Con la colaboración de Jorge Carrillo (Loreto).

 

En julio de este año, las fiscalías Penal de Coronel Portillo y de Crimen Organizado de Lima cumplirán tres años investigando y documentando las evidencias contra una presunta agrupación delictiva encargada de traficar tierras en Cocha Anía, una zona ubicada en el distrito de Nueva Requena, en la región amazónica de Ucayali. El caso involucra a cinco exfuncionarios del gobierno regional, entre ellos a los directores del despacho agrario y al responsable de saneamiento y titulación de tierras entre los años 2016 y 2018: Isaac Huamán Pérez y Christopher Hernández Larrañaga. 

El caso Cocha Anía es importante porque, por primera vez, una investigación por crimen organizado involucra y logra la prisión preventiva contra un funcionario de este rango en un gobierno regional. También representó el primer allanamiento y decomiso de documentos a una dirección regional de Agricultura por parte de la tercera fiscalía penal de Coronel Portillo, en una de las regiones amazónicas con alto riesgo de corrupción en Perú, pero no es el único.

Un equipo periodístico de OjoPúblico analizó siete expedientes fiscales contra funcionarios públicos e identificó a 42 personajes investigados que, según los fiscales, permitieron -desde el cargo que ocupaban- la deforestación, el tráfico de tierras o la vulneración de territorios indígenas. 

De los casos revisados, tres involucran a la región Loreto, tres a Ucayali y otro a Madre de Dios. En estos documentos, el 83,4% de los funcionarios estaban vinculados al tráfico ilegal de madera, el 11,9% al tráfico de tierras; y el 4,7% al otorgamiento irregular de permisos forestales y la deforestación.

El 88% de los involucrados pertenece a cuatro tipo de funcionarios públicos: especialistas (26,1%), miembros PNP (26,1%), personal encargado de área (23,8%) y directores (11,9%). La lista la completan jefes y gerentes forestales.

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El mecanismo del tráfico en Cocha Anía

De todos los investigados en este caso, el Poder Judicial ordenó la prisión preventiva para los exdirectores Isaac Huamán y Christopher Hernández, pero el año pasado ambos fueron liberados como medida para evitar el contagio de Covid-19. Huamán cumple ahora detención domiciliaria, y Hernández está con comparecencia simple. 

El caso, que comenzó en la Tercera Fiscalía Corporativa Provincial Penal de Coronel Portillo, a inicios del 2020 pasó a la Primera Fiscalía de Crimen Organizado de Lima, debido a la complejidad del caso y sus nexos con otras investigaciones y en este momento se encuentra en etapa preparatoria.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Huamán Pérez era la cabeza de una organización criminal que otorgó de forma ilegal más de un centenar de predios para una posterior venta a empresas vinculadas al negocio de la palma aceitera en Ucayali. Según la fiscalía, la venta no se llegó a concretar porque el 2018 intervinieron e iniciaron la investigación que consideró en su análisis documentación generada desde el inicio de la gestión de Huamán Pérez, en enero del 2016. 

La carpeta fiscal del caso Cocha Anía investiga el tráfico de tierras y deforestación de cerca de tres mil hectáreas de tierras.
 

Este caso permite entender el mecanismo detrás del tráfico de tierras en la Amazonía. En resumen: funcionarios, en este caso de la dirección agraria del gobierno regional de Ucayali, emiten constancias de posesión y títulos de propiedad a favor de falsas asociaciones de vivienda o testaferros que luego venden los predios a personas o empresas vinculadas a la  palma aceitera.

Según la investigación fiscal, Isaac Huamán Pérez, exdirector de la Dirección Regional Agraria, 63 años, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Cajamarca. Él está acusado de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de banda criminal y contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento en agravio del Estado.

 

Otro de los exfuncionarios que trabajaba en la Dirección Agraria de Ucayali y que también es investigado por crimen organizado para el tráfico de tierras en el caso Cocha Anía es Jaime Montalván Torrejón. Él, como Christopher Hernández Larrañaga, ocupó el cargo de director de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria de la dirección agraria de Ucayali, pero entre septiembre del 2015 y noviembre del 2016, una gestión previa a la de Hernández. 

A Montalván Torrejón la fiscalía lo investiga por una presunta responsabilidad en la simulación de 128 predios que en una última etapa  fueron cedidos a la hija de su pareja, Vielca Cuzcano Escobedo, una enfermera de 31 años quien figuraba como apoderada de las tierras y ante la fiscalía declaró que accedió a firmar el poder de los predios como “un favor” a Montalván.  

El 2014, un año antes de iniciar sus funciones como director de saneamiento (que depende del área de agricultura de Ucayali) Montalván Torrejón se presentó ante el gobierno regional de Huánuco como representante de la Iglesia Menonita en el Perú y suscribió un convenio de cooperación con esta región vecina de Ucayali. El convenio tenía como propósito desarrollar actividades agrícolas. 

La organización religiosa menonita que representó el hoy investigado Montalván Torrejón, también se encuentra bajo sospecha por el delito de deforestación por las fiscalías ambientales de Loreto y Ucayali. Ambas sedes han iniciado las pesquisas preliminares para iniciar las acusaciones contra los responsables por una denuncia de la procuraduría del Ministerio del Ambiente que acusa el desbosque en los territorios utilizados por la comunidad menonita.
 

OjoPúblico analizó siete expedientes fiscales contra funcionarios públicos e identificó a 42 personajes investigados.

Un reporte del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP), publicado a fines de octubre del 2020, alertó que las actividades agrícolas promovidas por esta organización religiosa deforestaron más de 3 mil hectáreas en Loreto y Ucayali.

OjoPúblico se comunicó en reiteradas oportunidades y envió mensajes a Jaime Montalván Torrejón, pero al cierre de esta publicación no atendió a nuestras consultas.
 
La carpeta fiscal del caso Cocha Anía investiga el tráfico de tierras y deforestación de cerca de tres mil hectáreas de tierras. Las investigaciones también incluyen las transferencias de títulos gratuitos de fundos que según la fiscalía habría impulsado Isaac Huamán Pérez a favor de terceros. 

El exdirectivo indicó a OjoPúblico que tenía prohibido declarar sobre el tema al encontrarse en calidad de procesado y con arresto domiciliario. 
 

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Un sistema cómplice 

Pero los involucrados en ‘Cocha Anía’ no son los únicos funcionarios públicos investigados por crimen organizado, delitos ambientales y tráfico de tierras. 

Otro de los casos más recientes involucra al exdirector de Gestión de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura, Ricardo Gutiérrez Quiroz, condenado en diciembre del 2019 a cuatro años de prisión suspendida por haber aprobado ilegalmente certificaciones ambientales de cuatro proyectos ("Maniti", "Santa Catalina", "Tierra Blanca" y "Santa Cecilia") para palma aceitera en Loreto vinculados a compañías del Grupo Romero. De acuerdo a la sentencia, la decisión de la autoridad agraria iba a ocasionar un daño ambiental irreversible contra la Amazonía. Él ocupó el cargo entre 2012 y 2014.

El año pasado, pese a la sentencia en primera instancia en su contra, Gutiérrez Quiroz continuó brindando servicios en el Estado. De acuerdo al portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, Gutiérrez Quiroz se desempeñó entre enero del 2019 y febrero del 2020 como consultor del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda y también como asesor técnico del Ministerio de Agricultura, sector donde trabajaba cuando la fiscalía inició la investigación que culminó con la condena del 2019. 

La investigación contra los dos funcionarios regionales del caso Cocha Anía y el de Gutiérrez Quiróz  son solo una muestra de la participación de funcionarios  del Estado en delitos ambientales y de crimen organizado en la Amazonía. A partir de una base de datos construida por OjoPúblico, con investigaciones iniciadas entre 2013 y 2018, se determinó que en un total de siete procesos fiscales por crimen organizado y tráfico ilegal de madera se encuentran implicados 42 funcionarios públicos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali, regiones amazónicas que el 2019 concentraron el 55% del total de la deforestación del país, según cifras del Ministerio del Ambiente. 
 

Gerentes forestales investigados

En los gobiernos regionales de Loreto, Madre de Dios y Ucayali la dirección o gerencia forestal es un área destinada a la promoción, supervisión y fiscalización de recursos como la madera de los bosques, pero en los últimos años tres directores de estas oficinas han afrontado denuncias e investigaciones por diferentes delitos ambientales.  

En Loreto, Kenjy Terán Piña, actual gerente regional de desarrollo forestal, tiene investigaciones en marcha por casos vinculados a tráfico de madera. También ha sido denunciado por procesos ligados a la actividad forestal cuando trabajó en el hoy desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena). En sus descargos, recogidos por OjoPúblico, sostuvo que no se encontraron delitos en la investigación que tuvo el 2009, por tráfico ilegal de productos forestales y que fue archivada. 

Pero Terán Piña afronta otras investigaciones en marcha. Tiene un proceso penal en la fiscalía ambiental de Loreto por supuestos otorgamientos irregulares de concesiones forestales. En su descargo Terán señala que “la fiscalía se dejó llevar por una noticia sobre concesiones forestales abreviadas. Nosotros hemos entregado toda la documentación”, se defendió. Este caso todavía se encuentra en investigación preparatoria. 

 

A inicios del 2020, la fiscalía ambiental de Nauta también recibió una denuncia de parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) por una resolución a favor de la empresa Consorcio Maderero S.A. por el otorgamiento de una concesión para la explotación de madera sin contar con el informe técnico correspondiente. El área de bosques cedidos, según la denuncia, se encuentra en un área de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor. Esta carpeta se encuentra en investigación preliminar y en los próximos meses la fiscalía de Nauta determinará si existen responsabilidades contra Terán Piña .

Al ser consultado sobre el tema, Terán indicó a OjoPúblico que el título habilitante de Consorcio Maderero S.A. fue otorgado durante la gestión del ingeniero Rildo Rojas Tuanama como titular forestal.  

Para el procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán Mendoza, es necesario que se maneje los antecedentes de los funcionarios que se desempeñan en áreas clave del sector forestal. “Por cada mal funcionario que coloquemos en determinado puesto estratégico podríamos estar facilitando la extracción ilegal y lavado de madera. Cuanto menos se encuentren vinculados a hechos delictivos es menos probable que se cometan delitos en su gestión”, explicó.
 

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Organizaciones bajo sospecha

En esta misma región, la madrugada del pasado 5 de diciembre un grupo de 150 policías en coordinación con la fiscalía contra la criminalidad organizada detuvo a 11 personas y allanó igual número de inmuebles en Iquitos, en la provincia de Maynas, en el marco del denominado caso ‘Los remanentes Cumaleros del Oriente’. De estas, cinco eran funcionarios públicos. Todos ellos especialistas de la dirección de agricultura, la Autoridad Regional Ambiental de Nauta, la dirección forestal de Loreto y el gobierno regional. 

La diligencia formó parte de una carpeta, iniciada el 2018, donde se encuentran involucrados funcionarios del gobierno regional de Loreto que, según la fiscalía, permitieron el lavado  de madera extraído ilegalmente en la Amazonía peruana. La investigación, debido a su complejidad, todavía se encuentra en etapa preparatoria a cargo de la fiscalía de crimen organizado de Lima; región adonde fueron trasladados los intervenidos en Iquitos.

Tres directores forestales han afrontado denuncias e investigaciones por diferentes delitos ambientales.

Otra región donde la máxima autoridad forestal tiene investigaciones en su contra es Ucayali. El titular de la gerencia forestal es Marcial Pezo Armas, un funcionario que también se encuentra involucrado en expedientes fiscales por delitos de responsabilidad funcional e información falsa y tráfico ilegal de productos forestales maderables como informó OjoPúblico en febrero del año pasado. 

Además, Pezo Armas está implicado en el caso Saweto donde el retraso y olvido en las investigaciones tuvo como consecuencia el asesinato de cuatro líderes indígenas que defendían su territorio de traficantes de madera, hecho que luego de más de seis años continúa impune.

Uno de los  subordinados de Pezo, Roy Pinedo López, señaló en la investigación de la fiscalía ambiental de Ucayali que este autorizó vía telefónica y sin revisar la documentación, el desembarco de un cargamento de madera que días antes el líder indígena Edwin Chota, de la comunidad Alto Tamaya Saweto, denunció por ser proveniente de la tala ilegal.

OjoPúblico se comunicó de forma reiterada con Marcial Pezo Armas, pero hasta el cierre de esta edición no respondió ni tampoco lo hizo la oficina de prensa de su gerencia.

 

La tercera región donde la Fiscalía investiga a funcionarios del gobierno regional es Madre de Dios. Aquí destaca Robert Nishida Añez, quien ocupó el cargo de gerente forestal entre diciembre del 2019 y junio del 2020. Casi tres meses después de dejar el cargo, Nishida Añez fue detenido en el marco de la investigación denominada ‘Los hostiles de la Amazonía’, en la que también se encuentran implicados otros 20 funcionarios de la región amazónica, entre ellos un grupo de siete efectivos policiales que permitieron -según la fiscalía- el tráfico ilegal de madera. 

De acuerdo al expediente fiscal, Nishida Añez coordinaba con tramitadores para que consiguieran guías de transporte forestal, documento necesario para el traslado de la madera, con información falsa. Asimismo, según las indagaciones fiscales, el exfuncionario forestal aprovechó su puesto para designar servidores que facilitaran los actos ilícitos en el transporte y la comercialización de la madera, a cambio de donativos y dinero.

Para el exfiscal ambiental de Ucayali e investigador en derecho ambiental, Francisco Berrospi, uno de los problemas para las investigaciones recae en las funciones y procesos sancionadores al interior de las direcciones forestales en las regiones del país. "Está bien que se hagan los procesos administrativos, pero no le puedes dar atribución para que otorguen, por ejemplo, guías de transporte forestal porque se ha visto que ellos mismos la blanquean", dijo a OjoPúblico. 

Berrospi también recordó que existen vacíos que permiten a trabajadores del sector público no ser procesados por corrupción sino solo por responsabilidad de funcionarios donde "la pena es mínima". Ante esto, el también exprocurador adjunto del Ministerio del Ambiente planteó a este medio que se debería incluir en el Artículo 314 del Código Penal un punto referido a “corrupción ambiental”. 

El esquema de tráfico de tierras, madera y deforestación, como indica el exfiscal ambiental, requiere sanciones más severas contra las autoridades que participen o permitan la culminación de estos delitos. El Congreso podría ser la alternativa para los cambios necesarios, pero a puertas de una campaña presidencial todavía no hay propuestas que planteen mejoras en la justicia ambiental del país.