La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el gremio que reúne a los principales grupos económicos del país, jugó su última carta en el Congreso para tratar de modificar la norma antielusiva antes de su inminente reactivación. Esta vez, a diferencia de sus gestiones anteriores en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no enviaron emisarios.

El mismo presidente del gremio, Roque Benavides Ganoza, acudió al Palacio Legislativo y se reunió con su titular, Daniel Salaverry, para pedirle que priorice el Proyecto de Ley 3740 que modifica las condiciones de aplicación de la Norma XVI, la herramienta legal que le permitirá al Estado detectar y recuperar los millones que se pierden por la elusión tributaria. 

Ojo-Publico.com confirmó que la cita ocurrió la tercera semana de marzo, días después que este medio publicara un reportaje en el que se detalla las presiones que realizó la Confiep para interferir en el reglamento de la norma antielusiva. Precisamente, el proyecto que Roque Benavides buscó agendar en el Pleno recoge las mismas exigencias que su gremio intentó concretar ante el MEF, y fue aprobado en diciembre del 2018 por la Comisión de Constitución y el Grupo de Control Constitucional, presididos por los congresistas fujimoristas Rosa Bartra y Miguel Torres, respectivamente.

Este dictamen plantea anular tres aspectos del Decreto Legislativo 1422 que fue promulgado el 2018 para complementar la norma antielusiva. Estos son: la responsabilidad solidaria de los directivos en casos de elusión, la fiscalización de años anteriores y el plazo para que las empresas ordenen sus planes tributarios.

Esto último implica que los directivos revisen los esquemas fiscales que aprobaron en sus compañías, a fin de confirmar que ningún acto o transacción pueda ser usado para eludir impuestos. El plazo para este ordenamiento venció el 29 de marzo.

CITA. El encuentro entre el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y el titular de la Confiep no está registrado en el portal de visitas. Él asegura que no hizo compromisos.

Foto: Andina.

El encuentro entre Benavides y Salaverry se dio en el despacho de la Presidencia del Congreso y no fue registrado en el portal de visitas, pero la oficina de prensa del legislador confirmó la reunión. “El presidente del Congreso tiene siempre una política de puertas abiertas. Se ha reunido con políticos de todas las tendencias, representantes de sindicatos y también de diversos gremios. Efectivamente, se sostuvo la reunión que comentas, pero no existió ningún compromiso en particular sobre la norma que mencionan”, indicaron voceros de Salaverry a Ojo-Publico.com.

Pero las presiones para agendar dicho dictamen también fueron impulsadas por la bancada oficialista Peruanos por el Kambio (PPK), pues mediante el Oficio N° 037-2019 firmado por el portavoz Jorge Meléndez y dirigido a Daniel Salaverry el 19 de marzo, se pidió ampliar la agenda del Pleno para incluir el proyecto de ley en el debate.

La misma semana que se realizó el encuentro entre Benavides y Salaverry, la Junta de Portavoces acordó incluir el dictamen esperado por la Confiep. Su debate se agendó para la sesión del Pleno del jueves 21 de marzo, con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Acción Popular y el APRA.

Esa era la última oportunidad de Benavides y la Confiep para prorrogar la revisión de los esquemas tributarios empresariales, que tenía fecha de caducidad, pero el debate se prolongó con la interpelación al Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y otros proyectos de ley ya programados. Finalmente, el dictamen nunca se puso en discusión.

PPK. La bancada oficialista impulsa una norma antielusiva que no confronte a la Confiep. En esta carta piden que se agende el dictamen para modificar la norma.

CAPTURA. Congreso.

La incomodidad del empresario fue manifiesta durante la Junta Anual de Accionistas de su compañía, Minas Buenaventura, que se realizó el lunes 25 de marzo en la Torre Las Begonias, en San Isidro. Ese día, los directores y socios de la mayor productora de oro del país se reunieron para aprobar los estados financieros, definir la distribución de dividendos y designar a sus auditores externos para el presente año.

Fuentes de Ojo-Publico.com indicaron que, al término de la junta, Benavides y algunos de los integrantes del directorio de Buenaventura, entre ellos Diego de la Torre, José Morales Dasso y Felipe Ortiz de Zevallos; así como Raúl Benavides, vicepresidente de Desarrollo de Negocios, cuestionaron la posición del Congreso y narraron los acercamientos que tuvieron con diversos legisladores para que el dictamen sea debatido.

"Al final de la junta anual de Minas Buenaventura, Benavides cuestionó el rol del Congreso"

Ante sus interlocutores, la preocupación de Benavides era acatar el plazo del 29 de marzo teniendo vigente el artículo que responsabiliza a los directivos si se detectan casos de elusión en sus empresas.

Buscamos la versión de la Confiep, pero su equipo de prensa se limitó a enviar un correo indicando que “sí apoyan la existencia de una norma antielusiva”, pero al ser “un gremio que asocia a otros gremios empresariales” no pueden hablar por la postura que han adoptado las empresas ante la pronta reactivación de la Norma XVI.

Cuenta regresiva

El plazo del 29 de marzo venció y las empresas han tratado de adecuarse, pero la Confiep aún busca concretar los otros dos cambios restante: anular la responsabilidad de los directorios y la presunta retroactividad de la norma antielusiva.

El jueves último, en una entrevista en Canal N, el ministro de Economía, Carlos Oliva, confirmó el rumor que corría por las redacciones: el reglamento final de la Norma XVI ya está casi listo y será publicado en los próximos días de abril a través de un dictamen que lo pondrá en funciones. Lo que pudimos confirmar es que existe un consenso para que este documento adopte parte de las demandas de la Confiep, con el objetivo de reducir las posibilidades de litigio cuando se inicien los operativos de fiscalización.

CONCESIONES. El ministro de Economía, Carlos Oliva, confirmó que la Norma XVI se reactiva en abril. Su reglamento final incluirá algunas demandas de la Confiep.

Foto: Andina.

Consultada por Ojo-Publico.com, la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, dijo que su despacho se reunió con el titular del Ministerio de Economía y con sus técnicos para establecer “una fórmula alternativa, la que consideramos más justa y que defiende tanto los intereses del Estado y de todos los contribuyentes, estableciendo un mecanismo que permita luchar contra la elusión tributaria con suficiente predictibilidad”.

En una reciente entrevista en Radio Nacional, Roque Benavides pidió predictibilidad o exactitud para determinar qué operaciones financieras pueden ser consideradas elusivas y cuáles no. Aquel fue el mismo argumento que motivó el congelamiento de la Norma XVI el 2014, por orden del Congreso, pues se exigió detallar las actividades por las que se puede eludir tributos, pese a que la norma tiene un carácter general debido a que las maniobras de la elusión cambian y se perfeccionan con el tiempo.

Son dos los artículos que la Confiep busca retirar del D.L 1422, con la anuencia parcial del MEF. El primero está detallada en la segunda disposición complementaria y ordena a la Sunat revisar “actos, hechos o situaciones producidos desde el 19 de julio del 2012”. Su censura recortará las posibilidades de recuperar millones de soles en tributos, aunque, en la práctica, tampoco podría ser aplicado en su totalidad porque el Código Tributario determina la prescripción de las deudas fiscales al cabo de cuatro años de cometida la infracción.

El segundo tema en discusión es la tercera disposición complementaria, la cual indica lo siguiente: “Corresponde [al directorio] definir la estrategia tributaria de la sociedad, debiendo decidir sobre la aprobación o no de actos, situaciones o relaciones económicas a realizarse en el marco de la planificación fiscal. Esta facultad es indelegable”.

La Confiep se opone a este texto pese a que la Ley General de Sociedades, en su artículo 177, señala que “los directores responden, ilimitada y solidariamente” por las actividades irregulares que realicen. La única diferencia es que ahora la responsabilidad se extenderá a causas tributarias.

El dictamen de la Comisión de Constitución plantea anular este párrafo, sin embargo, el mismo D.L 1422 contempla otro texto similar que no ha sido objetado. En su artículo 16 se indica que la responsabilidad solidaria alcanza a los representantes legales de la compañía en caso de “dolo o negligencia”, por lo que este veto no tendría efectos prácticos.

El negocio de los seguros

Fuentes de Ojo-Publico.com vinculadas al caso dijeron que en las últimas semanas, y teniendo en cuenta el plazo del 29 de marzo, las principales empresas del país corrieron para convocar a los estudios de abogados que avalaron sus esquemas tributarios a fin de revisar con ellos que sus operaciones financieras a futuro no crucen el límite ético y legal, en caso lleguen a ser auditadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) en el marco de la Norma XVI.

Para ello han tenido que cotejar los actos financieros ejecutados desde la promulgación de la norma antielusiva, en julio del 2012, y aquellos que pueden seguir teniendo efectos tributarios hasta la fecha. Por lo pronto, las compañías están comprando más pólizas de seguros para proteger a sus directivos y a estas mismas en caso los auditores fiscales encuentren operaciones sospechosas.

DECISIÓN. Esta semana el Pleno del Congreso decidirá el destino del D.L 1422. Si aprueban el dictamen de la Comisión de Constitución, anularían tres de sus artículos.

Foto: Andina.

Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Seguros (Apeseg) y Eduardo Chávez De Piérola, gerente legal de la misma, explicaron que más compañías están contratando un seguro patrimonial para cubrir a los directivos que puedan ser acusados de malas prácticas tributarias. Su nombre es D&O (del inglés Directors & Officers Liability) y está diseñada para cubrir la responsabilidad civil que los administradores o directivos puedan generar por negligencia, dolo o actos ilícitos.

“Podemos decir que se incrementó la demanda, pero el mayor pico lo tuvimos cuando estalló el caso Odebrecht. Las propias compañías pagan estas pólizas para que su directivo no tenga que asumir los gastos de abogado y otros con su propio patrimonio, y por realizar labores que son para la empresa”, explicó Chávez. Las aseguradoras que han incrementado sus contratos con estos seguros patrimoniales son Rímac, La Positiva, Pacífico, Mapfre, Liberty y Chubb Perú.

Según el ministro de Economía, Carlos Oliva, en nuestro país la elusión tributaria le deja pérdidas al país calculadas entre S/2.500 millones y S/5.000 millones cada año. Desde abril, cuando se reactive la Norma XVI, este dinero ya no terminará en paraísos fiscales o incrementando el patrimonio de las grandes corporaciones.