El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, que pertenece a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), alertó hoy que dos empresas de la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana, la Asociación Civil San Juan Bautista e Inversiones Santa Regina S.A.C (ex Agrícola Santa Regina), han demandado a 16 ciudadanos de la comunidad campesina de Catacaos, en la región Piura. 

“Las tierras de los comuneros colindaban con el proyecto inmobliario Miraflores Country Club, que pertenece a la Asociación Civil San Juan Bautista, y cuando la comunidad se negó a venderles las tierras, iniciaron una serie de demandas judiciales del 2012 al 2018 por diversos delitos” indicó a Ojo-publico.com el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Carlos Rodríguez. 

Los 16 comuneros enfrentan 10 denuncias penales por usurpación, fraude procesal, daños, daños agravados, hurto, hurto agravado y lesiones. La alerta de la OMCT detalla que los miembros de la comunidad en este tiempo "han sufrido diversos ataques que permanecen en la impunidad, lo que demuestra el distinto tratamiento que el sistema de justicia peruano ofrece a quienes defienden los derechos relacionados con la tierra y el territorio", se lee en el comunicado.

CÚPULA. Santa Regina tiene como único socio a Inversiones San José, matriz de las prinicipales compañías del Sodalicio. Rivarola y Len son representantes de más empresas de esta congregación religiosa.

Fuente: Sunarp

La alerta señala que los ejemplos más graves de violencia contra los comuneros se registraron el 2011, cuando fue asesinado Guadalupe Sosa Zapata, quien, junto a sus vecinos, se opuso a que 200 personas armadas continuaran cercando terrenos que pertenecen a la comunidad. El caso fue archivado en la fiscalía “por falta de pruebas”.

Luego, el 2017, fue asesinado durante un desalojo el comunero Luis Pasache Zapata. Además, advierte el comunicado, "en enero del 2018 un grupo de comuneros fue agredido con armas de fuego por personal de la empresa Santa Regina y nadie ha sido procesado tampoco por este caso".

Piden poner fin al hostigamiento

El pronunciamiento de la OMCT "expresa su preocupación y condena la criminalización de los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, e insta a las autoridades peruanas a poner fin al hostigamiento en su contra, incluyendo a nivel judicial". 

Ambos periodistas enfrentan una demanda en Piura - a pesar de que ambos viven en Lima- por difamación agravada, presentada por el arzobispo de Piura y Tumbes José Antonio Eguren, miembro del Sodalicio.

Salinas y Ugaz han denunciado una serie de abusos sexuales, físicos y psicológicos que habrían sido cometidos por miembros del Sodalicio de Vida Cristiana, un movimiento religioso católico, "así como la presunta participación de miembros del Sodalicio en actos de tráfico de tierras y sicariato", precisa la alerta.

"Esta alerta busca que las autoridades peruanas conozcan cómo se usan instrumentos judiciales para violar la libertad de expresión", precisó el abogado Rodríguez. Mencionó a su vez que "el arzobispo Eguren no explica cual es su relación con la empresa del Sodalicio, comunidad religiosa a la que él pertenece. Su única respuesta ha sido judicial”.