“Primero viven el proceso de dejar su país, a sus familias y amigos, y de ahí los agarra la pandemia que ha sido una catástrofe. El cierre de escuelas no les ha permitido socializar con otros chicos de su edad y se encierran. Trata uno de conversar, de integrar con la adolescente y no hay manera. Ha sido muy fuerte, una lucha constante”.

Esta es la experiencia de Ruth y su hija adolescente. Ruth llegó a Perú desde Venezuela hace más de tres años y el proceso de dejar su país todavía pesa sobre sus hijos menores de edad, quienes han visto su proceso educativo y sus oportunidades de inclusión interrumpidas por la pandemia de la Covid-19. 

En los últimos años, Perú se ha consolidado como destino final para miles de familias migrantes y refugiadas venezolanas. Según las estimaciones de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), en Perú reside más de 1 millón de personas provenientes de este país. De acuerdo con la última encuesta de Equilibrium Centro para el Desarrollo Económico (Equilibrium CenDE), cerca del 57 % de los migrantes tenía hijos viviendo en Perú en octubre pasado. De todos ellos, el 75 % tiene entre 3 y 16 años (1). 

El 29 % de los niños venezolanos que viven en Perú no estaba matriculado en una institución educativa en octubre pasado". 

Esto ha supuesto varios retos para el Estado peruano. Entre ellos, el de garantizar el derecho a la educación para todos los niños y adolescentes migrantes y refugiados y asegurar su acceso al sistema educativo. En este sentido, la escolarización de esta población ha mostrado grandes avances en el país: más de 107 mil menores de nacionalidad venezolana lograron matricularse en una institución educativa en el año 2020. Lima concentró 65 % del total de escolares venezolanos, seguida por el Callao (7 %) y las nuevas ciudades de acogida, como Trujillo (5 %) y Arequipa (3 %). 

Aún así, la falta de recursos económicos, el desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo peruano y las dificultades para encontrar vacantes una vez iniciado el año escolar han derivado en que miles de niños y adolescentes en situación de movilidad humana queden fuera de la escuela. A esto se suma la llegada de la Covid-19 y el cierre de los colegios, lo que ha puesto en riesgo los esfuerzos liderados por el Ministerio de Educación (Minedu) de garantizar la cobertura y la permanencia de esta población en las aulas. 

Antes de la pandemia, el Minedu calculaba que 37.400 venezolanos no estaban cubiertos por el sistema educativo, principalmente en Lima Metropolitana. Sin embargo, esta estimación podría duplicarse si se consideran otras fuentes de información —para 2019, el Instituto Nacional de Estadística estimaba que el total de venezolanos no escolarizados era de 78.235 niños y adolescentes—. 

En términos porcentuales, para junio de 2020, se estimaba que el 13 % de los niños y adolescentes venezolanos en edad escolar no habían logrado matricularse en una institución educativa peruana, de acuerdo con una encuesta de Equilibrium CenDE. En octubre de 2020, en cambio, ese porcentaje creció a 29 %. 

En abril de 2020 solo el 5 % de las familias migrantes tenía recursos para adquirir productos de primera necesidad".

La pandemia ha impactado de manera diferenciada a la población migrante y refugiada venezolana, que ya se encontraba en una situación vulnerable. En abril de 2020 —a tan  solo un mes de iniciar las medidas de aislamiento social obligatorio— solo el 5 % de las familias migrantes en Perú contaba con recursos económicos suficientes para adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad, según otro sondeo de Equilibrium CenDE. 

A esto se añadía el peligro de un potencial desalojo por no poder cubrir el pago del alquiler: 52 % de las personas consultadas. Ante esta situación, la cobertura de necesidades básicas, como la alimentación y la vivienda, fue prioritaria y desplazó la educación de los niños y adolescentes a un segundo plano. 

A pesar de la implementación de mecanismos de educación a distancia, la falta de recursos tecnológicos —la mayoría de las familias migrantes y refugiadas cuenta con teléfonos unifamiliares, que deben ser compartidos entre todos los miembros— y los problemas de conectividad han dificultado el acceso de los estudiantes a la educación remota.  

En paralelo, los altos niveles de hacinamiento y la necesidad de llevar a los niños a los espacios de trabajo, hacen que muchos menores no cuenten con las condiciones adecuadas para un aprendizaje óptimo. Algo que, por supuesto, dificulta su rendimiento escolar e implica un riesgo de rezago escolar importante.

Un desafío adicional ha sido el traslado de la atención educativa a los padres y madres, quienes enfrentan una mayor responsabilidad en el acompañamiento de los estudiantes. En el caso de las familias migrantes y refugiadas, la mayoría no cuenta con redes de apoyo sólidas y de confianza. 

Los niños y adolescentes migrantes son un grupo especialmente vulnerable al abandono escolar definitivo".

Así, la responsabilidad recae principalmente en las mujeres e hijas mayores, quienes en ocasiones ven interrumpidas sus metas profesionales: en octubre de 2020, el 42 % de las mujeres venezolanas indicaron estar al cuidado de sus hijos frente al 9 % de los hombres, en una encuesta de Equilibrium CenDE que monitoreó la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, Perú, Ecuador y Chile. La mayoría de los hombres (59 %) manifestó, además, que confiaba en la ayuda de sus parejas, mientras solo 7 % de mujeres encuestadas declaró contar con apoyo para el cuidado de sus hijos.

En este escenario surge la necesidad de repensar las distintas aristas que suponen estos retos e incorporar, en paralelo, un enfoque inclusivo con los grupos más vulnerables, entre los que se encuentra la población migrante y refugiada, en la respuesta educativa. Tras más de 18 meses con las escuelas cerradas, el Gobierno declaró en emergencia al sistema educativo y aprobó un plan de emergencia para contener los impactos negativos de la Covid-19 en la educación, atendiendo a la diversidad de los territorios. 

Antes, el Minedu dispuso una estrategia para el buen retorno escolar. La misma tenía el objetivo de preparar a la comunidad educativa para el regreso progresivo, voluntario y flexible a las escuelas de manera presencial, prestando especial atención a la situación de grupos vulnerables, como las poblaciones rurales, indígenas y personas con discapacidad, sin mencionar a la población en situación de movilidad humana. 

A pesar de que las normativas no recogen un enfoque diferenciado para la población migrante y refugiada, sabemos que este es un grupo particularmente vulnerable al abandono escolar definitivo. La matriculación en escuelas lejanas a su lugar de residencia, la precariedad económica agravada por el contexto de la pandemia y la necesidad de muchos niños y adolescentes de acompañar a sus padres mientras estos realizan actividades laborales ponen en peligro su continuidad educativa. Y el abandono escolar aumenta, a la vez, los riesgos de trabajo infantil, trata y embarazos tempranos. 

El abandono escolar aumenta los riesgos de trabajo infantil, trata y embarazos tempranos".

Con el objetivo de prevenir la deserción escolar, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Cooperación Alemana —con el apoyo de otros organismos internacionales— han liderado la implementación de ofertas ad hoc de educación alternativa, como la estrategia “Aprendiendo Unidos”, que ha beneficiado a más de 2 mil escolares venezolanos desde inicios de la pandemia. 

Estas experiencias de educación no formal han cobrado especial relevancia en el contexto de la emergencia sanitaria, al ofrecer una oferta más flexible y acorde con las necesidades de las familias migrantes y refugiadas venezolanas. Otras estrategias para cubrir los costos indirectos de la educación presencial, como la alimentación y los gastos de transporte, han sido las transferencias en efectivo multipropósito (2) y la inclusión de la población migrante y refugiada en programas ya existentes en el país, como el de alimentación escolar Qali Warma. 

El deterioro de la salud mental de los niños y adolescentes migrantes ha sido otro efecto complejo y silencioso de la pandemia. A la experiencia de desplazamiento —marcada, en ocasiones, por episodios traumáticos y situaciones de gran vulnerabilidad— se suman el estrés y el aislamiento por el cierre de las escuelas, lo que puede derivar en un impacto negativo en el bienestar socio-emocional de los menores. 

La emergencia sanitaria ha propiciado la creación y formación de herramientas para dar continuidad a la educación a distancia. Sin embargo, la priorización del componente pedagógico ha alejado las estrategias de acompañamiento psicológico del debate, precisamente en el momento en que se vuelve más necesario que nunca.

El acompañamiento psicológico ha quedado fuera del debate en el momento en que es más necesario".

Por último, sabemos que las escuelas funcionan como espacios de socialización e inclusión de familias migrantes y refugiadas con la comunidad de acogida. El cierre de las escuelas ha derivado en un reajuste de las estrategias de cohesión y convivencia social entre los niños y adolescentes migrantes y los nacionales, al igual que con sus familias. Un proceso que, incluso antes de la pandemia, era aislado y focalizado en zonas con alta concentración de familias en movilidad humana. 

La creación de estrategias para convertir a las escuelas en espacios de prevención de discriminación y xenofobia mientras estas continúan cerradas está siendo un gran reto en este contexto. Para transformar las escuelas en lugares de integración, el sector debe apoyar y formar al personal docente y educativo en educación intercultural y en el manejo de aulas cada vez más heterogéneas. 

La formación de jóvenes también brinda una oportunidad para fortalecer la convivencia escolar. Esto ocurre, por ejemplo, con el programa “Chamas en Acción”, una estrategia dirigida a niñas y adolescentes cursando secundaria con la finalidad de formarlas con herramientas para la construcción de comunidades libres de discriminación. 

Estas estrategias para mantener el bienestar emocional y psicológico e incorporar el componente de cohesión social necesita del acompañamiento a todos los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, familias, docentes y asistentes de la educación, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. Para lograrlo, la respuesta desde el sector educativo requiere de un sentido de corresponsabilidad, no discriminación y dirigir los esfuerzos hacia el beneficio de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables.

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*La autora es economista por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad IE School of Global and Public Affairs y Sciences Po. Desde enero de 2020 coordina la línea de investigación en migración en Equilibrium Centro para el Desarrollo Económico (Equilibrium CenDE). 

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** Referencias bibliográficas

(1) Encuesta realizada en el mes de octubre de 2020 a un total de 687 personas migrantes y refugiadas venezolanas. La cifra de 75 % corresponde con respecto al total de personas que declararon tener hijos viviendo en el país. 

(2) Los organismos de la cooperación internacional han puesto en marcha unos programas de transferencias económicas en efectivo mensuales condicionadas a la educación a familias con niños, niñas y adolescentes para que los niños y adolescentes puedan mantener sus actividades educativas y eliminar las barreras económicas que impiden que los niños y adolescentes accedan a educación.