Historias de terror: los ciberfraudes financieros en México

En México se han registrado más de 34 millones de denuncias vinculadas a posibles fraudes bancarios entre 2011 y 2018. Aproximadamente 24 mil reclamos por día. Se estima que cuatro de cada diez intentos de operaciones delictivas son exitosos. Mientras, los bancos se niegan a dar información para combatir ese delito y las autoridades no ejercen sus atribuciones para proteger a los usuarios.

28 Octubre, 2019

Lourdes Valdez sintió que la sangre se le agolpaba en la cabeza cuando la gerente del Banco HSBC, ubicada en la provincia de Lagos de Moreno, Jalisco, le comentó que su tarjeta de crédito estaba cancelada porque su esposo Raúl Torres pidió un préstamo de 100 mil pesos mexicanos (5.200 dólares) y se había atrasado con las mensualidades.

Era mucho dinero. Le resultaba extraño que su esposo hubiera solicitado un crédito. No lo necesitaba porque precisamente en ese banco él tenía una Cuenta Premier, a raíz de que recibió de sus padres una herencia de 4 millones de pesos (209.694 dólares).

Lourdes Valdez no encontraba explicación para ese crédito. Su esposo no puede salir de casa sin que ella lo acompañe porque en 2012 sufrió un accidente aéreo que lo dejó discapacitado. 

-Enséñeme el contrato donde se otorgó el crédito- pidió Valdez a la gerenta Blanca Azucena Macías Espinosa.

La funcionaria del banco ignoró la petición y le recomendó:

-Le conviene liquidar ese crédito porque los intereses subirán la deuda. Ahora, de esos 100 mil pesos que pidieron en 2015, sólo deben 65 mil (3.000 dólares).

 

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DRAMA. Las historias de gente que ha perdido todo su dinero no son raras en México. Una modalidad de fraude son los préstamos no solicitados. 
Ilustración: Héctor Huamán.

 

La confusión aumentó para Lourdes Valdez. Además del supuesto crédito, el banco había estado cobrando algunas mensualidades sin la autorización del cliente.

Le volvió a pedir el contrato del supuesto adeudo, pero las palabras de la gerente la seguían apabullando:

-Liquide el adeudo para darle sus estados de cuenta, desbloquear la tarjeta de crédito y mostrarle el contrato que su esposo firmó.

Era la primera vez que Lourdes Valdez se enfrentaba a una situación así. A partir de que ingresó su herencia al banco, su marido decidió meter 3 millones de pesos (157.270 dólares) a una cuenta de inversión a 90 días y el resto del dinero en una cuenta corriente.

Como cotitular de la cuenta, cada 90 días, Lourdes Valdez acudía a la sucursal a retirar los rendimientos de la inversión y no podía hacer ningún movimiento en la cuenta sin la autorización Raúl, su esposo. “Nos sabía qué hacer. Lo único que pensé es que, si no liquidaba, sería imposible acceder al dinero y comprar la medicina que mi marido necesita”, cuenta Valdez. 

En medio de la desesperación, aceptó liquidar la deuda y también puso una denuncia ante el mismo HSBC por cargo de crédito no reconocido en la cuenta. La misma gerente le redactó la carta en una hoja en blanco, le dijo que la firmara y le prometió que la entregaría al departamento de quejas del banco. Nunca lo hizo. Tampoco le entregó el contrato donde su esposo supuestamente solicitó el crédito, con el pretexto de que el documento se encontraba en la matriz del HSBC ubicada en León, Guanajuato.

La misma gerente le redactó la carta en una hoja en blanco, le dijo que la firmara y le prometió que la entregaría al departamento de quejas del banco.
Nunca lo hizo.

Raúl Torres Venegas y María de Lourdes Valdez Jiménez nacieron en Lagos de Moreno, Jalisco, se casaron cuando ella tenía 16 años y él 19. Desde joven Torres tuvo buena estrella, tanta que se ha sacado tres veces la lotería. Se graduó como piloto aviador en Guadalajara, aunque no se dedicó a su profesión.

Sus días transcurrían en el rancho de su padre, un ganadero, agricultor y comerciante de los bienes que produce. Lagos de Moreno es una de las principales cuencas lecheras de México que abastece los mercados de Guadalajara, Aguascalientes y a la capital del país, Ciudad de México.

Raúl Torres compraba series de billetes de la lotería con el sueldo que recibía de su trabajo en el rancho. A la edad de 19 años, “le pegó al gordo”, como se dice en México cuando alguien le pega al premio mayor. No recuerda cuánto dinero recibió, pero le sirvió para comprar las cosas que necesitaría su primer hijo. 

La fortuna regresó a su casa en 1991, cuando se ganó 200 mil pesos (10.500 dólares) para terminar de construir su casa en la colonia El Refugio, cerca del malecón que se desplaza por el Río Lagos.

La bonanza no lo soltaba y en 2005 se volvió a sacar la lotería: esta vez a su bolsillo ingresó medio millón de pesos (26.212 dólares). “Había tenido altibajos en mi trabajo y el dinero fue un gran respiro”, recuerda Torres mientras suspira.

Con una parte de ese premio compró más cabezas de ganado para aumentar la venta de leche a Alpura, la empresa que adquiere toda la producción generada en Lagos de Moreno. La condición para recibir el dinero de la lotería fue que abrieran una cuenta en el Banco HSBC porque el cheque que le entregarían había sido emitido por esa institución financiera. 

Al cumplir tres décadas de trabajo en el rancho, su padre lo jubiló y le regaló dos terrenos. Raúl Torres seguía por su cuenta en el negocio de la leche y decidió realizar uno de sus sueños: comprar una avioneta. “Desde que terminé la carrera de piloto me imaginaba surcando el cielo de Jalisco, pero no lo había logrado”, afirma Torres, quien en ese tenía 59 años. Vendió los terrenos que le dio su padre y se compró una pequeña avioneta de dos plazas.

Un fin de semana perfiló su nave hacia la Presa de Cuarenta, de donde proviene el agua que le da vida al Río Lagos. Sobrevoló el lugar y al regresar a su ciudad la avioneta quedó atrapada en unos potentes cables de alta tensión. Nunca los vio. Los cables y el golpe eléctrico aventaron la pequeña aeronave hacia arriba y la misma inercia la volvió a regresar hacia los cables.

El accidente fue tan grave que tuvieron que reconstruirle todo el lado derecho del cuerpo y perdió la memoria a corto plazo: si bien recuerda cosas de años atrás, se le dificulta acordarse de episodios más recientes. Más de un año estuvo grave. Permaneció en cama y la habitación de su casa se convirtió en un cuarto de hospital hasta que se estabilizó. 

Desde entonces, Torres no puede salir solo a la calle porque el accidente también le perjudico un poco el habla, además le desató un cuadro de diabetes que todavía lo aqueja. 

Años después del accidente, sus padres fallecieron y le dejaron una herencia de 4 millones de pesos (209.694 dólares). “Como era una cantidad considerable la deposité en la cuenta del HSBC que ya tenía y me cambiaron de cuenta regular a cuenta Premier”, explica Torres.

En una ocasión, a Lourdes Valdez se le olvidó que habían trascurrido más de los 90 días que tenía para recuperar las utilidades de la cuenta de inversión que Torres tenía en el banco. Se presentó en la sucursal. Le extrañó no ver a la gerenta que siempre la atendía. En su lugar le asignaron a un ejecutivo.

El funcionario del banco le comentó que podría recuperar el rendimiento de su inversión si pagaba una penalización de 800 pesos (42 dólares) por no haber asistido el día del vencimiento. Valdez aceptó y logró hacer la operación. Era julio de 2015. Todavía no llegaba su verdadero calvario.

Un año después, la nueva gerente del HSBC, Blanca Azucena Macías Espinosa, le diría que su marido había solicitado un préstamo de 100 mil pesos (5.200 dólares) cuyas cuotas no había pagado. 

Ahí empezó todo.

 

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ALERTA: En México se han registrado más de 34 millones de denuncias vinculadas a posibles fraudes bancarios entre 2011 a 2018.
Ilustración: Héctor Huamán.

 

“Durante los trámites que hacía para que el Banco HSBC me entregara el contrato donde supuestamente mi marido había solicitado ese préstamo, le cargaron dos créditos más a la cuenta. Uno por un millón de pesos mexicanos (52.000 dólares) y otro por 400 mil pesos (20.000 dólares)”, cuenta Valdez.

Valdez denunció el caso ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ubicada en León, Guanajuato, y solicitó los contratos que supuestamente certificaban la autorización de los créditos no reconocidos y, según el banco, depositados en su cuenta.

Lourdes Valdez nunca se enteró de esos movimientos porque el HSBC dejó de enviarle los estados de cuenta a su domicilio con el pretexto de que “se estaban analizando las irregularidades” que ella había denunciado ante la gerencia de la sucursal bancaria.
   
A finales de diciembre de 2018, la Unidad Especializada de Atención a Usuarios del Banco HSBC, la oficina encargada de atender las denuncias de los tarjetahabientes, informó a la Condusef que el crédito de 100 mil pesos estaba saldado. Por lo que había culminado el plazo para solicitar el contrato donde supuestamente Torres pidió ese préstamo. Y que los otros dos créditos reclamados “fueron aceptados por el cliente a través de ATM (cajero automático)” y depositados a la cuenta del cliente. “Damos por total y definitivamente concluida la solicitud”, explicó el banco.
 
Raúl Torres, como titular de la cuenta, se declaró inconforme con la respuesta del banco ante la Condusef y solicitó una audiencia de conciliación. La reunión se realizó el 22 de marzo de 2019. La abogada del HSBC presentó dos contratos que supuestamente Torres firmó para solicitar créditos por 100 mil y un millón de pesos, respectivamente. Y argumentó que el otro crédito por 400 mil pesos “fue autorizado por ATM (cajero automático) y no se cuenta con contrato de apertura”.

De acuerdo con los documentos presentados por el mismo banco ante la Condusef, los empleados del HSBC dicen, primero, que Torres adquirió dos de los tres créditos que se le imputan, a través del cajero automático. Pero, después, la abogada explicó en la audiencia de conciliación que Torres pidió dos créditos en la sucursal de HSBC de Lagos de Moreno, por lo que existen dos contratos firmados por él. Y que el tercer crédito fue solicitado por Torres a través del cajero automático, por lo que no existe un contrato firmado.

Lo insólito es que el banco diga tener los papeles de todo eso. Y que, además, las cuentas que Raúl Torres tenía en el banco ahora están vacías.

 

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OBSTÁCULOS. De acuerdo a los testimonios recogidos, en muchas ocasiones los bancos niegan información que podría ayudar a identificar a los hackers bajo el argumento de la privacidad.
Ilustración: Héctor Huamán.

 

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En México se han registrado más de 34 millones de denuncias vinculadas a posibles fraudes bancarios entre 2011 a 2018. Un total de aproximadamente 24 mil reclamos por día. Los bancos que concentran el mayor número de denuncias son Santander, CitiBanamex, BBVA Bancomer, HSBC, Banorte, Banco Azteca, BanCoppel, Scotiabank, American Express y Banco Inbursa. Este listado coincide con el de entidades bancarias con mayor número de clientes.

Eso es lo que indica el Reporte Regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la institución que registra el número de denuncias que los tarjetahabientes hacen por fraudes cibernético y tradicional, delitos que se cometen a través de comercio electrónico, banca móvil, movimientos generados por el banco, pagos por celular, transferencias electrónicas, terminal punto de venta, cajeros automáticos y comercio por teléfono.

En estos últimos nueve años, el monto económico del fraude ascendió a 85 mil 500 millones de pesos mexicanos (4.446 millones de dólares). De los cuales, los bancos sólo están devolviendo al usuario la mitad o menos de la mitad del monto reclamado.

Por ejemplo, en 2017, los tarjetahabientes reclamaron 5 mil 325 millones de pesos al CitiBanamex y el banco sólo pagó 2 mil 810 millones de pesos; es decir, menos de la mitad del monto total que los usuarios de la banca solicitan que les devuelvan.

Según el economista Maximilian Murck, fundador de Tec-Check, una asociación civil en defensa del consumidor, el nivel de desprotección de los consumidores de la industria bancaria es similar al que la ciudadanía en general siente ante la ola de asesinatos que azota México desde 2010.

A su modo de ver, la impunidad con que opera la industria financiera es producto de la ausencia del estado de derecho que debería prevenir, investigar y castigar los fraudes bancarios. “Los criminales saben que la posibilidad de que sean atrapados es casi nula y por eso continúa en ascenso la estafa”, advierte Murck, también consultor del Banco Mundial.

En efecto, en 2011, los fraudes cibernéticos representaban el 7% del total de las denuncias que se hace en el banco. Pero la cifra se disparó al 59% en 2018. Sólo el año pasado se registraron 7 millones 500 mil denuncias por fraudes cibernéticos y tradicionales. Sin embargo, los funcionarios de los bancos se mantienen expectantes a este delito que, año tras año, se incrementa.

Sólo el año pasado se registraron 7 millones 500 mil denuncias por fraudes cibernéticos y tradicionales.

En México sólo un artículo del Código Penal Federal se refiere al tema y señala prisión de seis meses a 12 años para quien cometa la infracción. Pero no se puede juzgar a nadie por hackear o suplantar identidad. De eso no hay nada. “Sería conveniente tener un código penal de cibercrimen en donde se contemplen todos los tipos de delitos informáticos que hoy se presentan y que no sólo afectan al sistema financiero, sino a toda la sociedad”, considera Francisco Asiain Álvarez, director de ciberseguridad de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los bancos tampoco realizan denuncias por este tipo de crímenes, explica el fiscal. “En 2017, el sistema financiero mexicano no presentó ninguna queja. Fue hasta 2018 cuando la policía cibernética recibió tres denuncias por hackeos. Antes no hay nada”, apunta Asiain Álvarez.

El funcionario se refiere al hackeo que sufrieron cinco bancos el año pasado y que provocó pérdidas por 300 millones de pesos (15’727.015 dólares) al vulnerar su plataforma que conecta con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Los grandes bancos que operan en México no denuncian ante la policía los fraudes, debido a que cada institución financiera cuenta con un seguro contra ciberataques por una suma de 100 millones de dólares. Los bancos afectados por el Caso SPEI cuentan con ese seguro, por lo que recuperaron su dinero después del hackeo.

En México los ciudadanos usuarios de la banca tienen tres opciones para buscar una solución cuando son víctimas de un fraude financiero: interponer una inconformidad ante el banco, hacer una denuncia en la Condusef o presentar el robo ante el Ministerio Público. Si el ciudadano cuenta con solvencia económica, también puede contratar un abogado para que lleve su caso ante tribunales. Y si quieren tener asegurado su dinero, pueden comprar este servicio en el banco con un costo que va desde 400 (unos 20 dólares) hasta 800 pesos (aproximadamente 40 dólares) mensuales.

“El uso cada vez más intensivo de la tecnología ha socavado los sistemas de seguridad de los propios bancos. Y, ahora, del 100% de las quejas que tiene un banco, el 75% por ciento obedecen a operaciones derivadas de un posible fraude”, asegura el economista Mario Di Constanzo. Considera que la ley de protección al usuario debería establecer mayor responsabilidad de los bancos en el cuidado de sus clientes y de su propia identidad, para que no sea vulnerada. “Pero esto no ha sucedido, ni los legisladores lo han buscado”, asegura Di Constanzo, quien de 2012 a 2018 fue presidente de la Condusef.

Y mientras tanto, los casos de fraudes tradicionales y cibernéticos a los usuarios continúan multiplicándose por todo el país.

A finales de diciembre de 2017, el ciudadano José Luis Díaz, de la Ciudad de México, solicitó la transferencia de $2’500.000 (129.388 dólares) de su cuenta del banco HSBC al banco Scotiabank, porque compraría un inmueble. HSBC nunca hizo la transacción, por lo que no logró adquirir su casa. La institución financiera le ha dicho: “su dinero ya no existe en el HSBC”.

Iván Forcada Quezada, del Estado de México, tenía una tarjeta de crédito y una de débito del BBVA Bancomer. Con la primera, solicitaron un crédito de $3.000 (unos 155 dólares) sin que él fuera informado; de la segunda, extrajeron $46.000 (2.380 dólares) a través de banca por Internet, desde la cual cambiaron sus claves de seguridad y le vaciaron su cuenta de nómina. Ahora “adeuda” 155 dólares, más los intereses generados. 

A Lizbeth de los Ángeles Chin Chi, de Campeche, le extrajeron de su cuenta $35.970 (1.862 dólares) a través del servicio banca por Internet que nunca activó. Además, le cargaron a su cuenta de nómina tres créditos por $230.000 (11.904 dólares), $4.600 (238 dólares) y $1.097 (57 dólares) que no solicitó. Para sacar el dinero se realizaron 11 transferencias vía SPEI a dos cuentas desconocidas. HSBC no quiere dar los nombres de esas cuentas ni los de los bancos a donde se depositó el dinero, respaldándose en el “secreto bancario”.

María Isabel Mendiola Fraustro, del Estado de México, dejó de recibir sus estados de cuenta y al asistir a la sucursal del Banco HSBC, le dijeron que su nombre sí coincidía, pero no su fotografía ni su firma. Se trató de un robo de identidad. De su cuenta extrajeron $954.000 (unos 49.374 dólares) través de banca por Internet, sin que ella tuviera activado ese servicio.

Sergio Caballero Espino, de Tlaxcala, depositó en una cuenta de HSBC $548.000 (28.362 dólares) producto de su jubilación. En marzo de 2019 aparecieron en su cuenta dos transferencias bancarias que no autorizó. El dinero se trasladó durante la madrugada vía SPEI a dos cuentas de Scotiabank, pero el banco responde que por el “secreto bancario” no puede decir a quién pertenecen las cuentas.

María Angélica Olvera, de la Ciudad de México, tenía varios productos en BBVA Bancomer con saldo de $136.970,61 (7.089 dólares) en su cuenta de ahorro, $4.300 (222,55 dólares) en su cuenta de nómina y $3.350,90 (173 dólares) en la cuenta de ahorro de su hija. Sin que ella supiera, se realizaron 47 transferencias por SPEI a diversas cuentas de otros bancos y del mismo BBVA. Las tres cuentas quedaron con menos de 70 pesos (unos 3 dólares) y, además, le cargaron un préstamo de $4.550 (235 dólares) a su tarjeta de crédito.

Rocío Martínez Camero, de Guerrero, intentó una transferencia del HSBC a Citibanamex, pero su cuenta estaba bloqueada. Acudió a la sucursal para hacer la operación en directo. Al día siguiente recibió un mensaje en su celular para indicarle de una transferencia de $80.500 (4.166 dólares) que hicieron desde su cuenta vía banca por Internet hacia otro banco. Le vaciaron su cuenta.
  
De su cuenta de cheques en el HSBC, a Laureano Alberto Salazar Rueda, de Colima, le quitarpn $295.000 (15.268 dólares) para transferirlos a una cuenta que desconoce del BBVA Bancomer. Él nunca usa banca electrónica para hacer operaciones, sólo consulta sus estados de cuenta.

Armando del Bosque Trejo, de Coahuila, recibió en su cuenta del Banco HSBC un crédito no solicitado por $133.000 (6.883 dólares) y fue transferido, vía banca por Internet, a una cuenta desconocida por él, junto con los $16.500 (854 dólares) que tenía en su saldo. Tuvo que denunciar ante el Ministerio Público porque el banco le declaró “improcedente” su reclamo.

 

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NORMAS. En México, sólo un artículo del Código Penal Federal se refiere al fraude y señala prisión de seis meses a 12 años. Pero no se puede juzgar a nadie por hackear o suplantar identidad.
Ilustración: Héctor Huamán.


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Tanto el banco HSBC como el BBVA declinaron dar comentarios para este reportaje. La respuesta fue: “Revisamos el caso y te llamamos” o “Por el momento no contamos con disponibilidad de vocero para este tema. Por lo que declinamos la entrevista en esta ocasión”.

La situación para los ciudadanos se complica: México ocupa el tercer lugar de América Latina en casos relacionados con robo de identidad, después de Colombia y Brasil.

“Hoy en día todos los sistemas pueden ser hackeados. Pero la mayoría de los fraudes que se cometen en los bancos son realizados por gente interna. Los ciberataques normalmente suceden de afuera para adentro, aunque hay muchísimos más que empiezan de adentro hacia afuera. Lo importante es lograr que la información no salga de las instituciones financieras”, afirma Gueorgui Nikolov Popov Karadjov, experto en seguridad y director del FIMPE, fideicomiso encargado de acercarle a la sociedad el uso de pagos electrónicos sin riesgos.

Popov explica que en México primero se implementó el chip de seguridad en las tarjetas de crédito, antes que en las de débito, porque estaba en juego el dinero de los banqueros, no el de sus clientes. Pero cuando el fraude empezó a multiplicarse también en las tarjetas de débito, los funcionarios encargados de regular a la banca presionaron para que esos plásticos también funcionaran con chip.

Desde 1997 en México se colocó el chip de seguridad en las tarjetas de crédito y de esa manera el fraude empezó a disminuir, aunque no se abatió. Entonces, las instituciones bancarias decidieron emitir las tarjetas con chip y con el NIP (un número aleatorio). Pero tampoco se ha contrarrestado el delito.

Según Popov: “no hay como la huella digital para confirmar que tú eres el dueño de una cuenta y evitar así los fraudes. La biometría ya existe”. El experto explica que el FIMPE opera con tecnología dactilar desde 2009. Utilizan tarjetas con chip y huella digital para repartir el programa gubernamental Progresa en zonas rurales y semiurbanas.

Mientras en el mundo político y en el sector financiero se deciden fortalecer la protección de los usuarios de la banca, los ciudadanos deben enfrentar los costos de los fraudes a sus cuentas bancarias.

Cuando hay un fraude bancario, existen métodos para darle seguimiento porque los estafadores transfieren el dinero de los usuarios a otra cuenta existente en otros bancos o en la misma institución financiera. De acuerdo con Popov, hace cuatro años el FIMPE creó una estrategia para combatir la suplantación y robo de identidad de clientes bancarios. Usan la tecnología dactilar y enrolan a los usuarios y a los empleados de los bancos. El programa funciona en más de 20 instituciones financieras, entre bancos, aseguradoras, casas de bolsa, casas de empeño y comercio electrónico. 

Sin embargo, los siete bancos más poderosos que operan en México -CitiBanamex, BBVA Bancomer, Scotiabank, HSBC, Santander, Banorte y Banco Azteca- no han accedido a utilizar esta solución tecnológica. “Existen los medios y los recursos para evitar los fraudes bancarios y el robo de identidad. Si no hacemos nada, somos cómplices por permitirlo y tolerarlo. No he logrado encontrar una forma para hacer un trabajo en conjunto, ningún sector quiere trabajar en equipo”, lamenta Popov. 

Además de los múltiples problemas que México tiene en el manejo de fraudes, es también el país latinoamericano más vulnerable a ciberataques relacionados con piratería informática, robo de identidad y fraude en tarjetas de crédito.

La firma de análisis e investigación Lexis Nexis Risk Solutions publicó el estudio El costo del fraude 2018, realizado a partir de diversas encuestas aplicadas en distintos países, incluyendo México. En el documento apunta: “Si bien el uso de la tecnología ha ido en aumento, la realidad es que las transacciones vía dispositivo móvil influyen en el incremento de riesgo de fraude. El costo del fraude en México es alto: por cada acción fraudulenta, el valor es en realidad de 3.39 veces el monto de la transacción perdida”.

El estudio también alerta de que, de 10 intentos mensuales de operaciones delictivas, cuatro son exitosos, y el número de movimientos exitosos por medio del fraude reportados puede alcanzar un total de 500 cada mes en el sistema bancario.

El incremento sin control de los fraudes tradicionales y cibernéticos a los que están expuestos los usuarios en los 32 estados de la República mexicana ha llevado a los congresos estatales y al federal a levantar la voz. En Baja California, Tlaxcala, Nuevo León y Ciudad de México diputados y senadores han subido a tribuna a exhortar al poder Ejecutivo, a los ayuntamientos, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a impulsar una pronta solución a los delitos de fraudes patrimoniales y de robo de identidad que han sufrido clientes en diversos bancos.

El exhorto es una llamada de atención para colocar en la agenda nacional el problema. Sin embargo, las estafas continúan y, de ser clientes de la banca, los ciudadanos pasan a ser robados y, en numerosas ocasiones, hasta tratados como delincuentes.

Esto lo sabe bien José Luis Vélez Pérez, abogado con especialidad en litigio civil y mercantil. En su trayectoria ha enfrentado varios casos de defensa del usuario frente a los bancos. Semana a semana suele orientar a ciudadanos que le plantean casos vinculados con cargos indebidos a tarjetas de débito y/o crédito, robo por transferencias interbancarias, robo en cuentas de ahorro, etc.
Sin embargo, son pocos los que deciden demandar por el costo de los honorarios del abogado.

“Ante una demanda, los bancos se defienden y agotan todas las instancias legales para protegerse. Sólo hasta que se agotan los procesos legales dan cumplimiento a las sentencias en su contra”, explica Vélez. Hasta hace poco, eso procesos tardaban en solucionarse hasta 19 meses. Desde 2017, gracias a los juicios orales mercantiles se resuelven en ocho.

Un juicio contra algún banco le puede costar a un ciudadano por lo menos 30 mil pesos (unos 1.500 dólares). Vélez Pérez considera que el número de casos que llegan a tribunales se podría reducir si la Condusef realmente ejerciera sus facultades. “En el procedimiento de conciliación, la Condusef no ejerce la presión que debería para proteger al usuario de la banca. En el momento que le llega una denuncia, debería exigir a las partes que presenten todas las pruebas que tengan y con esos elementos emitir su dictamen técnico, el cual es un título ejecutivo no negociable”, señala el abogado.

Pero la Condusef se ha mostrado débil ante los bancos e incluso no asesora a los defraudados antes de la conciliación. Los deja a la deriva y, en la audiencia, sólo funge como testigo para, mes y medio después, emitir el dictamen técnico. Esto es contrario a lo que señala el Artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, según el cual la Condusef debería agotar el procedimiento de conciliación e incluso requerir información adicional a los bancos para resolver la queja.

Mientras en el mundo político y en el sector financiero se deciden fortalecer la protección de los usuarios de la banca, los ciudadanos deben enfrentar los costos de los fraudes a sus cuentas bancarias.

A José Raúl Torres Venegas y su esposa Lourdes Valdez, protagonistas de la primera historia de este informe, la Condusef ya les entregó el dictamen técnico. Y con éste, comienzan a vivir un segundo viacrucis para demandar legalmente al HSBC. De su cuenta de inversión les extrajeron ilegalmente $1’500.000 (78.635 dólares) y su cuenta corriente, donde depositó su herencia y parte de su premio de la lotería, está en cero. 

“Los bancos nos han expuesto a que nos roben y la Condusef nos deja a la deriva. ¿Cómo voy a recuperar mi dinero?”, pregunta Torres, quien vive ahora con los $5.000 (262 dólares) que al mes recibe de su pensión. Con ese dinero, y con lo que su esposa aporta de las ventas en su pequeña boutique, logra comprar los costosos medicamentos para calmar el dolor que le provocan las heridas en su cuerpo y controlar la diabetes.