La muerte de Abimael Guzmán reaviva la importancia de la memoria sobre el terrorismo

El presidente Pedro Castillo promulgó una ley que permitirá cremar el cuerpo del fundador de la organización terrorista Sendero Luminoso. Abimael Guzmán Reinoso falleció a los 86 años de edad el pasado 11 de setiembre, en la prisión donde cumplía dos cadenas perpetuas por iniciar en 1980 las acciones terroristas para destruir al Estado Peruano. De acuerdo a la Comisión de la Verdad, el grupo subversivo fue el principal responsable de la época de la violencia en el Perú que, según los datos del Registro Único de Víctimas (RUV), dejó más de 33 mil muertos.

SENDERO LUMINOSO. Abimael Guzmán cumplía cadena perpetua en la prisión de la Base Naval del Callao.

SENDERO LUMINOSO. Abimael Guzmán cumplía cadena perpetua en la prisión de la Base Naval del Callao.

Foto: Andina

Actualización 17 de setiembre


Seis días después de la muerte del fundador de la organización terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, el gobierno promulgó la ley aprobada por el Congreso que permitirá cremar su cuerpo. En un plazo máximo de 24 horas la Autoridad Sanitaria, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Interior, debe ejecutar la norma. La cremación se realizará en reserva y en presencia de un representante del Ministerio Público.

La Ley 31352 precisa que “en el caso del cadáver de un interno que venía cumpliendo condena con sentencia firme por los delitos de traición a la patria o de terrorismo, en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas, cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación ponga en riesgo la seguridad nacional o el orden interno, el fiscal competente, en decisión motivada e inimpugnable, dispone  su  cremación, previa necropsia”.

 

 

Abimael Guzmán Reinoso, falleció sábado 11 de setiembre a los 86 años de edad en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (Cerec), en donde cumplía dos cadenas perpetuas por el delito de terrorismo. El grupo subversivo que fundó Abimael Guzmán fue "el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos entre 1980 y 2000", y generó el periodo de violencia "más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República", concluyó la Comisión de la Verdad.

En su sentencia del 2006, el Poder Judicial estableció que Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso fue jefe máximo de Sendero Luminoso, tanto en los aspectos político, ideológico y militar.  "En su condición de dirigente y jefe de la referida organización subversiva, planificó el accionar terrorista, autorizando el apoyo logístico para los Comités que dependían del Comité Central, tanto en material explosivo y armamento a través de los encargados logísticos, llevando el cuadro estadístico de todas las acciones por campañas, habiendo utilizado para el logro de sus fines “coches bombas”, artefactos explosivos, armas de guerra y otros medios”, se lee en la condena.

El cabecilla terrorista falleció en la víspera de cumplirse 29 años de la denominada “Captura del siglo”, ocurrida el 12 de setiembre de 1992 en una vivienda del distrito limeño de Surquillo, luego de un largo trabajo de seguimiento del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional. Días después de su detención, Guzmán fue exhibido por el gobierno de Alberto Fujimori al interior de una jaula, vistiendo un traje a rayas, y lanzando arengas.

Guzman Reinoso
PRESO. Días después de su captura, en 1992, Guzmán Reinoso fue mostrado en una jaula y vistiendo un traje a rayas.
Foto: El Peruano.

De acuerdo con información del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Guzmán Reinoso murió a las 6:40 a.m. del 11 de septiembre debido a una neumonía y a complicaciones en su estado de salud. Desde julio, era examinado por médicos en la prisión, y en algún momento tuvo que ser trasladado temporalmente a un hospital cercano, pese a su negativa inicial. Guzmán recibió el alta médica el 5 agosto y a partir de entonces fue monitoreado en el tópico de la Base Naval del Callao.

En diálogo a OjoPúblico, la jefa del INPE, Susana Silva Hasembak, explicó que apenas fueron notificados de la muerte se activó el protocolo establecido para personas privadas de su libertad, que implica coordinar con el Ministerio Público a fin de que se constate el deceso y el cuerpo sea remitido a la morgue. También fueron notificados su abogado y su esposa, Elena Iparraguirre Revoredo, sentenciada a cadena perpetua por los mismos hechos y quien purga condena en un penal Virgen de Fátima, en Chorrillos.

Fallecimiento de Abimael Guzmán ocurre en la víspera del 29 aniversario de su captura, que sucedió en 1992".

El Ministerio Público informó que fue notificado del hecho a través de una llamada telefónica del personal de custodia de la Base Naval. Luego de ello, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao llegó a la prisión para realizar el levantamiento del cadáver y diligencias a fin de determinar las causas del deceso. Al promediar las 5 p.m. el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central del Callao para la necropsia y los exámenes forenses.

En su momento, Silva Hasembak aclaró que no correspondía a su institución decidir sobre el destino de los restos, y que cumplieron con informar a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, "para evitar cualquier utilización política de este tema". "Nosotros hemos cumplido con lo que le corresponde al INPE, y su labor concluye cuando el cuerpo ingresa a la morgue. La Marina de Guerra nos notificó del hecho, y recibí su llamada al promediar las 7 a.m.. Ellos son los que se comunicaron con el Ministerio Público", añadió.

Fiscal
FISCALÍA. El Ministerio Público del Callao acudió a la Base Naval y realizó el levantamiento del cadáver y otras diligencias hasta las 5 p.m.
Foto: Ministerio Público.

 

Al día siguiente de la muerte, el exministro del Interior y exjefe del INPE, Wilfredo Pedraza, recordó que "en el caso de Guzmán, sus parientes de Arequipa han roto vínculos con él hace 30 años, y su esposa está privada de su libertad. Ella podría autorizar a un tercero, con una carta poder, para que lo reciba, pero eso no está reglamentado. No está normado a quién corresponde decidir sobre los restos o tipo de entierro que deben recibir cabecillas terroristas. La Marina de Guerra, el INPE, y el Ejecutivo, en general, son los que deben tomar una decisión conjunta", indicó.

Sin embargo, finalmente fue el Congreso de la República quien aprobó la ley por mayoría, el 16 de setiembre. Los parlamentarios del partido de gobierno, Perú Libre, votaron en contra.

En su momento, el abogado de Guzmán Reinoso, Sebastián Chávez, pidió que el cadáver sea entregado a Iparraguirre. "Van a hacer las diligencias del caso, la necropsia y luego veremos (...) Por ley tienen que entregárselo a su esposa, que es su familia más directa, o quien ella decida", añadió.

El Ministerio Público informó la tarde del domingo 12 de setiembre que la ciudadana Iris Yolanda Quiñonez Colchado solicitó formalmente la entrega del cuerpo del máximo cabecilla de Sendero Luminoso. Ella dijo tener un poder escrito otorgado por la viuda de Guzmán, Elena Yparraguirre.

Según la CVR, Iris Quiñonez, alias ‘Bertha’, fue mando militar del denominado Comité Zonal Sur de Sendero Luminoso que operaba en Lima y fue la responsable del asesinato del coronel PNP y miembro de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), Manuel Tumba Ortega en 1992. 

El asesinato del oficial fue uno de los casos emblemáticos en el informe de la CVR y ocurrió como represalia a la captura de Abimael Guzmán de septiembre de 1992. Según un testimonio recopilado por la CVR, Quiñonez Colchado dijo que el asesinato del coronel Tumba Ortega “era un golpe a la Dircote” porque la víctima había participado en la captura del cabecilla de Sendero Luminoso.

En 1993, Quiñonez fue capturada por la policía y negó su participación en el crimen del coronel Tumba Ortega. Fue condenada por la justicia militar a cadena perpetua, sentencia que luego fue anulada en 2003 y el caso pasó al fuero civil. El 2009, luego de anularse un primer juicio en el fuero común por orden de la Corte Suprema, Quiñonez Colchado fue finalmente condenada a 28 años de prisión por terrorismo y al pago de 20 mil soles de reparación civil al Estado.

El 2011, Quiñonez presentó una demanda contra el Perú ante la Comisión Interamericana de DD.HH. argumentando una presunta violación de sus derechos. Cuestionó que la legislación vigente le prohiba volver a ejercer la docencia luego de purgar una condena por terrorismo. En febrero de este año, la Comisión Interamericana de DD.HH. admitió a trámite este pedido, etapa previa a una revisión sobre el fondo de la acusación y la notificación al Perú para su descargo. 

Luego de purgar condena por más de 25 años de cárcel por terrorismo, Yolanda Quiñonez, se presentó hoy ante la Fiscalía para pedir el cuerpo de Abimael Guzmán, pero el Ministerio Público desestimó su pedido.

 

La insanía del terror

 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) detalla en su informe final que Sendero Luminoso fue el principal responsable de la violencia en el Perú: "De acuerdo a su ideología, [esta organización] adoptó una estrategia que buscó constantemente provocar respuestas desproporcionadas por parte del Estado sin tener en cuenta el profundo sufrimiento que ello ocasionaba a la población".

Según el Registro Único de Víctimas (RUV) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la violencia iniciada por dicho grupo, junto al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que dirigió Víctor Polay Campos, y la respuesta del Estado, dejaron más de 33 mil fallecidos entre 1980 y el 2000.

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AUSENTES. La época del terror en el Perú dejó más afectados que las dictaduras de Argentina, Chile y casi tantos como en las guerras civiles en Centroamérica.
Foto: Leslie Searles

 

De estos 33 mil peruanos ausentes, el 12% corresponden a víctimas menores de edad; el 38% se registraron en apenas tres años: 1984, 1989 y 1990; y el 70% corresponden a casos ocurridos en Ayacucho, región donde se formó Sendero Luminoso y que fue la más golpeada en el país durante las décadas de violencia.

Entre sus conclusiones, la CVR hace énfasis en cómo Sendero Luminoso llevó "la ideología fundamentalista y la organización totalitaria a sus extremos", pues en sus acciones subversivas "ve clases, no individuos. De allí su falta absoluta de respeto por la persona humana y por el derecho a la vida".

 

La apología es un delito

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, consideró que lo más apropiado sería incinerar los restos de Abimael Guzmán para que no exista un lugar donde rendirle homenaje. Además, precisó un eventual reconocimiento o movilización en memoria del cabecilla senderista será considerado como delito de apología al terrorismo y las personas involucradas serán procesadas.

En el mismo sentido, en la cuenta de Twitter del sector Justicia se recordó que cualquier acto público que respalde o enaltezca alguna agrupación terrorista, o justifique sus acciones o la de sus cabecillas, es sancionado penalmente. "Este delito es sancionado con penas que fluctúan entre los cuatro a quince años de prisión. También es apología al terrorismo toda propaganda, discurso o justificación favorable, que se haga a través de cualquier medio de difusión social", indica el comunicado.

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DUELO. Luego de más de tres décadas de silencio, los restos de una familia asesinada por la violencia senderista en Ocros, Ayacucho, fueron identificados y velados en 2017. 
Foto: Leslie Searles

 

Luego de conocida la muerte de Abimael Guzmán, el presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció en un breve mensaje de Twitter para condenar el terrorismo. "Falleció el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, responsable de la pérdida de incontables vidas de nuestros compatriotas. Nuestra posición de condena al terrorismo es firme e indeclinable. Solo en democracia construiremos un Perú de justicia y desarrollo para nuestro pueblo", señaló.

 

 

La muerte de Guzmán Reinoso ocurre en un contexto en que dos ministros del gobierno de Castillo están cuestionados por sus declaraciones y antecedentes de presuntos vínculos con el terrorismo. El primero es el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, investigado en la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial por presunta apología al terrorismo, luego de que publicara un homenaje a la integrante de Sendero Luminoso Edith Lagos en su Facebook, y hablara con condescendencia sobre sus acciones en una entrevista.

El segundo es el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví Olarte, cuyo nombre aparece en atestados policiales de 1981 y 1982, donde senderistas detenidos dieron detalles de su presunta participación en la organización terrorista. Por la tarde, el ministro solo retuiteó el mensaje del presidente Castillo indicando que suscribe su contenido.

Unas horas después, desde Arequipa, Guido Bellido declaró para TV Perú, y comentó muy brevemente el tema. “Ni con la muerte de Abimael Guzmán, probablemente muchas heridas no se van a cerrar, pero el Gobierno tiene que atender a todas las poblaciones que han sido afectadas, y obviamente de manera institucional el Ejecutivo condena los actos de terrorismo venga de donde venga", dijo.

Guido Bellido no quiso explayarse más sobre la muerte del cabecilla terrorista, ni sobre la posible incineración de sus restos. Solo al final, cambió el tema y mencionó el tema de las mujeres esterilizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. "Hay también mujeres esterilizadas, una serie de personas que son parte de todos los afectados por el terrorismo, y el gobierno los tiene que atender", añadió.

 

Memoria
MEMORIA. El proyecto Memoria es un espacio de OjoPúblico para entender desde las historias y los datos los años de violencia terrorista en el Perú. 
Ilustración: Jesús Cossio

 

Por su parte, el expresidente Francisco Sagasti usó su red social para manifestarse sobre esta muerte y la necesidad de no usar la violencia con fines políticos. "El terrorista Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, representa el más oscuro capítulo de horror y sangre en nuestra historia. El uso de la violencia con fines políticos trae tragedias y enluta al país. Trabajemos juntos por la democracia y una sociedad de paz".

Precisamente lo contrario hizo el líder del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se refirió a las causas que motivaron el inicio de la violencia terrorista. "Muerte de Abimael Guzmán debe reflexionar al país si las causales del terrorismo subversivo y de estado, han desaparecido, menguado o se mantienen. Mientras existan grupos humanos privilegiados y otros explotados, la violencia encontrará tierra fértil", dijo.

 

 

Mientras que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció la infiltración de ideologías terroristas en el actual Gobierno. "Hoy más que nunca debemos entender que Abimael y Sendero Luminoso no morirán mientras el Estado no tome medidas definitivas para desterrar su ideología sangrienta y a quienes la promueven que hoy se infiltran desde el gobierno".

A lo largo del día, algunos simpatizantes y políticos de derecha, entre ellos la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano Delgado, sembraron dudas infundadas sobre la muerte de Guzmán Reinoso y pidieron que los restos de Guzmán Reinoso seas exhibidos. Moyano, incluso, envió un oficio a la jefa del INPE a fin de que se le informe el motivo del deceso.

En respuesta, la legisladora de Perú Libre, Betssy Chávez Chino remitió otro documento al Ministerio Público para que se le remita el certificado de necropsia y fotografías del hecho con el objetivo de demostrar el fallecimiento del cabecilla subversivo.

Memoria
SILENCIO. Por muchos años el Perú vivió casi en las sombras respecto a cuántas víctimas dejó el conflicto interno desatado por la prédica violentista de Abimael Guzmán.
Foto: Leslie Searles.

 

Dos cadenas perpetuas

Abimael Guzmán fue condenado por el delito de traición a la patria en una corte militar de jueces sin rostro, en el marco de un régimen aprobado por el gobierno de Alberto Fujimori a inicios de la década de los 90. Sin embargo, en 2003 se anuló la sentencia contra él y otros acusados de terrorismo, luego que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la tipificación del delito de traición a la patria.

En el fallo del TC se hace mención, además, los reiterados pronunciamientos que había hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cuestionar el uso de tribunales militares en el juzgamiento de civiles. El 30 de mayo de 1999, como parte del caso del terrorista Jaime Castillo Petruzzi, la Corte indicó que "la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de ese carácter".

Del mismo modo, en otra sentencia del 18 de agosto de 2000, la Corte Interamericana determinó que en este tipo de procesos “(...) la imparcialidad del juzgador resulta afectada por el hecho de que las Fuerzas Armadas tengan la doble función de combatir militarmente a los grupos insurgentes y de juzgar e imponer penas a dichos grupos”.

Tarata
JUICIO. Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y otros cabecillas senderistas durante el juicio por el atentado de Tarata.
Foto: Poder Judicial.

 

Como consecuencia de ello, en 2004 se inició un nuevo juicio en su contra y, dos años después, la Sala Penal Nacional de Terrorismo, presidida por el magistrado Pablo Talavera, dictó cadena perpetua. Guzmán Reinoso fue hallado responsable del delito de terrorismo agravado y homicidio calificado por planificar cinco atentados, entre ellos la masacre de Lucanamarca, Ayacucho, ocurrida el 3 de abril de 1983, y donde 69 campesinos fueron asesinados.

En septiembre de 2018 también recibió otra cadena perpetua por el atentado que propició la organización senderista, en julio de 1992, en la calle Tarata, en Miraflores. La pena máxima por terrorismo agravado fue impuesta a Guzmán, Iparraguirre y otros ocho miembros de la cúpula senderista, como autores mediatos del atentado que cobró la vida de 25 personas y dejó heridas a otras 155.

Son más los cabecillas terroristas que purgan cadena perpetua en Perú. Además de Iparraguirre Revoredo, se encuentran en prisión los dirigentes senderistas Oscar Ramírez Durand, alias Feliciano; Osmán Morote Barrionuevo, Margot Liendo Gil, Florentino Cerrón Cardoso, Edmundo Cox Beuzeville, entre otros.

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