En una carta enviada a OjoPúblico el pasado 31 de julio, la viceministra de Interculturalidad del Perú, Patricia Balbuena, responde a la investigación periodística "Los secretos mineros detrás de la lista de pueblos indígenas", en el que se revela cómo el gobierno aprobó sin realizar procesos de consulta previa por lo menos 29 proyectos mineros en territorios de pueblos quechuas contemplados en la base de datos preliminar de comunidades indígenas. La viceministra sostiene que "carece de sustento afirmar que el Gobierno haya querido ocultar o mantener en secreto la lista referencial de comunidades indígenas del país", pues ellos han comenzado a publicar esta lista desde julio de este año y lo seguirán haciendo hasta diciembre.

La investigación de OjoPúblico se sustenta en la lista preliminar de pueblos indígenas elaborada por las anteriores gestiones del viceministerio de Interculturalidad (entregada por una fuente) y cuya auntenticidad ha sido verificada. Esta base de datos preliminar fue contrastada con todas las resoluciones del Ministerio de Energía y Minas en las que se aprueban proyectos de exploración y explotación minera otorgados luego de la entrada en vigencia del reglamento de consulta previa. Sobre el ocultamiento de parte del gobierno, dos exviceministros del sector, Iván Lanegra y Paulo Vilca, han reconocido que la versión preliminar de este listado (difundido por OjoPúblico) fue presentada a la Presidencia del Consejo de Ministros en diciembre del 2012 y que fueron los representantes del Ministerio de Energía y Minas los que se opusieron a su publicación total porque no estaban de acuerdo con la existencia de comunidades indígenas en los andes. Incluso, en una entrevista el mismo presidente de la República Ollanta Humala ensaya el mismo argumento y dice que la base de datos "está en proceso de revisión".

Dos exviceministros del sector han reconocido que la versión preliminar de la base de datos fue presentada a la Presidencia del Consejo de Ministros en diciembre del 2012 .

Han transcurrido más de tres años de la aprobación del reglamento de consulta previa y en este tiempo no se ha realizado un solo proceso en los andes con el argumento de la inexistencia de poblaciones indígenas en esas áreas. Es cierto que el viceministerio ha comenzado a publicardo una lista, pero esta es aún parcial y abarca principalmente a las comunidades amazónicas. La información publicada respecto a las comunidades quechuas es aún muy poca, y es en estos lugares donde se han aprobado y se siguen aprobando los proyectos extractivos más grandes.

La viceministra reconoce que "la ausencia de procesos de consulta previa en el sector minero responde a deficiencias en los procesos de identificación de pueblos indígenas realizados por el Ministerio de Energia y Minas (MEM)". Sobre por qué en la lista que están publicando hay menos comunidadades que en la lista preliminar del 2012, señalan que responde a una "nueva metodología para identificar a los pueblos indígenas" y que esta "tiene menos margen de error que la anterior".

La viceministra reconoce que "la ausencia de procesos de consulta previa en el sector minero responde a deficiencias en los procesos de identificación de pueblos indígenas.

Patricia Balbuena cuestiona que OjoPúblico haya publicado y difundido la base preliminar que elaboraron las anteriores gestiones y sostiene que esta no es oficial. Nunca dijimos que lo fuera. La publicamos y contrastamos porque consideramos que es de interés público conocer cuáles son las comunidades indígenas que formaban parte de la base de datos inicial y que había presentado la gestión anterior al Ejecutivo. La viceministra señala que publicar esta base de datos "contribuye a generar incertidumbre en la ciudadania". Rechazamos esta afirmación. La incertidumbre la generó el gobierno, primero, al cuestionar la existencia de pueblos indígenas en los andes y luego, al dilatar la publicación de la base de datos.

Reproducimos a continuación, íntegramente, la carta que envió la viceministra Patricia Balbuena a OjoPúblico:

Me dirijo a usted en relación al artículo “Los secretos mineros detrás de la lista de comunidades indígenas del Perú”, publicado en el portal OjoPúblico el día miércoles el 22 de julio de 2015 y la aplicación titulada “Quién es indígena en el Perú", construída sobre una “base de datos preliminar de pueblos indigenas”.

Sobre la naturaleza de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios y la consulta en el subsector minero.

De acuerdo a Ia Ley 29785, Ley del derecho a la Consulta Previa, la publicación de la Base de Datos Oficial de Puebios Indígenas u Originarios está a cargo del viceministerio de Interculturalidad (VMI) del Ministerio de Cultura en su calidad de órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo.

Desde octubre de 2013 hasta la actualidad, el VMI ha publicado información correspondiente a 54 pueblos indígenas u originarios (reseñas históricas y lista referencial de comunidades) y se encuentra en proceso de publicación de la lista referencial de comunidades campesinas pertenecientes a los pueblos indigenas quechuas. Esta etapa se inició ei 17 de julio y culminará el 20 de diciembre del presente año. En tal sentido, carece de sustento afirmar que el Gobierno haya querido ocultar o “mantener en secreto” información relativa a la lista referencial de comunidades pertenecientes a los puebios indígenas del país, tal como se afirma en el artículo.

Al respecto, es pertinente aclarar que de acuerdo con el Reglamento de la Ley 29785, Ia Base de Datos no tiene carácter constitutivo de derechos. Esto quiere decir que la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios es reconocida independientemente de que se encuentren enlistados en este instrumento. Esta postura no ha cambiado desde la aprobación del reglamento en abril de 2012 y ha sido desarrollada de tal manera por la directiva O3-2012/MC, que regula su funcionamiento.

En ese sentido, la ausencia de procesos de consulta previa en el sector minero responde a deficiencias en los procesos de identificación de pueblos indígenas realizados por el Ministerio de Energia y Minas (MEM). Frente a esta situación, el Ministerio de Cultura ha solicitado al MEM (desde junio de 2013) copia de los informes de identificación que sustenta la no realización de procesos de consulta por cada una de las resoluciones de autorización de actividades en zonas con indicios de presencia de pueblos indígenas. Esta información ha sido remitida recientemente en julio de 2015 y actualmente está siendo evaluada por nuestro sector.

La “base de datos preliminar” publicada por OjoPúblico no cuenta con ningún valor oficial y solo contribuye a generar incertidumbre en la ciudadania, principalmente entre la población indigena del pais. 

Sobre la metodología de la Base de Datos oficial depPueblos indígenas u originarios

De la misma forma, rechazamos de manera categórica que se haya excluido alguna comunidad de la lista referencial de comunidades pertenecientes al pueblo aimara (publicadas en la Base de Datos en febrero de 2015) por su cercanía a algún proyecto minero, tal como se insinúa en el penúltimo párrafo del artículo.

Como consta en el informe 11-2015-DGPl-VMl/MC (de libre acceso en el portal web de Ia Base de Datos) la metodologia utilizada para identificar la lista referencial de comunidades aimaras fue elaborada a través de un modelo estadístico que considera el porcentaje de hablantes de lengua indígena en cada comunidad, calculado a través de sus centros poblados. Esta información es de carácter público y el modelo puede ser replicado por terceros.

Esta misma metodologia está siendo utilizada para elaborar la lista referencial de las comunidades de los pueblos quechuas, dado que, en comparación con metodologías anteriores, brinda un menor margen de error en ausencia de información sobre autoidentificación étnica. Sin embargo, debido al carácter referencial de la Base de Datos, si una comunidad no se encuentra incluída en la lista inicial, pero cumple con los criterios indicados en la Ley, tiene derecho a ser partícipe de un proceso de consuita previa.

Si una comunidad no se encuentra incluída en la lista inicial, pero cumple con los criterios indicados en la Ley, tiene derecho a ser partícipe de un proceso de consuita previa.

Sobre Ia publicación de información no oficial

La publicación de la Base de Datos Oficial de Pueblos indígenas u Originarios es competencia exclusiva del Ministerio de Cultura. Por tanto, no le corresponde a ninguna otra entidad pública o privada. En ese sentido, cumplo con el deber de manifestarle que la “base de datos preliminar” publicada por OjoPúblico no cuenta con ningún valor oficial y solo contribuye a generar incertidumbre en la ciudadania, principalmente entre la población indigena del pais. La publicación de información paralela no oficial dificulta un proceso que requiere de confianza entre ios pueblos indigenas y el Estado.

Finalmente, debo indicarle que si bien las actas de entrega de cargo de los ex Viceministros mencionados en el artículo hacen referencia a la elaboración de una primera versión de la Base de Datos (sin adjuntar su contenido), ambos ex funcionarios sostuvieron públicamente que la responsabilidad de no haber publicado la Base se debió a un proceso de acción popular interpuesto a la directiva que regula el instrumento. No hacer referencia a este cambio de versión constituye una omisión importante por parte de las autoras del informe.

A partir de las consideraciones expresadas, sostener que es voiuntad del Ministerio de Cultura ocultar información o excluir de manera deliberada comunidades del listado referencial de pueblos indígenas, constituyen afirmaciones ajenas a la verdad y carentes de objetividad. Ello desprestigia sin sustento el trabajo desarrollado por la actual gestión del Ministerio y entorpece los avances que vienen realizándose en favor de la población indígena del país.

Agradeceremos la publicación de esta comunicación.

Atentamente,

Patricia Balbuena

Viceministra de Interculturalidad.