La ineficiencia en los procesos de compras del Estado se agudiza en tiempos de crisis. Desde la ampliación de la emergencia sanitaria por el coronavirus en la Argentina, se habilitó la compra directa de bienes y servicios necesarios para luchar contra la pandemia. Es un nuevo sistema excepcional que permite adquirir todo tipo de recursos sin estar sujeto al Régimen General de Contrataciones y en consecuencia, sin necesidad de una licitación pública. Esto aumenta el riesgo de corrupción y habilita mayor discrecionalidad en los procesos.

En el marco de la investigación regional de la Red Periodistas de América Latina para la transparencia y la anticorrupción (PALTA) se demostró que pese a varias modificaciones y nuevas normas implementadas por las presiones de los proveedores y el escándalo de sobreprecios del Ministerio de Desarrollo Social, el sistema de compras de la Argentina en época de coronavirus, aún posee deficiencias evidentes en materia de transparencia.

El primer problema en el proceso de contrataciones durante esta emergencia, es la falta de publicidad y difusión de la convocatoria que impide la participación de la mayor cantidad posible de oferentes. Si algún organismo necesita un bien o servicio vinculado con Covid-19, la norma permite enviar por correo las invitaciones con la información básica de la contratación, a por lo menos tres proveedores que ellos consideren y que se encuentren en el Sistema de Información de Proveedores. No posee un acto formal de apertura de ofertas ni una etapa de evaluación. Tampoco existe la oportunidad de impugnar la decisión por parte de los proveedores porque no se emite dictamen de evaluación.

CONTAGIOS. A la fecha, Argentina registra más de 4.600 personas con Covid-19, y 241 fallecidos a causa de esta nueva cepa del coronavirus.

Foto: La Nación / Tomas Cuesta

Desde la Oficina Nacional de Contrataciones justifican la norma con la discrecionalidad del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública, anterior al coronavirus. Los mecanismos de difusión contemplados ahora resultan aún "más abundantes" que aquellos previstos por el régimen ordinario, "en el que las contrataciones directas por emergencia quedan expresamente exceptuadas de difusión de la convocatoria, limitándose a uno el número de invitaciones a cotizar, cuando en el caso de la norma dictada en el marco de la emergencia Covid-19, el mínimo se eleva a tres", explica.

El procedimiento nuevo sienta principios en otro repleto de falencias. Según Germán Emanuele, Director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la organización Poder Ciudadano: "Se arrastran un montón de ineficiencias y falencias que tenía el régimen de contrataciones en tiempos normales. En todos los pasos tienes una situación permeable de delito, tanto por parte del Gobierno como del sector Privado. El sistema es complejo y malo". Y añade: "Venimos reclamando por una reforma hace mucho. Debe ser uno de los rubros con mayores riesgos de corrupcion en la Argentina".

Al día siguiente que salió a la luz la polémica compra de alimentos con sobreprecios, se publicó una Decisión Administrativa en la que se determinó que las contrataciones destinadas a la emergencia sanitaria, "no podrán superar en ningún caso los Precios Máximos establecidos por la Resolución N° 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior".

Pero recién el 22 de abril, cuando ya había pasado más de un mes desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria y semanas despues de echar a 15 funcionarios de la cartera de Arroyo,se agregó la posibilidad de utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones "COMPR.AR" que presenta de forma clara todas las publicaciones y envía automáticamente la invitación a todos los proveedores según su rubro, clase u objeto de la contratación.

"El inconveniente es que esto es optativo. Es un avance y estamos agradecidos que dieron lugar a nuestro reclamo, pero la realidad es se puede seguir comprando sin publicidad previa de la convocatoria. Para ser transparente hay que publicitar", sostiene el Dr. Carlos L.P. Antonucci, Presidente de la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE).

Al respecto, la Oficina Nacional de Contrataciones explicó que el uso optativo de COMPR.AR tiene raíz en el alcance de sus atribuciones. "El nuevo régimen incluye a organismos sobre los cuales no podemos imponer el uso obligatorio del sistema electrónico".

Antonucci considera que la mejor opción en el caso que no se utilice COMPR.AR, es enviar la notificación de apertura a UAPE y a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, para que ellos puedan publicarla y realizar la difusión en emergencia. "Esto no solo implica mayor publicidad sino que permitiría a las cámaras observar los detalles de la contratación y si es necesario, solicitar una circular aclaratoria o modificatoria", dice Antonucci.

Pero este recurso no se encuentra en ninguna de las normas publicadas y tan sólo el Laboratorio Anlis-Malbrán decidió llevarlo adelante en una contratación puntual con el objetivo de conseguir la mayor cantidad posible de oferentes.

"Para ser transparente hay que publicitar", dijo Carlos Antonucci, Presidente de Unión Argentina de Proveedores del Estado.

Al déficit de publicidad se le suma la inexistencia de organismos de control en tiempo real y la imposibilidad de un monitoreo ciudadano eficaz. Si bien cada organismo está obligado a publicar el resultado de la compra en la web de la Oficina Nacional de Contrataciones y en el Boletín Oficial dentro de los diez días desde la conclusión del procedimiento, no hay un sitio específico que reúna a todas las compras en formatos abiertos.

Tanto Open Contracting Partnership como Transparency International, elaboraron una serie de recomendaciones para asegurar la integridad de las contrataciones en tiempos de crisis. Ambos hacen hincapié en la necesidad e importancia de un sitio que centralice todas las compras en datos abiertos, completos y de alta calidad.

Emanuele explica que actualmente en la Argentina "existe un sistema de numeración para identificar las contrataciones, pero muchas veces no se cumple. Además, conviven distintos tipos de compras directas: las comunes, las de la ley de emergencia que salió a fines del año pasado y las de la pandemia". Y agrega: "Para reunir la información hay que entrar al Boletín Oficial, al sitio COMPR.AR y a los portales de los propios ministerios, hospitales y otros organismos. La información que se brinda de compras públicas viene muy limitada".

IRREGULARIDADES. El Ministerio de Desarrollo Social en Argentina compró alimentos con sobreprecio para atender la emergencia ocasionada por el Covid-19.

Foto: La Nación

También se corre el riesgo de perder información durante el proceso de compra. Todo lo actuado debería estar reflejado en un expediente electrónico. Pero la norma permite utilizar el soporte papel en el caso que haya inconvenientes técnicos.

La falta de planificación quedó en evidencia el 24 de abril, cuando la Oficina Nacional de Contrataciones emitió la Comunicación General ONC N° 9/2020, en la que solicita a los organismos de la Administración Pública Nacional que envíen una hoja de cálculo con todos los procedimientos de contrataciones que se realizaron para atender la pandemia, "con el objeto de reforzar la transparencia de los procedimientos de excepción a los efectos de proporcionar a la ciudadanía la mayor cantidad de información posible de manera clara y accesible". Pero aún no hay rastro de esta gran base de datos que se está consolidando.

Con respecto al posible abuso de este nuevo proceso de compras, no hay una norma o listado que determine cuáles bienes y servicios se pueden adquirir a través de este sistema. La competencia para determinar si una contratación es necesaria para atender la emergencia es de cada organismo. Por eso, entre las compras directas por Covid-19, más allá de los insumos médicos, aparecen alimentos para la población vulnerable, servicios de logística y sistemas de software para trabajo remoto.

Ante la consulta sobre posibles reformas y modificaciones que permitan transparentar y mejorar el sistema, la Oficina Nacional de Contrataciones anticipó: "Todo procedimiento administrativo normativo es perfectible".

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*Este reportaje forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), que integran La Diaria de Uruguay, OjoPúblico de Perú, Datasketch de Colombia, La Nación de Argentina, PODER de México, Ojoconmipisto de Guatemala y El Faro de El Salvador. Para leer sobre compras y contrataciones de América Latina también puedes ingresar al sitio de la Red Palta.