Desde hace más de 70 años, el hospital Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas concentra la atención de todos los habitantes de Apurímac. Al ser el único nosocomio de mayor complejidad en la región recibe la referencia de pacientes de 83 establecimientos de salud de menor categoría. Sus instalaciones son insuficientes ante la demanda, por lo que hace ya 20 años se planteó la construcción de una nueva infraestructura, contigua a la primera sede, para incrementar las atenciones anuales de pacientes a 108.000 y las intervenciones quirúrgicas anuales a 3.000.   

En enero del 2013, el Gobierno Regional de Apurímac firmó el contrato para la ejecución de la nueva infraestructura hospitalaria con el Consorcio Andahuaylas, conformado por las empresas Ortiz Construcciones y Proyectos S.A y Constructora Mediterráneo (hoy CMO GROUP), por S/122'456.498,80. El plazo de ejecución y de entrega de la obra fue de 600 días, es decir año y medio. Tras nueve años registra un avance del 53,9% y no hay fecha determinada para su culminación.

El Consorcio Andahuaylas ha solicitado diversas ampliaciones de plazo, que en algunos casos fueron otorgadas por el gobierno regional, pero también han sido rechazadas. Las discrepancias surgidas por estas negativas fueron elevadas a procesos arbitrales por los empresarios, lo que añadió más retrasos a la obra. En febrero del 2019, el gobierno regional resolvió el contrato con la empresa, alegando el incumplimiento del contrato.

La resolución del primer contrato no logró destrabar la obra, que ahora tiene un monto de inversión actualizado de S/160'142,696.06. En agosto del 2020, el gobierno regional y el Ministerio de Salud (Minsa) firmaron un convenio de colaboración para acelerar su reactivación, sin embargo la gestión de Baltazar Lantarón viene solicitando presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) para continuar con la construcción del hospital que sería ejecutado por el gobierno de Francia.  

El hospital de Andahuaylas registra un avance del 53,9% tras nueve años del inicio de su ejecución.

La labor de culminar este megaproyecto será de Percy Godoy, virtual gobernador de Apurímac. No será la única autoridad regional nueva que asumirá este pasivo. La Contraloría de la República indicó a OjoPúblico que existen por lo menos 17 megaproyectos paralizados a cargo de gobiernos regionales.

Un reporte de la Contraloría señala que a nivel nacional existen 2.346 obras públicas paralizadas por más de S/ 29 mil millones. El 74% de estas son responsabilidad de las municipalidades, el 15% del gobierno nacional y el 12% está a cargo de las regiones. Sin embargo, los gobiernos regionales concentran la mayor inversión estancada, ascendente a más de S/ 12 mil millones. Esto se debe a que 17 megaproyectos agrupan una inversión de S/9 mil millones, es decir el 75% del total. 

Entre los megaproyectos paralizados en 12 regiones figuran obras de irrigación, hospitales y carreteras, algunos de los cuales empezaron a construirse el 2013 y no han podido ser destrabados en más de dos gestiones en gobiernos regionales.

Deficiencias de proyectos

Luis Portugal Lozano, subgerente de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control de la Contraloría, dijo a OjoPúblico que una de las principales causas de las paralizaciones son las deficiencias en los estudios de preinversión de las obras y en los expedientes técnicos. "Hay estudios de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) que indican que solamente el 2% de los profesionales que están en el sistema de inversión pública, en cualquier nivel, tiene la capacidad para la formulación de estudios", explicó el especialista.

Un ejemplo de estas deficiencias se presenta en el hospital de Andahuaylas. Tras la resolución del contrato, el gobierno regional debe realizar un nuevo expediente de saldo de obra para licitar los componentes restantes del hospital. Sin embargo, OjoPúblico detectó que el expediente básico del saldo de obra elaborado por el gobierno regional sería una copia del expediente del hospital Antonio Lorena de Cusco, ya que en la localización del terreno de la obra se habla de la infraestructura de la región cusqueña, en lugar de la de Apurímac.

ERROR. Expediente de saldo de obra del hospital de Andahuaylas muestra datos de ubicación de un hospital de Cusco.

Captura: Gobierno Regional de Apurímac

Si un expediente técnico está mal ejecutado, durante la etapa de construcción los contratistas plantearán modificaciones al proyecto, lo que generará incrementos en el presupuesto y retrasos en el tiempo de ejecución, explica Karla Gaviño Masías, especialista en gestión pública. "En estos escenarios no es extraño que se produzcan incumplimientos contractuales y eventualmente se termine en arbitrajes, lo cual es mucho más complicado", indica Gaviño Masías.

Once de los megaproyectos a cargo de gobiernos regionales están paralizados por el incumplimiento de contrato y en dos la causa es el inicio de un proceso arbitral. Estos casos suman una inversión de S/ 6 mil millones. El resto de obras estancadas responden a falta de liquidez, conflictos sociales y otras causas.

Hospitales a medio terminar

Ucayali y Loreto suman más de un millón y medio de habitantes, pero, según registros del Minsa, en ambas regiones solo existen 16 hospitales. Desde hace siete años se espera la culminación de tres megaproyectos de hospitales que están paralizados por incumplimientos contractuales. 

El nuevo hospital de Pucallpa, ubicado en la capital de la región Ucayali, es uno de los proyectos de salud más grandes de la Amazonía. El expediente de la obra indica que esta infraestructura de cuatro pisos tendrá un nivel II-2 de atención. Su construcción tiene como objetivo reducir la tasa de morbilidad de la región en un 30% y ampliar la cobertura de salud, proyectando realizar 4'618,975 atenciones en 15 años.

En mayo del 2016, el entonces gobernador Manuel Gambini Rupay —virtual gobernador para periodo 2023 al 2026— firmó el contrato con el Consorcio Pizzarotti y Asociados (conformado por Impresa Pizzarotti, Neso Constructora, Constructora Mediterráneo, Constructora Uranio y Eductrade) para ejecutar esta obra valorizada en S/343'763.600. La infraestructura hospitalaria de Pucallpa debía concluir en diciembre del 2018, junto con su mandato. Sin embargo, este proyecto se extendió por cuatro años más.  

AMPLIACIONES. El hospital de Pucallpa debía concluir en diciembre del 2018, pero hasta la fecha no finaliza. Tiene un avance del 80%.

Foto: Contraloría.

En el ínterin del proceso de construcción, el gobierno regional aprobó al contratista más de 21 ampliaciones de plazo por modificaciones al expediente y otras causales no previsibles equivalentes a 856 días calendario, así como una ampliación excepcional de plazo por 203 días calendario, con lo cual el periodo de construcción se trasladó hasta el 21 de noviembre de 2021.  

Antes de que el plazo de las ampliaciones finalizara, en agosto del 2021 el gobierno regional resolvió el contrato con la constructora, alegando la reducción injustificada del ritmo de trabajo, falta de personal, así como la adquisición de materiales vencidos. Tras la cancelación del contrato, el Consorcio Pizzarotti solicitó al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali dictar una medida cautelar para detener los trabajos en el proyecto.

El Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF indica que la infraestructura física se detuvo con un avance superior al 80%. Aunque por fuera parece que el hospital está listo, lo cierto es que falta implementar el mobiliario médico. La paralización ha supuesto el incremento de la inversión de la obra a S/488 millones.

Una situación similar ocurre en la construcción y equipamiento del nuevo hospital de Iquitos, César Garayar García. En marzo del 2016, el Gobierno Regional de Loreto firmó el contrato por S/192'037,480 con el Consorcio Loreto (integrado por Impresa Pizzarotti, Constructora Mediterráneo, Dextre+Morimoto, Constructora Uranio y Mantto) para culminar la obra en dos años y medio. Actualmente este proyecto se encuentra con contrato resuelto por haber acumulado el máximo de la penalidad por mora e incumplir injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias. Presenta un 65,3% de avance de ejecución de la inversión, de acuerdo al Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.

Los hospitales de Pucallpa, Iquitos y Andahuaylas fueron ejecutados por CMO GROUP, anteriormente denominada Constructora Mediterráneo, que se unió con otras empresas para participar en dichos proyectos. Esta empresa ha sido sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado en el 2021. Impresa Pizzarotti también ha participado de la construcción de los hospitales de Pucallpa e Iquitos.

Infraestructura hospitalaria sin uso

Los hospitales son los megaproyectos a cargo de gobiernos regionales que han sufrido más paralizaciones. Nueve de ellos quedaron en etapa de construcción con una inversión ascendente de S/ 3 mil millones. Al respecto, Portugal Lozano señala que uno de los problemas en la construcción de hospitales es que los expedientes solo consideran la infraestructura, dejando de lado el equipamiento, la cantidad necesaria de médicos para dar operatividad al hospital o si hay recursos para contratarlos. Estos factores también suman al incremento del presupuesto como es el caso del establecimiento de salud San Lorenzo, que se ubica en la provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto. 

La obra inició en febrero del 2020 y debía terminar el 16 de febrero 2021. En diciembre del 2021, el gobierno regional resolvió contrato con el Consorcio Renacer Loretano por incumplimiento de obligaciones contractuales, cuando la obra tenía un avance de 26,3%. El monto de la inversión pasó de S/ 77'085,682 a S/. 121'000,790.

En el grupo de hospitales paralizados hay casos en los que la inversión proyectada y la inversión actualizada sobrepasa el 100% de incremento. Este es el caso del hospital de Tingo María, ubicado en la provincia de Leoncio Prado, región de Huánuco, que fue declarado viable en el 2009 con una inversión de S/90 millones. La actualización de costos realizada en octubre del 2021 a esta obra elevó el presupuesto a S/219 millones, un incremento de 143% con respecto a su viabilidad. Para completar la construcción se debe realizar un nuevo expediente de saldo de obra, ya que se resolvió el contrato con el constructor.

Los expedientes de hospitales dejan lado el equipamiento y los médicos necesarios para darles operatividad.

Pedro Yáñez Sánchez, especialista en gestión pública, señala que puede haber incrementos en la obra, pero aquellos que sobrepasen el 25% de su costo inicial no son normales, por lo que se pide la opinión de la Contraloría para proceder con estos adicionales de presupuesto.

Otros megaproyectos de salud que están paralizados por incumplimiento de contrato o la resolución de los mismos son el hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, El Carmen de Huancayo, Hipólito Unanue de Tacna y Antonio Lorena de Cusco. Este último tuvo como causal de paralización la falta de liquidez, pero el pasado 17 de octubre esta obra se destrabó con la firma del contrato entre el Minsa y el consorcio Sliter para culminar la infraestructura y equiparla hasta el 2024. La construcción de este hospital empezó en el 2008, pero se paralizó en el 2013 por actos de corrupción.  

Regiones pierden con laudos

Pedro Yáñez indica que los concesionarios tienen incentivos para llevar a los gobiernos regionales a laudos arbitrales porque durante la ejecución de esta medida los plazos de la obra se pueden extender y las adendas para reiniciar las obras supondrán el incremento del presupuesto. Además, si las empresas ganan estos procesos el Estado está obligado a asumir todos los costos. 

Este es el caso del hospital Hipólito Unanue de Tacna, una obra de siete niveles ubicada en el centro de la capital tacneña, que sustituirá el antiguo hospital dañado por movimientos sísmicos. El contrato firmado en diciembre del 2015 con el Consorcio Salud Tacna (Consorcio Salud Tacna integrado por Argola Arquitectos, Eductrade, Neso, Mantto, Riva y Assignia) por S/279’291101 señala el término de la obra en 2019. Sin embargo, a la fecha la infraestructura tiene un avance de ejecución del 45,9% y su presupuesto se incrementó a S/ 598'431,044.

El gobierno regional rescindió el contrato con el Consorcio Salud Tacna en junio de 2020 por el incumplimiento de la entrega de ventiladores neonatales durante la pandemia. Esta medida provocó el inicio de diversos laudos en contra de la institución pública. 

EL INICIO. Exgobernador Omar Jiménez aparece junto a otros funcionarios colocando la primera piedra del hospital Hipólito Unanue. La obra debía culminar en el 2019, pero tiene un avance del 45,9%. 

Foto: Andina

OjoPúblico accedió a un laudo arbitral emitido el pasado 27 de junio resultante de la demanda que impuso el consorcio contra el Gobierno Regional de Tacna. En este fallo, el tribunal presidido por Fernando Cauvi Abadía dejó sin efecto la resolución gerencial que declaró resuelto el contrato y estableció que el consorcio no incurrió en retraso injustificado de la entrega de 15 ventiladores, por lo que no debió aplicarse penalidades. Este medio contactó a Luis Alberto Valdivia, gerente general del gobierno regional, para consultarle sobre los alcances de este laudo y el proceso de reactivación de la obra, pero no respondió a nuestra consulta.

El Ministerio Público inició el 2020 una investigación contra 22 personas entre funcionarios regionales e integrantes del consorcio por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato y pagos de 43 ventiladores y monitores mecánicos para cuidados intensivos del hospital Hipólito Unanue.

Jesús Chambi, consejero regional de Tacna, indicó que desde que se inició la construcción del hospital existían problemas de ejecución, pero la gestión del gobernador Juan Tonconi permitió firmar adendas al concesionario que aplazaron los plazos de entrega e incrementaron el presupuesto. 

Chavimochic y Majes Siguas II congelados

Además de los hospitales regionales, dos obras del sector agrícola integran la lista de megaproyectos paralizados en regiones. Se trata de la tercera etapa de Chavimochic, proyecto ubicado en La Libertad, y la segunda etapa de Majes Siguas en Arequipa.  Ambas obras suman una inversión superior a S/ 5 mil millones, pero el desarrollo de las obras físicas es incierto.  

La tercera etapa de Chavimochic empezó su construcción en el 2014 tras su adjudicación al Consorcio Chavimochic SAC (integrado por Odebrecht - Graña y Montero). En febrero del 2017, las obras se paralizaron luego de que el consorcio demandó al Estado por no entregar los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto.  

El presidente del consejo de ministros Aníbal Torres informó recientemente que un tribunal arbitral decidió resolver el contrato con el consorcio, que solicitaba la suscripción de una adenda para culminar la obra de irrigación. Tras este fallo, el gobierno anunció la realización de un expediente de saldo de obra, el cual incluye la culminación del componente de la presa Palo Redondo. La fecha exacta del reinicio de la obra aún es incierta, pero la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Ocampo Escalante, afirmó que se iniciaría el próximo año.

La tercera etapa de Chavimochic y Majes Siguas suman una inversión superior a S/3 mil millones.

Sin embargo, Alfonso Medrano Samamé, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, considera que este plazo es irreal porque tras la resolución del contrato, el Estado demorará unos cuatro años en volver a reactivar el proyecto. Esto representa una pérdida de USD 2 mil millones en exportaciones por cada año que el proyecto no esté en operación, dijo a este medio.

OjoPúblico intentó contactarse con el virtual gobernador de La Libertad, Cesar Acuña, para consultarle sobre la reactivación de Chavimochic, sin embargo el área de prensa del líder de Alianza para el Progreso (APP) indicó que se encontraba fuera del país y que regresaría el próximo mes. En su plan de gobierno planteaba la suspensión del laudo arbitral por mutuo acuerdo y agilizar las negociaciones entre las partes para reiniciar las obras, sin embargo, a raíz de los últimos acontecimientos no será posible ejecutar lo señalado en la hoja de ruta de APP.

Majes Siguas II es otro proyecto de irrigación de larga data paralizado. Desde casi 40 años, Arequipa espera la ejecución de este proyecto que ha tenido diversas paralizaciones causadas por conflictos por el uso de agua entre Arequipa y Cusco, así como por la modificación de su expediente técnico. El último entrampamiento se produjo durante el periodo de gestión de la exgobernadora regional Yamila Osorio (2015-2018), donde la concesionaria pidió suscribir la Adenda N° 13 del contrato, la cual planteaba modificar el sistema de riego de las 38.500 nuevas hectáreas en terrenos agrícolas del proyecto.

En julio del 2022, el Gobierno Regional de Arequipa suscribió la Adenda N° 13 con el consorcio Angostura para reiniciar este proyecto que registra un avance de 14%. La adenda incrementó el costo del proyecto a S/1,472'933,386. Si bien la firma de este convenio supuso el reinicio de la obra, el Gobierno Regional de Arequipa ha informado que el consorcio le comunicó su intención de empezaron los trabajos en abril del 2023 por el periodo de lluvias, cuando el cronograma del contrato establece el reinicio en diciembre del 2022.

Ante un contexto en el que se estima que el crecimiento económico del país descenderá a 2,6% en el 2023, los expertos consultados refieren que es necesario reactivar las miles de obras paralizadas que existen a nivel nacional, en especial aquellas megaobras que implican el cierre de brechas sociales y económicas al interior de las regiones.