contradecían a los testigos. También le había negado la palabra. Entonces se produjo un momento incómodo: Urresti dijo algo que se entendió como un llamado de atención a su defensora. Cuando supo que no se estaba haciendo un favor, el general pidió disculpas y volvió a sentarse con la tensión de un cliente ansioso por resultados. Debía confiar en la estrategia del estudio privado que el Estado le paga para salvarlo de ir a prisión.

Urresti, quien ha sido ministro del Interior y hasta candidato presidencial, es uno de los 47 militares acusados de violaciones a los derechos humanos que se han acogido a este beneficio desde que entró en vigencia en el 2006. El general está acusado del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido a fines de los años ochenta. Entonces Urresti era el Jefe de Inteligencia en una base contrasubversiva en Ayacucho, en los Andes centrales del Perú, una de las zonas más afectadas por la guerra interna de entonces. Un primer proceso terminó en el 2007 con la condena de dos oficiales por ese crimen. Tiempo después, uno de ellos señaló a Urresti como el autor intelectual.

 

DEFENSA. El general (r) Daniel Urresti en una audiencia de febrero del 2017 en compañía de su representante Vanessa Alfaro, abogada del Estudio Roy Freyre. Al frente, un símbolo de las víctimas en Ayacucho. 

 

El proceso se le abrió en el 2013, pero solo se hizo público al año siguiente, cuando Urresti fue incorporado al Gabinete del presidente Ollanta Humala. Por esos días, la viuda de Hugo Bustíos le envió una carta abierta en que señalaba la “absoluta inequidad” de condiciones para enfrentar un juicio entre un ministro de Estado y los deudos. “Si Ud. señala que es inocente –no soy yo quien lo acusa– pruébelo en igualdad de condiciones con mi familia”. El reclamo nunca se cumplió: el general Urresti sigue su proceso en libertad, representado por el estudio Roy Freyre, que tiene un contrato con el Ministerio de Defensa, mientras que la viuda de Bustíos debió recurrir a Comisedh, una ONG especializada en casos de derechos humanos. En ese esfuerzo estaba cuando falleció en un accidente de tránsito en octubre del 2016.

 

 

DEFENSA ESCASA

El beneficio para los militares es quizás uno de los mayores desequilibrios del sistema de justicia peruano. Cualquier otra persona, si no puede pagarse un abogado particular, debe recurrir a los defensores de oficio, que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia cuenta con 1.211 abogados para los 33 distritos judiciales del país, que sobre todo atienden casos de delitos comunes, sea para defender a los acusados o las víctimas. Solo una pequeña porción, con muchas limitaciones, tiene a cargo causas relacionadas a crímenes contra los derechos humanos. El síntoma más claro es que solo hay tres defensores públicos para estas causas en Ayacucho, donde las cifras oficiales cuentan más de 49 mil deudos o víctimas de torturas, desapariciones forzadas, y asesinatos.

La situación se agravó en octubre del 2016, cuando el Ministerio de Justicia (Minjus) del nuevo gobierno despidió a 200 defensores públicos que atendían en distintas ciudades del país. “Se había incrementado el sueldo de los abogados y también el número de personal contratado, pero no estaba planificado el presupuesto para los siguientes años”, señaló a OjoPúblico Luis Alejandro Yshi Meza, Director General de Defensa Pública del Minjus. “No era sostenible en el tiempo”, recalcó.

 

Solo hay tres defensores públicos para estas causas en Ayacucho, donde la guerra dejó 49 mil deudos o víctimas de torturas, desapariciones forzadas, y asesinatos.

 

DOCUMENTOS.  Los trajes de los desaparecidos o fallecidos a causa de la violencia política dicen tanto como los papeles de los procesos iniciados por los deudos. Aquí Celsa Taco mientras reclama por su hijo, desaparecido el 19 de septiembre de 1983.

 

El recorte aumentó la carga de trabajo de los defensores de oficio en perjuicio de los usuarios. Tan solo en Ayacucho, donde hay cincuenta abogados asignados a la defensa de todo tipo de casos, cada defensor tiene una carga promedio de cien procesos judiciales, a la que se suman unas diez causas nuevas al mes, de acuerdo a testimonios recogidos in situ para este reportaje. “Se está haciendo una reingeniería de las funciones que realiza cada defensor público”, alega Yshi Meza desde Lima.

 

 

Por los días del abrupto recorte, se realizó una reunión entre la Dirección de Defensa Pública y representantes de los organismos de derechos humanos que debería haber levantado alarmas y acelerado acciones. En esa reunión se planteó la necesidad de iniciar coordinaciones para que las ONG traspasen sus casos a la defensa pública, porque, después de treinta años de intensa actividad, los recursos también se les están agotando. “Nuestras fuentes de financiamiento han señalado que ya han apoyado bastante estas causas y que ya es hora de que el Estado asuma su responsabilidad”, explica Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), una de las organizaciones independientes más antiguas y activas de la sociedad civil.

Al menos tres importantes ONG consultadas para este informe reconocieron estar en la misma situación: Aprodeh dejó de asumir la defensa de nuevos casos desde hace dos años, aunque mantiene unos cuarenta procesos, entre los cuales está el Caso Cabitos, un cuartel militar que fue escenario de varios crímenes de lesa humanidad; Comisedh, la organización que lleva adelante el proceso contra el general Urresti, planea concentrar esfuerzos en ese y otros casos emblemáticos; y Paz y Esperanza planea traspasar a la defensa pública su actuación en el caso Putis, la masacre a manos del Ejército de 123 personas, incluidos 14 niños, en un pueblo de los Andes. El impacto ya es notorio. “Lo que se ha generado es que la mayoría de personas que han sufrido alguna violación a los derechos humanos vaya a estos procesos en estado de indefensión, sin representación legal”, dice Gloria Cano.

 

Hasta el momento, el Estado ha invertido en abogados o estudios privados el equivalente al sueldo promedio de 80 defensores públicos.

 

Estas organizaciones estiman que, incluso con su aporte actual, la cobertura de defensa legal apenas alcanza la décima parte de los afectados. En el Perú de posguerra, eso significa que más de 150 mil personas caen en la categoría de desprotegidos entre los desprotegidos, de acuerdo a cifras del Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia.

Las perspectivas son distintas a las de los 47 militares procesados por casos de violaciones a los derechos humanos que reciben o han recibido recursos públicos para su defensa. Hasta el momento, el Estado ha invertido 402 mil 945 soles en abogados individuales o estudios privados, por montos que van desde los 11 mil hasta los 80 mil soles. El total equivale al sueldo promedio de 80 defensores públicos. En el grupo de beneficiados hay 28 militares acusados por 20 casos de desapariciones forzadas. Al menos diez han sido absueltos.

 

LUCHA. Adelina García Mendoza es presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). Los documentos de su caso llevan la firma de varios abogados. Algunos fueron asesinados. 

 

BALANZA INCLINADA

Cada mañana, en Ayacucho, decenas de personas acuden a una casa alquilada de dos pisos en una calle llena de restaurantes y clínicas, cerca del centro de la ciudad. Es la sede de Dirección Distrital de Defensa Pública. Muchos llegan por casos que van desde juicios por alimentos hasta violaciones sexuales de menores de edad. Allí deben sacar un ticket y esperar turno para ser atendidos por los abogados de oficio en módulos que se parecen a las cabinas de Internet. En esas condiciones es casi imposible tener una conversación reservada. El mayor logro logístico es que los abogados de las víctimas atienden en el primer piso, y los de los acusados en el segundo.

Tres de esos defensores de oficio tienen la responsabilidad de atender los casos de derechos humanos. Ninguno tiene las condiciones para hacerlo. “Para hacerse cargo hay que invertir bastante tiempo y nosotros no tenemos exclusividad”, dijo a OjoPúblico la abogada Cris Bautista Quispe, quien antes fue asistente fiscal y desde el 2014 ingresó a trabajar en como defensora pública.

 

 

En muchos casos la labor de los defensores se limita a realizar eventuales campañas para orientar a agraviados en el proceso de exhumaciones y entrega de restos, dos de las grandes tareas pendientes por parte del Estado. “No hemos asumido la defensa de nadie porque eso implica muchos recursos económicos”, confirma Richard Almonacid, un abogado de la misma oficina que antes fue juez en Huamanga, la capital de la región. “Para viajar a las zonas alejadas de Ayacucho nosotros corremos con nuestros gastos de alimentos, hospedaje e incluso la gasolina del vehículo que nos asignan sale de nuestro bolsillo”, señala el exmagistrado, quien ahora debe asistir a tres o cuatro diligencias diarias por casos de delitos comunes.

 

PLANOS. Mapa hecho a mano de Putis, un pueblo de los Andes donde en 1984 el Ejército cometió una de las peores masacres de la guerra interna. Al lado, casquillos de bala en uno de los 4 mil lugares de entierro registrados hasta la fecha en el Perú.

 

El costo de los traslados para las diligencias es solo una parte de las carestías. También se requiere recursos para salir en distintos momentos en busca de evidencias, testigos, pruebas documentales en instituciones oficiales o en archivos. “A veces tienes que hacer labor de detective”, explica Gloria Cano, quien ha dado capacitaciones para defensores de oficio sobre estos procesos. Muchas de estas gestiones son ineludibles para reconstruir el contexto de los crímenes y, en los casos que involucran a militares como perpetradores, para obtener información sobre las cadenas de mando y los métodos de operaciones que los altos mandos de las Fuerzas Armadas se resisten a entregar.

En el 2013, la presunta falta de esas evidencias motivó que las fiscalías de DDHH y de Terrorismo de Ayacucho archivaran mil 335 casos de violaciones a los derechos humanos, según reportó en su momento el diario La República.

 

En el 2013, la presunta falta de evidencias motivó que las fiscalías de Ayacucho archivaran mil 335 casos de violaciones a los derechos humanos.

 

La experiencia de las ONG sugiere que el tema excede las capacidades de los defensores de oficio. “Para investigar hechos de este tipo se requiere distintas especialidades, además de los abogados: antropólogos forenses, expertos en temas militares, expertos en terrorismo”, refiere Pablo Rojas, exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y presidente de Comisedh. “La investigación de Lava Jato es un ejemplo (de lo que se necesita): no se trata solo del trabajo de los fiscales, es todo un aparato de especialistas”.

 

DEFENSOR. El abogado Richard Almonacid Zamudio es uno de los tres defensores de oficio a cargo de los casos de DDHH en Ayacucho. Al lado, camisa raída de un desaparecido, en el Museo de la Memoria de ANFASEP.

 

Mientras defensores de las víctimas enfrentan esos problemas, los militares que gozan de la defensa privada parecen disponer de facilidades adicionales. El equipo legal de Aprodeh señala que en ocasiones ha detectado la participación de un coordinador que facilita las gestiones, los viajes y el traslado de acusados y sus testigos de parte en las diligencias. “¿Cuánto invierte el Estado en eso? No lo sé”, dijo. Lo mismo señala el abogado Hernán Barrenechea, de Comisedh, quien representa a los deudos del periodista Hugo Bustíos en el juicio que se sigue contra el general Daniel Urresti. “La logística se reflejó con bastante claridad”, dice en referencia a una diligencia de reconocimiento a la escena del crimen y la base militar de donde salieron los presuntos asesinos. “Los soldados daban mayor protección a los soldados y al mismo Urresti, incluso usando la fuerza contra nuestros testigos y personal de la parte civil”.

El Ministerio de Defensa, a una consulta de OjoPúblico, negó que existan disposiciones para esa clase de apoyo.

“Los organismos de derechos humanos han cumplido esta labor de dar protección y defensa judicial a las víctimas”, reconoció Patricia Figueroa, viceministra de Recursos para la Defensa. “Por eso tenemos la sentencia de Barrios Altos, la sentencia de La Cantuta”, dijo a OjoPúblico en referencia a dos masacres perpetradas por un escuadrón de la muerte del régimen de Alberto Fujimori. Sin embargo, Figueroa admitió que existe una inequidad en la defensa proporcionada por el Estado a deudos y acusados. “No podemos darle patrocinio a las víctimas. Para eso tienen al sistema que pertenece al Ministerio de Justicia”.

 

TESTIMONIOS. Una mujer quechuahablante recibe atención en la oficina de defensa pública de Ayacucho. Al lado, réplica instalada en ANFASEP de una sala de torturas utilizada por militares durante el período de la guerra interna en el Perú.

 

NÚMEROS PARCIALES

Una mañana de febrero, días antes de la audiencia en que el general Urresti reclamó por su defensa, la señora Adelina García de Mendoza se puso a recordar la lista de abogados que ha conocido para denunciar la muerte de su esposo, ejecutado extrajudicialmente por una patrulla militar a inicios de los años ochenta: el primero se llamaba Zózimo Roca, quien tuvo que fugar de Ayacucho por amenazas de muerte; le siguió Máximo Rico, su secretario, hasta que fue asesinado en 1988; entonces vino un tercer abogado llamado Fernando Colunga, quien sería ejecutado un año después; hubo otros que fugaron y alguno que recibió un sobre explosivo que por fortuna no estalló en sus manos. Con todos esos sobresaltos, y no pocos actos de solidaridad, la causa prosiguió y la historia de su esposo formó parte del expediente del Caso Cabitos, el cuartel donde miembros del ejército detuvieron, torturaron y ejecutaron extrajudicialmente a más de cien personas.

 

'A la fiscalía le conviene más abrir 53 casos, que abrir un solo caso con 53 víctimas', explica Gloria Cano.

 

“En ese tiempo era más difícil para nosotros ver quién nos daba esa mano, quién era nuestro aliado”, recordó en una conversación con OjoPúblico.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó que los crímenes allí cometidos fueran llevados a los tribunales como un ‘caso patrón’, en el que la existencia de varias víctimas, bajo las mismas circunstancias y en la misma época, permiten establecer un modus operandi y a sus responsables. Sin embargo, la justicia peruana dividió el caso en tres partes, de las cuales solo una está en juicio oral. Las otras dos han pasado 13 años sin que siquiera exista denuncia fiscal.

Es una cuestión de números: “A la fiscalía le conviene más abrir 53 casos, que abrir un solo caso con 53 víctimas”, explica Gloria Cano, de Aprodeh. “Ellos trabajan en base a producción”.

 

SIMBOLO. Un escudo preside la sala de audiencias de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Al lado, un defensor público de esa ciudad ordena uno de los muchos expedientes que tiene a cargo. 

 

Las estadísticas son engañosas. Tan solo en el 2016 los abogados de oficio realizaron más de 21 mil acciones legales de patrocinio a víctimas de toda clase de delitos y respondieron más de 68 mil consultas de víctimas por especialidad en todo el país. Ambas fueron cifras superiores a las registradas en los tres años anteriores. Sin embargo, la Dirección de General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia carece de un indicador fundamental: el que permita establecer cuántos casos representados por sus abogados tuvieron un resultado favorable a sus patrocinados. En casos de derechos humanos eso significa cuántos se libraron de condenas injustas o cuántos lograron la condena de sus torturadores o de los asesinos de sus familias.

“No podemos hablar de un solo indicador de la carga que asumen los defensores públicos”, indicó a este medio Luis Alejandro Yshi, el jefe de los abogados de oficio. Sin embargo, admitió que no se puede medir la eficiencia del servicio en función a la cantidad de diligencias de un defensor. “Estamos incorporando índices de calidad”, indicó.

 

MUJERES. Las integrantes de ANFASEP siguen adelante con casos que muchos prefieren olvidar. Varias de sus miembros han fallecido sin encontrar justicia. Tablero recordatorio en el local de la asociación.

 

Las mejoras más rápidas y eficaces han estado del lado privilegiado de esta historia. En octubre del 2008, apenas dos años después del emitido el decreto supremo que aseguraba la defensa privada de militares acusados de violaciones a los derechos humanos, el mismo gobierno de Alan García dio otro decreto que modificaba las condiciones para este beneficio: ahora se extendía a los militares involucrados como testigos; se eliminaba la exigencia de una garantía (hipoteca o carta fianza) para que el acusado devuelva al Estado lo invertido en su defensa si resulta culpable y, en caso de serlo, ya no se ejecuta de inmediato, sino por descuento en planilla. A pesar de que ha habido algunas condenas, todas han sido apeladas ante la Corte Suprema. Mientras no haya un fallo definitivo ningún militar ha devuelto el gasto público en sus abogados privados.

 

Investigación descubre graves injusticias

en la defensa pública de América Latina

 

Este reportaje de OjoPúblico es parte de una investigación regional que lideró Univision Noticias en los últimos seis meses, y en la que participaron periodistas de otros seis importantes medios latinoamericanos: Animal Político (México), Plaza Pública (Guatemala), Semanario Universidad (Costa Rica), El Tiempo (Colombia), CIPER (Chile) y Agência Lupa (Brasil).

"Sobrecarga de trabajo, bajos salarios, falta de atestados, nombramientos políticos, amenazas y asesinatos son sólo algunos de los problemas que cargan muchos abogados públicos de la región, sumados a la falta de independencia financiera de algunas defensorías y la negligencia de las instituciones judiciales para medir el rendimiento de su labor", indica la presentación del especial que se puede leer aquí.

La investigación ha permitido establecer que, por ejemplo, en Costa Rica, una persona tiene 25% más de posibilidades de ser condenado si se acoge a la asesoría de un abogado de oficio. También se han detectado dramáticas asimetrías, como en Guatemala, donde solo hay 15 abogados para 6.5 millones de indígenas; Brasil, donde el Estado afronta una escasez de 10 mil defensores públicos; o en México, donde hay 8 mil indígenas en prisión a pesar de no tener condena. Las deficiencias detectadas tienen un caso peculiar en Chile, donde la defensa penal pública de 3,200 personas estuvo en manos de una empresa quebrada.

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