En Perú, el servicio educativo presencial fue una de las primeras actividades afectadas por el inicio de la pandemia de covid-19, en marzo de 2020. Sin embargo, el cambio hacia la enseñanza virtual no fue acompañado por una reducción en los cobros de pensiones y de trámites de parte de las universidades. En este contexto, 65 casas de estudios recibieron amonestaciones y sanciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por realizar cobros indebidos a sus estudiantes y condicionar el trámite de documentos internos al pago de mensualidades de enseñanza, entre otras infracciones. 

Dentro de ellas, sobresalen los casos de las universidades con licenciamiento denegado por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). Desde junio de 2020 hasta marzo de 2022, el Indecopi multó en última instancia por más de S/5'180.000 a 25 de las 48 casas de estudios que no garantizaron ante la Sunedu condiciones básicas de calidad en el servicio que prestaban. Sin embargo, en los últimos meses diferentes iniciativas legislativas han buscado debilitar las funciones de este organismo. 

El Pleno del Congreso tiene pendiente de segunda votación un dictamen que reduce la autonomía de la Sunedu, al cambiar la composición de su consejo directivo y sumar a representantes de las universidades sin concurso público previo. También tiene otra iniciativa en agenda, cuya aprobación le daría una oportunidad para volver a operar a universidades que se encuentran próximas al cierre de sus actividades, por no acreditar condiciones básicas de calidad educativa.   

65 universidades recibieron amonestaciones y sanciones del Indecopi desde junio de 2020 hasta marzo de 2022".

Asimismo, la Sunedu aprobó, el 12 de abril pasado, una resolución para aumentar el plazo de cese de actividades en universidades con licencia denegada. Esta medida, diseñada para que los estudiantes culminen su formación en sus universidades de origen, brinda como máximo un año adicional para las instituciones que no accedieron a este beneficio aprobado como consecuencia de la pandemia. 

Frente a este escenario, OjoPúblico analizó las resoluciones firmes de Indecopi —en última instancia desde el inicio de la pandemia hasta marzo de este año— donde se encuentran las amonestaciones y multas contra 65 universidades privadas y públicas de 16 regiones del país, que en conjunto acumularon más de S/12’800.000 en infracciones contra los derechos de sus estudiantes. ¿Cuáles fueron las más sancionadas y bajo qué conceptos?

Licenciamiento denegado e infractoras

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con sede principal en Lima, es la primera en la lista de las más sancionadas por Indecopi, entre las 25 instituciones que no lograron aprobar su licenciamiento ante la Sunedu. Esta institución, en proceso de liquidación a cargo de Gestión Económica S.A.C., acumula 18 multas en última instancia entre julio del 2020 y febrero de este año por más de S/1'540.000. De este total, según información enviada por Indecopi, a la fecha, la universidad solo pagó S/4.400, es decir, menos del 0,3% del total. 

Un proceso sancionador, resuelto en octubre de 2021, representa el 88% de todas las multas contra esta casa de estudios. En este expediente, el Indecopi determinó que la universidad tuvo tres infracciones: exigió a sus estudiantes —pese a que la ley lo prohíbe— estar al día en sus pagos académicos para realizar cualquier trámite interno, obligó la contratación de un “seguro universitario” (S/35.00) y “examen médico” (S/25.00) para brindar el servicio educativo, y exigió que los alumnos presenten “documentación innecesaria” para realizar trámites administrativos. 

La universidad señaló en sus descargos a Indecopi que contaba con “autonomía económica” para “determinar los mecanismos de generación de sus ingresos” y agregó que, a través de un consejo universitario, realizado en diciembre de 2020, eliminó “cualquier medida que pudiese resultar ilegal, habiendo subsanado su conducta”. Sin embargo, el Indecopi indicó que este hecho ocurrió luego del proceso sancionador y, por ello, no correspondía eximir o reducir la sanción impuesta. 

25 de las 48 universidades que no lograron el licenciamiento de la Sunedu recibieron multas firmes del Indecopi por más de S/5,1 millones.

En octubre de 2019, la Sunedu denegó el licenciamiento de la Garcilaso de la Vega porque el centro de estudios no había demostrado el desarrollo de capacitaciones a sus investigadores: evidenció que solo el 11% de sus docentes trabajan a tiempo completo y no probó el vínculo laboral con el 40% de sus profesores, entre otros puntos que sustentaron la decisión del organismo supervisor para ordenar el cierre de la institución.

A pesar de que esta universidad ha anunciado su cese de operaciones para marzo de 2023, un dictamen que recoge proyectos de ley de las bancadas de Acción Popular, Perú Libre y Renovación Popular le otorgaría una segunda oportunidad para poder presentar un nuevo proceso de licenciamiento. 

La iniciativa se encuentra pendiente de ser debatida en el Congreso y, de ser aprobada, favorecería a 11 universidades privadas asociativas como la Garcilaso o la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech), la segunda más infractora entre las no licenciadas, según lndecopi. La Uladech, con sede en la región Áncash y licenciamiento denegado en febrero de 2021, tiene más de S/706.000 en multas por nueve sanciones impuestas entre 2020 y 2021. Todas ellas fueron pagadas a la fecha.

La más alta de las infracciones —por casi S/350.000— fue por haber señalado a sus estudiantes que, si tenían una cuota vencida en sus pensiones, perderían el acceso al Entorno Virtual Angelino (EVA), una plataforma implementada para reforzar las clases, presentar tareas y participar en foros u otras actividades académicas. 

INFRACTORA. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega se ubica como la más multada por Indecopi, entre las 26 casas de estudio con licenciamiento denegado por Sunedu. 

Foto: Andina. 

Esta universidad también recibió otras multas por condicionar a sus estudiantes a la adquisición de un “formato único” y “documentación innecesaria” para realizar diferentes trámites internos. En su defensa ante Indecopi, la Uladech indicó que esta era una “práctica común” en las universidades y no había recibido “reclamos de estudiantes” por el cobro. Pese a esta respuesta, la institución informó al Indecopi que modificó sus reglas meses después del inicio del proceso sancionador. 

De acuerdo con la Sunedu, la institución educativa no logró el licenciamiento porque no acreditó el manejo de sistemas que garanticen el acceso continuo de agua potable en nueve de sus 13 locales, no cuenta con protocolos de seguridad y salud para sus laboratorios de prácticas, y no tiene una política de investigación alineada a su planificación institucional, entre otros requerimientos. 

La tercera casa de estudios sin licenciamiento y más sancionada por Indecopi es la Universidad Peruana de Las Américas, de Lima. Esta casa de estudios tiene más de S/500.000 por cuatro sanciones, impuestas en julio de 2020 y todas pagadas a la fecha. La de mayor valor, más de S/346.000, se fijó porque la institución condicionó la atención de reclamos de sus alumnos al pago de un documento denominado “formato de solicitud”. Por esta práctica, Indecopi determinó que la universidad tuvo un “beneficio ilícito” que ascendió a más de S/98.000. 

El cese definitivo de esta universidad se encontraba fijado para el 20 de abril pasado, pero la reciente resolución de Sunedu —de acogerse a este beneficio— le otorga un plazo extraordinario de máximo un año para culminar el proceso. Fuentes del sector indicaron que la casa de estudios todavía no ha iniciado el trámite. De acuerdo al organismo supervisor, esta institución no logró el licenciamiento por no tener una política de gestión de fondos para recursos de investigación, contar con un porcentaje mínimo de beneficiados en sus convenios de prácticas para sus egresados y otros.  

En la lista también aparecen la Universidad Telesup, fundada por el congresista José Luna Gálvez, y la Universidad Alas Peruanas, vinculada a la familia de Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular y hoy precandidato a la alcaldía provincial de Cajamarca por el movimiento regional Cajamarca Siempre Verde. Estas dos casas de estudios de Lima tienen multas por S/423.000 y más de S/336.000, de manera respectiva. En el caso de Telesup se cancelaron solo S/65.100, mientras que Alas Peruanas pagó toda su deuda.

El exsuperintendente de la Sunedu y director de Umbral Observatorio Educación Superior, Martín Benavides, sostuvo que las multas a estas universidades también se presentaron durante los procesos de licenciamiento. Benavides señaló, además, que este comportamiento demuestra lo "alejadas" que estaban para brindar un servicio educativo con condiciones básicas de calidad, lo que luego "las llevó a perder su autorización de funcionamiento".  

Sobre el dictamen en el Congreso que puede favorecer a universidades con licenciamiento denegado, Benavides considera que sería un retroceso para la reforma universitaria que está en una etapa de mejora y necesita "seguir fortaleciéndose". El también exministro de Educación agregó que esta medida representaría un "nuevo golpe para las familias que aspiran a que sus hijos estén en universidades que garanticen condiciones mínimas de calidad y un trato justo como consumidores". 

OjoPúblico contactó a las cinco universidades mencionadas para conocer qué medidas habían adoptado para no reincidir en nuevas infracciones, pero al cierre de esta publicación no atendieron los correos ni las llamadas realizadas a su central telefónica. 

Entre junio de 2020 y marzo último, 40 universidades privadas y públicas licenciadas acumularon más de S/7,6 millones en sanciones del Indecopi".

 

Otras infractoras

En el caso de las casas de estudio privadas licenciadas, la primera en la lista de sancionadas es la Universidad Esan, con sede en Lima, y con tres infracciones —todas pagadas— por más de S/2'260.000. La más elevada, de S/1’980.000, correspondió por exigir a sus estudiantes estar al día en sus pensiones de enseñanza para tramitar documentos como constancia de créditos, rendimiento académico y examen de rezagados, entre otros. 

La Universidad Peruana Cayetano Heredia, de Lima, se ubica segunda en este otro grupo de instituciones sancionadas por Indecopi. En setiembre de 2020, el organismo supervisor le impuso una multa de más de S/1'300.000 por el cobro de un interés moratorio superior al permitido por ley, y por condicionar el trámite de documentos académicos al estar al día en el pago de pensiones. A la fecha, la sanción se encuentra pagada.

SANCIONADA. La Universidad Esan lidera la lista de más infractoras, con más de S/2,2 millones en multas pagadas, entre las instituciones licenciadas del sector público y privado.

Foto: Andina. 

La Universidad Ricardo Palma, con sede en Lima y cuyo rector Iván Rodríguez Chávez ha sido un férreo opositor de la reforma universitaria, aparece en tercer lugar con más de S/934.000 en multas por cuatro infracciones impuestas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. De ese total, la casa de estudios apenas ha pagado S/3.300.

Dentro de las infracciones identificadas se encuentra restringir el servicio educativo por falta de pagos de pensiones de enseñanza y requerir la adquisición de un formato de “solicitud” para realizar trámites internos. Según información de Indecopi, esta universidad judicializó un proceso sancionador, lo cual congeló el pago de tres multas por S/929.000.  

Entre las casas de estudios particulares licenciadas y multadas también aparece la Universidad Privada del Norte, con sede de fundación en Lambayeque, por más de S/705.000. La misma ha pagado apenas S/12.900 y el resto lo ha judicializado. La Universidad del Pacífico, de Lima, con más de S/420.000 en multas también ha llevado el proceso a la vía judicial. Mientras que la Universidad Peruana Los Andes, de Junín, fue sancionada con más de S/267.000. Las multas, en este caso, fueron pagadas en su totalidad.

Si bien la Sunedu, dentro de sus competencias, solo verifica el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Universitaria, el director de Supervisión de esta institución, Fernando Lazarte Mariño, considera que la imposición de multas puede influir en la sostenibilidad financiera de las casas de estudio, un punto que tiene un "relación directa" con el "cumplimiento de las condiciones básicas [de calidad educativa]".

Lazarte Mariño agregó que, para los procesos de renovación de licenciamiento que deberán iniciar las universidades en los próximos años, Sunedu también ha puesto atención al impacto de las multas en la economía de las instituciones educativas. "Podría haber una situación de carácter financiero que podría afectar la sostenibilidad de las condiciones básicas de calidad. Eso ha pasado con algunas universidades que tienen deudas por multas y tributarias. Y puede ser, eventualmente, considerado en un análisis general", dijo.

Un tercer grupo de casas de estudios está integrado por nueve universidades públicas. Este tuvo como la más infractora a la Universidad Nacional del Santa de Áncash, con más de S/354.000 en sanciones firmes, impuestas por el Indecopi entre 2020 y 2021. El pago de todas las infracciones se encuentra pendiente por haber judicializado los casos. Esta universidad registró 14 infracciones, la más alta de ellas (S/230.000) por haber ofertado y brindado el servicio de seis programas de postgrado sin tener la autorización correspondiente para ello. 

En la lista también figura la Universidad Nacional de Ucayali, con S/230.000, que no fueron cancelados porque se encuentran en la vía judicial. A ella se suman, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Áncash), con S/32.200 por dos infracciones sin pagar, y la Universidad Federico Villarreal (Lima), con S/31.100 en sanciones, de los cuales pagó S/24.200. Al cierre de este informe, ninguna de las universidades mencionadas atendió los correos ni las llamadas realizadas por este medio.