Conflicto entrampado: autoridades locales relegadas y aspiraciones políticas en Las Bambas

Desde que los comuneros de Fuerabamba ingresaron a las instalaciones de MMG Las Bambas, el pasado el 14 de abril, alcaldes y el gobernador de Apurímac han permanecido en un segundo plano de las conversaciones para resolver el conflicto. Participan solo como veedores en los intentos de diálogo, pues los dirigentes de las comunidades prefieren trato directo con el Gobierno central y la minera. La imagen de los liderazgos comunales se ha fortalecido y algunos tienen aspiraciones políticas hacia las elecciones regionales y municipales de este año.

ALERTA. Comuneros de Huancuire se mantienen en terrenos destinados a la construcción del segundo tajo de Las Bambas.

ALERTA. Comuneros de Huancuire se mantienen en terrenos destinados a la construcción del segundo tajo de Las Bambas.

OjoPúblico / Vidal Merma

El conflicto entre las comunidades quechuas del corredor minero y MMG Las Bambas ha cumplido un mes y la solución aún parece lejana desde que los comuneros de Fuerabamba ocuparon las instalaciones de la empresa el 14 de abril. La reunión programada con el gobierno para el 10 de mayo en la comunidad de Pumamarca, acabó cuando los dirigentes de Fuerabamba, Huancuire, Chila, Choaquere, Pumamarca y Chuicuni abandonaron el lugar. No se lograron consensos, pues los líderes solicitaban que se levantara antes el estado de emergencia en la zona.

Los ánimos en la región Apurímac fueron atizados por las últimas declaraciones del presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres en el Congreso de la República, durante su interpelación el jueves 12 de mayo. El titular de la PCM aseguró que no tenía previsto acudir a la mesa de diálogo realizada en Pumamarca por miedo a ser secuestrado por los comuneros.

El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, respondió inmediantamente en un comunicado: "No somos secuestradores, lo seguimos esperando con la firme esperanza de resolver los conflictos sociales de nuestro pueblo en la provincia de Cotabambas". Esta comunicación ha sido una de las pocas intervenciones que ha tenido la autoridad en el conflicto.

No somos secuestradores, lo seguimos esperando con la firme esperanza de resolver los conflictos sociales", dijo Baltazar Lantarón.

Las autoridades locales están relegadas de las conversaciones para solucionar el conflicto y solo participan como veedores en algunos actos celebrados entre las comunidades y funcionarios del Gobierno central. Rildo Guillén es alcalde de la provincia de Cotabambas, donde se encuentran los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, declarados en emergencia desde el 27 de abril a raíz del conflicto minero. La autoridad estuvo en la reunión del martes 10 de mayo, pero su participación fue restringida. No tomó la palabra ni firmó el acta final de la reunión.

Rildo Guillén señaló a OjoPúblico que no se dirigió a la población a pedido de los presidentes de las comunidades, quienes desean mantener las conversaciones directas con el Gobierno y la empresa. Aseguró que por este motivo otros alcaldes no se pronuncian públicamente sobre las demandas de la comunidad o el conflicto. Sin embargo, dijo que uno de los actos de gestión que realizaron fue el envío de oficios al Gobierno, solicitando la instalación de una mesa de diálogo.

 

Rechazan a alcaldes en las negociaciones

 

"Las autoridades locales somos veedores", así define Rildo Guillén el rol de los alcaldes de la provincia de Cotabambas a pedido de las comunidades. Esta versión fue negada por el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas. El dirigente indicó que los alcaldes no pueden ser neutrales ya que ellos dependen de la transferencia de recursos del Ejecutivo. Por ello, aseguró que no permitirán que alcaldes o el gobernador tomen parte en las negociaciones entre las comunidades y la minera.

La solución del conflicto no solo restituiría la paz social en las comunidades de Apurímac, sino que representaría el retorno de ingresos por concepto de canon y regalías mineras a sus municipios. El alcalde de Cotabambas asegura que esta paralización ha tenido un impacto en los recursos percibidos por su municipio. El 2021 recibieron una transferencia de S/25 millones por regalía contractual, mientras que la cantidad transferida el 2022 por este concepto, hasta la fecha, es de S/4 millones. Este tipo de regalías representan el 3% de los ingresos netos que obtiene la minera y se pagan de forma mensual a gobiernos locales, gobierno regional y universidades.

Pese al rechazo de los comuneros a la participación de otros actores políticos en el conflicto, hay un sector de ciudadanos de Apurímac que exige mayor presencia de sus autoridades. Los empresarios de la región, agrupados en la Cámara de Comercio Apurímac, aprueban que Baltazar Lantarón haya pedido que el primer ministro se acerque a Cotabambas a dialogar. 

gobernador-presidente-mayo-vidal-merma

CUESTIONAMIENTO. El gobernador de Apurímac pidió al presidente Pedro Castillo que el primer ministro Aníbal Torres acuda a la provincia de Cotabambas.
Foto: GORE Apurímac

 

"El gobernador regional tomó la actitud que debió tener hace mucho tiempo", dijo Edward Palacios, presidente de la Cámara de Comercio. Estima que por la paralización de las actividades de la mina se está perdiendo S/1,2 millones diarios por concepto de canon y regalías, y unas 8.000 personas no se encuentran trabajando.

Para la politóloga Paula Távara Pineda, la escasa presencia de autoridades locales en este conflicto se puede deber a dos factores. El primero relacionado con un fallido proceso de regionalización, donde las autoridades locales no tienen autonomía presupuestal, por lo que deben esperar las transferencias del Gobierno central. Tampoco tienen autonomía para resolver conflictos que ocurren en su territorio porque el Ejecutivo ha concentrado este poder en la PCM y ministerios. 

"El que yo vote por un alcalde para que gestione el recojo de basura, pistas y veredas, no significa que la población crea que las autoridades locales son gestores políticos. En nuestro país es así como se ha ido construyendo la representación. Este tipo de conflictos con demandas grandes no pasan por los gobiernos locales y la población se ha acostumbrado a ver que nada se resuelve en lo local, sino con las autoridades nacionales", señaló Távara Pineda.  

Sobre este punto, también indicó que es perjudicial que las autoridades no participen de las mesas de diálogo entre las comunidades y la minera, sobre todo cuando se negocia la construcción de obras relacionadas con el desarrollo de la localidad.

Aunque desde el 2019 la región cuenta con un equipo interinstitucional de gestión de conflictos, integrado por representantes del gobierno regional, gobiernos locales y la Defensoría del Pueblo, esta instancia no participa en el diálogo de ningún conflicto relacionado al corredor minero. Artemio Solano, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Apurímac, indicó a OjoPúblico que este equipo interinstitucional ve problemas de límites entre comunidades. Sus prerrogativas no llegan a conflictos de la gran o mediana minería.

La población se ha acostumbrado a ver que nada se resuelve en lo local, sino con las autoridades nacionales", señaló Paula Távara.

El capital político es el segundo factor por el que las autoridades locales no se pronuncian en esta crisis, sostiene Távara Pineda. Este es el último año de gestión de los alcaldes y gobernadores, muchos de ellos postularán a otros cargos y quieren mantener una buena imagen. El manejo inadecuado del conflicto en Las Bambas puede dañar su figura política. "Muchos de ellos colocan sus prioridades en lo que sí pueden manejar, que es la herencia política que van a dejar", indicó.

 

Dirigentes con aspiraciones políticas

 

Uno de los políticos locales que en los últimos días ha tenido protagonismo es el gobernador regional Baltazar Lantarón. Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto Parcco Chinquillay, le exigió al presidente Pedro Castillo enviar al primer ministro, Aníbal Torres, a dialogar directamente con los comuneros. Este pedido fue respondido por el propio Torres en su interpelación en el Congreso, en la que indicó que no tenía previsto ir a Las Bambas por temor a ser secuestrado.

Si bien el reclamo de Baltazar Lantarón al presidente Castillo fue bien visto por un sector de la región, lo cierto es que el gobernador tiene varios cuestionamientos. En febrero de este año el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso (provincia Grau) lo declaró persona no grata. Esta organización se mostró en contra de la propuesta de crear un nuevo corredor minero que dé salida directa al mineral de Las Bambas al puerto de Marcona, en la región Ica, ya que el proyecto generaría conflictos entre comunidades originarias y nativas.

Eliseo Huamaní, prefecto regional de Apurímac, señaló a OjoPúblico que "la actitud del gobernador no es gratuita, ya que está cuestionado en Apurímac". El gobernador regional también afronta una investigación por el presunto delito de colusión en la compra de 10 ambulancias por un valor superior a los S/3 millones. Por esa investigación, en 2020 el Ministerio Público y la Policía allanaron su vivienda. 

Aunque Lantarón no puede presentarse a la reelección, podría postular a otro cargo en futuras elecciones. En el 2016 se postuló, sin éxito, al cargo de congresista por el partido político Acción Popular.

En cuanto a los alcaldes de las localidades en conflicto, varios han ocupado cargos públicos y postulado a otros en diversas oportunidades. Antes de ser alcalde provincial de Cotabambas, Rildo Guillén fue consejero regional de Apurímac. Mientras que el alcalde distrital de Challhuahuacho, Porfirio Gutiérrez, postuló en dos ocasiones antes de ser elegido burgomaestre. No se sabe aún cuál será su futuro político, pues el plazo para oficializar una candidatura para las elecciones regionales y municipales vence el 14 de junio.

De parte de la dirigencia de las comunidades, también existe un interés por incursionar en la vida política. El dirigente Edison Vargas es accesitario de regidor en una de las listas de Perú Libre que postula a la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho. El también presidente de la comunidad de Fuerabamba señaló a OjoPúblico que su postulación no tenía nada que ver con las demandas de la comunidad.

En la misma lista que Edison Vargas se encuentra el expresidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas Paniura, que postula al cargo de primer regidor. El exdirigente participa de las manifestaciones de los comuneros de Fuerabamba, pero alejado de la dirigencia. 

dirigentes-las-bambas-mayo
UNIÓN. Los representantes de seis comunidades realizaron recientemente una ceremonia de integración como un solo frente de lucha contra MMG Las Bambas.
Foto: OjoPúblico / Vidal Merma  
 

Rojas Paniura fue detenido en 2019 junto a los asesores legales Jorge y Frank Chávez Sotelo, y acusado de pertenecer a una red criminal dedicada a la extorsión, pero luego fue liberado. La investigación continúa con los implicados en libertad. 

Fuentes de OjoPúblico en Abancay, capital de Apurímac, indicaron que los hermanos Chávez Sotelo se encuentran en la ciudad, pero no se les ha visto en actividades relacionadas al actual conflicto. La defensa de la comunidad de Fuerabamba ha sido asumida por Luis Muñoz, un abogado de la ciudad de Cusco. 

En tanto, la asesoría legal de los comuneros de Huancuire está a cargo de Alexander Anglas, quien se encuentra en la zona y participa de las negociaciones con el Ejecutivo. Él fue una de las últimas personas que tomó la palabra en la fallida mesa de diálogo instalada en Pumamarca, el martes 10 de mayo. 

La figura de los asesores legales ha tomado mayor protagonismo en la comunidad de Huancuire, ya que se han presentado varios recursos legales contra la minera. Uno de ellos para pedir la nulidad de la venta de 132 hectáreas donde se construirá el futuro tajo de Chalcobamba. 

Al no tener el apoyo de los asesores legales de municipalidades o el propio gobierno, las comunidades recurren a estas asesorías privadas que, aunque necesarias, en años anteriores han sido cuestionadas por presuntos actos de extorsión y abuso hacia las propias comunidades.

 

Noticias Relacionadas