Dos días después de varios intentos fallidos, por fin el celular suena y contesta el apu Ángel Pedro Valerio, el histórico líder asháninka que recorre las comunidades indígenas del río Ene, en Junín, cumpliendo la tarea que le corresponde al Estado. Él cuenta que habla con frecuencia con los líderes locales, les pregunta si alguien ha enfermado con Covid-19, escucha la indignación de las familias y, sobre todo, los miedos de quienes han recibido amenazas de invasores de tierras que buscan expandir los cultivos de coca para el narcotráfico. “Es una gran preocupación porque hasta la actualidad no tenemos ayuda. Hemos hemos enviado cartas a las autoridades, nos hemos reunido, pero no hay respuesta”, dice con la voz cansada el presidente de la Central Asháninka del río Ene (CARE).

El discurso del apu Valerio confirma que, en las comunidades indígenas, la respuesta del Estado viaja más lenta que el coronavirus, durante la pandemia. Ocurrió, primero, en Loreto. Después en Ucayali y Amazonas. Y, ahora, pasa lo mismo en los pueblos originarios del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem); los últimos alcanzados por el virus, y de los que menos se sabe en esta emergencia sanitaria. Las direcciones regionales de salud de Cusco, Junín y Ayacucho no reportan en sus estadísticas casos con la variable étnica, aunque desde fines de mayo están obligadas a hacerlo por disposición del gobierno.

Antes del martes 18 de agosto, la situación de los pueblos originarios se conocía a través de los líderes indígenas, como el apu Valerio. Sin embargo, desde ese día el Ministerio de Salud publicó la sala situacional, según la cual en la región Junín hay 297 casos –la mayoría asháninkas– en las provincias de Satipo y Chanchamayo; 184 de ellos localizados en el distrito del Río Tambo. Sin embargo, Fabián Antúnez, presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), dice a OjoPúblico que en su jurisdicción hay 247 indígenas con Covid-19. 

 

PREOCUPACIÓN. Los asháninkas de la región Junín, afectados por la Covid-19, han denunciado también la invasión de sus territorios por parte de foráneos.

Foto: CARE

 

“La mayoría fue asintomática y se trató con hierbas ancestrales, porque acá no hay medicina del Estado. Se contagiaron cuando fueron a los bancos de Atalaya (Ucayali) y Satipo (Junín) a cobrar los bonos del gobierno”, añade el líder asháninka.

En Cusco, según la sala del Ministerio de Salud, son 201 los indígenas contagiados, en su mayoría de las etnias yine, asháninka y machiguenga del distrito de Megantoni, provincia de La Convención. Agilio Semperi, presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), explica desde Quillabamba que carecen de insumos para el tratamiento. “No tenemos pruebas rápidas, los centros de salud no tienen oxígeno ni personal para atender a los pacientes. Los enfermos graves tienen que ser llevados hasta Quillabamba, que está a dos días de viaje, y en el trayecto la gente se muere”, dice indignado. 

La Defensoría del Pueblo de Cusco registró –hasta la quincena de julio– 16 profesionales de la salud contagiados que trabajan en las redes de Kimbiri, Pichari y La Convención; y solicitó al gobierno central enviar equipos de protección personal, medicinas y evitar que los establecimientos cierren debido a la expansión del virus. 

En Cusco, según la sala del Minsa, son 201 los indígenas contagiados, en su mayoría de las etnias yine, asháninka y machiguenga.

En Ayacucho, la otra región que conforma el Vraem, la sala situacional de pueblos indígenas no reporta ningún caso. No obstante, se sabe que es una de las regiones con tendencia creciente y, por eso, dos de sus provincias (Huamanga y Huanta) fueron declaradas en cuarentena focalizada el último 12 de agosto. “No le puedo mentir: no sabemos si las comunidades indígenas están contagiadas o no, porque no tenemos personal que vaya hasta allá, y nuestro equipo tampoco habla lenguas indígenas”, dice el biólogo Lucio Ramírez, jefe de la red de salud de San Francisco.

En esta región, la Defensoría del Pueblo informó que la dirección regional de salud les ha reportado 97 casos positivos en los distritos que albergan comunidades asháninkas y nomatsiguengas, como Canayre, Llochegua, Santa Rosa, Anco, Chungui y Samugari.  

La sala situacional del Minsa, publicada el 18 de agosto, no registra defunciones dentro de las comunidades indígenas. Sin embargo, en su último reporte del 4 de agosto, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) considera 384 indígenas fallecidos por Covid-19 en toda la Amazonía peruana. Los datos, no obstante, no están desagregados por regiones. 

   

 Violencia y olvido

 

El apu Valerio, presidente de la Central Asháninka del río Ene (CARE) de Junín, viene solicitando al Estado que refuerce los establecimientos de salud del primer nivel de atención desde abril. “En nuestra cuenca no hay pruebas rápidas, ni medicinas, ni oxígeno. Las comunidades están alejadas, a ocho o nueve horas de la ciudad de Satipo”, explica, desde la comunidad de Chirumpiari. 

En la cuenca del río Ene hay 53 comunidades asháninkas y 12 puestos de salud del primer nivel de atención, con deficiente infraestructura y escaso personal. La historia de estas zonas ha estado marcada por la violencia: en los años ochenta sus habitantes fueron desplazados por el terrorismo. Tiempo después, se enfrentaron al cólera, el sarampión y, ahora, al nuevo coronavirus; que los obligó a cerrar sus fronteras y aislarse para evitar contagiarse.

Las comunidades indígenas del Vraem adoptaron esa estrategia, pero el contagio fue inevitable. La situación se agravó por la falta de medicamentos, pruebas rápidas, personal de salud y las enormes distancias entre sus viviendas y los hospitales. Según el informe 169 de la Defensoría del Pueblo, de 10 comunidades indígenas solo 4 cuentan con un establecimiento de salud, y estos atienden en condiciones muy precarias. 

AMENAZADOS. Aunque al inicio los indígenas del Vraem se aislaron para evitar el contagio, el virus ingresó en sus territorios. 

Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

 

La Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI) solicitó al gobierno central conformar 15 equipos de respuesta rápida para la búsqueda de casos sospechosos de Covid-19, en las comunidades indígenas de Junín y Ayacucho. También pidieron reconocer a los promotores indígenas que trabajan en las comunidades, implementar botiquines comunales y ambulancias fluviales para el traslado de los pacientes graves. 

Para enfrentar la pandemia, el gobierno central transfirió presupuesto a todos los gobiernos regionales. Por ejemplo, al de Ayacucho se le asignó S/ 58.9 millones, pero solo ha ejecutado el 16% y es el que menos ha gastado en todo el país. El de Junín recibió S/ 63.6 millones pero solo ejecutó el 32%; mientras que el del Cusco presenta un avance de 34% de los 66 millones transferidos. 

Al Gobierno Regional de Ayacucho se le asignó S/ 58,9 millones para enfrentar la pandemia, pero solo ha ejecutado el 16%.

La Defensoría del Pueblo de Junín alertó, en un reciente informe, que 71 profesionales de  salud de las redes de Satipo, San Martín de Pangoa, Chanchamayo y Pichanaki (zonas con presencia  indígena) se contagiaron con la Covid-19. Añadió que dos establecimientos, localizados en zonas originarias, fueron cerrados porque el personal dio positivo y presenta enfermedades preexistentes.  

 

Defender la tierra del narcotráfico

 

En el Vraem el enemigo no solo es la pandemia, sino desde hace mucho también lo son los invasores de tierras que intentan despojar a los indígenas de sus territorios. “Nos amenazan de muerte, nos hostigan, y captan a autoridades corruptas, que les entregan rápidamente títulos de posesión”, alerta el apu asháninka Fabián Antúnez, quien viene organizando a la población y a los Comités de Autodefensa (CAD) para defender sus tierras del narcotráfico, como antes lo hicieron con el terrorismo.

“Las poblaciones nativas amazónicas de la zona del Vraem continúan enfrentando situaciones conflictivas por invasiones, que tienen como propósito la ampliación de áreas de cultivo de coca y, por cierto, también su procesamiento en droga”, se lee en el libro “Comunidades asháninkas y machiguengas en Ayacucho”, publicado este año por el Centro Loyola de Ayacucho. Se trata de un documento que revisa los principales problemas que acechan a las poblaciones indígenas del Vraem.

En el Vraem el enemigo es también desde hace mucho el tráfico de tierras.

El apu Antúnez dice que actualmente las comunidades del río Tambo, en Junín, afrontan a invasores de Huancayo, Ayacucho y Cusco. Todos cocaleros, que buscan despojarlos de sus terrenos para sembrar coca que, luego, en grandes cantidades alimenta el narcotráfico. Según Devida, el Vraem es el principal centro de producción de coca en el país, con 21.646 hectáreas.

EN PELIGRO. Los líderes indígenas de la región Junín contaron a OjoPúblico que reciben amenazas de narcotraficantes que buscan despojarlos de sus tierras. 

Foto: CARE

Reina Barboza, presidenta de la Organización Asháninka del Río Apurímac (OARA), cuenta a OjoPúblico que siete comunidades indígenas de Cusco, en la provincia de La Convención, han sido invadidas por hombres que siembran hoja de coca para el narcotráfico. “Son migrantes de la sierra que talan árboles y plantan coca y maceran. Hay policías y marinos, pero no dicen nada. Cuando les reclamamos nos amenazan con armas, igual que en el tiempo de la subversión”, dice la lideresa de la comunidad Otari, en el distrito de Pichari, Cusco.

El último 13 de agosto, la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI) solicitó, mediante un documento al Ministerio de Agricultura, “establecer como prioridad la georreferenciación de las comunidades indígenas de la selva central afectadas por las crecientes invasiones de tierras por grupos de cocaleros y traficantes de tierras”, y que se reactive la demarcación y titulación de las comunidades indígenas.  

 

El desafío de las comunidades de Ayacucho

 

De todas las comunidades indígenas del Vraem, las de Ayacucho son las más incipientes, dice Jane García, directora del Centro Loyola. “No tienen líderes, ni están organizados y padecen –como el resto– serios problemas de agua y desagüe, servicios de salud y educación”, indica la mujer que ha impulsado un proyecto para articular a dichas localidades originarias y buscar su desarrollo. 

En un diagnóstico realizado a inicios de este año establecieron que hay siete comunidades indígenas en Ayacucho: tres asháninkas y cuatro machiguengas, en las provincias de Huanta y La Mar. “Están ausentes de políticas concretas del Estado y de la sociedad. En gran parte de los casos, su situación es de sobrevivencia e inclusive de riesgo de extinción”, se lee en el libro “Comunidades asháninkas y machiguengas de Ayacucho”.

PROTECCIÓN. El defensor del pueblo de Ayacucho ha solicitado a las autoridades regionales atender con prontitud a las comunidades indígenas. 

Foto: Centro Loyola

La publicación señala, además, que “entre las comunidades nativas de Ayacucho, de las siete existentes, solo tres disponen de resoluciones de reconocimiento y sus respectivos títulos de propiedad”. Esa falta de documentos y georreferenciación facilita que invasores de tierras sometan con facilidad a los indígenas y los despojen de sus territorios. “Es urgente que se visibilice esta problemática, porque sino las comunidades desaparecerán”, dice Carmen de Los Ríos, exdirectora del centro Loyola y quien comenzó el proyecto en las comunidades de Ayacucho.   

El defensor del Pueblo de esta región, David Pacheco, comenta a OjoPúblico que desde el 30 de abril enviaron oficios al Gobierno Regional solicitando apoyo para los pueblos originarios frente al avance de la pandemia. “Está pendiente la atención a las comunidades asháninkas, no tenemos cifras de contagiados, y preocupa que nuestra capacidad hospitalaria es muy deficiente; solo ocho camas UCI públicas y una en clínica privada. Todas están ocupadas. No existe un plan para las comunidades indígenas”, dice el funcionario.

En la red de salud de San Francisco también hay inquietud porque no cuentan con especialistas interculturales que puedan atender a los pacientes con Covid-19 de las comunidades indígenas, según Lucio Ramírez, jefe de dicha red. “Los puestos de atención primaria no están equipados. Tampoco tenemos medicinas ni oxígeno en los hospitales de San Francisco y Sivia, y nos falta personal que hable asháninka”, dice a OjoPúblico.

No sabemos si las comunidades están contagiadas, porque no tenemos personal que vaya hasta allá”, dice el biólogo Lucio Ramírez

En ese contexto, la lideresa de OARA, Reina Barboza, aprovecha la llamada telefónica para pedirle al gobierno que envíe medicamentos a los pueblos indígenas. “Se demoran mucho, los encargados del Covid-19 hacen talleres, capacitación, pero no actúan. Queremos que nos atiendan y no nos olviden”, dice desde su comunidad Otari, en el Vraem, un valle con grandes desafíos a puertas del Bicentenario.

El 31 de julio de este año la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca publicó los resultados de las estimaciones de los cultivos de coca y la producción de cocaína en Perú. En dicho informe se señala que la extensión de los cultivos crecieron de 52.100 hectáreas, en el 2018, a 72.000, el año pasado; lo que representa un incremento del 38%, sobre todo en el Vraem. Asimismo, según ese reporte, se pasó de producir 527 toneladas métricas de cocaína a 649 toneladas, en el mismo periodo.

Sin embargo, el gobierno peruano rechazó la conclusión del informe y dijo que dicho informe no consideraba 9 mil hectáreas destinadas, el año pasado, al consumo tradicional e industrial de la hoja de coca. Añadió que tampoco se incluyó las 25 mil hectáreas erradicadas en todo el país.