EXCONGRESISTA. Luis Valdez tuvo un polémico papel como legislador de Alianza para el Progreso.

Acusan a excongresista Luis Valdez de venta irregular de tierras de Chavimochic a grupo constructor

Acusan a excongresista Luis Valdez de venta irregular de tierras de Chavimochic a grupo constructor

EXCONGRESISTA. Luis Valdez tuvo un polémico papel como legislador de Alianza para el Progreso.

Foto: Andina.

Luis Valdez Farías –cercano al líder de Alianza para el Progreso César Acuña y presidente del Congreso en el fugaz régimen de Manuel Merino– fue involucrado por una comisión investigadora del Gobierno Regional de La Libertad en las presuntas irregularidades originadas por la venta de un terreno de 415 hectáreas, del Proyecto Especial Chavimochic y ubicado en la costa de Virú, a un grupo constructor de Trujillo. Su extensión es equivalente a nueve veces el Golf de San Isidro. Una investigación de OjoPúblico, en alianza con EpicentroTv, revela que la comisión, basada en decretos y opiniones del Ministerio de Economía y de la Superintendencia de Bienes Nacionales, consideró que deben iniciarse acciones penales contra los responsables de la venta del predio en el 2018, entre ellos Valdez, en su calidad de gobernador regional en el periodo 2015-2018.

27 Julio, 2021

El 2018 fue el último año de Luis Valdez Farías como gobernador regional de La Libertad. Había llegado al cargo como vicegobernador de César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP), pero cuando éste renunció a fines del 2015, para postular sin éxito a la presidencia del Perú, Valdez acabó asumiendo el más alto cargo público en dicha región.

Como presidente regional, entre fines del 2017 y abril del 2018, Valdez Farías retomó una iniciativa privada que una década atrás había presentado una entidad llamada Consorcio Virú Mar con el objetivo de desarrollar un millonario proyecto inmobiliario, comercial y turístico, pero que había sido descartada por su antecesor, José Murgia Zannier (2007-2014), por no ajustarse a la normativa vigente de iniciativas privadas.

El grupo impulsor de aquella iniciativa privada, el Consorcio Virú Mar, acudió al Poder Judicial para hacer valer lo que consideraba su derecho y consiguió un fallo favorable de la Corte Superior de La Libertad en el 2014, que ordenó al gobierno regional declarar de interés la iniciativa privada. En ese contexto, Valdez Farías, como parte de Alianza para el Progreso, se allanó a la medida.

Luego de ello, Valdez Farías declaró de interés la iniciativa privada “Proyecto Virú Mar”, que necesitaba para su desarrollo que el gobierno regional transfiriera al consorcio, en calidad de venta, 415 hectáreas de playa y tierras eriazas del Estado ubicadas en Virú. Su extensión es equivalente a nueve veces el Golf de San Isidro. El titular del predio entonces era el Proyecto Especial Chavimochic.

En abril del 2018, su último año de mandato, Valdez Farías firmó la venta del enorme terreno. A cambio, el Consorcio Virú Mar desembolsó S/. 1’663,080. Es decir, alrededor de 40 céntimos de sol el metro cuadrado, según el cálculo que deviene del caso. “Un precio de banana”, dijo para este reportaje la consejera regional Mirtha Higa Urquiaga, quien hasta diciembre del 2020 presidió la comisión que investigó la declaratoria de interés o adjudicación de la iniciativa privada y la venta del terreno al consorcio.

El informe final de aquella comisión investigadora, presidida por Higa Urquiaga, vincula a Valdez Farías –quien fue elegido como congresista del partido de Acuña para el periodo 2020-2021– con la presunta comisión de delitos que deben investigarse a nivel fiscal como negociación incompatible, falsedad ideológica, otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles y omisión de sus deberes funcionales.

Luis Valdez

CERCANOS. Luis Valdez, César Acuña (principal dirigente de Alianza para el Progreso) y el también excongresista Humberto Acuña, condenado por corrupción.
Foto: Facebook de Luis Valdez.

Hoy, Valdez Farías –quien dejó el cargo de legislador en las últimas horas al asumir el nuevo Congreso (2021-2016)–, corre riesgo de ser denunciado por la Procuraduría del Gobierno Regional de La Libertad de acatarse la decisión adoptada en diciembre del 2020 por el Consejo Regional, cuando aprobó las conclusiones de la comisión investigadora presidida por Higa Urquiaga, esto es, ejercer las acciones penales que correspondan contra Valdez y los exfuncionarios de su gestión imputados.

“Él [Váldez Farías] va a tener que asumir sus responsabilidades porque estamos hablando de la venta en absoluto de las playas [de Virú] con normativas que no eran vigentes”, dijo la consejera. Desde diciembre del año pasado el pedido de la comisión se encuentra en poder de actual gobernador regional, Manuel Llempén Corónel, quien debe autorizar al procurador público a interponer las acciones legales correspondientes.

El pronunciamiento de la comisión investigadora del caso Virú Mar, relacionado a la venta de dicho terreno de Chavimochic, ocurre en paralelo a una investigación preliminar del Ministerio Público contra Acuña Peralta y Valdez Farías por cohecho, colusión y negociación incompatible a raíz del proceso de concesión de dicho proyecto y su posible vinculación con la planilla oculta de beneficiarios de dinero de la constructora Odebrecht.

 

El decreto del Ejecutivo y la opinión del MEF

 

La historia de este caso se remonta al 2007. Ese año, el Consorcio Virú Mar –integrado por las empresas constructoras Ikka SAC, Eco SAC y Santa Isabella, en donde destaca la figura del empresario Manuel Antonio Huamanchumo Aray (49), hijo del excongresista fujimorista Juan Huamanchumo Romero (1992-2000)– presentó al Gobierno Regional de La Libertad, a cargo entonces de Murgia Zannier, una iniciativa privada, con oferta de compra del terreno, para el desarrollo de lo que sería un moderno proyecto inmobiliario, turístico y comercial. Entonces, los opositores del proyecto cuestionaron el bajo precio ofrecido por las tierras.

Aun así, el 16 de diciembre del 2008, el consejo regional declaró de interés la iniciativa privada. Sólo faltaba la firma para promulgación de Murgia. Sin embargo, este no llegó a firmar. Además advirtió al consejo regional que, una semana antes, el 9 de diciembre de ese año, el gobierno central había aprobado el Decreto Legislativo 1012, que establecía nuevos mecanismos para las iniciativas privadas y estipulaba que aquellas que, a esa fecha aún no contaban con declaratoria de interés otorgada por la entidad estatal respectiva, tenían que adecuarse a la nueva norma. No se procedió en ese sentido. Por el contrario, el consejo regional ratificó su decisión el día 20 de enero del 2009.

Murgia, crítico de la negativa del Consorcio Virú Mar a adecuarse al nuevo decreto, y del bajo valor del terreno, no oficializó la declaratoria de interés de la iniciativa privada.

Consorcio Virú Mar recurrió al Poder Judicial para hacer valer la declaratoria de interés del consejo regional del 16 de diciembre del 2008 y su ratificación, del 20 de enero del 2009, hasta que logró un fallo favorable que ordenó al gobierno regional otorgar lo que había quedado trunco: la declaratoria de interés del proyecto Virú Mar. Cuando esto ocurrió el escenario político era otro. Quien estaba sentado en el sillón regional ya no era Murgia o su sucesor inmediato Acuña Peralta, sino Valdez Farías.

Terreno de Chavimochic.

LA LIBERTAD. Vista del terreno de 415 hectáreas (Virú) vendido por la gestión de Luis Valdez, como gobernador regional, a Corporación Valle Alto vinculada al empresario Manuel Huamanchumo.
Foto: Wilder Acosta / OjoPúblico.

El 2017, la gestión de Valdez Farías desencarpetó la iniciativa privada Virú Mar y en septiembre del mismo año el consejo regional la declaró de interés, nuevamente, pero ya sin la oposición del máximo funcionario regional y sin la insistencia por adecuar la iniciativa empresarial al Decreto Legislativo 1012.

“Ese no podía ser un acto discrecional, sino un acto obligatorio, una exigencia que la entidad debió haber realizado al proponente”, dijo el abogado especialista en proyecto de inversión privada José León Pacheco para este reportaje. Someterse al Decreto Legislativo 1012 le hubiera permitido al gobierno regional ser más exigente con los requisitos técnicos y legales de la iniciativa privada, indica León.

Sin embargo, el abogado del Consorcio Virú Mar, Óscar Calderón del Río, tiene sus reparos: “Con ese argumento, que nuevamente repite hoy el gobierno regional, o mejor dicho, los consejeros que promueven este cuestionamiento a la iniciativa privada, lo que están haciendo es repetir algo que hace años fue analizado por el Poder Judicial, y existe al respecto una sentencia en un proceso de amparo que se declaró fundado a favor del Consorcio Virú Mar, donde se estableció que el gobierno regional de entonces pretendía aplicar retroactivamente una ley, cosa que es incompatible con la Constitución Política”.

Lo cierto es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también emitió opinión sobre la naturaleza de este proyecto de inversión. En el Informe Nº 005-2018-EF/68-03, el MEF señaló que “puesto que el Proyecto Virú Mar fue declarado de interés en el año 2010, debe seguir su trámite de acuerdo con el procedimiento vigente previo al Decreto Legislativo 1224, es decir, el establecido mediante el Decreto Legislativo 1012”.

 

Valdez firmó la venta a Corporación Valle Alto

 

A pesar de las opiniones técnicas antes citadas, el fallo judicial sobre el caso primó en el accionar de las autoridades políticas de entonces. Como el consorcio ya había conseguido del gobierno regional la declaratoria de interés, ahora tocaba la compra de las tierras para iniciar la ejecución del millonario proyecto.

Entonces, el gobierno regional de Valdez solicitó una valorización actualizada del predio al Ministerio de Vivienda. Pese al destino del terreno en La Libertad –para fines inmobiliarios, turísticos, comerciales, y no agrícolas–, el informe de Vivienda, del 8 de enero del 2018, señaló como “objeto de la tasación” el “determinar el valor comercial de un terreno eriazo”. Y en esa línea, valorizó las 415.77 hectáreas en S/. 1’663,080. Es decir, en 40 céntimos el metro cuadrado.

La consejera Higa Urquiaga, quien presidió la comisión investigadora, cuestiona que así se haya valorizado un terreno que en parte es “de uso de dominio público, inalienable, intangible y [bajo] un derecho constitucional”.

“Con ese costo se ha incluido en la venta los cerros, Cerro Negro, que es un balneario muy concurrido no solamente por los pescadores sino también por los turistas y las personas de la zona; tuvieron un informe negativo de la Gerencia de Turismo, en donde tendría que haberse desafectado los cerros, tendría que haberse desafectado los humedales, las lagunas, los drenes y los restos arqueológicos. Sin embargo, no ha ocurrido”, dijo Higa Urquiaga.

A pesar de todo, el terreno acabó siendo vendido el cinco de abril del 2018. Valdez Farías firmó en calidad de representante del Gobierno Regional de La Libertad, mientras que la compradora fue la constructora registrada en Trujillo, Corporación Valle Alto SAC, también vinculada al empresario Huamanchumo Array. Finalmente, las 415.77 hectáreas fueron inscritas en los Registros Públicas como propiedad de dicha compañía a finales del 2018.

Comisión Investigadora.

CONCLUSIONES. La comisión investigadora del Gobierno Regional de La Libertad envió el documento al Ministerio Público pero también está a la espera de que la Procuraduría Pública denuncie a los responsables del Caso Virú Mar.
Captura: Documento oficial.

El cinco de abril del 2018 el Consorcio Virú Mar y el gobierno regional suscribieron otro contrato para la ejecución y el desarrollo inmobiliario del proyecto. En esta oportunidad, no firmó Huamanchumo sino Ricardo Gustavo Bobadilla Grados, representante del consorcio.

Desde esa fecha, el consorcio tenía dos años para efectuar todos los trámites y conseguir todas las licencias, y cinco en total para terminar de ejecutar el proyecto. Bobadilla Grados dijo para este reportaje que por ahora cuentan con el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, y está en trámite el planeamiento integral del terreno que aún no aprueba la Municipalidad de Virú. Sostiene que sin este documento no pueden tener habilitación urbana ni estudio de impacto ambiental.

En teoría, los cinco años para terminar de ejecutar el proyecto Virú Mar se cumple en abril del 2023.

 

La Superintendencia de Bienes se pronunció sobre los terrenos de Virú

 

Uno de los grandes cuestionamientos que en su momento hizo el exgobernador liberteño Murgia Zannier, y que persiste hasta hoy es el carácter intangible de los terrenos que fueron vendidos y que hoy son privados. En este asunto la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) fijó una posición que no ha variado en más de diez años.

El primer informe de la SBN data del 9 de febrero del 2009, y fue elaborado por pedido de la gestión de Murgia. El segundo, del 15 de julio del 2019, a solicitud de la comisión investigadora del caso Virú Mar.

Ambos tienen similar tenor sobre la condición del terreno antes de su venta. En el Informe Nº 060 del 2009, la SBN dice: “los terrenos comprendidos en el ámbito del Proyecto Especial Chavimochic, ubicado en la zona de dominio restringido, deberán necesariamente ser desafectados por la Superintendencia de Bienes del Estado en los casos que sea materia de actos de adjudicación en propiedad u otros derechos, conforme a las normas legales vigentes”. El segundo informe del 2019 sigue una línea argumentativa parecía al anterior.  

“Esos son informes que no van a afectar nuestra propiedad. Nosotros logramos inscribir el terreno en el año 2018 en Registros Públicos, está inscrito en la Municipalidad Provincial de Virú a nombre nuestro y pagamos todos los años nuestros arbitrios y nuestro impuesto predial”, acota Bobadilla Grados, representante del consorcio, quien no cree que esta situación logre revertir los negocios ya encaminados.

Registros Públicos

CHAVIMOCHIC. El Gobierno Regional de La Libertad recibió S/1,6 millones de Corporación Valle Alto. Para el 2018, el Consorcio Virú Mar era integrada por IKKA y Steelmark, vinculadas al empresario Manuel Huamanchumo Aray en los últimos años.
Captura: Registros Públicos.

Respecto de los informes de la SBN, el abogado José León dice que eran vinculantes y que debieron ser acatados por el gobierno regional. “Y es así porque la Superintendencia de Bienes del Estado es el ente rector en la materia de bienes de propiedad del Estado, y quien finalmente da esas directivas a las entidades del Estado en general respecto de bienes inmuebles”.

Durante la investigación llevada a cabo por la comisión de Higa Urquiaga, que integraron los consejeros regionales Greco Quiroz Díaz y Teresita Bravo Malva, se citó al hoy excongresista Valdez Farías en dos ocasiones, pero en ninguna acudió a declarar. Sobre este tema el hoy exlegislador de Alianza para el Progreso dijo que no recibió las notificaciones y que su firma para transferir las tierras de Chavimochic se basó en la resolución judicial del 2014.

"Este es un tema evidentemente político y tengo que responder de la misma forma, es un tema que viene con un mandato judicial que fue confirmado por la Primera Sala Civil de la Corte de Justicia La Libertad, una adjudicación que viene con un mandato judicial expreso. Yo sé que hay personas que están a favor y en contra, y personas que se han dedicado a traficar esos terrenos, y esto también es parte del interés político de algunos sectores", dijo a través de una entrevista por la aplicación Zoom.

Más de siete meses han pasado desde la aprobación de las conclusiones de la comisión investigadora del caso Virú Mar. Sin embargo, el actual gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén (2019-2022), también del partido de Acuña Peralta y de Valdez Farías, aún no dispone que el procurador regional ejerza las acciones legales que el consejo regional dispuso tras la investigación del caso.