La constructora Aenza (antes Graña y Montero) suscribió un acuerdo preparatorio de colaboración eficaz con el Equipo Especial de la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato, tras reconocer que, junto a sus subsidiarias GyM S.A. y Concar S.A., cometieron delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura que se desarrollaron en Perú, entre los años 2003 a 2016; y simularon competencia en los concursos públicos convocados para otras 48 obras.

Cabe indicar que Graña y Montero tuvo como accionista y presidente a José Alejandro Graña Miró Quesada (Lima, 1945), quien entre 1994 y 2014 ejerció como miembro del directorio del grupo mediático El Comercio. El acuerdo con la Fiscalía se cierra dos años después de que el máximo ejecutivo de la constructora Odebrecht en Lima, Jorge Barata, confirmara ante el equipo especial Lava Jato que la empresa peruana y a Graña como socios claves en el pago de coimas para ganar las licitaciones de obras públicas.

Entre los proyectos que forman parte del acuerdo se encuentran el Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Vía Expresa Sur de Lima, la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3. Además de obras viales de conexión en Cusco, Ayacucho, Ica, Abancay y Arequipa. El acto de colaboración compromete a seis exdirectivos de Graña y Montero, y obliga a la empresa a pagar cerca de S/ 480 millones como reparación civil.

El mismo viernes 21, Luis Francisco Diaz Olivero, gerente general corporativo de Aenza, notificó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) del acuerdo adoptado. En el documento sostienen que la compañía fue “usada” por malos ejecutivos, pero que el entendimiento alcanzado con la Fiscalía y la Procuraduría demuestran “nuestro compromiso con la verdad, transparencia e integridad adoptado desde el 2017”.

CONSTRUCTORA. La ex Graña y Montero, la constructora más grande del país, formó parte del esquema de corrupción que ejecutó Odebrecht.

Foto: Andina.

“Mediante el acuerdo, Aenza S.A.A reconoce que fue usada por algunos de sus exdirectivos para la comisión de hechos ilícitos hasta el 2016 y se compromete, en consecuencia, al pago de una reparación civil al Estado por S/. 321,9 millones y US$ 40,7 millones sujeta a un plazo de pago de 12 años y garantizada por un fideicomiso de garantía, una hipoteca de primer rango y una cuenta de reserva por un monto equivalente a la cuota a pagar en el siguiente año”, se lee en el documento.

Aenza S.A.A es una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está sujeta a las leyes bursátiles de Estados Unidos. Por ello, el pasado 17 de mayo, la constructora presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) sus estados financieros auditados correspondientes al 2020. En este documento se detalla el impacto económico que le generará cumplir el acuerdo con la Fiscalía y los efectos potenciales de las investigaciones penales y administrativas que debe afrontar.

“El impacto en nuestra reputación comercial se vincula a nuestra asociación con Odebrecht y las supuestas acciones que tuvieron nuestros ex miembros del directorio y de la alta gerencia, y es probable que continúe, con un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera y resultados de operación. El resultado de las investigaciones en curso y las discusiones del acuerdo, cualquier nuevo cargo o reporte que contenga nuevas acusaciones contra la empresa podrían dañar aún más la reputación de la empresa”, señalan.

NOTIFICACIÓN. Aenza precisó a la SMV que los estados financieros enviados a EE.UU tienen información más actualizada que el reporte nacional, e incluye las negociaciones para el acuerdo fiscal.

Documento: SMV

Simulación de contratos y multa exonerada

Dentro del acuerdo de colaboración eficaz que suscribió Aenza con la Fiscalía y la Procuraduría peruana, se encuentran presuntos casos de concertación para acceder a 48 contratos de obras públicas. Pero, en paralelo, desde 2017 el Instituto Nacional de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) investiga casos de colusión empresarial por parte de 35 empresas del denominado “Club de Construcción”.

El 11 de febrero de 2020, la entidad reguladora formalizó el procedimiento sancionador contra estas compañías, incluida las constructoras Cumbra Perú S.A. y GyM S.A, subsidiarias de la ex Graña y Montero, y 28 personas naturales. En el informe entregado a la SEC de EE.UU se revela que, el pasado 9 de marzo de 2021, la Secretaría Técnica de Indecopi ya emitió una recomendación de sanción por S/ 103 millones (US$ 27,4 millones) para la empresa Cumbra. 

Indecopi anunció una multa de S/103 millones para la subsidiaria Cumbra Perú por concertación".

“Revisamos el informe junto con nuestros asesores y, el 22 de abril de 2021, presentamos una respuesta por escrito al Indecopi. La administración ha estimado el valor de las contingencias de la compañía relacionadas con estos procedimientos administrativos, y ha establecido provisiones en los estados financieros auditados por un monto de S/ 24,5 millones (US$ 6,7 millones) al 31 de diciembre de 2020”, se lee en el documento presentado por Aenza.

Sin embargo, GyM S.A no será obligada a pagar ninguna sanción económica al Estado peruano, pues, según una notificación enviada a la SMV, el 10 de febrero de 2020, esta se acogió al Programa de Clemencia de Indecopi desde diciembre de 2018. Una figura administrativa similar a la colaboración eficaz que protege a los integrantes de un cartel, a cambio de delatar la concertación indebida. 

INDECOPI. El ente regulador de la libre competencia, Indecopi, tiene pendiente de resolver un nuevo caso de concertación entre las empresas del Club de la Construcción.

Foto: Andina.

Cabe recordar que este mes se conoció que cinco empresas editoriales formaron un cartel para repartirse servicios de impresión de textos, pero dos de ellas, Empresa Editora El Comercio y Amauta Impresiones, fueron liberadas del pago de S/21 millones porque también se acogieron a la clemencia y optaron por contar los detalles de la operación..

“Nuestra subsidiaria GyM S.A se acogió en diciembre de 2018 al programa de clemencia ante el Indecopi y viene colaborando de manera activa y voluntaria en las investigaciones realizadas por dicha entidad para el desarrollo de este caso (...) La resolución no comprende a ningún funcionario actual de la compañía”, señaló la exGraña y Montero ante la SMV.

Indecopi deberá emitir su fallo en primera instancia en las próximas semanas, y -según el informe enviado a la SEC- Aenza no descarta la posibilidad de apelar en la vía judicial.

No descartan más hechos de corrupción

El informe recibido por la SEC detalla las causas penales que vinculan a la exGraña y Montero con la constructora brasileña Odebrecht, y el camino que dieron hasta llegar a un acuerdo de cooperación con la justicia peruana. Además, recuerda quiénes  son los ejecutivos sobre los que pesan las investigaciones en curso.

“Los fiscales peruanos han incluido a José Graña Miró Quesada, accionista y expresidente de nuestra empresa, en una investigación por el delito de colusión; y a Hernando Graña Acuña, accionista, exdirector de nuestra empresa y ex presidente de nuestra subsidiaria Cumbra, por el delito de blanqueo de capitales contra el Estado peruano. Cada uno en relación con la concesión del proyecto IIRSA Sur (tramo II), en el que participamos con Odebrecht. Gonzalo Ferraro Rey, ex director de Infraestructura de nuestra empresa, también ha sido incluido en una investigación por el delito de blanqueo de capitales en relación con el mismo proyecto”.

ODEBRECHT. En 2017 el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, mencionó la participación de Graña y Montero en actos de corrupción, y en 2019 ratificó su acusación ante los fiscales del Caso Lava Jato.

Foto: Andina.

Además de ello, José Graña y Hernando Graña, así como Juan Manuel Lambarri, ex director ejecutivo de Cumbra, han sido imputados por corrupción en los Tramos 1 y 2 del Metro de Lima. En el documento ante la SEC se recuerda que los dos primeros estaban tratando de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, respecto a la actuación que tuvo el denominado “Club de la construcción”, y no garantizan que de esta negociación pueda salir a luz nuevos hechos. 

“Esto puede incluir proporcionar información relacionada con irregularidades o algún comportamiento inadecuado mientras estaban en la empresa. No podemos asegurar lo que finalmente dirán a las autoridades gubernamentales, o que sus declaraciones no afectarán negativamente el negocio de la empresa”, señala el documento presentado por los directivos del Aenza ante la SEC.

La empresa no descarta que las declaraciones de José y Hernando Graña puedan derivar en nuevas investigaciones".

La empresa peruana informó a la SEC que en sus estados financieros se ha estimado un valor de contingencia por US$129,6 millones (S/469,7 millones) a fin de cubrir los pasivos derivados de las investigaciones en su contra. Sin embargo, señalan que este monto puede variar si aparecen más acusaciones contra la empresa o, incluso, sus actuales directivos. 

“No podemos asegurarle que el alcance de los procedimientos anteriores no se ampliará para incorporar otros proyectos en los que hemos estado involucrados, que nuestra empresa no será incluida en otras investigaciones o procesos como imputado penal o tercero civilmente responsable en Perú, o en otro lugar, o que otros de nuestros directores anteriores o actuales y la alta gerencia no se incluirán en los procedimientos anteriores”, indicaron en el informe presentado cuatro días antes de llegar a un acuerdo con las autoridades peruanas. 

Demanda pendiente en EE.UU

En su comunicación financiera ante la SEC, Aenza deja claro el perjuicio que les ocasionará los procedimientos administrativos y judiciales en su contra. “Una condena por corrupción o acuerdos con las autoridades gubernamentales podría dar lugar a multas penales y civiles, así como multas, sanciones, mandatos judiciales contra conducta futura, devolución de beneficios, descalificaciones para participar directa e indirectamente en ciertos tipos de negocios, la pérdida de licencias o permisos comerciales, inhabilitación para contratar o participar en procesos de licitación con el gobierno peruano, u otras restricciones”, indican.

En este sentido, la constructora recordó la demanda civil colectiva (Class Action) que, desde hace tres años y medio, enfrenta en la Corte del Distrito Este de Nueva York, luego que un grupo de accionistas los demandara por brindar información falsa y violar las normas de Buen Gobierno Corporativo al participar en actos de corrupción con la empresa Odebrecht.

Tribunal de EE.UU aún no ratifica acuerdo para cerrar demanda civil por sus nexos con Odebrecht".

La ira de los inversionistas se desató el 24 de febrero de 2017, cuando el medio Hildebrandt en sus Trece publicó en Perú la confesión del exrepresentante Odebrecht, Jorge Barata, ante el fiscal Hamilton Castro, respecto a que conocía del pago de sobornos. Tras ello, las acciones de la compañía se desplomaron en 33%. Los abogados de los demandantes son los estudios Robbins Geller Rudman & Dowd LLP y Holzer & Holzer LLP.

En 2020 la exGraña y Montero acordó terminar la demanda con un pago de US$ 20 millones, sin embargo, en el reciente informe de la SEC se señala que el trato aún no recibe la aprobación definitiva del tribunal de EE.UU, pese a que el monto debe cancelarse antes del 30 de junio de este año. “Hemos iniciado conversaciones con los demandantes con respecto a un aplazamiento de este pago, pero no podemos asegurarles que se llegará a un acuerdo”, puntualizaron.