La noche del 23 de mayo, el centro poblado de San Miguel del Ene, en el distrito de Vizcatán del Ene (Satipo, Junín) y que forma parte del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), se convirtió en el escenario de un asesinato múltiple que, seis meses después, las autoridades aún no identifican a los responsables. Aquel día fueron acribilladas 16 personas, entre ellas cinco menores de edad, que se encontraban al interior de dos bares ubicados a algunos metros del río Chimpinchariato. Luego de asesinar a sus víctimas, los atacantes prendieron fuego sobre algunos cadáveres.

Al día siguiente de aquella noche trágica, la noticia llegó a Alejandra Ccahuana de Ochoa, de 62 años. Sus hijas Marcelina, Dianee y Carmen Ochoa Ccahuana, así como sus nietas de uno y tres años de edad, figuraban entre las víctimas. Desde entonces, sin mayor información sobre el atentado que le arrebató a su familia, dice que solo confía en la justicia divina, que no cree en ninguna otra forma para encontrar la verdad sobre lo que pasó con sus hijas y nietas.

Luzmila Gutiérrez es vecina y amiga de doña Alejandra. Se conocen desde hace más de 10 años y, tras el crimen, se ha convertido en su apoyo. “A las autoridades les pediría que ayuden a la mamita, está mal, la muerte de sus hijas y nietas le ha chocado bastante, no lo supera. A veces llora, va al cementerio y les lleva flores, ese es su único consuelo”, cuenta. Refiere, además, que doña Alejandra tiene una enfermedad en los huesos que le dificulta realizar actividades laborales, sin embargo, de vez en cuando, sale a las calles para vender alimentos y poder subsistir.

Seis meses después de la masacre en Vizcatán del Ene, en el Vraem, no hay ningún responsable identificado".

Gustavo Flores Mendoza es padre de un adolescente de 17 años que también fue acribillado el 23 de mayo. El joven había llegado una semana antes al lugar del ataque terrorista, cuenta don Gustavo a través de una llamada telefónica. Era el segundo de sus cuatro hijos y soñaba con verlo convertido en un profesional para que no atravesara las carencias por las que él pasó. Estudiaba Mecánica de Maquinaria Pesada en un instituto de la  provincia de Tarma y el 11 de mayo dejó su casa en busca de trabajo. Pensó que trabajaría en La Merced o en Chanchamayo, pero dos días después le llamó para avisarle que estaba en San Miguel de Ene.  

“No comprendemos por qué le han hecho eso, él no tenía la culpa de nada”, lamenta don Gustavo. Tuvo que prestarse dinero de sus familiares y vecinos para comprar el nicho y el ataúd de su hijo. Ahora, agobiado por las deudas, ha duplicado sus jornadas de trabajo en la chacra, pues aún tiene tres hijos por quienes velar. “No tengo dinero para andar y buscar justicia, mi familia es humilde (...) pido al Estado apoyo, quisiera que alguien me informe porque ahora no sé nada”, señala.

El riesgo de que el caso sea archivado

El 24 de mayo, un día después de la matanza en San Miguel del Ene, las pesquisas fueron asumidas por la fiscal Eneida Aguilar Solórzano, de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco, quien abrió una investigación preliminar por 120 días.

El 1 de setiembre se emitió la Resolución N°1212-2021-MP-FN que quitaba facultades a la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco sobre los casos de Selva Central (Chanchamayo, Satipo, Oxapampa y Monobamba) y la zona del Vraem, con excepción de procesos de colaboraciones eficaces, incidentes que corresponden a los actos especiales de investigación (agentes encubiertos y especiales) que se encuentran en trámite y los hechos sucedidos en Vizcatán del Ene.

La decisión de la Fiscalía de la Nación fue vista por Aguilar Solórzano como un recurso para optimizar el desarrollo de la investigación, pues serviría para disminuir la carga procesal que afronta y acelerar las indagaciones en torno a la matanza en San Miguel del Ene, según indicó en una entrevista con RPP hace dos meses. Pero el plazo de la investigación preliminar ya venció, por lo que la fiscal Aguilar Solórzano solicitará que la investigación se declare compleja, con lo que podrá ampliar a 180 días el tiempo para continuar con las pesquisas, indicó a OjoPúblico. “Ahora tengo el caso en mi despacho y lo estoy adecuando al nuevo Código Procesal Penal, lo que corresponde hacer para acceder a otro plazo”, precisó.

Al respecto, la directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano Legua, recomendó al Ministerio Público brindarle el apoyo necesario a esta fiscalía para que pueda concluir con éxito la investigación. “Si no consigue más pruebas [para formalizar la investigación] el caso puede ser archivado”, explicó. Asimismo, la abogada lamentó que la carga procesal que afronta la Fiscalía lleve a que las investigaciones que realiza en casos de terrorismo, derechos humanos o crímenes que tenga relación con organizaciones criminales demoren mucho tiempo. 

DOLOR. Alejandra Ccahuana de Ochoa ante los féretros de sus tres hijas y dos nietas asesinadas en el atentado en San Miguel del Ene. 

Foto: Caleb Mendoza

La fiscal Aguilar Solórzano aseguró que ya tiene una línea de investigación respecto a este crimen y que todo, según su hipótesis, apunta a que se trata de un caso de terrorismo. Respecto a la hipótesis del Ministerio Público, Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico y seguridad, indica que hay indicios para confirmar que, efectivamente, el crimen fue perpetrado por remanentes terroristas, ya que ellos hacen asesinatos selectivos para mantener el “orden” en los territorios donde tienen influencia. En este caso su mira son los cuchipampas o cantinas, precisa Yaranga. 

Por lo pronto, las diligencias para recoger las declaraciones de los testigos, sobrevivientes y familiares cercanos de las víctimas ya se han concretado. Algunos de los sobrevivientes que están colaborando en las indagaciones han sido acogidos al Programa de Protección de Testigos del Ministerio Público a través del cual se les ha otorgado protección policial, siempre y cuando lo hayan solicitado, explicó la fiscal.

Por su parte, la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) informó que el defensor público de Pichari, Valentín Cayllahua Sullca, asumió la defensa legal de los familiares de las víctimas identificadas como Jover Raúl Limaytanta Coronel, Alejandra Cahuana de Ochoa, Lizbeth Mayra Quispe Rodríguez, Gustavo Noé Flores Mendoza y Mery Candiotti Rojas.

El Minjus informó también que el defensor público ha participado en las diligencias de recolección de declaraciones de los familiares. Una vez la Fiscalía de Huánuco formalice la investigación preparatoria el caso será derivado a la Fiscalía Supraprovincial de Delitos de Terrorismo de Lima, instancia en la que los familiares de las víctimas continuarán recibiendo el patrocinio legal de la Defensa Pública.

Gloria Cano indicó que si bien las víctimas [familiares y sobrevivientes] deben esperar todo el proceso judicial para evaluar si pueden acceder a una reparación civil, el Gobierno debe brindar seguridad a las víctimas y garantizar que se recuperen física y mentalmente.

Una comisión congresal que no se instala 

El pasado 12 de agosto, el nuevo Congreso aceptó el pedido de los congresistas Alex Flores Ramírez y Silvana Robles Araujo, quienes solicitaron conformar una comisión investigadora en torno a la matanza de Vizcatán del Ene. La comisión debía realizar esa labor en un plazo de 120 días; sin embargo, a más de tres meses de aprobada la moción, no hay ningún avance.

El congresista Flores indicó que desconoce los motivos por los que, a pesar de haber sido una de las primeras comisiones aprobadas, no han comenzado a trabajar. Los responsables de este grupo ya han sido designados y solo están a la espera de la instalación de la comisión, lo cual depende de la decisión de la Mesa Directiva del Congreso.

Por su parte, la congresista Silvana Robles, a través de un mensaje de texto, indicó que había sido ratificada por su partido (Perú Libre) ante el oficial mayor Hugo Roviro Zagal para ser parte de la comisión que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades que correspondan en el caso de Vizcatán del Ene. Sin embargo, en el portal de comisiones del Congreso no figura ningún responsable a cargo del caso.

La calma no llega a Vizcatán del Ene

Con 2.950 hectáreas de cultivos, Vizcatán del Ene es uno de los cuatro distritos con mayor producción cocalera del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), que según el último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida), concentra el 75% de la producción cocalera del Perú.

El distrito Vizcatán del Ene es dominado por la facción narcoterrorista de Víctor Quispe Palomino, conocido como 'José', considerado el cabecilla del grupo armado del narcotráfico que opera en la zona.

DESESPERANZA. Los deudos intentar consolarse para sobrellevar la pena de haber perdido a sus familiares en el ataque del 23 de mayo de este año. 

Foto: Caleb Mendoza

Según Pedro Yaranga, la columna que dirige ‘José’ brinda seguridad en el traslado de la droga de Vizcatán a cambio de cupos. La Base Militar Contraterrorista, a cargo del Batallón Contraterrorista N° 324 de las Fuerzas Armadas, fue instalada en la zona el 24 de junio, por la entonces ministra de Defensa, Nuria Esparch Fernández, en un terreno del centro poblado cedido por 10 años con el propósito de reforzar la seguridad de esta localidad. Desde entonces se han registrado hostigamientos y fuego cruzado entre las fuerzas del orden y los delincuentes terroristas. 

“Los remanentes terroristas están en contra de la base, ellos no lo van a permitir y siempre los van a estar fastidiando”, comentó un poblador de la capital de este distrito que confirmó los enfrentamientos y pidió no ser identificado por seguridad.

Al respecto, Pedro Yaranga, indicó que esta medida no es suficiente, ya que se necesitan dos bases más para controlar la actividad cocalera en Vizcatán del Ene. Los pobladores viven con temor a que los hostigamientos, hasta ahora controlados, se desborden, especialmente cuando se encuentren en el campo y les resulte complicado huir.  

El aumento de los cultivos de hoja de coca, la presencia del narcotráfico y los remanentes terroristas han puesto en riesgo también a las comunidades indígenas que habitan a los alrededores de este distrito y dentro del valle. Según Yasmín Rojas Benavides, socióloga especialista en gobernanza indígena, esta expansión vulnera el derecho al territorio de los pueblos indígenas y destruye su estructura comunal con la tala de los bosques y la invasión masiva de colonos dedicados a este cultivo.

Las organizaciones indígenas como la Central Asháninka de Río Tambo y Río Ene han emitido pronunciamientos en rechazo a la expansión de los cultivos ilícitos, incluso han realizado incautaciones de droga y han sido víctimas de amenazas. Pese a la violencia creciente contra ellos, insisten en la erradicación del narcotráfico de sus territorios y de los sembríos ilegales de hoja de coca, que acaban con sus bosques primarios, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y contaminando ríos y el suelo con químicos que utilizan para la elaboración de droga.

Pero el sembrío de la hoja de coca ilícita y el narcoterrorismo no son los únicos problemas que aquejan a este valle, donde hay grandes brechas de acceso a la salud, justicia, educación y recursos básicos. En Vizcatán del Ene, un distrito con más de 4.765 habitantes, hay cinco puestos de salud, uno de ellos en San Miguel del Ene, capital del distrito. Cada puesto tiene entre dos a tres personas que se encargan de la atención de la población, según información del juzgado de paz de San Miguel del Ene. 

ÚLTIMO ADIÓS. Bajo la melodía de un tambor y un violín, los deudos se despiden entre lágrimas de las hermanas Ochoa Ccahuana y de sus menores hijas. 

Foto: Caleb Mendoza

Para llegar a un centro de salud que atienda emergencias de mayor complejidad deben viajar más de dos horas a bordo de ‘chatas’, como se denomina a las embarcaciones de transporte fluvial, con rumbo al distrito de Río Tambo y regiones vecinas como Cusco y Ayacucho. 

La falta de agua potable es otra de las necesidades no cubiertas por el Estado. Aquí los pobladores beben agua de pozos o ríos, sin ningún tipo de tratamiento previo o potabilización. Una situación similar viven las comunidades indígenas de Río Ene. Según Yasmín Rojas, los comuneros están afectados por el dengue, la anemia y la desnutrición.

Otra necesidad importante -indica la socióloga- es cerrar las brechas de acceso a la educación que crecieron con la pandemia, por falta de conectividad e infraestructura, así como el acceso a la justicia, por limitaciones en el idioma y el centralismo. “La presencia del Estado en estos territorios es progresivo, pero hay retos que deben cumplir”, invocó Rojas.

Por su parte Gloria Cano, resaltó que el Estado tiene una obligación con todos los ciudadanos que viven en zonas con presencia de grupos armados del narcotráfico y terrorismo, por lo que deben reforzar sus acciones para proveerles de todos los servicios básicos como salud, comunicaciones y seguridad. De lo contrario, el Vraem seguirá siendo escenario de crímenes sin responsables. 

El 12 de noviembre, a unas semanas de que se cumplieran los seis meses de la matanza de San Miguel del Ene, fueron asesinados el alcalde de la provincia de La Mar, Wilder Manyavilca, y su esposa, Dunia Bustíos, en un atentado cuando viajaban con una comitiva hacia el distrito de Santa Rosa, en el Vraem.