Fiscalía investiga a mafia que cobraba hasta S/82.000 por cama UCI en hospital Almenara

Nueve personas fueron detenidas acusadas de pertenecer a una presunta organización criminal que se dedicaba a cobrar elevadas sumas de dinero a cambio de conseguir camas UCI para pacientes Covid-19. Entre los involucrados figuran dos funcionarios con cargos de confianza de Essalud y dos integrantes de una ONG dedicada a ayudar a pacientes con cáncer. Según la investigación fiscal a la que accedió OjoPúblico, a pesar de que un ciudadano pagó S/82.000, su familiar nunca accedió a cuidados intensivos.

INVESTIGACIÓN. La fiscalía anticorrupción atribuye a la presunta organización delitos de tráfico de influencias, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio

INVESTIGACIÓN. La fiscalía anticorrupción atribuye a la presunta organización delitos de tráfico de influencias, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio

Foto: OjoPúblico

Durante la pandemia de Covid-19 en Perú, miles de pacientes quedaron relegados en interminables listas de espera para acceder a camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI); mientras, en redes sociales, varias familias denunciaban el cobro ilegal en algunos establecimientos públicos y privados para acceder o gestionar una cama. Esta semana, luego de varios meses, el Ministerio Público detuvo a nueve personas, entre ellas dos funcionarios con cargos de confianza en Essalud, por presuntamente ser parte de una red que traficaba el acceso a camas UCI en el Hospital Nacional Guillermo Almenara.

La detención forma parte de una investigación fiscal liderada por el fiscal Reynaldo Abia Arrieta, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, y establece que una supuesta organización criminal se aprovechó de varias familias, ofreciendo estas gestiones a cambio de cuantiosas sumas de dinero. El caso involucra a Pedro César Pino Gonzáles y Nery Magali Ochoa Menacho, coordinadores de la Oficina de Atención de Hospitalización de la Red Prestacional Almenara, quienes estaban a cargo de monitorear la asignación y uso de camas en el referido hospital. 

La indagación incluye también a la exvoleibolista Ana Cecilia Aróstegui Girano e Iradia Muñoz Arróspide, integrantes de la ONG Donantes de Esperanza, quienes habrían cumplido funciones de intermediarias, a través de gestiones en el hospital.

A pesar de realizar el depósito, el paciente nunca fue transferido a una área UCI".

De acuerdo a información fiscal a la que accedió OjoPúblico, las transferencias bancarias de los familiares de un paciente con Covid-19 hacia los involucrados, por montos que alcanzan los S/82.000, confirman el cobro ilegal. A pesar de realizar el depósito, el paciente nunca fue transferido a un área UCI y falleció cuando aún se encontraba en lista de espera. Sin embargo, las transferencias revelan que el dinero también alcanzó a personas relacionadas a los funcionarios públicos Pino Gonzáles y Ochoa Menacho. 

La fiscalía anticorrupción le atribuye a la presunta organización los delitos de tráfico de influencias, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio, con penas de hasta ocho años en el caso de los funcionarios de Essalud. Los otros investigados son: Sebastián Bazalar Aróstegui, Miguel Ángel Agarini Barraza, Luis Diego Moreyra Muñoz, Piero Pino Carmona y Vanessa Recuenco Ochoa.

Estos últimos mantenían vínculos familiares con los cuatro principales trabajadores de salud involucrados y participaron en las transferencias bancarias. También fueron detenidos preliminarmente por siete días durante una intervención realizada esta madrugada en los domicilios de los investigados, en La Molina, San Miguel, Magdalena y Breña. 

 

Así operaba la organización

 

La investigación de la fiscalía anticorrupción permite conocer el detalle del ofrecimiento, las negociaciones de los involucrados en este caso y cómo se aprovecharon de la desesperación de la familia que, luego, se atrevió a denunciar el caso. 

A inicios de marzo, cuando Perú se encontraba en la segunda ola de la pandemia, un ciudadano ingresó a su hermano a emergencias del Hospital Almenara. Era un paciente Covid-19 con insuficiencia respiratoria aguda, que necesitaba oxígeno. Inicialmente el paciente fue asistido por una cánula de alto flujo, que la propia familia consiguió. Pero, tras 10 días en el centro de salud, los médicos indicaron que debía ser trasladado de manera urgente a UCI. Sin embargo, en ese momento no había ninguna plaza disponible, por lo que fue ubicado en el puesto 20 de la lista de espera del hospital. 

Según el expediente fiscal, a través de una conocida, identificada como Karina, el hermano del paciente logró comunicarse con Iradia Muñoz Arróspide, quien a su vez lo puso en contacto con Ana Cecilia Aróstegui Girano, ambas relacionadas a la ONG Donantes de Esperanza. De acuerdo a la Fiscalía, la exdeportista se presentó como integrante de esa ONG y como una persona con influencia en el personal del hospital Almenara, encargado de la asignación de camas UCI y UCE (Unidad de Cuidados Especiales). Aróstegui Girano le ofreció ubicarlo en el primer lugar de la lista de espera, a cambio de un pago de S/85.000. Pero, ante el pedido del familiar, aceptó bajar este monto a S/82.000. 

 

Extracto expediente
COBROS. De acuerdo a la investigación de la fiscalía anticorrupción, Ana Cecilia Aróstegui pidió un pago inicial de S/85 mil a cambio de garantizar el acceso a una cama UCI.
Foto: OjoPúblico

 

El hermano del paciente realizó un primer depósito por S/35.000, el 11 de marzo, a la cuenta de Sebastián Bazalar Aróstegui, hijo de Aróstegui Girano y del exseleccionado nacional Juan Carlos Bazalar. Después del mismo, el paciente fue trasladado hacia el área UCE, a pesar de haber otras personas en espera. Un segundo depósito, por S/47.000, se realizó en la misma cuenta el 12 de marzo.

Según la fiscalía anticorrupción, luego de que los familiares realizaran el depósito de más de S/80.000, el investigado Sebastián Salazar realizó otras múltiples transferencias hasta por S/53 mil al hijo del funcionario Pedro Pino, Piero Pino Carmona. Asimismo, depositó S/5.000 en la cuenta de su madre, Ana Cecilia Aróstegui, y S/4.532 a Miguel Agarini Barraza y Luis Moreyra Muñoz, esposo e hijo de Muñoz Arróspide, respectivamente. 

Entre las transferencias identificadas en la investigación se encuentra la del funcionario en salud Piero Pino, hacia Vanessa Recuenco Ochoa, hija de la también coordinadora de Essalud, Nery Ochoa Menacho. A su cuenta se transfirió S/27.000.

Adentro [del hospital] le piden [dinero]”, dijo Iraida Muñoz ante el reclamo del familiar.

El 16 de marzo, debido a que el paciente aún no había sido trasladado a UCI, el denunciante exigió la devolución de su dinero. “Se que ella repartió a las personas. Igual hablaré con ella para que le devuelvan el dinero (...) [Lo que se queda ella] es mínimo y adentro [del hospital] le piden”, le respondió la presunta intermediaria Iraida Muñoz, según la solicitud de detención del Ministerio Público. Ante los reclamos, al día siguiente, Ana Cecilia Aróstegui ingresó un ventilador mecánico antiguo al hospital, a pesar de las restricciones, para que el paciente fuera intubado. Tan solo unas horas después, el hombre falleció.

Un familiar del paciente denunció los hechos ante Essalud, y la institución inició un procedimiento administrativo en contra de los funcionarios Pedro Pino Gonzáles y Nery Ochoa Menacho. En un comunicado, la institución informó que ambos trabajadores fueron separados de sus cargos en abril. Asimismo, indicó que las oficinas de Integridad y de Asuntos Jurídicos denunciaron el hecho ante la fiscalía anticorrupción. “Fueron meses de investigación reservada”, aseguró Essalud.

El gerente de la Red de Salud del Hospital Almenara, Jorge Amorós, por su parte, dijo que los funcionarios estaban en condición de nombrados, y que venían trabajando desde hace muchos años. “Estas dos personas han sido separadas de la institución, en tanto duren las investigaciones”, indicó a TV Perú.

 

Foto de ONG Donantes
VÍNCULOS. Al contactar al ciudadano, Cecilia Aróstegui se presentó como miembro de la ONG Donantes de Esperanza, también integrada por Iraida Muñoz. 
Foto: Facebook

 

ONG vinculada al deporte

 

La ONG Donantes de Esperanza fue fundada en Lima, el 13 de noviembre de 2019, según su partida en Registros Públicos, con el fin de realizar labor social a favor de pacientes infantiles con cáncer. Los cuatro fundadores de la organización son Teddy Cardama Sinti (presidente), exfutbolista y exdirector técnico de clubes como Universitario, Sport Boys y Carlos A. Mannucci; Randy Revollar Romero (secretario), gerente general de la empresa de césped sintético Icse Grass Sintético SAC; la exvoleibolista Ana Cecilia Aróstegui Girano (tesorera) e Iraida Muñoz Arróspide (fiscal). 

A través de sus redes sociales, la ONG ha compartido diferentes publicaciones de campañas sociales en las que participaron los miembros desde finales de 2019 hasta diciembre de 2020. En una foto compartida en enero de 2020, incluso, aparece Miguel Agarini, esposo de Iraida Muñoz, quien también es entrenador de fútbol. Ambos están involucrados en la investigación.

Al ser consultado por OjoPúblico, el exfutbolista Teddy Cardama dijo que formó la organización con las dos acusadas de traficar con camas UCI, cuando su hijo era paciente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Indicó, además, que conocía a Aróstegui Girano por ser exdeportista y madre de Alonso Bazalar, exjugador de club Mannucci, cuando él era director técnico.

No obstante, Cardama Sinti aseguró que la organización dejó de realizar actividades durante la pandemia. “La ONG quedó ahí, solo realizamos la donación de algunos panetones. Pedí que se anularan las cuentas [de redes sociales] en enero. (...) Ellas han sido parte de la organización y espero que en su declaración esclarezcan que han utilizado [de forma indebida] el nombre de la ONG. De no ser así, voy a tomar acciones legales”, dijo Teddy Cardama.
 

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