CON SUERTE. Empresas que cometieron decenas y hasta cientos de infracciones pueden ser beneficiadas con las rebajas de multas dispuestas por Produce.

Decreto de Produce beneficia a pesqueras infractoras y con millonarias deudas en Sunat

Decreto de Produce beneficia a pesqueras infractoras y con millonarias deudas en Sunat

CON SUERTE. Empresas que cometieron decenas y hasta cientos de infracciones pueden ser beneficiadas con las rebajas de multas dispuestas por Produce.

Foto: Ojo Público/Paul Meza Castañeda

Un decreto supremo del gobierno permite la reducción del 50% al 90% de todas las multas impuestas por el Ministerio de la Producción por infracciones pesqueras. OjoPúblico encontró que en el ranking de las compañías con más deudas y que están aptas para acogerse a este beneficio figuran empresas que son reincidentes en cometer infracciones y, además, acumulan millonarias deudas con la Sunat. De acogerse a la condonación parcial de su deuda, las más beneficiadas serán 62 empresas, que concentran el 80,7% de la deuda total. Defensores de las especies hidrobiológicas cuestionan la norma y señalan que favorece la ilegalidad en el sector pesquero.

7 Agosto, 2022

Con el apoyo de Gianfranco Huamán

Riberas del Mar S. A. C. es una empresa pesquera que le debe al Estado peruano más de 46 millones soles (el valor actual equivalente a 10.115 Unidades Impositivas Tributarias - UIT*), producto de las multas que le impuso el Ministerio de la Producción (Produce) entre los años 2018 y 2022 por una serie de infracciones. Esta compañía, además, arrastra una deuda coactiva de más de 61 millones de soles a la Sunat.

A pesar de este perfil, califica para convertirse en una de las beneficiarias de un decreto emitido por el gobierno que dispone la rebaja de millonarias multas que acumularon compañías y personas naturales del sector pesquero. Pero no es la única deudora y reincidente a la que le alcanza estos beneficios de una norma, que –como se ha documentado para esta investigación– fue impulsada por los gremios pesqueros de consumo humano directo de Chimbote (Áncash), con el apoyo de por lo menos cuatro congresistas de esa región.

Un análisis realizado por un equipo periodístico de OjoPúblico –a partir de una base de datos construida en base pedidos de acceso a la información**– identifica de manera preliminar a un grupo de compañías deudoras y con infracciones previas que podrían beneficiarse del decreto que reduce las multas.

Infractoras, reincidentes y con mucha suerte

La norma en cuestión es el decreto supremo N° 007-2022/Produce, publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo y firmada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones y el ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino.  La medida establece un régimen excepcional por 90 días –hasta el 27 de agosto– para la reducción de entre un 50% y 90% del monto de las multas que se hayan impuesto a empresas y personas naturales hasta la actualidad.

De acuerdo a la investigación de OjoPúblico, la mayor parte de la deuda se concentra en el 2,2% de compañías infractoras: 62 empresas le deben al Estado 1.117,2 millones de soles, equivalente al 80,7% de la deuda total.

El análisis revela también que entre las 20 empresas que lideran la lista de las mayores deudoras ante Produce, figuran otras 17 que también arrastran considerables deudas ante la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat). 

 

Solo las primeras 20 compañías le deben a Produce un aproximado de 1.023 millones de soles (equivalente al valor actual de 222.465,1 UIT*). Estas mismas empresas adeudan a Sunat 96 millones de soles.

De acuerdo a los datos analizados, la empresa que presenta más multas a Produce y Sunat es Riberas del Mar S. A. C., llamada antes LSA Enterprises Perú SAC. Sus deudas suman 46 millones de soles (equivalente al valor actual de 10.115 UIT*). 

Dos de sus multas más grandes se aplicaron en el 2016. Una, de 531,1 UIT, por pescar 331 toneladas de anchoveta sin contar con permiso. La otra, por 202,832 UIT, también por pescar 126 toneladas de anchoveta cuando tenía su permiso suspendido. 

Esta empresa registrada en Áncash le debe, además, a la Sunat –sin incluir costas ni gastos procesales– 61 millones soles. 

20 compañías le deben a Produce un aproximado de 1.023 millones de soles".

La otra compañía con más deudas es Procesadora de Productos Marinos S. A., basada en Moquegua.  Tiene una deuda con Produce de 36.653,12 UIT (equivalente aproximadamente a 168 millones de soles, al valor actual de la UIT*) por pescar anchoveta sin tener autorización. Además, esta compañía le debe a la Sunat –actualizado al 30 de junio de este año– 32 millones soles por deudas tributarias del 2006 al 2022.

OjoPúblico también accedió a la lista de las empresas y personas naturales que tienen deuda en cobranza coactiva producto de las multas de Produce. El análisis de los datos permite conocer que se han impuesto 13.072 multas por infracciones a 2.871 empresas pesqueras. 

Las sanciones impuestas y que se encuentran en cobranza coactiva datan desde 1995 y van hasta el 5 de junio del 2022. Suman en total 126.327,0497 UIT (alrededor de 52 millones de soles). 

 

¿En qué consiste esta reducción de multas?

Según el decreto, pueden acogerse a la medida las compañías o personas que tengan sanciones de multa pendientes de pago, sanciones de multa en plazo de impugnación, sanciones de multa impugnadas en vía administrativa o judicial y sanciones de multa en ejecución coactiva, incluso si estas se encuentran siendo materia de revisión judicial. 

La reducción se ejecutará de la siguiente manera: las empresas o personas naturales que acumulen multas de hasta 50 UIT (en la actualidad, equivalente a 320.000 soles) podrán acogerse a una rebaja del 90% de su deuda; las que tengan multas de más de 50 hasta 200 UIT accederán a pagar con una reducción del 70%, y las que registren multas por más de 200 UIT tienen derecho a que se les condone el 50% de su deuda.

Las que decidan acogerse a este beneficio pueden pagar una cuota inicial del 10% de la deuda y, si el saldo es mayor al valor de una UIT (4.600 soles), lo pueden fraccionar hasta en 12 cuotas mensuales. 

“La rebaja de multas no es automática, es a solicitud de parte y, sobre todo, se debe abonar un monto de enganche (10% de la multa resultante)”, fue la respuesta del Ministerio de la Producción a las consultas realizadas por OjoPúblico

También se les preguntó porqué se había incluido como posibles beneficiarias de este decreto supremo a empresas que acumulan multas millonarias y deudas a la Sunat. La entidad solo señaló que las normas que emite el sector son de carácter general y no particular, por lo que no han sido excluidas “a fin de respetar el debido procedimiento”, pero con una posible reducción del 50% de sus deudas, que “resulta aún millonaria para empresas sin flujo de caja o actividades”. 

Otro argumento que señalaron es que se trata de deudas que tienen poca probabilidad de ser cobradas.

Según el Informe N° 028-2022-PRODUCE/DS-PA, de la Dirección de Sanciones en Pesca y Acuicultura, a la que OjoPúblico tuvo acceso, entre 1995 y hasta el 2021 Produce emitió 11.842 resoluciones directorales de sanción pecuniaria (multas) que están pendientes de pago.

Las infracciones más recurrentes fueron por recibir o procesar especies hidrobiológicas en plantas de reaprovechamiento o residuos que no fueron tales (3.119), presentar documentación incorrecta o no contar con documentos que acrediten el origen legal y la trazabilidad de los recursos (2.726), obstaculizar las labores de fiscalización (2.058), extraer recursos sin el correspondiente permiso de pesca (1.744), transportar o almacenar recursos para consumo humano directo en estado de descomposición (1.549), entre otras.

De acuerdo a otro informe (N° 019-2022-PRODUCE/OEE) son 2.809 personas naturales y jurídicas las que tienen pendiente de pago un total de 1.383,9 millones de soles por multas de Produce. Si todas se acogen a la rebaja, el Estado dejaría de percibir 722,9 millones de soles.

Puerto Chimbote OjoPúblico

REBAJAS. El decreto de Produce pretende incluso reducir las multas que las empresas pesqueras han llevado al Poder Judicial.
Foto: OjoPúblico/ Paul Meza Castañeda.
 

La pandemia como excusa 

La crisis económica que generó la pandemia de la covid-19 ha sido el principal argumento para impulsar la rebaja de multas de hasta el 90% a favor de empresas y personas naturales del sector pesquero. Sin embargo, el decreto no limita sus alcances para las sanciones aplicadas desde marzo del 2020, en que comenzó la pandemia, sino que abarca a todas las multas, incluso las que datan de 1995.

“Con la finalidad de mitigar los impactos económicos generados por la referida pandemia, la cual ha afectado a toda la cadena productiva del sector pesquero, se ha identificado la necesidad de establecer un régimen excepcional y temporal de reducción de las multas”, se lee en los considerandos del Decreto Supremo N° 007-2022/Produce. 

El Informe N° 019-2022-Produce, de la Oficina de Estudios Económicos, que también sirvió de sustento para el decreto, ratifica que es pertinente autorizar la condonación parcial porque hubo un efecto económico negativo a los ingresos de la actividad pesquera debido a que en la tercera ola de la pandemia se incrementaron los contagios y hospitalizaciones, y “(estos) se habrían concentrado en la zona norte-centro del país (zona de mayor actividad pesquera)”.

Con ese argumento, la cobranza de estas multas ha sido dejado de lado para dar paso a la condonación parcial de las mismas.

La crisis económica que generó la pandemia de la covid-19 ha sido el principal argumento para impulsar la rebaja de multas.

El economista Juan Carlos Sueiro, experto en pesquería artesanal e industrial de la organización Oceana, lamentó que el Estado peruano, que tiene poca capacidad para cobrar multas, haya decidido rebajarlas. Comentó que la incapacidad de cobrar las sanciones pecuniarias suele ocurrir porque las empresas tienden a judicializarlas para evitar o retrasar el pago.

Consideró que si de por sí el sistema actual ya es muy débil en cuanto a la capacidad de cobranza de estas sanciones económicas, la condonación perjudica aún más el panorama. “(Esto) alienta los malos comportamientos y la obtención de manera ilícita de ingresos, a través de la trasgresión de la normativa”, dijo a OjoPúblico.

 

Respecto al argumento de rebaja de multas por los efectos de la pandemia, señaló que estas no se generaron por la Covid-19 y, además, los principales beneficiarios no son los pescadores artesanales o administrados que tienen menos recursos y enfrentaron serios problemas económicos y de salud durante la pandemia, sino las empresas. “Eso nos parece inaceptable, que usen algo tan doloroso como la pandemia como argumento para condonar deudas a empresas que en varios de los casos tienen de manera sistemática una forma de operación de esa naturaleza”, cuestionó.

La norma pretende rebajar incluso las multas que están en el Poder Judicial". 

Dentro de Produce no todos estuvieron de acuerdo con la rebaja de las multas. El Consejo de Apelaciones y Sanciones fue la excepción y mostró su desacuerdo, según el informe 028-2022-PRODUCE/DS-PA, al que OjoPúblico tuvo acceso. ¿El motivo? Ya se había otorgado solo unos años antes una condonación similar.

El 29 de noviembre del 2018, durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra Cornejo y cuando era ministro de la Producción Raúl Pérez-Reyes Espejo, se emitió el Decreto Supremo N° 006-2018/Produce, que también reducía multas. En la norma se autorizaba la rebaja en un 59% también para todas las empresas y personas naturales multadas. Un total de 628 administradas se acogieron a este beneficio.

Un punto polémico de la norma es que pretende rebajar también las multas que están en el Poder Judicial. Consultado sobre si es posible que un decreto supremo afecte un proceso judicial, el abogado especializado en derecho administrativo Pablo Rioja Cueva, sostiene que no. 

El profesional explicó que la reducción de la multa “no (puede ser para las judiciales) porque la norma circunscribe dicha potestad administrativa a ‘aprobar facilidades para el pago y descuentos de las multas impuestas por las infracciones en que se hubiese incurrido, incluyendo aquellas que estén en cobranza coactiva’, y por principio de legalidad, solo puede efectuarse ante aquello que está en el ámbito de la vía administrativa, entonces; lo que se encuentra judicializado está excediendo el ámbito de lo autorizado por la norma habilitante”, precisó.

En ese mismo sentido, explicó que las multas judicializadas no se pueden rebajar a través de un decreto supremo porque se violenta el ordenamiento jurídico, pues solo se puede hacer mediante una ley y sería aplicable a partir de los casos que se configuren desde el día siguiente de su publicación y nunca con efecto retroactivo. 

Rioja Cueva, quien revisó el decreto, comentó que este tiene “una redacción de baja calidad jurídica” y en cuanto al fondo, reiteró que Produce se ha excedido en el ámbito de sus potestades administrativas al disponer la rebaja de multas que se encuentran en el Poder Judicial.

Desde Chimbote y con el apoyo de congresistas

Chimbote, uno de los más importantes puertos pesqueros del Perú, ubicado al norte de la capital Lima, ha sido el escenario desde donde se ha gestado este decreto supremo que podría beneficiar a decenas de empresas infractoras reincidentes y deudoras al Estado.

Desde el inicio de la pandemia varios gremios ligados a la pesca de consumo humano directo han exigido la reactivación de su sector a través de alternativas como la reducción de multas. Estos pedidos se plantearon el 2020 y el 2021, pero lo que no consiguieron en esos años, ahora lo lograron en dos meses. 

Una amenaza de paro y cuatro reuniones con el ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, fueron suficientes para convencer al gobierno del presidente Pedro Castillo de rebajar las multas a absolutamente todas las infractoras de las normas que buscan preservar los recursos hidrobiológicos y sancionar económicamente las malas prácticas.

Tres reuniones se llevaron a cabo en el despacho del ministro: el 11 de abril, el 29 de abril y el 16 de mayo. En casi todas estuvieron presentes congresistas de la Bancada Áncash. Incluso en la del 29 de abril participaron la entonces primera vicepresidenta del Congreso y actual presidenta de este poder del Estado, Lady Camones Soriano (Alianza para el Progreso); y sus colegas Darwin Espinoza Vargas (Acción Popular), Nilza Chacón Trujillo (Fuerza Popular) y Kelly Portalatino Ávalos (Perú Libre). Estas reuniones constan en el registro de visitas de Produce.

“Una embarcación embargada no solamente perjudica a los dueños, sino sobre todo a quienes trabajan en toda esta cadena. Se está paralizando toda una cadena de producción… en ese sentido también se podrían plantear facilidades de pago, condonación por porcentajes, y, si su buena voluntad lo permite, de repente la condonación total, dependiendo de los motivos que han originado (la multa)”, dijo Camones Soriano en la reunión del 11 de abril con el ministro de la Producción. 

Su propuesta consiguió los aplausos de la sala, incluidos de su colega Kelly Portalatino. 

“¡Lo logramos, Áncash! Hoy se publicó (...) el decreto supremo que autoriza de manera temporal la reducción de multas para el sector pesquero y acuícola. Esta decisión se tomó luego de las constantes reuniones que tuvimos junto a los gremios de pescadores de consumo humano directo y el ministro de Producción, Jorge Prado Palomino. Seguiremos trabajando para fortalecer y empoderar a los pescadores”, escribió por su parte el congresista Darwin Espinoza el 27 de mayo, día que se publicó el decreto de rebaja de multas.

Javier Pérez Reyes, hermano de Yuri Pérez Reyes, asesor principal del congresista Espinoza Vargas, fue designado el 20 de diciembre del año pasado por el ministro Jorge Prado como director general de la Dirección de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto de Produce, función que desempeñó hasta el 3 de junio de este año, seis días después de publicado el mencionado decreto supremo, fecha en que renunció.

Reunión con ProduceREUNIONES. Congresistas integrantes de la Bancada Áncash participaron en mesas de diálogo entre Produce y los dirigentes pesqueros, donde se abordó la rebaja de las multas.
Foto: Produce.

 

Si bien hubo varios congresistas de Áncash apoyando la rebaja de multas, el pedido públicamente fue planteado y solicitado por la presidenta de la Sociedad Nacional de Alimentos (SNA), Mónica Mezzich Giraldo, y el presidente de la Asociación de Extractores, Procesadores y Comercializadores de Pesca Artesanal de Áncash, Joaquín Cruz Navarro.

Precisamente, el gremio de Mezzich había amenazado que si no eran atendidos por el Ministerio de la Producción los pescadores artesanales, fileteras (mujeres que laboran en las fábricas de conservas de pescado) y demás integrantes de la cadena productiva de pesca para el consumo humano directo iban a acatar un paro el 11 de abril de este año. El gremio de Joaquín Cruz manifestó su respaldo a esta medida de protesta, la que no se realizó porque Produce los llamó a reunión. 

Hubo varios congresistas de Áncash apoyando la rebaja de multas".

Según el registro de visitas de Produce, la empresaria Mónica Mezzich no estuvo presente en las reuniones que sostuvieron los dirigentes de las organizaciones de la cadena de consumo humano directo; sin embargo, este año registra dos ingresos al ministerio: el 18 de enero y el 22 de marzo. En la primera visita se consigna reunión de trabajo con el ministro Jorge Prado, y en la segunda, reunión de trabajo con el director general de Pesca Artesanal, Óscar Díaz Mendoza.

OjoPúblico solicitó entrevista a Mónica Mezzich, quien no se negó a acceder, pero dijo que primero quería que Produce le explique los alcances del decreto, para ver si los beneficia o no; esto pese a que cuando se emitió la norma su gremio lo celebró en redes sociales. Luego ya no respondió las comunicaciones de este medio.

Quien sí accedió a conversar con este medio fue el dirigente Joaquín Cruz Navarro. Dijo que en realidad sus pedidos fueron cuatro: la modificación del cuadro de sanciones del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (Rispac), para que no se les siga aplicando sanciones a las embarcaciones artesanales como si fueran industriales; que las naves artesanales sean fiscalizadas solo por las direcciones regionales de la Producción; que ante el exceso de flota para la pesca para consumo humano directo, el Estado compre los permisos de pesca de decenas de embarcaciones y las desguace (destruya), y la rebaja de las multas.

Sobre este último punto, Cruz Navarro dijo que en las reuniones sostenidas pidieron que la condonación de las multas sea para las embarcaciones que pescan para el consumo humano directo, que incluye a las artesanales y de menor escala, no para la industria, las harineras, las procesadoras de residuos, transportistas u otras. “Nunca pensamos que iba a favorecer a todas, también a las empresas que hacen harina clandestina”, comentó.

El dirigente detalló que en las reuniones sostenidas los funcionarios de Produce tampoco mencionaron que la rebaja iba a favorecer a todas las empresas. “Cuando salió el decreto me di cuenta que favorecía a todas, incluso hay gente que dice que he sido parte de un faenón y que ya tengo una camioneta, cuando yo no estoy enterado de eso, cuando solo pedimos rebaja para artesanales y de menor escala”, alegó.

Alienta la pesca ilegal y la SNP pide su derogatoria

Para el economista Juan Carlos Sueiro, de Oceana, el decreto que dispone la rebaja de las multas es “absolutamente nefasto”, porque perjudica a quienes pagan a tiempo y da beneficios a quienes no cumplen, y, además, podría tener un impacto negativo sobre los recursos hidrobiológicos, los cuales podrían terminar sobreexplotados, porque –insistió– que las empresas podrían cometer infracciones para capturar los recursos con la idea de que luego habrá condonación de multas.

El especialista indicó que si el Estado quiere dar este tipo de beneficios lo mínimo es que tengan un sustento adecuado, no generalidades como se ve en el decreto supremo. Otro aspecto a tener en cuenta sería focalizar a quienes verdaderamente se debe beneficiar.

En esa misma línea, el doctor Julio Gonzales Fernández, exministro de Pesquería durante el gobierno de Alejandro Toledo y actual decano de la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina, consideró que rebajar multas muestra demasiado blando a Produce, y es contraproducente porque las empresas podrían dejar de pagar las multas esperando las condonaciones.

Asimismo, señaló que una condonación de hasta el 90 % de las multas requiere de un estudio más profundo y serio, no solo argumentar que es por la pandemia, porque se trata de multas de muchos años antes y, además, no solo las empresas del sector pesca han sido afectadas por la covid-19, sino todas en general.

pesca produce
CHIMBOTE. Desde este puerto, uno de los más importantes del país en cuanto a descarga de anchoveta, se gestó el pedido de la rebaja de las multas.
Foto: OjoPúblico / Paul Meza Castañeda.

 

Para la fiscal Evelyn Lamadrid Vences, responsable de la Fiscalía en Materia Ambiental (FEMA) del Santa, en Áncash, esta rebaja de multas va a fomentar la ilegalidad en el sector. “Lejos de fomentar el Estado peruano la lucha frontal contra la pesca ilegal, lo que hace es abrir una puerta de par en par para los ilegales”, criticó.

Señaló que en la FEMA del Santa están realmente asombrados con esta decisión del Ministerio de la Producción porque debería actuar como escudo para proteger a los recursos hidrobiológicos, pero hace lo contrario. “Realmente es como una doble moral: dicta una norma (para sancionar) y con otra beneficia a los ilegales”, aseveró.

La fiscal comentó a OjoPúblico que un buen número de multas impuestas es porque las empresas obstruyen la labor inspectiva que de realizarse podría permitir descubrir infracciones que no solo pueden terminar en multas administrativas sino en denuncias penales. Entonces –consideró– las administradas van a preferir seguir obstruyendo las inspecciones para ser multadas, porque la obstrucción no está tipificado como un delito y porque las multas administrativas luego les pueden ser condonadas.

“Se debería ver otro modo de beneficiar a los emprendedores, pero no a quienes realizan actividades de modo ilegal… El Estado debe garantizar la sostenibilidad del recurso. No se les debe dar un beneficio tan grande a los ilegales”, insistió.

Cayetana Aljovín Gazzani, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), gremio que agrupa a las corporaciones pesqueras de anchoveta más importantes del país, también mostró su desacuerdo con el decreto supremo. “La posición gremial es que se derogue la norma”, señaló en respuesta a un cuestionario planteado por OjoPúblico.

La abogada indicó que no han tenido ninguna participación directa ni indirecta en la gesta para la rebaja de las multas. “Desde que asumí la presidencia del directorio de la SNP, en el año 2019, nunca hemos solicitado un pedido de reducción ni mucho menos condonación de multas; por lo tanto, no estamos de acuerdo con esta medida. Hasta donde tenemos entendido, la Sociedad Nacional de Alimentos, antes Sociedad Nacional de Anchoveta, es la que ha estado al pendiente de este tema”, acotó.

Frente a estos cuestionamientos, el Ministerio de la Producción dijo que con la rebaja de las multas se ha priorizado la reactivación de la cadena productiva y “la seguridad alimentaria de todos los peruanos”, porque se antepone el pago de planillas, el cumplimiento con proveedores, la cadena de pagos y la alimentación en general, “toda vez que Produce no tiene como objetivo principal recaudar por concepto de multas”.

Las respuestas enviadas a este medio agregan que las multas tienen, entre otros, la finalidad de retribuir el daño cometido y, además, desalentar la nueva comisión de infracciones. “En el presente caso no estamos frente a una condonación de multas, sino más bien frente a una rebaja y fraccionamiento”, señaló el ministerio.

OjoPúblico solicitó con anticipación entrevistas a los congresistas Lady Camones Soriano y Darwin Espinoza Vargas; a la presidenta de la Sociedad Nacional de Alimentos, Mónica Mezzich Giraldo. Hasta el cierre de esta nota, aunque se insistió, no hubo respuesta de ninguno.

Según documento entregado por Produce el 12 de julio, hasta ese entonces 109 administradas han solicitado acogerse a la rebaja de multas. 16 de estos pedidos, que representan sanciones económicas por 391 UIT, ya fueron atendidas, en tanto 93 están pendientes. Estos últimos representan 1.133 UIT.

 

* Los pedidos de información al Ministerio de la Producción, los cuales fueron atendidos de modo parcial. 

** Los montos UIT han sido multiplicados por el valor actual, en los que casos en los que Produce no entregó información del año.

 

 

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