Minutos antes de que su vida cambie para siempre, Andy Panduro jugaba a las cartas con su hermano mayor, en el patio de su casa. Disputaban una partida de blackjack, que Andy iba perdiendo: nunca ha sido bueno para los juegos de azar. En general, el trabajador agrario de 23 años, piensa que no ha tenido mucha suerte. 

Al lado de los jóvenes, el padre lavaba su ropa sentado en una banca. La madre, en la cocina, preparaba un caldo para el almuerzo. El techo descubierto les dejaba recibir los rayos ardientes del sol del Barrio Chino, en Ica, al sur del país.

De repente, se hizo la bruma. 

Una nube de gas asfixiante comenzó a expandirse por todo el ambiente. Era como si les hubieran frotado un ají picantísimo por fuera y por dentro de sus cuerpos. Los ojos les ardían, no podían respirar: una bomba lacrimógena había caído desde afuera. Aterrizó en medio de los tendederos y las bateas. El padre se desvaneció. 

―Yo en ese instante he gritado "¡salgan! ¡salgan!" ―cuenta Andy Panduro por teléfono.

Era la mañana del 22 de diciembre de 2020, el segundo día de movilizaciones de la segunda fase del Paro Agrario que, junto a la Marcha Nacional contra el breve régimen de Manuel Merino, fue una de las dos grandes protestas de los últimos meses del año en Perú. Ambas dejaron, en total, cinco muertos y alrededor de 300 heridos. Peruanos que salieron a las calles a reclamar por lo que creían justo y que encontraron represión policial como respuesta. Una violencia que, como le pasó a Andy Panduro, partió sus vidas en dos, dejando sus proyectos y el de sus familias truncos.

La primera etapa del Paro Agrario, donde Andy fue herido, inició el 30 de noviembre, en Ica. Participaban, entre otros, los habitantes del centro poblado Santa Cruz de Villacuri, conocido como el Barrio Chino. Allí vivían, en un pequeño cuarto alquilado, Andy y su familia. A los días se sumaron los trabajadores agrarios del norte, en La Libertad y, en menor medida, los de Piura. Bloquearon las carreteras Panamericana Norte y Panamericana Sur en varios tramos, exigiendo la derogación del Decreto de Urgencia N° 043-2019, que en 2019 extendió por diez años la Ley de Promoción del Sector Agrario. Esta ley, reclamaban los manifestantes, los mantenía con salarios bajos, a merced de las services y con contratos laborales temporales. Las grandes beneficiadas, decían, eran las empresas, mientras que ellos vivían en medio del maltrato y la inestabilidad. 

AGROEXPORTADORAS. Andy Panduro trabajaba en los fundos de espárragos de Ica. 

Ilustración: Claudia Calderón.

 

El 4 de diciembre, tras cinco días de protestas y la muerte de un manifestante, el Congreso peruano derogó la Ley de Promoción del Sector Agrario. Los trabajadores desbloquearon las vías. Pero, ante la demora de los congresistas para ponerse de acuerdo sobre una nueva ley para el sector, el 21 de diciembre los empleados volvieron a tomar las carreteras. Ese fue el inicio de la segunda etapa de los reclamos. Pedían, entre otras demandas, ganar más de un sueldo mínimo, debido a la importancia, esfuerzo y riesgo de su labor. 

Andy recuerda que, aquel 22 de diciembre, él, su hermano y su madre lograron escapar a la calle entre la niebla de los gases. Afuera, vio cómo una turba de gente corría hacia él. Más atrás, la Policía descargaba sus armas. Pasaron apenas unos segundos, cuenta, y sintió una especie de corriente eléctrica que le estremeció la espalda y las extremidades, y lo derribó sobre el suelo de tierra. 

―Fue como si hubiera pisado un cable pelado, así me he sentido cuando me cayó la bala ―dice el joven delgado, de ojos chinos y piel colorada― ahí es que me he jodido. 

Andy Panduro no participó de la protesta. Dice que no acostumbra a salir a “ese tipo de actos”. Natural de Pucallpa, en la región Ucayali, llevaba menos de medio año en Ica. Había llegado en julio, donde sus papás Gladys Mori y Edilberto Shistama, que vivían allí desde hacía un par de años. Pensó que, trabajando junto a Edilberto en los fundos de espárragos, ganaría más dinero que como mototaxista en la selva. Que era una buena opción para él, un chico que solo había estudiado hasta primero de secundaria. 

Como trabajador agrario, le pagaban apenas 39 soles al día. Y debía levantarse a las tres de la mañana, tomar el bus a las cuatro y viajar dos horas hasta llegar al fundo, a las seis en punto. Una vez en el lugar, le tocaba trabajar bajo el sol hirviente y, en cuclillas, cortar los espárragos con un cuchillo. A veces le dolía la espalda baja, a la altura de los riñones. Pero, si se detenía a descansar, el caporal le gritaba y, si cortaba mal los espárragos, también. A las siete de la noche llegaba de vuelta a su casa, cenaba rápido y se iba a dormir para empezar la misma rutina al día siguiente. 

La Marcha Nacional contra el régimen de Manuel Merino y el Paro Agrario dejaron cinco muertos y alrededor de 300 heridos". 

Andy Panduro recuerda que después de lo que él sintió como una descarga eléctrica no hubo dolor. Pensó que no le había pasado nada. En medio de la conmoción logró ver a policías disparando a quemarropa. Intentó reincorporarse, pero no pudo mover las piernas. 

Su hermano y otros manifestantes lo llevaron a una botica cercana, donde varios heridos recibían auxilio. Ahí dentro, Andy vio a gente con heridas sangrantes en las piernas, en el abdomen, en la cabeza. 

La violenta represión fue más grande de lo que el joven pudo ver en ese instante. El Paro Agrario dejó tres muertos, todos en La Libertad: Jorge Muñoz (el 3 de diciembre), Reynaldo Reyes y el menor de edad ―tenía solo 16 años― Kauner Rodriguez (el 30 del mismo mes). Pero, hasta enero de 2021, no se sabe la cantidad exacta de heridos civiles, en gran parte debido al temor que tienen de identificarse y, luego, ser hostigados o denunciados por las autoridades. 

En sus Reportes de Conflictos Sociales de noviembre y diciembre de 2020, la Defensoría del Pueblo contaba a 14 civiles y 44 policías heridos en La Libertad e Ica. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) solo ha identificado a seis heridos en La Libertad. Cuatro de ellos recibieron impactos de perdigón en los ojos. Es decir, fueron atacados en lugares del cuerpo donde la policía nunca debió disparar. 

Susan Quintanilla, presidenta del Comité de Lucha del Sector Agrario de Ica, dice que su organización ha logrado identificar a 20 heridos, aunque saben que hay más. Andy Panduro y otro trabajador agrario, Isaac Ordoñez, son los más graves. Han quedado parapléjicos: tienen la parte inferior del cuerpo paralizada. 

INCERTIDUMBRE. El seguro médico de Andy vence a fin de mes. Aún no sabe qué pasará con su rehabilitación.

Ilustración: Claudia Calderón.

 

Aquella mañana, mientras lo atendían en la pequeña botica, Andy no sabía la gravedad de su situación. Quizá empezó a sospechar cuando apareció ese ardor terrible en la barriga y un sudor frío invadió su cuerpo. 

Él y un par de heridos de consideración fueron trasladados al Hospital Regional de Ica. Andy tenía un proyectil atravesado en la médula espinal. Pero, como en ese hospital no contaban con un neurocirujano para extraerlo, lo trasladaron al Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud. Y, como allí tampoco había un neurocirujano, lo trasladaron al Hospital Edgardo Rebagliati, en Lima. Ese día era 25 de diciembre, Navidad. 

En el Rebagliati, cuenta Andy, un médico le dijo que su operación no era posible y que quedaría inválido para siempre. Otra doctora, en cambio, le dio esperanzas de mejora. El joven se sentía enojado, confundido, impaciente. Finalmente, el 29 de diciembre, le extrajeron el proyectil del cuerpo. 

Ese mismo día, en el Congreso, aprobaron la nueva ley de promoción agraria: nuevos salarios, horarios adecuados, beneficios tributarios. El 30 de diciembre los trabajadores salieron una vez más a las carreteras, pues las nuevas condiciones no les parecieron ni suficientes ni justas. En la tarde, fueron asesinados Reynaldo Reyes y el adolescente Kauner Rodríguez.  

Andy Panduro sufrió un traumatismo en la médula espinal y fue diagnosticado con paraplejia". 

Todos esas jornadas, Andy Panduro las pasó en el hospital, recuperándose de su operación. El sábado 6 de enero de 2021, tras ocho días de observación, fue dado de alta con el mismo diagnóstico con el que ingresó: traumatismo de la médula espinal y paraplejia. 

―Estoy con sonda y uso “pampers”, me siento incómodo ―dice Andy y se queja un poco del dolor― pero, al menos, sí siento las piernas. También puedo mover el “dedo gordito” de un pie. 

Por ahora, se está quedando en casa de una tía, en San Martín de Porres. En esta ocupa un pequeño cuarto junto a su madre, Gladys Mori, quien no se ha separado de él desde que le dispararon. Andy duerme sobre una cama, ella sobre una colcha que tiende encima de unos cartones.

El área de Prensa e Imagen de EsSalud le dijo a OjoPúblico que está siguiendo la evolución del paciente. Pero Andy se queja de que tuvo que insistir por varios días para que el hospital acceda a cambiarle la sonda. Hasta ahora, afirma, no sabe cuándo le quitarán los puntos de la operación. 

Las terapias de rehabilitación llegan a través del teléfono, una vez al día, durante 20 minutos. Doña Gladys se encarga de hacerle los masajes y movimientos en las piernas. Hay noches en las que el muchacho no puede dormir bien. Entonces le pide a su madre que, por favor, lo ayude a cambiar de posición. Así cada tres horas, hasta que amanezca. 

―A veces me da pena mi mamá, en las mañanas tiene una cara de sueño... Ya no quiero incomodarla.  

El 31 de enero vence el seguro médico de su último empleo. El joven no sabe qué pasará a partir de entonces. 

―Cuando esté mejor me voy a regresar a la selva, para poder tomar mis vegetales que allá hay ―dice Andy Panduro, postrado en su colchón― seguro con eso me voy a poder curar más. 

 

Las secuelas de la Marcha Nacional 

Todos los días, desde su cuarto alquilado en San Juan de Miraflores, en el sur de Lima, Percy Pérez se pregunta qué hará durante los dos próximos años. Ese es el tiempo estimado que los doctores le han dicho durará su rehabilitación. El 12 de noviembre de 2020, durante la Marcha Nacional contra el breve gobierno de Manuel Merino, el bartender de 27 años recibió un disparo en el abdomen. 

Percy Pérez cuenta que, ese día, llegó con un amigo al Centro de Lima a las 8:30 de la noche. 

―Fui a protestar por la indignación de ver quiénes estaban tomando el poder. Salí a reclamar, pero no pensé que me iba a suceder esto a mí ―dice, sin perder la calma. 

Apenas 40 minutos después, se quedó solo frente a un grupo de policías. Entre las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, trató de esconderse detrás de un poste, pero no fue suficiente para evitar la tragedia. Recuerda que vio a la cara al policía que le disparaba a quemarropa y que este le sostuvo la mirada, mientras seguía con su ataque. 

MARCHA NACIONAL. El 12 de noviembre, Percy Pérez recibió un disparo en el abdomen.

Ilustración: Claudia Calderón.

 

―No sentí miedo cuando caí a la pista, solo me entró un adormecimiento en todo el cuerpo ―dice el joven de pelo negro, mostacho ralo y que, con 1.76 metros de estatura, pesa solo 54 kilos, pues ha perdido 13 desde aquella noche. 

El proyectil le dañó los intestinos y la vena ilíaca externa, que recorre las extremidades inferiores. Según Percy, los manifestantes demoraron en auxiliarlo porque los policías tiraban bombas lacrimógenas a su alrededor e impedían que alguien se acerque. Cuando el gas al fin se esfumó, entre varios lo cargaron y lo subieron a un taxi. Camino al Hospital Guillermo Almenara Percy quedó inconsciente. Luego, le dio un paro cardíaco. 

El joven ha sido operado tres veces del estómago y, por ahora, vive con una colostomía. Este es el procedimiento en el que uno de los extremos del intestino grueso se conecta a un orificio en la pared abdominal. Así, las heces pueden salir hacia la bolsa de recolección que está adherida al abdomen. Además, reniega Percy, debido a la lesión en la vena iliaca, la pierna derecha se le hincha hasta triplicar su tamaño cuando camina más de la cuenta. 

―Los doctores me han dicho que durante mi rehabilitación es mejor que no tome nada de alcohol.

Es por eso que Percy se pregunta, sin cansancio, qué será de él los próximos 48 meses. ¿Cómo ser bartender si no puedes probar una pizca de alcohol? La cuarentena por la pandemia ya lo había dejado sin empleo, pues el bar donde trabajaba tuvo que cerrar. Pero, al menos, sabía que cuando todo pasara podría volver a hacer lo que le gusta. Ahora, esa ya no parece una opción. 

Por mientras, vive del dinero que retiró de su AFP y de las donaciones que recibe de las personas que se interesan por su caso. Para no abrumarse con la imposibilidad de su futuro, estudia inglés en un instituto. 

―Recuerdo el día en que me desperté en el hospital y mi mamá estaba parada delante de mí. Había viajado desde su tierra, Yurimaguas, para cuidarme. Como no podía hablar, le pedí un papel y un lapicero y escribí: “Has criado a un hijo fuerte. No te preocupes”. 

Percy Pérez recibió un disparo que le dañó los intestinos y la vena ilíaca externa".

Percy fue uno de los 26 heridos graves en la Marcha Nacional, entre el 10 y el 14 de noviembre. Además de él, también hay más víctimas como André Rivero, el futbolista profesional de 21 años, que sufrió un traumatismo encefalocraneano y probablemente no pueda volver a jugar. O Bryan Pérez, pintor de 27 años, cuyos dedos han sufrido graves fracturas y ya no podrán moverse como antes. O Samuel Giraldo, el bailarín de 23 años a quien el impacto de una bomba lacrimógena le fracturó la pierna derecha y hasta ahora no retorna a su escuela de danza. O Yoel Maylle, músico de 28 años, que ha perdido la audición de un oído tras recibir un impacto en la cabeza. O Jon Cordero, de 24 años, que recibió un disparo de proyectil en la médula y ha quedado parapléjico. De acuerdo a una base de datos elaborada por este medio, fueron más de 250 las personas heridas. 

Aquella semana, miles de jóvenes protestaron en las calles de distintas ciudades peruanas, luego de la vacancia de Martín Vizcarra y la asunción a la presidencia de la, entonces, cabeza del Congreso, Manuel Merino. Uno de los principales propulsores de la salida de Vizcarra. A cambio de alzar sus voces detrás de las mascarillas y elevar sus pancartas inspiradas en canciones y memes, los manifestantes recibieron una dura represión policial que tuvo su expresión más despiadada con el asesinato de dos jóvenes: Inti Sotelo y Bryan Pintado, aún en investigación fiscal. 

Distintas organizaciones internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y la Organización de la Naciones Unidas (ONU), coinciden en que la Policía Nacional hizo un uso excesivo e innecesario de la fuerza contra los manifestantes, en su gran mayoría pacíficos, durante estas protestas. Estos organismos han recomendado, además, que el Estado asegure la reparación de las víctimas y que aplique una sanción a los responsables penales y administrativos. Un escenario tan violento, dicen, no debería volver a ocurrir. Pero ocurrió, con muertos y heridos, durante el Paro Agrario del pasado diciembre. 

Escenarios de ese tipo se repiten año tras año en Perú. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en los últimos 18 años las distintas protestas y conflictos sociales en el país han dejado alrededor de 2.500 heridos. De estos, casi 600 recibieron disparos por proyectiles de armas de fuego. Abundan los impactos en las partes más vulnerables del cuerpo: 260 los recibieron en la cabeza, 223 en el cuello, 181 en el torso. Varias de estas lesiones han dejado a las víctimas con secuelas físicas de por vida. Sin embargo, de acuerdo a la CNDDHH, ninguno de los responsables de estas agresiones ha recibido una sanción penal. Lo mismo ha ocurrido con los más de 160 fallecidos durante las protestas de ese periodo. Todas esas muertes siguen impunes.

En los últimos 18 años, las protestas y conflictos sociales han dejado alrededor de 2.500 heridos, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos".

La CNDDHH señala que en el país hay constante impunidad para los agresores y persecución policial para los protestantes. Por lo general, en los casos de muertes en manifestaciones a mano de policías y militares, lo que suele ocurrir es el estancamiento de las investigaciones y la resistencia a señalar a las autoridades responsables de los hechos. Entonces, los procesos se prolongan hasta que terminan agotando económica y emocionalmente a las víctimas. "La erradicación de la impunidad es un elemento esencial para reducir el riesgo de los defensores -dice un informe de la organización de derechos humanos- y debe ser considerada en la política pública involucrando al Ministerio Público y el Poder Judicial" 

Hasta enero de 2021, los asesinatos de Inti Sotelo, Bryan Pintado y el de los heridos de la Marcha Nacional siguen en investigación en el Despacho de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a cargo de Jhousy Aburto Garavito. Mientras que los casos de las muertes y algunos heridos del Paro Agrario están también en investigación en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú, en La Libertad. Y en el sur, en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica. Cuándo podrían concluir es incalculable. 

Sobre las reparaciones, el 17 de diciembre de 2020, el Gobierno peruano creó una Comisión Multisectorial en apoyo a los deudos y los heridos de dichas movilizaciones. En esta participan la Presidencia del Consejo de Ministros; los ministerios de Justicia, Salud, Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Trabajo y Promoción de Empleo, y Educación; el Seguro Integral de Salud; y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Marlene Román, secretaria técnica de la Comisión, dijo a OjoPúblico que tanto los familiares de los dos fallecidos, como los 26 heridos graves ya están recibiendo ayuda personalizada, de acuerdo a sus necesidades. Aparte de la atención médica indicada para sus condiciones, los jóvenes y sus familiares llevan tratamiento psicológico, capacitación para búsqueda de empleos, acceso a programas sociales o apoyo en la solicitud de becas de estudio. “La Comisión tiene una duración de 180 días, pero ahí no acaba el trabajo ―dice Román―. Sabemos que a muchos jóvenes les tomará mucho más de ese tiempo recuperarse”. 

Varios jóvenes van a resultar con discapacidad permanente, pero el gobierno se niega a dar una reparación económica”, dice Mar Pérez.

Mar Pérez, abogada de la CNDDHH, considera que esta ayuda no es suficiente. “Varios jóvenes van a resultar con discapacidad permanente. Estamos preocupados porque el gobierno se niega a dar una reparación económica”, dice Pérez. Pacha Sotelo, hermano de Inti Sotelo, uno de los fallecidos, y vocero de la Asociación de familiares y víctimas del 14 de noviembre, afirma que la ayuda de la comisión ha llegado tarde. Muchos de los heridos ya asumieron o están asumiendo parte de los gastos de su tratamiento médico por cuenta propia “y en eso no se les repara”. Pacha, además, sigue esperando la identificación de los culpables del asesinato de Inti. 

Para Huber Ñahui los culpables pueden esperar. No es que no le interese saber quiénes le hicieron daño a su hermano. Tampoco piensa que la justicia y la reparación a las víctimas son poco importantes. Pasa que su más grande deseo es ver a Albert, su hermano menor, totalmente sano. Anhela que llegue el día en que, por fin, salga del hospital donde está internado desde hace más de dos meses.

―Yo sé que la gente está buscando culpables de lo que pasó ese día en la marcha, y lo entiendo. Pero yo quiero que mi hermano se recupere ―dice Huber, al otro lado de la línea―. Es lo único que quiero.

 Albert Ñahui, ayacuchano de 22 años, fue herido el 14 de noviembre de 2020, la fecha más cruenta de la Marcha Nacional. Esa noche le cayó un objeto contundente en la frente ―se sospecha que pudo ser una bomba lacrimógena―. El golpe le destrozó parte del hueso frontal de la cabeza, le dañó la masa encefálica y le ocasionó un edema cerebral. Además, comprometió parte de su ojo izquierdo. Llegó muy malherido al Hospital de Emergencias Grau. Por eso, lo tuvieron que derivar al Hospital Guillermo Almenara. Había sufrido un traumatismo encéfalo craneano severo, así que lo indujeron a un coma para poder operarlo. Estuvo en ese estado por casi dos semanas. Albert fue, quizá, el herido más grave de todos los de Lima.

Desde entonces, Huber y su madre ―que debieron volar desde Ayacucho al enterarse de la noticia― tan solo desean que todo sea como antes. Que Albert vuelva a ser ese chico fuerte que, a los 18 años, decidió postular a la Infantería de Marina y se quedó allí por dos años. O que, como estaba a punto de hacerlo antes de la noche del 14, empiece el primer ciclo de la pre de la Universidad Nacional Federico Villarreal, para estudiar Sociología. 

El 14 de febrero, cuando se cumplan tres meses de sus heridas y su hospitalización, Albert también estará de cumpleaños. Su familia espera que, esos 23 veranos, los celebre fuera del hospital.

 

En Ica no hay milagros

Isaac Ordoñez, joven padre de 28 años, dice que en realidad él es ganadero. Allá en su natal Huancavelica, se dedicaba a la crianza de alpacas y con eso sobrevivía día a día. Pero unas cuantas veces al año, para ganar un dinero extra, viajaba a Ica para trabajar en las cosechas de los fundos. Empezó con esa costumbre a los 16 años, siguiendo a otros jóvenes de su pueblo. Años después, ya no iba al sur solo por él mismo, sino por su esposa y sus dos niños. 

―Yo vengo a Ica para educar a mis hijos, por ellos lo hago ―contó Isaac, desde su cama en el Hospital Hipólito Unanue, en Lima. 

Él es otro de los heridos graves del Paro Agrario. El 23 de diciembre de 2020 recibió un disparo en el pecho que le atravesó el pulmón y se alojó en la médula espinal. Así como Andy Panduro, sufrió un traumatismo en esa zona del cuerpo y ha quedado parapléjico. 

Isaac había llegado al Barrio Chino, con toda su familia, en octubre de 2020. Iba a trabajar en la cosecha de uva. Alquilaron un solo cuarto de madera, dentro de una casa en la que también vivían otros trabajadores agrarios y sus familias. El centro poblado de Santa Cruz de Villacuri es así: las casas están habitadas por cientos de migrantes de la sierra, la selva y de la costa, que llegan a trabajar por temporadas en las empresas agroexportadoras.

―Claro, hemos participado de las protestas el 22 de diciembre, sin agresiones. Hemos pedido lo justo al Estado, pero los “soldados” nos han humillado. 

El joven padre huancavelicano dice que, al notar la violencia que se desató ese martes en la manifestación, decidió retirarse. No quería poner en peligro su vida, pues toda su familia depende de su trabajo. Al día siguiente, cuenta, salió a ver de dónde venían los gases lacrimógenos que entraban a su casa. 

―En ese ratito me agarró el proyectil. Dije “ay”, nada más, y me he caído. Bastante gente estaba, ahí, parada. Ellos vinieron a darme agua. De ahí he perdido mi conocimiento.

Del 23 al 26 de diciembre estuvo internado en el Hospital Santa María del Socorro, de Ica. Luego, lo trasladaron al Hipólito Unanue, en Lima. Pero no fue hasta el 9 de enero de 2021, once días después, que lo operaron para extraerle el proyectil. Isaac cuenta que los doctores le decían que no había camas, que debía esperar. 

Isaac Ordoñez recibió un disparo en el pecho que le atravesó el pulmón y se quedó alojado en la médula espinal".

La atención médica y la reparación a los heridos del Paro Agrario no se está dando, como en el caso de los heridos de la Marcha Nacional. La Comisión Multisectorial atiende a las víctimas y heridos de las movilizaciones entre el 10 y 14 de noviembre y el 1 y el 3 de diciembre de 2020. Andy Panduro e Isaac Ordoñez, así como otros heridos graves de la protesta contra las agroexportadoras, fueron agredidos en la segunda fase del paro, a partir del 21 de diciembre. Ellos no reciben apoyo psicológico, laboral, educativo o social. Tampoco sus familiares. 

Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, le dijo a este medio que el Estado peruano tiene distintas posturas frente a la violencia del Paro Agrario y la de la Marcha Nacional. Por eso, las medidas que ha tomado son diferentes. “En el caso de la Marcha Nacional, el Estado ha reconocido su responsabilidad. Si el Estado reconoce responsabilidades en la violación de derechos humanos, le corresponde tomar acciones para resarcir a las víctimas ―dice Castillo―. Pero no hemos visto lo mismo en el caso del Paro Agrario. Mientras el Estado no asuma allí también una responsabilidad, le dará el mismo tratamiento que a un hecho en el que una persona sufre alguna lesión o un atentado. Esperará el proceso penal y si le imponen una reparación, la pagará”. 

Para Percy Castillo la violencia desmedida y generalizada de la marcha de noviembre no es similar a los escenarios de agresión y muerte del Paro Agrario: “En noviembre hubo violencia de una manera absolutamente desmedida y con múltiples afectados, lo mismo no se puede decir del sur o del norte, donde sí ha habido pérdidas de vidas humanas, pero la generalidad en el uso de la fuerza es lo que las diferencia”, sostiene. 

DESAMPARO. Isaac Ordoñez ha quedado parapléjico. Toda su familia dependía de su trabajo.

Ilustración: Claudia Calderón.

 

La última vez que OjoPúblico se comunicó con Isaac, durante la tercera semana de enero de 2021, él ya estaba de vuelta en el Barrio Chino. Se había instalado, con mucha dificultad, en su cuarto de tres metros cuadrados, junto a su esposa Martha y sus hijos Yeremi, de 10 años, y Eder, de 3. Le costaba encontrar tranquilidad encerrado en un espacio tan pequeño, en pleno verano y con tantas personas conviviendo en la misma casa. Sin siquiera tener un baño propio donde puedan asearlo. Desde hacía dos noches tenía fiebre.

Según el documento del alta médica del Hipólito Unanue, le tocaba seguir su tratamiento en el Hospital Regional de Ica. Allí debía intentar una posible recuperación. Pero Isaac no sabe a quién llamar para averiguar más detalles. Además, cuenta, el viaje desde su casa dura más de una hora, y solo las combis llegan hasta ese hospital. 

―Echado en un asiento quizá sí pueda irme. Lo que yo quiero es estar bien, porque estando así no hay quién solvente a mi familia ―dice Isaac Ordoñez con la voz apagada― Apenas pueda, tengo que volver a trabajar.